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El pasado nos alcanzó

Contra la Homofobia

Ricardo Maldonado Arroyo-

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Hace 5 años se decretó en México la creación del Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia, paso necesario para reconocer las desigualdades fundadas en la orientación sexual y la identidad de género. La fecha hace alusión al 17 de mayo de 1990, cuando la Organización Mundial de la Salud retiró la homosexualidad de su catálogo de enfermedades y, posteriormente, se convirtió en el Día Mundial de la Lucha contra la Homofobia.

Este año la conmemoración adquiere particular relevancia en Yucatán, debido a la decisión del Congreso del Estado de mantener la Constitución local en términos que impiden contraer matrimonio a las parejas de mismo género. En días recientes he leído toda clase de declaraciones de diputados y diputadas, que oscilan entre lo ofensivo y lo irrisorio, pero también de sectores de la población que aplauden posturas homofóbicas.  Lo que llama la atención es que se niegan a percibirlas como tales.

Es evidente que desconocen el alcance de la homofobia. El psicólogo George Weinberg empleó por primera vez el término en 1970 para describir el miedo irracional a convivir con personas homosexuales. Este planteamiento ha mutado a un enfoque más social, pues el miedo se traduce no solo en incomodidad o ansiedad, sino en rechazo, negación de servicios, odio, persecución y homicidio.

En su forma básica, existe una homofobia conductual inspirada en ideas negativas y distorsionadas acerca de la diversidad sexual, lo que dificulta relacionarse con personas homosexuales o transgénero, al grado de experimentar asco ante sus expresiones de afecto. La homofobia conductual es la más visible y la que tiende a reprobarse: insultos, golpes, amenazas, maltrato, humillaciones. Si la persona está lidiando con su propia orientación sexual, el rechazo se vuelca a sí misma, lo que se llama homofobia interiorizada. La homofobia interiorizada puede desencadenar comportamientos agresivos hacia otras personas homosexuales porque es una forma de demostrar que son diferentes a ellas, proceder usual en hombres.

La homofobia conductual tiene su origen en la homofobia cultural, que promueve y legitima estereotipos de género construidos históricamente, estableciendo lo que es “normal” o “natural” en la sexualidad. Todo al margen hay que silenciarlo, marginarlo o desaparecerlo, a lo que contribuye en gran medida el discurso dogmático de las religiones. La homofobia cultural contamina a las familias, al negar la existencia de parientes homosexuales, prohibir sus expresiones de afecto, expulsar a jóvenes de sus hogares, crea un contexto hostil en la calle, el trabajo y la escuela. La homofobia es responsable del suicidio de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, así como del homicidio de personas homosexuales y transgénero, que aún tiende a presentarse en medios de comunicación como una consecuencia lógica del ejercicio de su sexualidad. La Comisión Ciudadana contra Crímenes de Odio por Homofobia documentó 381 asesinatos asociados a la homofobia en México, entre 2013 y 2017.

Por su parte, la homofobia institucional reproduce esta “normalidad” en el aparato gubernamental y las leyes. En el sector educativo, hace un lado la existencia de la diversidad sexual e ignora a las familias homoparentales; en los servicios de salud se resiste a tratar las especificidades de la población transgénero y de las parejas del mismo género, o patologiza la diversidad sexual intentando curarla; en las leyes rechaza las relaciones homosexuales, las condena o establece diferenciaciones entre parejas heterosexuales y homosexuales. La homofobia también tiene expresiones particulares, por ello se desagrega en homofobia, lesbofobia, bifobia, transfobia.

Aunque la homofobia es un término relativamente nuevo, no así el rechazo y el odio a las personas homosexuales y transgénero. La historia está marcada por la persecución, condena, reclusión y el asesinato de personas por su orientación sexual o identidad de género. Sin embargo, la visibilidad y el reconocimiento progresivo de los derechos asociados a la diversidad sexual ha hecho que se olvide el largo aliento de esta historia y sus lamentables consecuencias. No extrañe, por tanto, la reacción enérgica, la protesta, la exigencia de amplios sectores de la población para detener la homofobia. La razón del Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia es un recordatorio de que el fenómeno existe, es parte de nuestro presente, que la homofobia es discriminación y causa de división social.

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Editorial

La CNDH y el matrimonio igualitario

Ricardo Maldonado Arroyo-

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El rechazo del Congreso de Yucatán a los matrimonios igualitarios ha generado numerosos señalamientos públicos que parecen no tener fin próximo. No es para menos, los legisladores faltaron al deber de apegarse a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, votaron en secreto, rehuyendo de la mirada de la ciudadanía,  y pusieron de lado principios en los que se asienta la Constitución del país: los derechos humanos.

En este tenor, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hizo observaciones al Congreso de Yucatán, vía oficio. La CNDH recordó que, previo a la votación, exhortó al Congreso a suprimir la legislación local del matrimonio por considerarla discriminatoria y, en su lugar, establecer el acceso igualitario a dicha figura legal, con todo lo que conlleva, incluyendo la adopción. A la par, expresó el temor de que el rechazo a la iniciativa estuviera fundado en prejuicios u opiniones personales homofóbicas y transfóbicas, que atentan contra la dignidad humana.

Recordó, asimismo, que la discusión debió centrarse en la jurisprudencia de la Suprema Corte, cuyas tesis califican de inconstitucionales aquellas leyes que restringen el matrimonio a la unión entre un hombre y una mujer, o su finalidad, a la reproducción. Por ello solicitó al Congreso que impulse el matrimonio igualitario en el estado, la adopción al margen de la orientación sexual y el reconocimiento legal de la identidad de género.

El oficio de la CNDH es contundente, no solo porque rescata los principios que debieron orientar a los legisladores, sino porque cuestiona, incluso, la forma en que votaron. El Congreso, inspirado en la pluralidad y la transparencia, estaba obligado a votar de manera abierta, pues se trataba de un tema público, que demandaba el escrutinio de la sociedad.

Si bien el Congreso ha negado el acceso a tal escrutinio, la fuerza de la sociedad civil organizada está cambiando el panorama. Legisladores de diferentes fracciones parlamentarias revelaron su postura desde el día de la votación, mientras otros se han sentido obligados a hacer declaraciones conforme pasan los días. La homofobia es rechazada por amplios sectores sociales y tiene un alto costo político.

Organizaciones como Alter Int., Buenas Intenciones, Criterio Ciudadano, Dcydes, Observatorio Ciudadano contra el Feminicidio, Repavih, Unasse, Yaaxché, junto con otros ciudadanos firmantes, solicitaron a la CNDH un pronunciamiento. La Comisión ya se había anticipado y, por iniciativa propia, hizo llegar las observaciones expuestas, ya que su postura no es nueva, dando que hace cuatro años emitió la Recomendación General 23/2015, dirigida a los poderes de las entidades federativas, para que realizaran las adecuaciones legales correspondientes.

¿Cuál será la respuesta del Congreso de Yucatán? ¿Podrá o querrá resarcir el daño hecho a los colectivos de la diversidad sexual? La CNDH estaba obligada a pronunciarse, pero ¿qué podemos esperar de la CODHEY? En materia de derechos humanos, como ha expresado la CNDH, era evidente la necesidad de aprobar el matrimonio igualitario. Sólo resta esperar que los diputados que votaron en contra sean responsables y compartan con la ciudadanía cuáles fueran sus motivaciones, porque su decisión no se olvidará y seguirá siendo señalada. Incluso si esperaban que las conciencias se durmieran en los periodos electorales.

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Editorial

El pasado nos alcanzó

Ricardo Maldonado Arroyo-

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La carta que envió el presidente de México al rey de España, reavivó el debate histórico en torno a la conquista, en el que han participado especialistas y no especialistas. Al margen de algunos juicios exaltados, esto resulta formidable, porque hace patente el valor de la historia como cimiento de nuestro presente. Aunque el debate se ha centrado en calificar si es pertinente o no solicitar que el rey ofrezca disculpas a los pueblos originarios (lo cual, dudosamente sucederá), se ha soslayado, precisamente, el lugar y el papel de tales pueblos en la historia.

Al respecto pueden destacarse tres procesos históricos que explican la situación de los pueblos originarios: la conquista, la independencia y el indigenismo. Primero, es necesario entender que los sectores más nacionalistas de España perciben la conquista como un proceso civilizatorio. Para muestra basta leer la respuesta de Rafael Hernando, diputado del Partido Popular: “Habrá que recordarle a este señor que los españoles fuimos allí y acabamos con el poder de tribus que asesinaban con crueldad y saña a sus vecinos, y que, por eso, unos pocos ayudados por los que eran perseguidos y esclavizados, se conquistó y civilizó esa tierra”.

Pero la conquista fue, según fuentes históricas, un proceso violento de sometimiento. Al respecto, las crónicas escritas por los españoles constituyen una narrativa que justifica y, por momentos, exalta la conquista. Se conservan para la posteridad Historia general de las cosas de la Nueva España, de fray Bernardino de Sahagún; Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo; las Cartas de relación de Hernán Cortés; Relación de las cosas de Yucatán, de fray Diego de Landa, entre otras obras. Escritas con la mentalidad de la época, por momentos dejan entrever las estrategias de dominación armada, económica y simbólica, que darían forma a la Nueva España. En contraste, Brevísima relación de la destrucción de las Indias, de fray Bartolomé de las Casas, es la crónica explícita de la brutalidad con que fueron tratados los indios, particularmente los caribeños.

No obstante, en todas las anteriores se relega la visión de los pueblos originarios. Por eso, en un esfuerzo de revisión histórica, Miguel León Portilla publicó en 1959 la Visión de los vencidos y, en 1964, El reverso de la conquista, obras en las que traduce textos nahuas, mayas y quechuas acerca de la conquista, permitiendo integrarlas a la memoria histórica. En los icnocuícatl (cantos tristes) de los nahuas se conserva el relato desgarrador de la derrota: “Rojas están las aguas, están como teñidas, y cuando las bebimos, es como si bebiéramos agua de salitre”.

Siguieron tres siglos de dominio español. Una vez independientes, se estableció el Estado mexicano, a cuya cabeza se colocaron elites criollas y, en los márgenes, los indios. Las pugnas por el poder a lo largo del siglo XIX solo recrudecieron las desigualdades entre quienes tomaron las riendas del gobierno y la economía, y los indios, usados como fuerza de trabajo o carne de cañón. En Yucatán, por ejemplo, los indios fueron vendidos como esclavos en Cuba, enviados mediante leva a combatir lejos de su tierra y replegados por el Ejército durante la Guerra de Castas. Es importante señalar que no fueron españoles, sino autoridades de Yucatán y México, responsables de estas acciones.

Durante el siglo XX cambiaron las políticas del Estado mexicano. El objetivo ya no era combatir a los pueblos indígenas, sino “blanquearlos”, integrarlos al proyecto de nación. El indigenismo implicaba que abandonaran el uso de su lengua, vestido y prácticas culturales, para aprender español, al tiempo que abrazaban los valores nacionalistas. Paralelamente, el gobierno favoreció el despojo de tierras en las comunidades indígenas, fenómeno que hoy por hoy, en el marco del neoliberalismo, se resiente con mayor fuerza debido a los intereses de transnacionales mineras, agrícolas y del sector energético. Nuevamente, no fueron los conquistadores blandiendo la espada y la cruz, sino el nacionalismo mexicano, junto con los grandes capitales, los promotores de la marginación de los pueblos originarios.

Por tanto, ¿qué significa a estas alturas una disculpa del rey de España y de qué manera cambiaría las circunstancias de los pueblos originarios? Marichuy, en medio del Consejo Nacional Indígena (CNI), declaró que la solicitud del Presidente era una simulación, y estableció una postura contundente: “lo que tienen que hacer es dejar de despojar de la tierra a las comunidades”. Aunque las posturas del CNI y el Presidente son aparentemente irreconciliables, al menos deberíamos evitar el error de ignorar nuevamente las voces de los pueblos originarios.

Para aliviar desigualdades históricas, el gobierno mexicano tendría que exigir a las empresas, no solo españolas, sino también estadounidenses, holandesas, belgas y canadienses, respetar las tierras de los pueblos. Simultáneamente, el gobierno mexicano tendría que hacer lo mismo, cuestionándose la inconformidad generada por proyectos como el Tren Maya o la termoeléctrica de Huexca. Si López Obrador desea ser recordado como un gran transformador, es preciso abandonar el falso debate con un rey al otro lado del Atlántico y ocuparse de las responsabilidades del Estado mexicano frente a los pueblos originarios para que, en un futuro, su gobierno no sea citado como una continuación más de los resabios del neoliberalismo que aqueja a un país conquistado, colonizado y recolonizado.

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Editorial

Crónica de una decisión anunciada

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Es 15 de julio de 2009, el Congreso de Yucatán debate una iniciativa presentada por la Red Pro Yucatán para impedir los matrimonios entre personas del mismo sexo y restringir el acceso al aborto. Feligreses de algunas parroquias se pronuncian elevando plegarias, según expresan ellos mismos, para la protección de la vida y la familia. Meses antes, mediante un excepcional despliegue de recursos, recaban miles de firmas para impulsar la iniciativa y conseguir el apoyo de personas e instituciones afines a sus puntos de vista.

Del otro lado, miembros de organizaciones de la diversidad sexual se manifiestan contra lo que consideran un atentado contra sus derechos. Agitan pancartas, se escuchan consignas en tribuna y, afuera del Congreso de Estado, desfilan personajes cuya expresión de género incomoda a los espectadores de la Red Pro Yucatán. El desenlace es bien conocido: 24 de 25 diputados modifican la Constitución local y el Código de Familia para restringir la figura del matrimonio a la unión entre un hombre y una mujer, además de establecer el derecho a la vida desde la fecundación.

Posteriormente, el 21 de agosto de 2009, el ombudsman yucateco Jorge Victoria Maldonado, responde a las organizaciones no gubernamentales que le solicitaban interponer una acción de inconstitucionalidad por las reformas recién aprobadas: la CODHEY respalda las reformas como una “diferenciación justificada o razonada”, afirmando que nada hace suponer que la palabra “preferencia” del artículo 1 de la Constitución Política nacional haga referencia a la orientación sexual.  Al respecto, la posición de Jorge Victoria expresa su inclinación a favor de la Red Pro Yucatán.

Casi una década después, en febrero de 2019, el escenario resulta un tanto familiar; las mismas cabezas de la Red Pro Yucatán mantienen su cruzada contra el matrimonio igualitario. Ahora los legisladores precisan discutir una iniciativa de ley que busca aprobar el matrimonio igualitario, aunque una buena parte de éstos sigue dudando u oponiéndose. La bancada del PAN ha declarado que el 99% de la población rechaza la iniciativa, y que el interés de su partido es velar por los derechos de los niños. El líder de la bancada de Morena dice respetar el derecho de las parejas del mismo sexo a casarse, pero en otros estados de país. El PRI se muestra esquivo y hermético.

Por su parte, Miguel Sabido Santana, titular de la CODHEY, sugiere que el matrimonio igualitario es susceptible de consulta. Esta declaración ocasiona la protesta de varios activistas durante la presentación de su informe de actividades ante el Congreso, y Sabido Santana, en una suerte de retrato de familia, sonríe ante las cámaras rodeado de las más señaladas figuras del ultraconservadurismo yucateco. A un costado de esta escena, dos hombres casados mediante amparo, exigen ser escuchados mientras una mujer relacionada con la Red Pro Yucatán los repliega visiblemente irritada.

En la actualidad el Congreso se encuentra ante la oportunidad histórica de aprobar una iniciativa que amplíe la figura del matrimonio igualitario, que brinde protección a las familias homoparentales y repare las injusticias y la discriminación de la que han sido víctimas. Los matrimonios entre personas del mismo género y las familias homoparentales ya existen en Yucatán, sus hijas e hijos están creciendo sanamente, con vivienda, alimentación, educación y afecto, pero sus derechos los tienen que pelear en los tribunales.

El Congreso de Yucatán puede fincar sus criterios tomando como base los tratados internacionales, las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia y la recomendación 23/2015 de la CNDH. Incluso el CONAPRED ha enviado una misiva a los legisladores para recordarles estos antecedentes. Nada tiene que regatearse, tan sólo resta decidir si se seguirá sacrificando a las poblaciones vulneradas o si finalmente Yucatán se apegará a los principios de igualdad y no discriminación.

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