A propósito de la consulta que tendrá lugar el próximo domingo con la finalidad de determinar si es pertinente revisar los actos y decisiones de quienes gobernaron nuestro país en los últimos 30 años, me parece que los ciudadanos estamos frente a la posibilidad de trascender la democracia representativa y tomar la responsabilidad de participar en un ejercicio nuevo y poderoso.

Más allá de las críticas puntuales respecto a la redacción de la pregunta, el costo o los, a mi juicio excesivos, requisitos para que nuestra resolución se convierta en un ordenamiento para las autoridades, tenemos frente a nosotros la oportunidad de hacerle saber a quienes gobiernan y gobernaron, lo que queremos, mediante un ejercicio avalado por los Tres Poderes de la Unión, con todo el peso de la institucionalidad.

Estoy segura de que la mayoría de los mexicanos – independientemente de nuestro punto de vista frente a la actual administración – desearíamos llamar a cuentas a quienes ocuparon la Presidencia de la República en los pasados sexenios a fin de que respondan por todo el daño acumulado en contra de este país y sus habitantes.

Me parece que una muy reducida porción de la sociedad podría defender la acción de – citados en orden cronológico y no por la magnitud de la afectación causada – Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quezada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, cuyos actos de gobierno han perjudicado y seguirán perjudicando a varias generaciones de mexicanos.

La pregunta a la que deberemos responder: ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?, fue elaborada por la Suprema Corte de Justicia, con intención de mantenerla dentro del marco legal. Es cierto que la redacción es ambigua; sin embargo, es la única opción institucional que tenemos los ciudadanos, en este momento, para decirles a esos expresidentes que nos mantendremos firmes en la demanda de que enfrenten las consecuencias de sus actos.

La lista de sus agravios en contra de la sociedad mexicana es enorme y tal vez resulte redundante repetirlos. Lo que no estaría de más, es insistir en que la forma en que dirigieron al país para convertirlo en un negocio privado para ellos, sus socios y sus amigos, sin importar cuántos millones de personas verían canceladas sus posibilidades de lograr una vida mejor, cuántos cientos de miles perderían la vida, cuántos tendrían que abandonar sus comunidades, cuántos pasarían años, lustros, décadas, buscando a sus familiares desaparecidos, debe tener consecuencias.

Es indispensable que sepan que esta vez estamos dispuestos a reclamarles por quienes padecen hambre, quienes lloran a sus muertos sin saber por qué murieron, quienes viven cada segundo de su vida esperando el regreso de un ser querido, quienes remueven la tierra en busca de restos y siempre los encuentran porque nuestro país, todo, es un camposanto, aunque casi nunca sean los de aquel a quien buscan.

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional sorprendentemente llamó a participar y a responder SI. Explicó en su comunicado: “Quienes allá arriba, en los partidos de ‘oposición’, se resisten a la consulta, no solo temen lo que de ella se siga; también les aterra que las víctimas recuperen sus demandas del uso ruin y perverso que la ultraderecha hace de su dolor”

Expresa el EZLN: “el dolor no debe ser negocio electoral, y menos para fines tan mierdas como que regresen al gobierno quienes son algunos de los principales responsables de la violencia y que antes solo se dedicaron a acumular paga y cinismo”

Se entiende su enojo porque si alguien sabe de dolor, de marginación y de despojo en México, son los grupos indígenas. Ellos que viven cotidianamente la explotación, el saqueo de sus recursos naturales, la depredación del medio ambiente con el que han tenido una conexión vital y la violencia o el genocidio cuando se oponen. Todo en nombre de la ganancia económica para unos cuantos que integran la cofradía con la cual actuaron Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña.

Hagámosles saber a esos cinco y a sus secuaces que tenemos muy claro lo que han hecho, que no lo olvidaremos, que no vamos a caer en sus trampas que intentan limitar nuestros derechos ciudadanos, porque todos somos, de una u otra manera, víctimas de sus actos, incluso los que no lo saben, incluso los que los defienden, incluso quienes se adhieren a la campaña de sabotaje que pretende conculcarnos el derecho a expresar lo que queremos.

A partir de 1888, cuando impuso la reelección presidencial indefinida, Porfirio Díaz buscó la estabilización política de las diversas regiones del país. De esa manera, los primeros “imperios” regionales surgieron en Nuevo León, donde Bernardo Reyes gobernó 21 años; Sonora, donde Ramón Corral gobernó 15 años, hasta que don Porfirio se lo llevó a la capital; Estado de México, gobernado por José Vicente Villada durante 15 años, hasta su muerte; Michoacán y Veracruz, gobernados durante 20 años por Aristeo Mercado y Teodoro Dehesa, respectivamente, hasta la caída de la dictadura.

La política del “divide y vencerás”, que tan buenos frutos rindió al déspota oaxaqueño en sus primeros años de gobierno, fue paulatinamente abandonada, y, en la medida en la que las condiciones lo iban permitiendo, el poder político fue concentrándose en un sólo grupo, incluso en una sóla persona. La tendencia se expandió imparable por todo el país, y llegó al lejano Yucatán a principios de 1905.

Con la plena autorización del dictador, Olegario Molina inició sus trabajos reeleccionistas desde principios de aquel año, sin apartarse, por supuesto, de su cargo. La propaganda y reuniones de los molinistas cobraron impulso para el mes de marzo, exactamente ocho meses antes de la elección gubernamental, programada para el domingo 5 de noviembre.

Asimismo, sin percatarse de los cambios en el juego político que beneficiaban la reelección de Molina y el establecimiento de un centro único del poder en torno a su persona, los cantonistas también comenzaron sus movilizaciones desde los primeros días de 1905. El viejo Pancho Cantón ya rebasaba para aquel entonces los 70 años y cargaba desde hacía más de un lustro con las secuelas de un derrame cerebral. Con todo, sus numerosos  partidarios lo empujaron a buscar su propia reelección y así evitar la molinista en aquella coyuntura. Cantón guardó silencio y se mantuvo en la relativa oscuridad de su casona vallisoletana–con ocasionales estancias en su céntrica residencia meridana, que aprovechaba para supervisar la construcción de su Palacio en Paseo Montejo-mientras su sobrino Delio Moreno Cantón y Alfonso Cámara y Cámara actuaban en su nombre en pequeñas reuniones en las principales poblaciones del Estado, así como a través de publicaciones periódicas.

Las actividades antirreeleccionistas comenzaron a subir de tono en el mes de mayo con la fundación de la Convención Liberal Antireeleccionista, presidida por Cámara y Manuel Meneses, y en cuya directiva no figuraban ni Cantón ni Moreno. Esto nos lleva a considerar, primero, que ya don Porfirio había dado su anuencia a los trabajos políticos contrarios a Olegario Molina, pero que la ambigüedad e incluso tibieza del permiso porfirista impedían aún el lanzamiento de un candidato, y que, por tanto, aún se mantenían vigentes las posibilidades de don Pancho Cantón y de su sobrino.

Meneses, un abogado meridano de renombre, impulsó, junto con el también abogado y periodista Tirso Pérez Ponce –hermano de Tomás, quien como ya hemos visto se encontraba en prisión por la publicación de la carta de Antonio Canché en la que denunció la esclavitud en la Hacienda “Xcumpich”- el movimiento antireeleccionista hacia nuevos horizontes. En junio de 1905, al tiempo en que la correspondencia yucateca favorable y contraria al gobernador Molina inundaba la secretaría de Porfirio Díaz, con informes contradictorios, Meneses y Pérez Ponce recorrían los barrios obreros de Mérida y Progreso reclutando adeptos a la causa opositora. La respuesta obrera fue inmediata, y la capacidad de movilización del cantonismo creció de un modo asombroso e inesperado. En modestas casas de los suburbios de San Cristóbal, San Juan y Santiago, Meneses, un abogado de clase media que se identificaba plenamente con los valores de la sociedad capitalista, se vio avasallado por las denuncias y demandas de cientos de trabajadores de fábricas, servicios públicos y comercios. Sin percibirlo, el cantonismo se había convertido en un ruidoso vehículo de la expresión del descontento obrero de aquel Yucatán que nacía al capitalismo industrial.

Los agentes de la policía “secreta” consiguieron infiltrarse en el movimiento y dieron puntual información al gobernador Molina de aquel giro de la campaña política. Los informes volaron, por supuesto, hasta el despacho presidencial, y don Porfirio tomó entonces su decisión: Olegario sería candidato único, y el movimiento antirreeleccionista se disolvería de inmediato.

El jueves 10 de agosto se realizó la ceremonia de entronización reeleccionista. Todos los empleados públicos y miles de peones henequeneros fueron reunidos en el flamante Circo Teatro Yucateco para vitorear al ungido. Don Pancho Cantón dio la orden de desactivar los trabajos anti-molinistas, aceptando el veredicto del dictador.

Pero el fuego atizado por Meneses y Tirso Pérez Ponce, apenas había empezado a arder, y decenas de líderes espontáneos y cientos de obreros de Mérida y Progreso decidieron que no habían iniciado sus movilizaciones para luego aplacarse sin más por órdenes de un viejo militar al que ni siquiera conocían de vista. A contracorriente de las instrucciones cantonistas, el movimiento continuó durante aquellos calurosos días del verano de 1905. La primera batalla entre el pueblo revolucionario y la todopoderosa oligarquía molinista estaba a punto de iniciar.

La necesidad de transitar de la democracia representativa a la democracia participativa, ha propiciado el surgimiento de diferentes mecanismos que otorgan mayor injerencia a la ciudadanía en la toma de decisiones: consejo consultivo, consulta popular, encuesta, foro, iniciativa ciudadana, jurado ciudadano, presupuesto participativo, referéndum, por mencionar los más conocidos. La consulta popular convocada por el gobierno federal para el próximo 1 de agosto pretende ser uno más de estos mecanismos, toda vez que invoca el consentimiento de la ciudadanía para enjuiciar a los ex presidentes de la República.

Sin dudar del buen ánimo de quienes acudan a votar, considero preocupante que el ímpetu democrático se canalice a ejercicios de autocomplacencia gubernamental. En una experiencia previa de 2018, López Obrador convocó a un par de consultas relacionadas con programas y acciones que son emblema del gobierno actual: el aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya, el Corredor Interoceánico, la refinería Dos Bocas, Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, becas Benito Juárez, pensión universal para adultos mayores y personas con discapacidad. Si bien era un planteamiento propositivo, existía un sesgo de origen: la convocatoria se efectuó a través de la Fundación Arturo Rosenblueth, la estructura de Morena y sus allegados. Como era de esperarse, todos los puntos enumerados recibieron porcentajes de aprobación que rondaban el 90%, con la participación de alrededor de un millón de personas. En aquella ocasión el INE no se involucró porque fueron consultas efectuadas antes de que López Obrador asumiera la Presidencia.

Consultar a la ciudadanía es un propósito deseable, pero se vuelve estéril al perder de vista su finalidad. ¿Fueron las anteriores o será la presente consulta decisivas en la toma de decisiones? ¿O una forma de buscar eco entre la población de lo que ya está decidido? Respecto a su propósito, el artículo 35 de la Constitución señala que son objeto de consulta popular los temas de “trascendencia nacional” y no podrán serlo los derechos humanos ni las garantías para su protección, los principios consagrados en el artículo 40 de la misma, la permanencia o continuidad en el cargo de los servidores públicos electos, la materia electoral, el sistema financiero, el Presupuesto de Egresos de la Federación, las obras de infraestructura en ejecución, la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada.

Aunque la consulta popular del 1 de agosto alude a un tema de interés nacional, existen varias razones para desestimarla. Antes que nada, el resultado es predecible. Difícilmente alguien lamentará que enjuicien a los pillos que tuvimos por presidentes, acción que ya es de suyo legítima si la Fiscalía cuenta con evidencia de delitos. Además, la pregunta es vaga. Al no poder someter al voto popular el ejercicio de acción penal, la Suprema Corte tuvo que reelaborar la pregunta dejándola tan abierta que bien podría aprovecharse para juzgar a Antonio López de Santa Anna, Victoriano Huerta o Gustavo Díaz Ordaz. Los resultados tampoco son vinculantes para el Poder Judicial, no tendrá efecto jurídico alguno sobre los delitos que pudieran o no imputarse a los ex presidentes. Nuevamente, esto sólo puede suceder mediante debido proceso. Por tanto, la consulta se reduce a un ejercicio meramente simbólico, con el que se brinda a los votantes la sensación de que la justicia está en sus manos.

Entonces, ¿para qué realizarla? Consultar por consultar es un recurso demagógico que fortalece el entramado de poder dando la impresión de que hay una voluntad colectiva que apunta en la misma dirección. La de 2018, más que inclinar la balanza de las decisiones, buscaba legitimar acciones de gobierno que otras consultas (por ejemplo, las hechas en comunidades mayas) han puesto en tela de duda. La de 2021 parece que no será distinta, salvo que se espera un mayor número de votantes debido a que se pondrá a funcionar el complejo aparato del INE.

No, no es el INE el que desalienta la participación en la consulta, es la misma desconfianza en un proceso cuyo resultado ya se puede anticipar. El 1 de agosto en la tarde el presidente de la República ofrecerá un mensaje a la nación felicitándola por su destacada participación y agradeciendo que comparta su buen juicio. Su imagen, robustecida por el respaldo de los resultados de la votación, brillará mediáticamente, mientras los procesos contra los ex presidentes continuarán aguardando mejor momento.