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El pasado nos alcanzó

Latinoamérica arde

Ricardo Maldonado Arroyo-

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Los recientes acontecimientos en Haití, Ecuador, Chile y Bolivia, nos han hecho cobrar conciencia del momento histórico que vivimos. En estos países se han reprimido protestas por diferentes circunstancias. En Haití la población salió a las calles por la crisis energética, la devaluación y la imposibilidad de gobernar un país sumido en la pobreza, rebasando la capacidad del presidente, Jovenel Moise; en Ecuador se vino abajo el paquete económico que Lenín Moreno comprometió con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el decreto 883 que establecía alzas a los combustibles; en Chile el presidente Piñera levantó el estado de emergencia y pidió la renuncia a todo su gabinete, tras las manifestaciones en Santiago que iniciaron con el alza del precio del metro; en Bolivia, el partido Movimiento al Socialismo, trata de sostener el triunfo electoral de Evo Morales para un cuarto mandato, lo que ha causado descontento en amplios sectores que alegan fraude.

Reconociendo de antemano que explicar esta agitación en Latinoamérica es de un elevado grado de complejidad, deseo destacar dos lecturas personales: una optimista y otra pesimista. El optimismo me invita a percibir las movilizaciones multitudinarias en Quito, Guayaquil o Santiago, como la luz esperanzadora de una fractura del modelo neoliberal, que se evidencia progresivamente como la pieza de una tela rasgada tras largo tiempo de deshilarse. El enfoque del neocolonialismo nos recuerda que, pese a habernos constituidos como estados-nación independientes, el dominio de las potencias globales, los imperativos del mercado y el capitalismo, siguen vigentes. Josep Fontana señalaba que la pobreza y las crisis económicas no son anomalías del capitalismo, sino síntomas de su buen funcionamiento. El capitalismo no busca la maximización de la producción para que toda la población se beneficie, busca, en cambio, la maximización del beneficio, aunque sea únicamente para un puñado de personas.

Ahora bien, las crisis económicas y la pobreza son funcionales cuando el Estado es capaz de mantener el orden, evitando que las clases subalternas se rebelen. Pero no es lo que hoy vemos en las pantallas del teléfono móvil o la computadora, lo que vemos es la subversión abierta ganando el espacio público. ¿Por qué sucede? Si nos basamos en la idea de soberanía de Locke, es legítimo y moralmente correcto que la población se rebele cuando su bienestar está en juego por las decisiones del gobierno, por ejemplo, tomando acuerdos desventajosos con el FMI o intentando perpetuarse en el poder. Si retomamos planteamiento de Gramsci, la hegemonía no solo se logra mediante la coerción (policía, ejército), sino también por la capacidad del gobierno de lograr consensos, unir voluntades, convencernos de que lo que está haciendo, lo está haciendo bien. Sin embargo, en Latinoamérica la población está cada vez menos convencida del actuar de los gobiernos, los cuestiona, los reta, los exhibe ¿Estamos ante un nuevo escenario donde la ciudadanía participa y se moviliza para defender sus derechos y la soberanía de su país?

Una visión pesimista me remite a los incendios de este año en la selva amazónica de Brasil, que causaron gran indignación. Sin demeritar la importantísima llamada de atención al gobierno brasileño, habría que escuchar algunas voces que recuerdan que no se trata de un problema nuevo. El Amazonas está ardiendo desde 1970 por prácticas agrícolas y el abuso de las empresas que extraen desmedidamente su riqueza forestal, y no solo en Brasil, también en Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Guayana Francesa, Perú y Suriname. Pero ahora los medios electrónicos nos enteraron en tiempo real y se juntaron diversos factores que lo convirtieron en noticia. Yo espero que se mantenga el interés por la selva del Amazonas, como espero que se mantenga por las movilizaciones de Latinoamérica, pues tampoco son nuevas.

En el pasado, el descontento social y los excesos de la corrupción propiciaron la destitución de Jean Bertrand Aristide y Michel Martelly en Haití, Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez en Ecuador, Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa en Bolivia, Alberto Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski en Perú, Fernando Collor de Mello y Dilma Rouseff en Brasil, Jorge Serrano Elías y Otto Molina en Guatemala, Raúl Cubas y Fernando Lugo en Paraguay, Fernando de la Rúa en Argentina, Carlos Andrés Pérez en Venezuela, por mencionar algunos. Moise, Moreno, Piñera y Morales perfectamente pueden engrosar la lista. México no está exento de acontecimientos similares, imaginemos cómo nos observaban desde afuera cuando se dio a conocer el EZLN o con las protestas por el gasolinazo de 2017. Probablemente el resultado de las elecciones de 2018 fue una válvula de escape. Pero ¿por cuánto tiempo? La inestabilidad política ha sido la marca de Latinoamérica que, como el Amazonas, no ha cesado de arder. ¿Será casualidad? ¿Será distinto ahora? ¿Se estarán conformando movimientos que rompen con el pasado o, más bien, tienen mayor capacidad de comunicación gracias a los medios electrónicos? Solo el tiempo lo dirá.

El pasado nos alcanzó

El abrazo mexicano a Bolivia

Ricardo Maldonado Arroyo-

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En medio de la agitación que vive Latinoamérica, México decidió recibir al ex mandatario de Bolivia, Evo Morales, en calidad de asilado político. Esto no es un hecho aislado, sino que ha sido una tradición distintiva del gobierno mexicano. A fin de desechar suspicacias, quiero recalcar que el objetivo de esta reflexión es valorar la acción del gobierno mexicano en el escenario mundial, no el desenvolvimiento de la crisis boliviana. Lo que ahora podemos analizar con mayores elementos acerca de dicha crisis, son las razones y consecuencias de ofrecer asilo a Evo Morales.

La Ley sobre refugiados, protección complementaria y asilo político, faculta al gobierno mexicanos para acoger a personas extranjeras como refugiadas o asiladas. El asilo político es “la protección que el Estado mexicano otorga a un extranjero considerado perseguido por motivos o delitos de carácter político o por aquellos delitos del fuero común que tengan conexión con motivos políticos, cuya vida, libertad o seguridad se encuentra en peligro”. Por tanto, la función de las autoridades mexicanas no es hacer un juicio de la persona a quien asila, sino determinar el riesgo que corre y si ese riesgo está asociados a factores políticos.

Así, en el pasado el territorio mexicano ha salvaguardado la integridad de personajes de las más diversas orientaciones ideológicas, por ejemplo, al filósofo y escritor cubano, José Martí; al revolucionario ruso, León Trostky; al cineasta español, Luis Buñuel; al revolucionario cubano, Fidel Castro; a Hortensia Bussi, esposa del presidente chileno, Salvador Allende; al último shah de Irán, Mohamed Reza Pahlevi; a la líder del movimiento indígena en Guatemala, Rigoberta Menchú; al depuesto presidente de Honduras, Manuel Zelaya. De igual forma, México ha sido lugar de refugio para personas que arribaron en conglomerado, cuyo nombre se desvaneció con el tiempo o se sumaron a la producción científica y artística del país, a las letras y los deportes. Una cantidad importante de exiliados argentinos, chilenos, cubanos, españoles, polacos y guatemaltecos, hicieron de México su casa temporal o permanente.

Ahora bien, brindar asilo político a Evo Morales, trasciende a su persona, porque a nadie conviene el encarcelamiento o la muerte del ex mandatario, menos al pueblo boliviano, que se halla en un enfrentamiento donde han salido a relucir las armas. La sangre en Bolivia solo generará más sangre. Por este motivo, el asilo concedido por el gobierno mexicano ha sido un gran acierto, una acción estratégica ante el panorama volátil de Latinoamérica. También es un posicionamiento ante la posible injerencia de Estados Unidos (sobre esto convendría revisar la accidentada trayectoria del avión que traía a Morales a la Ciudad de México). Ciertamente, Bolivia ha vivido divisiones internas, pero el ambiente se enrareció más a partir de algunas declaraciones de la OEA y el protagonismo del ejército boliviano. Superando filias y fobias, habría que pensar que el abrazo de México a Evo Morales es, más bien, un abrazo al pueblo de Bolivia, una válvula de escape para la crisis que hoy lo mantiene en la incertidumbre.

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El pasado nos alcanzó

A cuántos difuntos recordamos

Ricardo Maldonado Arroyo-

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La tan esperada cita anual de los Fieles Difuntos se conmemoró con un festín cargado de nostalgia. Las fotografías de quienes han fallecido estuvieron alumbradas con la tenue luz de veladoras, mientras las personas vivas nos dimos a la tarea de comer pib, xek y pan hasta el hartazgo. Seguramente cada familia tiene plenamente identificadas a las personas en cuya memoria realizaron ofrendas, y aprovecharon la ocasión para reunirse y departir. Quizás mi reflexión rompa con el espíritu emotivo de estas fechas, pero considero pertinente preguntarnos quiénes son los fieles difuntos, analizar a cuántas personas recordamos este año como sociedad, cuáles son las causas por las que estamos muriendo y qué dicen de nuestras circunstancias actuales.

De acuerdo con el INEGI, el número de fallecimientos ha aumentado en México de 539,540 en 2008 a 722,611 en 2018. Aunque pudiera ser lo esperado ante el incremento de la población, la tasa de fallecimientos, es decir, el número proporcional de muertes, también siguió una tendencia ascendente: pasó de 4.9 a 5.7 por cada mil habitantes durante el mismo periodo. En una década (2005-2015) decayó ligeramente nuestra esperanza de vida, pasando de 77.8 a 77.6 años para las mujeres, y de 72.6 a 71.9 años para los hombres. ¿Por qué está viviendo menos la población? Según el gobierno federal, porque en años recientes hubo un mayor número de muertes relacionadas con la diabetes mellitus y causas violentas. Si se observa el panorama completo, enfermedades del corazón, diabetes mellitus y tumores malignos provocaron casi la mitad de los decesos en 2018, mientras el 11.5% corresponden a defunciones accidentales y violentas.

¿Qué podemos concluir de estos datos? Enfermedades crónico-degenerativas y tumores nos están obligando a despedirnos de nuestros familiares y a reflexionar acerca de nuestros hábitos. La salud se nos ha vuelto un problema prioritario de atención (incluso si escribo esto con un pib y un refresco de cola en la mano). Sin embargo, quisiera prestar atención a quienes han fallecido de manera accidental o violenta, las víctimas de profundos problemas sociales que no hemos logrado resolver. Al respecto pienso en los altares ocupados en Yucatán con las fotografías de las 230 personas fallecidas en accidentes de tránsito ocurridos en 2018, a las 59 asesinadas el mismo año o a las 246 que se suicidaron. Pienso en las 28 víctimas de feminicidio entre 2014 y 2019, las 12 víctimas de crímenes de odio por homofobia entre 2013 y 2018, así como los 9 hombres muertos en cárceles a manos de policías entre 2018 y 2019. Trato de imaginar el dolor por las circunstancias de la muerte y la sensación de impotencia cuando la injusticia ha sido la forma de despedirse de este mundo.

Pienso, sobre todo, en las más de 37,000 personas desaparecidas en México, cuyas familias viven en la incertidumbre, sin siquiera poder ofrecer flores a quienes recuerdan con afecto. ¿Seguirán vivas, habrán muerto? ¿En qué circunstancias? Desaparecer significa nunca poder despedirse, nunca terminar de aliviar el dolor. No saber si es mejor dejar encendidas las luces de afuera para cuando regrese esa persona, o colocarle comida y chocolate para cuando su espíritu visite nuevamente el hogar. Por supuesto que he disfrutado estos días en que conmemoramos la muerte y me jacto de haber disfrutado las mejoras viandas hechas en casa, pero no podía dejar de compartir la congoja que me causan las miles de fotografías barajadas entre accidentes, violencia, suicidios y aquellas ausencias que nunca tendrán respuesta.

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El pasado nos alcanzó

Detenciones arbitrarias en el estado más seguro

Ricardo Maldonado Arroyo-

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Este mes se dio conocer el caso de Silvia Bentata, quien el 2 de octubre fue detenida arbitrariamente por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública al salir de una tienda de conveniencia, en compañía de su madre. Aparentemente la confundieron con una narcomenudista. Silvia convulsionó durante la detención, por lo que su madre, desesperada, intentó explicar a los policías que aquella padece epilepsia. Ignorando la advertencia, se la llevaron varias horas, la golpearon y torturaron. Finalmente, la liberaron al percatarse de que no era la persona a quien buscaban.

El caso saltó a la luz pública debido a que la afectada interpuso denuncia ante la Fiscalía General del Estado y queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY). El ataque de los policías le provocó quemaduras y lesiones en el hombro. Lamentablemente, aunque el caso ha despertado la profunda indignación de muchas personas, no se trata de algo aislado, sino parte del ya conocido modus operandi de las corporaciones policiacas y las fiscalías. En 2018 la CODHEY atendió 183 quejas calificadas como presunta violación de derechos humanos donde la autoridad señalada como responsable es la Secretaría de Seguridad Pública. Además, la detención arbitraria está señalada como el segundo hecho violatorio que originó las quejas (215 expedientes), sólo por debajo de la prestación indebida del servicio público (294 expedientes).

El problema, sin embargo, no es únicamente de orden estatal, en las policías municipales de Yucatán se ha documentado brutalidad policiaca. El presidente de la CODHEY, Miguel Sabido Santana, ha declarado que se tiene conocimiento de 2 decesos ocurridos este año en cárceles de Oxkutzcab y Tekantó, así como 7 ocurridos durante 2018 en cárceles de Baca, Hunucmá, Mérida, Tahmek, Teabo y Umán. Estas prácticas, por supuesto, se replican en muchos rincones del país. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), reveló que durante 2018 dio cauce a 318 quejas por detención arbitraria donde se detectaron hechos presuntamente violatorios de derechos humanos, y emitió 13 recomendaciones por detención arbitraria, 10 por tortura, 8 por privación de la vida y 8 por tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Es así como el caso de Silvia Bentata, se suma a los expedientes abiertos año con año, de un mal que pareciera no tener fin. Casos que indignan, pero que, mediante una suerte de indolencia social, se normalizan hasta desvanecerse en procesos burocráticos. Como es de esperarse, las corporaciones policiacas jamás admitirán su responsabilidad. La madre de Silvia exige sanción para los agentes que la golpearon y torturaron, y lo menos que se espera como acto de justicia, es que los cesen e inhabiliten para el servicio público.

Pero el problema es más grande: aquellos reciben órdenes de quienes, desde un escritorio, saben que el gobierno tiene el monopolio del poder y se sienten con derecho de usarlo de manera discrecional, saltando todo debido proceso, abusando del poder impunemente. La realidad es que el descrédito de las instituciones policiacas ya es parte de la cultura nacional, y se empeñan en perpetuarla. ¿A usted o alguna persona conocida la han detenido arbitrariamente? ¿Alguna vez un policía lo ha golpeado? ¿Ha sido cuestionado por su aspecto? ¿Le ha seguido una patrulla o un antimotín de manera sospechosa? ¿Se siente usted seguro(a) o protegido(a) cuando un policía se acerca? ¿Cómo se sentirán Silvia y su madre cada vez que traten con uno, podrán confiar nuevamente en la policía? ¿Podemos confiar nosotros(as)?

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