Las imágenes de las oficinas de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México en Ecatepec, ardiendo en llamas durante la noche del viernes son, de alguna forma, el epilogo justo para otra semana convulsa en México, en la que nuevamente se puso de manifiesto-en los dichos y los hechos-la incapacidad que tienen las instituciones del país para afrontar integralmente la violencia que a diario sufren niñas, adolescentes y mujeres, misma que no encuentra -ni encontrará- adjetivo que pueda describirla en su horror e inmensidad.

Este hecho, como es sabido, deriva del violento desalojo que de esas mismas instalaciones hicieran las fuerzas de seguridad de esa entidad, las cuales hicieron gala de toda clase de tropelías contra el grupo de mujeres organizadas que habían ocupado el lugar, dentro del contexto de la toma que diversas colectivas feministas mantienen en las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de al menos diez de sus contrapartes estatales.

Asumida la obviedad de los argumentos sobre la legitimidad-tanto de fondo como de forma-de las acciones feministas (misma que, por cierto, no nos corresponde discutir a los hombres), convendrá atender el desenvolvimiento venidero de la clase política mexicana ante este tipo de movimientos sociales emergentes que, sin ánimo de hace un paralelismo absoluto, burdo e injusto, se asemejan en lo practico a lo observado en las movilizaciones AntiFas y Black Live Mather en Estados Unidos y Europa, a las del estallido social chileno de 2019 y a las antipoliciales acontecidas en Colombia apenas la semana pasada.

Si bien, cada causa y cada lucha tiene sus propias características, por momentos parecieran compartirse globalmente los cuestionamientos a la existencia misma de institucionalidad. Estos, encuentran catarsis en sus particulares acciones locales.

Preocupa-volviendo al contexto nacional-la falta de experiencia y entendimiento que nuestra clase política, tanto la oposición como el gobierno, tienen ante este tipo de manifestaciones, mismas que en México (me atrevo a decir) pareciera liderar el feminismo. Esto, en un contexto nacional caracterizado históricamente por la represión, y en una coyuntura que estigmatiza indiscriminadamente a quienes manifiestan su desacuerdo con lo dicho y hecho por el presidente y su gobierno.

La incertidumbre que las elites partidistas, económicas y sociales seguramente tienen ante estas movilizaciones es entendible porque no solamente reiteran su anacronía, sino que las empuja hacia afuera de su zona de confort. Estos movimientos, rompen de forma violenta con las tradiciones no escritas de la disputa del poder en el país, como lo son os caudillismos ambiciosos, los pactos de cooptación, las institucionalizaciones fallidas y las escisiones fratricidas, ante las que han sucumbido prácticamente todos los movimientos sociales de los últimos 50 años, con excepción quizás del EZLN.

Muy al contrario de las dinámicas partidistas, gremiales o sectarias, las movilizaciones sociales emergentes parecieran sostenerse en una diversidad-por momentos inclasificables-de estructuras horizontales y descentralizadas de organización y definición política. Mientras tanto, sus acciones apuntan ya no a la negociación, sino a la autogestión del ejercicio de los derechos y de la justicia, como única dinámica efectiva para la transformación social. Quienes participan de estas movilizaciones, parecieran asumir que el Estado y sus instituciones no son ya interlocutores válidos, sino territorios en disputa.

Estos movimientos, al parecer, entendieron que el ejercicio del poder en cualquier escala implica siempre un obstáculo en la concreción de movimientos colectivos, y por eso han prescindido de los liderazgos y las vocerías exclusivas, guiándose más por la siempre pragmática espontaneidad de las circunstancias. Las acciones, entonces, no se plantean desde el a veces maquiavélico cálculo político, sino desde las voluntades y reclamos colectivos. Justo ahí, radica su legitimidad.

Cansadas y cansados de la eterna promesa incumplida de la concreción; las y los adherentes a estos movimientos, no atienden ya a los simbolismos caducos de los estados modernos. Para ellas y ellos, la democracia, el estado de derecho y los pactos sociales-entre otros-son conceptos vacíos en la práctica cotidiana. De ahí, que sus planteamientos se alejan de la retórica y se expresan como demandas concretas e innegociables, las que podríamos enmarcar en los ámbitos de la justicia y la dignidad.

Se insiste en la peligrosidad de la inexperiencia de gobierno y oposición partidista ante estas paradigmáticas movilizaciones, en consideración del ya conocido camino de la represión y la criminalización de la protesta social. Sin embargo, hay que apuntar que estas estrategias parecieran perder efectividad progresivamente ante estos movimientos, ya que los mismos no se sostienen en orgánicas e ideologías estructuradas, sino en la solidaridad y empatía activa de gran parte de una ciudadanía que no se adhiere a estas causas por simpatía, sino por inconformidad. Por rabia. En ese sentido, se asume que castigar la protesta sólo conseguirá, en el muy corto plazo, aumentar exponencialmente sus argumentos y la legitimidad de sus actos, al que algunos han descrito como caóticos.

¿Qué otra vía que la del caos cuando justamente el orden es el problema?

Sin ninguna voluntad editorializadora sostengo, a título personal, que el feminismo en México está abriendo a la fuerza el camino que las movilizaciones sociales venideras tendrán por delante. Estoy seguro que, aunque este no tiene ni la obligación, ni la voluntad de guiar a ninguna otra causa, inspira a muchas y muchos de quienes buscan conformar en México una especie de avanzada social que, como es bien sabido, evoluciona mucho antes que sus instituciones. Es más, que obliga a cambiar las instituciones.

Dicho esto, me animo-con todo respeto por los hechos-a asumir que el fuego levantándose en esa oficina de Ecatepec el viernes pasado no es epilogo, más bien prólogo de los cambios verdaderamente sustanciales que vendrán para el país.

En 1982 Miguel de la Madrid declaró: “Podríamos ahorrarnos mucho dinero centrando la campaña en televisión y radio, pero la idiosincrasia mexicana exige que el pueblo conozca a su candidato y tenga oportunidad de hacerle llegar sus problemas” (El País). Esta demagógica justificación de los gastos de campaña estaba condicionada por la de su antecesor, José López Portillo, quien arrasó en las elecciones presidenciales de 1976 porque fue el único candidato.

La hegemonía del PRI alcanzó tal grado de institucionalización y cooptación de recursos, que ahogó la competencia electoral. Con la intención de fomentar el pluralismo partidista que permitiría al régimen político mantener el título de “democrático”, el Congreso aprobó en 1977 la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales y la reforma a varios artículos de la Constitución, entre los que destacaba el 41. La reforma concedió financiamiento público a partidos políticos y creó diputaciones y senadurías de representación proporcional. Ubicada adecuadamente en el contexto histórico, su propósito era procurar condiciones de equidad para desarrollar una verdadera competencia electoral que no favoreciera de antemano a funcionarios o partidos en el gobierno.

En los años subsecuentes se sucedieron varias reformas electorales, pero todas han mantenido el financiamiento público a partidos como premisa de operación. Esto recientemente ha vuelto a causar polémica porque Lorenzo Córdova, Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), estimó el monto que deben ejercer los partidos políticos en 2021 en más de 7 mil 200 millones de pesos. Un monto escandaloso considerando la actual crisis sanitaria y económica por la que está atravesando el país con el Covid-19. Sin embargo, Lorenzo Córdova formuló su propuesta en razón de un mandato legal.

El artículo 41 de la Constitución Política establece que “el financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior”.

Es decir, el dinero que reciben partidos políticos se obtiene de una fórmula especificada en la Constitución. Las leyes en la materia también les otorgan acceso a difusión en medios electrónicos y a financiamiento privado, siempre y cuando se respeten los montos máximos acordados con el INE. Este último aspecto es relevante porque también representa un riesgo entregar las campañas políticas a las clases empresariales y que intereses privados predomine sobre los públicos. Por tanto, son las legisladoras y los legisladores quienes tendrían que atender la demanda ciudadana de reducir sensiblemente el financiamiento a partidos, aunque los comprometa políticamente.

Así como hubo razones importantes para que el Estado mexicano financiara a partidos políticos, el Covid-19 ha sido ocasión para visibilizar, de un modo trágico, las razones para su rechazo. El problema, sin duda, es el uso y abuso de dicho financiamiento, que desvirtúa sus motivaciones y fines. Las noticias de los últimos cuarenta años han exhibido el despilfarro en las campañas políticas y el enriquecimiento de familias y grupos de poder que hacen de los partidos políticos su fuente de ingreso. El objetivo ya no es ganar las elecciones y emprender un proyecto político, sino mantener el registro. Además, durante las campañas obtienen oscuras “donaciones” a cambio de “compromisos” una vez en el gobierno, lo que ha sido evidenciado en audios y videos, con ligas y sin ellas.

Las campañas suelen reducirse a un eslogan ambiguo como el de López Portillo: “La solución somos todos”. Por si fuera poco, tenemos que tolerar “campañas” fuera de tiempos electorales, en la que ciertos(as) funcionarios(as) aprovechan el más pequeño espacio en medios electrónicos para exponer su imagen. Sólo durante el mes de agosto, la página de Facebook del Gobierno del Estado de Yucatán hizo más de 40 publicaciones con fotografías o videos del gobernador. Existe un amplio sector que demanda campañas austeras, con menos escenografía y más contenido y, ahora, con el Covid-19, evitando la proximidad física. Contrario a lo que aseguraba Miguel de la Madrid, la ciudanía no exige conocer candidatos, exige conocer propuestas y, quienes son pragmáticos, que les resuelvan un problema inmediato porque saben que después de las elecciones no los volverán a ver. Resulta osado subestimar la inteligencia de los votantes.

Hace unas cuantas semanas, el gobernador Mauricio Vila anunció con estudiado y legítimo orgullo que había conseguido renegociar favorablemente para el Estado los pagos comprometidos a la empresa “Promotora Cultural Yaxché”, constructora y operadora del Gran Museo del Mundo Maya, un estruendoso fracaso de la administración de Ivonne Ortega Pacheco. En los días subsecuentes, medios afines al Ejecutivo estatal dieron a conocer siniestros detalles de la obra que, al decir de estas informaciones, causaron un grave perjuicio a las finanzas estatales, pero grandes beneficios personales a la entonces gobernadora y a la empresa de marras. Claro que ni el gobernador ni mucho menos sus voceros oficiosos profundizaron demasiado, ni explicaron por qué no se procedió en su momento a denunciar los desvíos e irregularidades, quedando entonces el asunto en mero chismerío político sin trascendencia.

En aquel momento, Vila Dosal hizo hincapié en la importancia de ahorrar una importante cantidad de recursos públicos en tiempos de pandemia, en los que está quedando palpablemente demostrado el espantoso fracaso del modelo neoliberal en la gestión de las emergencias de toda índole, pero muy particularmente en las sanitarias, ya que se había procedido, desde la década de 1980, a desmantelar los servicios públicos de salud, siempre insuficientes y, tras más de 30 años de abandono, francamente en ruinas. Durante julio y agosto pasados, los yucatecos sufrimos con indecible crueldad esa tragedia, siendo que no hay un sólo habitante de nuestro querido Yucatán que no esté lamentando la muerte de un padre, de la pareja, de un hijo, de un amigo. Nuestro país es uno de los territorios más asolados del planeta por la pandemia, y Yucatán una de las entidades más afectadas del país, de tal manera que a todos nos quedó claro que cada peso que se pudiera recuperar de malas inversiones debería encausarse en la salud.

A todas luces la situación sanitaria ha mejorado de manera leve pero significativa, aunque el conocimiento de lo que ocurre en países como España y Francia, en donde se ha desatado sin duda una segunda ola de contagios, nos hace mantenernos a la expectativa. El fortalecimiento del sistema de salud, no sólo frente a COVID-19, sino con respecto a las muchas enfermedades que nos aquejan –y especialmente aquellas que interactúan con la pandemia, como la diabetes, la hipertensión y la obesidad-, es, indudablemente, una prioridad urgentísima a corto, mediano y largo plazo. Los esfuerzos del gobierno, así como todos sus recursos disponibles, debieran, como bien afirmó Vila Dosal en julio pasado, enfocarse en este crucial tema.

Por eso nos quedamos atónitos ante la espectacular rueda de prensa encabezada por el gobernador el pasado miércoles. En unión del alcalde meridano, un representante–de no mucha jerarquía, por cierto, pero representante al fin-del gobierno federal y las directivas de los organizaciones deportivas más importantes del Estado, Vila anunció la construcción “con capital privado”, de un Súper Estadio, fabricado y operado con tecnología de punta y “amigable” con el ambiente, que convertiría a Yucatán en “la capital deportiva del país”. El Súper Estadio no únicamente operaría para eventos deportivos y masivos en general, sino contaría con áreas de servicios, de trabajo empresarial, un hotel, un museo, etc. Sorprendentemente, el megaproyecto fue presentado por una empresa denominada “Juego de Pelota Inc.”, que presume oficinas en Nueva York, pero que es absolutamente desconocida en el medio. Una revisión sucinta de su página web sólo nos lleva a confirmar su opacidad. Significativamente, la empresa afirma estar construyendo estadios en América Latina, Europa y “explorando oportunidades en Asia” -¿Acaso será en Corea del Norte?-, pero no menciona UN SOLO EJEMPLO CONCRETO.

Se podrá argumentar que la inversión anunciada es privada, y que ello entonces no compromete dinero público y, por tanto, no entraña la menor afectación a las finanzas del gobierno, pero, ¿en verdad alguien cree que la administración estatal únicamente dará su aval moral? Un proyecto de esta magnitud indudablemente se construiría FUERA DEL ÁREA URBANA DE LA CIUDAD DE MÉRIDA–de hecho, se rumora que será cerca de la carretera federal a Cancún, al menos 10 kilómetros después del periférico-, por lo que se requeriría la introducción de infraestructura y servicios en grandes proporciones, con la consecuente multimillonaria inversión gubernamental. Por otro lado, ya conocemos ese cuento de la “tecnología ambientalmente amigable”, pues es la misma con la que se construyen los hoteles de la Riviera Maya, y que consiste en que, después de devastar una zona de cientos de hectáreas, los edificios funcionan de manera “inteligente”, permitiendo ahorros en recursos hídricos y energía, PERO SÓLO DESPUÉS DE DESTROZAR INTEGRALMENTE EL SISTEMA ECOLÓGICO.

Otro tema es el terreno donde se construirá el Súper Estadio, algo que no se ha revelado claramente, pero que seguramente –siempre es así- estará relacionado con la pandemia de especulación de tierras que venimos sufriendo en toda la entidad desde hace casi medio siglo; y una última perlita tiene que ver con los estudios de impacto ambiental y uso del suelo, procesos que demoran meses y hasta años en solventarse, más aún en las condiciones de emergencia que estamos viviendo, y que ralentizan toda la actividad burocrática.

Entonces, estamos ante un megaproyecto eminentemente neoliberal, que sólo será viable, al menos en su construcción-otro tema será el de su rentabilidad, pues en Yucatán el único deporte profesional que produce beneficios es el béisbol, y estaría siendo sacado de su nicho popular para trasladarlo a un escenario elitista-de contar, como todo parece indicar contará, con un pleno apoyo económico del Gobierno del Estado, que asumiría todos los costos por la introducción de infraestructura urbana, además de las concesiones fiscales que suelen otorgarse en estos casos. Al final, la administración yucateca seguramente erogaría mucho más de los 1,500 millones de pesos que Vila anunció se ahorraron con la reestructuración de los pagos por el Gran Museo del Mundo Maya. ¿Será que, como se ha acusado en el caso de dicha obra, también alguien saldrá beneficiado de manera personal con este oneroso e inoportuno proyecto?