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El pasado nos alcanzó

Consulta, democracia y demagogia

Ricardo Maldonado Arroyo-

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La necesidad de transitar de la democracia representativa a la democracia participativa, ha propiciado el surgimiento de diferentes mecanismos que otorgan mayor injerencia a la ciudadanía en la toma de decisiones: consejo consultivo, consulta popular, encuesta, foro, iniciativa ciudadana, jurado ciudadano, presupuesto participativo, referéndum, por mencionar los más conocidos. La consulta popular convocada por el gobierno federal para el próximo 1 de agosto pretende ser uno más de estos mecanismos, toda vez que invoca el consentimiento de la ciudadanía para enjuiciar a los ex presidentes de la República.

Sin dudar del buen ánimo de quienes acudan a votar, considero preocupante que el ímpetu democrático se canalice a ejercicios de autocomplacencia gubernamental. En una experiencia previa de 2018, López Obrador convocó a un par de consultas relacionadas con programas y acciones que son emblema del gobierno actual: el aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya, el Corredor Interoceánico, la refinería Dos Bocas, Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, becas Benito Juárez, pensión universal para adultos mayores y personas con discapacidad. Si bien era un planteamiento propositivo, existía un sesgo de origen: la convocatoria se efectuó a través de la Fundación Arturo Rosenblueth, la estructura de Morena y sus allegados. Como era de esperarse, todos los puntos enumerados recibieron porcentajes de aprobación que rondaban el 90%, con la participación de alrededor de un millón de personas. En aquella ocasión el INE no se involucró porque fueron consultas efectuadas antes de que López Obrador asumiera la Presidencia.

Consultar a la ciudadanía es un propósito deseable, pero se vuelve estéril al perder de vista su finalidad. ¿Fueron las anteriores o será la presente consulta decisivas en la toma de decisiones? ¿O una forma de buscar eco entre la población de lo que ya está decidido? Respecto a su propósito, el artículo 35 de la Constitución señala que son objeto de consulta popular los temas de “trascendencia nacional” y no podrán serlo los derechos humanos ni las garantías para su protección, los principios consagrados en el artículo 40 de la misma, la permanencia o continuidad en el cargo de los servidores públicos electos, la materia electoral, el sistema financiero, el Presupuesto de Egresos de la Federación, las obras de infraestructura en ejecución, la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada.

Aunque la consulta popular del 1 de agosto alude a un tema de interés nacional, existen varias razones para desestimarla. Antes que nada, el resultado es predecible. Difícilmente alguien lamentará que enjuicien a los pillos que tuvimos por presidentes, acción que ya es de suyo legítima si la Fiscalía cuenta con evidencia de delitos. Además, la pregunta es vaga. Al no poder someter al voto popular el ejercicio de acción penal, la Suprema Corte tuvo que reelaborar la pregunta dejándola tan abierta que bien podría aprovecharse para juzgar a Antonio López de Santa Anna, Victoriano Huerta o Gustavo Díaz Ordaz. Los resultados tampoco son vinculantes para el Poder Judicial, no tendrá efecto jurídico alguno sobre los delitos que pudieran o no imputarse a los ex presidentes. Nuevamente, esto sólo puede suceder mediante debido proceso. Por tanto, la consulta se reduce a un ejercicio meramente simbólico, con el que se brinda a los votantes la sensación de que la justicia está en sus manos.

Entonces, ¿para qué realizarla? Consultar por consultar es un recurso demagógico que fortalece el entramado de poder dando la impresión de que hay una voluntad colectiva que apunta en la misma dirección. La de 2018, más que inclinar la balanza de las decisiones, buscaba legitimar acciones de gobierno que otras consultas (por ejemplo, las hechas en comunidades mayas) han puesto en tela de duda. La de 2021 parece que no será distinta, salvo que se espera un mayor número de votantes debido a que se pondrá a funcionar el complejo aparato del INE.

No, no es el INE el que desalienta la participación en la consulta, es la misma desconfianza en un proceso cuyo resultado ya se puede anticipar. El 1 de agosto en la tarde el presidente de la República ofrecerá un mensaje a la nación felicitándola por su destacada participación y agradeciendo que comparta su buen juicio. Su imagen, robustecida por el respaldo de los resultados de la votación, brillará mediáticamente, mientras los procesos contra los ex presidentes continuarán aguardando mejor momento.

El pasado nos alcanzó

México frente al 11 de septiembre

Ricardo Maldonado Arroyo-

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La historia se relata desde la perspectiva de quien la escribe. Para quienes vivimos en México, los hechos del 11 de septiembre de 2001 cobran significado a partir de nuestra posición en el mundo y la relación que guardamos con Estados Unidos. Sin perder de vista que la caída de las Torres Gemelas es un hecho trágico, las subsecuentes políticas de seguridad, basadas en la amenaza del terrorismo, han recrudecido los dispositivos de vigilancia y control en la frontera México-Estados Unidos, potenciando el problema de origen en vez de solucionarlo.

¿Por qué un grupo de terroristas atacó Nueva York y Washington? La respuesta no es sencilla, pero mucho tienen que ver las mismas políticas intervencionistas de Estados Unidos que siembran y escalan conflictos en numerosos puntos del globo terráqueo. Esta descomposición de escenarios de por sí complejos, ha alimentado la existencia de grupos extremistas que, en una suerte de estrategia perversa, son armados, precisamente, por agentes de Estados Unidos y Europa. Estas políticas, finalmente, les han pasado factura a los países intervencionistas.

México no ha escapado a la injerencia del vecino del norte. Durante la Guerra Fría, por la persecución del fantasma del comunismo, desde el gobierno de Reagan, por una estrategia continental de “seguridad” dirigida a combatir el tráfico de drogas. El narcotráfico se convirtió en tópico prioritario para Estados Unidos y la política ha sido clara: prohibición, criminalización, militarización. Nuestro país ha sido escenario de una batalla sangrienta e interminable por proteger los intereses del país que más consume drogas. Al igual que con los grupos extremistas, las armas de las bandas criminales provienen, principalmente, de Estados Unidos. La frontera-gulag, como la denomina el antropólogo Guillermo Alonso Meneses, comenzó a tomar forma con las operaciones “Blockade” y “Hold the Line” (1993), durante el gobierno de William Clinton.

En este mismo sentido, el 11 de septiembre de 2001 fue justificación y detonante del aparato de vigilancia que hoy se ciñe sobre la frontera. Los migrantes indocumentados que la han cruzado narran que, antes de los ataques a las Torres Gemelas, era mayor la probabilidad de llegar a su destino. Hoy en día es una travesía en la que se juegan la vida. ¿Qué relación tienen estos migrantes con el terrorismo del que pretende protegerse Estados Unidos? En el discurso de la seguridad, las amenazas externas y la defensa del territorio, un migrantes indocumentado se mete en el mismo saco que un terrorista. Ambos representan riesgos potenciales. El discurso tampoco establece diferencia respecto a un narcotraficante sin escrúpulos. Cuando Trump calificaba a los mexicanos de criminales y violadores, no hizo sino externar lo que sus gobernantes han materializado en la frontera: una barrera infranqueable para el grueso de la población mexicana. Todos somos criminales en potencia.

La caída de las Torres Gemelas desató el miedo y la ira contra los musulmanes y se acompañó de discursos que rechazan a otros grupos sociales. El discurso antiinmigrante, particularmente, contra la “invasión” de mexicanos y centroamericanos, se incorporó a los argumentos para incrementar la vigilancia. Según Alonso Meneses, en 2000 existían 9,212 agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, mientras que en 2011 ya eran 21,444. A partir de 2009, cuando inició la administración de Obama, las medidas antiinmigrantes se reflejaron en un marcado descenso de las deportaciones y detenciones de mexicanos. ¿Quién se atrevería ahora a cruzar la frontera?

A partir del 11 de septiembre, la migración se convirtió en un asunto de seguridad nacional, lo que se tradujo en un impresionante despliegue de recursos financieros y humanos. La frontera-gulag se erigió con sus vallas, alambrado, patrullas, cámaras, drones y toda clase de tecnologías de vigilancia que, aparte de contribuir a la detención de migrantes, ha propiciado que pierdan la vida y sean víctimas de bandas criminales. Una gran crisis de derechos humanos. Sin importar quién esté gobernando Estados Unidos, la política es la misma.

En años recientes, la estrategia contra la migración se ha desplazado hasta los límites entre México y Guatemala. Las imágenes recientes de agentes mexicanos cazando a centroamericanos y haitianos, dejan clara la participación de nuestro gobierno en el endurecimiento de la frontera. Toda esta locura de perseguir migrantes indocumentados se ha normalizado hasta perder la raíz del problema. Habiendo fincado su estrategia continental en la inestabilidad política y económica de los países del Sur, Estados Unidos erigió una valla para aislarse de problemas que él mismo ha fomentado. El miedo que sienten no es únicamente a terroristas que pudieran alterar su vida apacible, sino al mundo que está ahí afuera, devastado por la pobreza, las bandas criminales y la guerra, y del que ha sido no sólo partícipe, sino gestor y gendarme.

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Vox: la fotografía de la vergüenza

Ricardo Maldonado Arroyo-

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Sonrientes al centro, las senadoras Guadalupe Murguía (Querétaro), Alejandra Reynoso (Guanajuato) y Guadalupe Saldaña (Baja California Sur), posan para la foto. Detrás de ellas, Julen Rementería, senador por Veracruz y líder de la bancada panista, sirve de anfitrión a Santiago Abascal, presidente del partido ultraderechista español, Vox. Un total de 22 personajes aparecen en esta imagen que ha causado gran revuelo. No es para menos. Vox constituye una de las fuerzas políticas más populares en el escenario internacional que ha promovido un discurso recalcitrantemente nacionalista, xenófobo, islamofóbico, homofóbico, opuesto al aborto, neoliberal, anticomunista, ultracatólico y deseoso de rescatar la influencia de España en el mundo.

Esta peculiar fotografía se enmarca en la firma de la “Carta de Madrid”, pronunciamiento público de Vox y sus adeptos en América, cuyo propósito es impedir el “avance del comunismo” y la defensa del “Estado de Derecho, el imperio de la ley, la separación de poderes, la libertad de expresión y la propiedad privada”. Además, en un extraño giro del discurso, afirma que “el futuro de los países de la Iberosfera ha de estar basado en el respeto a la democracia, los derechos humanos, el pluralismo, la dignidad humana y la justicia”. Así es, la visión de Vox es que existe una esfera natural de influencia, denominada Iberosfera que, paradójicamente, se compone de “una comunidad de naciones libres y soberanas”.

Un documento sin pies ni cabeza que ha sido firmado por actores políticos de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, El Salvador, Estados Unidos, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, e, incluso, europarlamentarios de Grecia, Italia, Países Bajos y Suecia. De hecho, desde octubre de 2020 aparecían como firmantes Mario Romo, presidente de la Red Familia, Elsa Méndez, diputada queretana, el actor Eduardo Verástegui, en representación de una iniciativa de Trump, Fernando Doval, Secretario de Estudios y Análisis Estratégicos del PAN, entre otros distinguidos y variopintos personajes.

La estampa causa indignación e hilaridad, pero sería injusto afirmar que Vox dio a conocer la ultraderecha en México, que sus pretensiones neocolonialistas y su discurso anacrónico son novedad en el país. Desde las postrimerías de la Revolución, surgieron agrupaciones integristas de abierto corte confesional como Acción Católica, la Unión Nacional Sinarquista, la Unión Nacional de Padres de Familia, la Asociación Católica de Jóvenes Mexicanos o la Unión Nacional de Estudiantes Católicos, que se opusieron a las directrices liberales del Estado mexicano. El propio PAN emanó de esta corriente, pero buscando posicionarse como un partido de profesionistas y empresarios que respetaba el régimen político. En la segunda mitad del siglo XX tuvieron gran influencia organizaciones asociadas a la Iglesia Católica como los Legionarios de Cristo y el Opus Dei, sin dejar de mencionar la oscura asociación del Yunque, de inspiración anticomunista. Recientemente, se han articulado otras iniciativas como Paternidad Responsable, el PES, el Frente Nacional por la Familia y su preexistente brazo local: la Red Pro Yucatán. ¿Qué tan diferente ha sido el discurso de estas organizaciones respecto a Vox?

¿Qué nos sorprende? Durante los últimos años hemos oído verdaderos disparates de las voces más ultraconservadoras y anticomunistas (sea lo que entiendan por tal denominación) del país, lo que hace la fotografía en comento doblemente vergonzosa: porque revela el ánimo de dichas voces a unirse, a la más mínima provocación, a movimientos mundiales de corte fascista; y porque tienen mucho qué ofrecer en cuanto a recursos, influencia política y convicción, porque hay en México quienes contribuyen a propagar discursos de odio y contra los derechos humanos, enorgulleciéndose de ello y dejando constancia para la posteridad.

Post scriptum. El columnista Salvador García Soto atribuye la reunión a la pésima orientación de dos consejeros jóvenes de Julen Rementería, quienes se jactan de admirar a Vox, lo que nos pondría en el dilema de no contar con una ultraderecha mexicana perversa, sino una que hace gala de ignorancia supina.

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Matrimonio igualitario: 13 años de lucha

Ricardo Maldonado Arroyo-

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Quizá Yucatán sea el estado de la República Mexicana en el que la lucha por el matrimonio igualitario halló mayor ímpetu y, a la vez, mayores resistencias. Este 25 de agosto, mientras veía la votación del Congreso por YouTube, no pude evitar sentirme conmovido porque conozco de primera mano esta historia, en la que estuvieron involucrados distintos actores. Cuatro organizaciones promovieron ante la Suprema Corte de Justicia el amparo que orilló a la aprobación de la reforma a la Constitución local (Artículo 19, Indignación, UNASSE y el Colectivo por la Protección de Todas las Familias en Yucatán), pero hubo más involucradas en el camino.

En 2008 varias organizaciones se reunieron para plantear la necesidad de respaldar con firmas una iniciativa ciudadana que reconociera la posibilidad de parejas del mismo género a contraer matrimonio. Estas organizaciones fueron Buenas Intenciones, CEPRODEHL, Círculo Cultural de la Diversidad “Ricardo Zimbrón Levy”, Familias por la Diversidad Sexual, Foro Cultural Amaro, Grupo Multisectorial Ciudadano, Indignación, Kóokay, Mango Malva, Oasis de San Juan de Dios, Repavih, SHSSR y UNASSE, así como ciudadanos independientes. Con el paso de los años y desde diferentes trincheras, también impulsaron el matrimonio igualitario otras organizaciones como Alter-Int, Cessex, Comisión de Pueblos Indios en VIH/Sida, DCyDS, K-Kaajal y Yucatrans.

A diferencia de otros estados, en Yucatán el objetivo fue, desde el inicio, lograr el matrimonio para todas y todos, y no otras figuras legales como la sociedad de convivencia o el pacto civil. Este primer intento fue prontamente sofocado por la aprobación en 2009 de reformas a la Constitución y al Código Civil del estado que impedían la unión legal entre personas del mismo género, a raíz de una iniciativa ciudadana promovida por la Red Pro Yucatán. Esta “herencia” de la LVIII Legislatura se convirtió en una pesada loza difícil de retirar y con la que los grupos ultraconservadores del estado pretendieron sellar toda posibilidad de abarcar más derechos para los colectivos LGBTI.

El camino estuvo particularmente lleno de obstáculos: 3 iniciativas más rechazadas por el Congreso, donde hubo que votar en 3 ocasiones, y 2 veces llegó el asunto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aparte de la iniciativa ciudadana que quedó en ciernes en 2008, en 2012 el diputado Bayardo Ojeda promovió otra que ni siquiera se discutió en comisiones por lo que, en 2016, el diputado David Barrera Zavala la intentó rescatar sin éxito, y, en 2019, las diputadas Silvia López Escoffié y Milagros Romero promovieron un par de iniciativas que llegaron al pleno, ambas no aprobadas mediante votación secreta. Mismo año en que la Suprema Corte rechazó un amparo por omisión legislativa contra el Congreso de Yucatán, interpuesto años antes por tres organizaciones yucatecas. Es decir, una y otra vez grupos de la sociedad civil volvieron a la carga buscando alternativas para el matrimonio igualitario.

Esta batalla jurídica se desarrolló con el auxilio inestimable de los abogados Jorge Fernández Mendiburu, Amelia Ojeda Sosa y Alex Alí Méndez Díaz y cosechó frutos este año cuando, tras meses de espera, la Suprema Corte resolvió a favor de otros amparos en contra de las votaciones secretas efectuadas en el Congreso de Yucatán. Los escenarios son contrastantes. El 15 de julio de 2009, únicamente la diputada Bertha Pérez Medina votó en contra de las reformas para restringir la figura del matrimonio, rodeada de 24 legisladores que levantaron la mano con firmeza observando, sin dar mayor importancia, al grupo de activistas que protestaban en el recinto. El 25 de agosto de 2021, quienes votaron a favor del matrimonio igualitario no sólo alzaron la mano y dieron argumentos de inclusión y derechos humanos, sino que bajaron a tomarse la foto con la bandera del arcoíris. El gesto puede despertar suspicacias, pero no hubiera sido posible en 2009.

También es necesario reconocer el valor de aquellas parejas que llevaron la lucha a nivel familiar y obtuvieron amparos para casarse en el estado, ser asentados como concubinos(as) e inscribir a sus hijas e hijos en el Registro Civil con los apellidos de ambas madres o ambos padres. Han sido varias las condiciones favorables: un marco jurídico mexicano en contra de la discriminación, 21 entidades que ya permitían el matrimonio igualitario, un cuestionamiento sostenido al gobierno local, medios de comunicación aliados, una sociedad cada vez más habituada a las parejas del mismo género y las familias homoparentales, todo contribuyó a la presente coyuntura que, si bien, no lo es todo, resulta de relevancia innegable. Es un logro colectivo en la historia reciente de Yucatán, en el que participaron tantas organizaciones y personas (algunas ya fallecidas), por tanto tiempo, ha implicado tantos sacrificios, que amerita detenerse un momento a tomar aliento y abrazarse fraternalmente.

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