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El pasado nos alcanzó

Pero los anteriores también lo hacían

Ricardo Maldonado Arroyo-

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Ha sido un penoso descubrimiento percatarme de que, ante las críticas a la actual administración estatal, es cada vez más recurrente obtener como respuesta: “pero los anteriores también lo hacían”. Palabras más, palabras menos, esta idea se desprende de los labios de personas que, por diferentes motivos y basados en experiencias poco afortunadas, tratan de poner punto final a incómodas charlas acerca de política. Si bien están refiriendo algo cierto, no deja de ser un termómetro de la decepción y el hartazgo social con el que hemos tenido que lidiar en nuestro complejo régimen político. En este sentido, me referiré, en primer lugar, al contenido y, en segundo lugar, al contexto de esta afirmación.

¿A qué prácticas aluden las personas cuando se refieren a aquello que hacían en gobiernos anteriores y que continúan haciendo en el gobierno actual? Entre otras, al manejo de la administración estatal para beneficiar a cúpulas empresariales donde está inmersa la misma clase política; el uso dudoso de los recursos, proclamando austeridad para los trabajadores y la ciudadanía, mientras se despilfarra en otros gastos; la creación de impuestos, derechos y trámites para recaudar más, sin que sea convincente el destino de tales recursos; la colocación de compromisos políticos en el aparato estatal; la vendettas políticas y “quema de brujas”, que no sólo abarca a servidores públicos de alto rango, sino también a trabajadores a quienes se descalifica públicamente para poder despedirlos alegando corrupción o que no tienen preparación profesional; la negación de la crítica y la inconformidad, blindando al gobernador para que no escuche más que aplausos y alabanzas; el abuso de poder por parte de la policía que únicamente protege a ciertos políticos y empresarios; las “mordidas” que median en trámites de toda índole y permiten la consabida elusión de infracciones y multas.

Esta no es una lista exhaustiva ni acabada, pero da una idea de los temas que están sobre la mesa. Y sí, es cierto, no son prácticas nuevas, tanto el PRI como el PAN, que han ocupado la silla del Ejecutivo estatal, retomaron y pulieron estas deshonrosas estrategias de gobierno. Lo lamentable es que el argumento ya no sea demostrar cómo se están erradicando, sino legitimarlas con la fórmula de que “los anteriores también lo hacían”. Este argumento nos lleva a la conclusión de que, al haber sido siempre así, la actual administración estatal tiene la prerrogativa de continuar en el mismo sentido. Es casi una venia inmoral para resignarnos a lo mismo. La exhibición del régimen político ha llegado a tal grado que es imposible rebatir las prácticas que lo corrompen. En sentido opuesto, sería ingenuo pensar que la clase política cambiará de un día para otro. Pero la ciudadanía sí está cambiando y juega un rol cada vez más activo. ¿Nos ocuparemos de cuestionar y actuar o les daremos a este y futuros gobiernos la autorización de hacer lo que los anteriores también hacían?

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El pasado nos alcanzó

Razones y sinrazones para financiar partidos políticos

Ricardo Maldonado Arroyo-

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En 1982 Miguel de la Madrid declaró: “Podríamos ahorrarnos mucho dinero centrando la campaña en televisión y radio, pero la idiosincrasia mexicana exige que el pueblo conozca a su candidato y tenga oportunidad de hacerle llegar sus problemas” (El País). Esta demagógica justificación de los gastos de campaña estaba condicionada por la de su antecesor, José López Portillo, quien arrasó en las elecciones presidenciales de 1976 porque fue el único candidato.

La hegemonía del PRI alcanzó tal grado de institucionalización y cooptación de recursos, que ahogó la competencia electoral. Con la intención de fomentar el pluralismo partidista que permitiría al régimen político mantener el título de “democrático”, el Congreso aprobó en 1977 la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales y la reforma a varios artículos de la Constitución, entre los que destacaba el 41. La reforma concedió financiamiento público a partidos políticos y creó diputaciones y senadurías de representación proporcional. Ubicada adecuadamente en el contexto histórico, su propósito era procurar condiciones de equidad para desarrollar una verdadera competencia electoral que no favoreciera de antemano a funcionarios o partidos en el gobierno.

En los años subsecuentes se sucedieron varias reformas electorales, pero todas han mantenido el financiamiento público a partidos como premisa de operación. Esto recientemente ha vuelto a causar polémica porque Lorenzo Córdova, Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), estimó el monto que deben ejercer los partidos políticos en 2021 en más de 7 mil 200 millones de pesos. Un monto escandaloso considerando la actual crisis sanitaria y económica por la que está atravesando el país con el Covid-19. Sin embargo, Lorenzo Córdova formuló su propuesta en razón de un mandato legal.

El artículo 41 de la Constitución Política establece que “el financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior”.

Es decir, el dinero que reciben partidos políticos se obtiene de una fórmula especificada en la Constitución. Las leyes en la materia también les otorgan acceso a difusión en medios electrónicos y a financiamiento privado, siempre y cuando se respeten los montos máximos acordados con el INE. Este último aspecto es relevante porque también representa un riesgo entregar las campañas políticas a las clases empresariales y que intereses privados predomine sobre los públicos. Por tanto, son las legisladoras y los legisladores quienes tendrían que atender la demanda ciudadana de reducir sensiblemente el financiamiento a partidos, aunque los comprometa políticamente.

Así como hubo razones importantes para que el Estado mexicano financiara a partidos políticos, el Covid-19 ha sido ocasión para visibilizar, de un modo trágico, las razones para su rechazo. El problema, sin duda, es el uso y abuso de dicho financiamiento, que desvirtúa sus motivaciones y fines. Las noticias de los últimos cuarenta años han exhibido el despilfarro en las campañas políticas y el enriquecimiento de familias y grupos de poder que hacen de los partidos políticos su fuente de ingreso. El objetivo ya no es ganar las elecciones y emprender un proyecto político, sino mantener el registro. Además, durante las campañas obtienen oscuras “donaciones” a cambio de “compromisos” una vez en el gobierno, lo que ha sido evidenciado en audios y videos, con ligas y sin ellas.

Las campañas suelen reducirse a un eslogan ambiguo como el de López Portillo: “La solución somos todos”. Por si fuera poco, tenemos que tolerar “campañas” fuera de tiempos electorales, en la que ciertos(as) funcionarios(as) aprovechan el más pequeño espacio en medios electrónicos para exponer su imagen. Sólo durante el mes de agosto, la página de Facebook del Gobierno del Estado de Yucatán hizo más de 40 publicaciones con fotografías o videos del gobernador. Existe un amplio sector que demanda campañas austeras, con menos escenografía y más contenido y, ahora, con el Covid-19, evitando la proximidad física. Contrario a lo que aseguraba Miguel de la Madrid, la ciudanía no exige conocer candidatos, exige conocer propuestas y, quienes son pragmáticos, que les resuelvan un problema inmediato porque saben que después de las elecciones no los volverán a ver. Resulta osado subestimar la inteligencia de los votantes.

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El pasado nos alcanzó

¿Mejoras al transporte público o al Centro Histórico?

Ricardo Maldonado Arroyo-

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Con bombo, platillo y tapabocas, el Gobierno del Estado anunció en días recientes el Plan de Mejora a la Movilidad Urbana para el Centro Histórico de Mérida. Aunque este tiene por objetivo “reducir aglomeraciones y mejorar la movilidad a través de un ordenamiento que permita la sana convivencia”, en términos prácticos, el gobierno ampliará el espacio para peatones, sembrará árboles, mejorará cruceros, separará zonas de ascenso y descenso de transporte urbano, obligará al transporte foráneo a contar con terminales, habilitará ejes viales para vehículos particulares y reubicará las zonas de ascenso y descenso de pasajeros fuera del perímetro marcado por las calles 50, 55, 68 y 69.

En una ciudad que ha privilegiado por años el uso de automóviles particulares, es deseable fomentar un entorno amigable para peatones, reducir la contaminación en el primer cuadro de la ciudad y generar un paisaje urbano más atractivo para propios y extraños. Sin embargo, hay interrogantes que permanecen sin respuesta: ¿en qué medida el mencionado plan es parte de una visión más amplia de movilidad?, ¿está escuchando el Gobierno del Estado las necesidades de las personas usuarias de transporte público?, ¿se reducirán las aglomeraciones, como ha prometido? Y es que en el nombre del plan se halla la encrucijada, ¿es prioridad mejorar la movilidad urbana o el Centro Histórico? Porque no es lo mismo hacer adecuaciones en el Centro Histórico como parte de un proyecto de movilidad, que hacer adecuaciones a la movilidad para mejorar la imagen del Centro Histórico.

Ha sido un reclamo constante que el transporte público en Mérida sea eficiente. Esto significa que el usuario se traslade a su destino en menor tiempo, a menor costo y transbordando una menor cantidad de autobuses. De hecho, logrando esto último, los dos primeros beneficios se dan por añadidura. Tanto mejor si, además, las condiciones de las unidades son óptimas y el trato del conductor es decoroso. Ignorar una necesidad tan sentida ha desembocado en un escenario que potencia los efectos de la pandemia del Covid-19, porque los trabajadores se concentran todos los días en los puntos de abordo y durante el tiempo de trayecto están obligados a tener proximidad con decenas de personas.

El impedimento operativo para que el sistema de transporte urbano sea eficiente es que está centralizado y funciona mediante rutas radiales, en otras palabras, casi todas convergen en el Centro Histórico. Apenas contamos con 5 circuitos que descargan la presión del núcleo urbano. El impedimento político es vox populi: los intereses entre el gobierno que concesiona las rutas y las empresas concesionarias. El gobierno anterior elaboró un diagnóstico pormenorizado de la movilidad urbana (con resultados nada sorpresivos) que desembocó en la creación del SITUR, proyecto que, sobre el papel, pretendía generar y modificar rutas bajo una lógica distinta, pero que apenas nos heredó algunas unidades renovadas y el Circuito Metropolitano. El interés público, que debe primar en el transporte público, ha sido rezagado por una alianza perversa entre quienes viven del mencionado transporte y quienes jamás lo usan. ¿Será que las medidas que implementará el Gobierno del Estado cambien este panorama o se limitarán a hacer más agradable el Centro Histórico?

Porque de ser lo segundo, la propuesta es todo menos novedosa. Una de las líneas estratégicas del Programa Parcial del Centro Histórico de 2003 era “regular los flujos peatonal y vehicular”. El documento propuso, entre otras cosas, impulsar la comodidad de los peatones cerrando calles al paso de vehículos, ampliando banquetas y estableciendo corredores de baja afluencia vehicular; además, evitar la penetración del transporte público en la zona de la Plaza Grande. Nada más que el programa estaba enfocado claramente al Centro Histórico, no la movilidad.

Ante los cuestionamientos, el gobernador Mauricio Vila contesta: “No seamos mezquinos, hoy en día no está en juego dinero, ni las elecciones, hoy en día lo que está en juego es la vida de muchas personas” Y pronostica una curva de aprendizaje en la que el plan tendrá errores, pero, finalmente, saldrá avante. En lo personal, me entusiasma la idea de un Centro Histórico más seguro y confortable. A los empresarios turísticos también agradará la idea. Pero, si la finalidad es proteger a las personas del Covid-19, ¿se logrará de esta manera?, ¿será el primer paso para un transporte ágil y económico?, ¿mejorará la movilidad, además de la imagen del Centro Histórico?, ¿quiénes se beneficiarán con este plan?, ¿será mezquino hacerme estas preguntas?

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El pasado nos alcanzó

Injurias a la Corona

Ricardo Maldonado Arroyo-

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Como una especie de rémora del pasado existe en el Código Penal de España un delito denominado “injurias a la Corona”. Esta disposición ha metido en aprietos lo mismo a la revista El Jueves, por publicar una caricatura de Felipe VI, que al alcalde de Puerto Real por tachar a Juan Carlos I de “crápula” y “corrupto” (irónico, considerando que este último acaba de abandonar España por escándalos financieros). Actualmente, el rapero mallorquín Valtònyc libra una batalla legal, exiliado en Bélgica, para evitar cumplir la condena de tres años y medio impuesta por el contenido de sus canciones, con francas invitaciones a exterminar la monarquía española.

Esta práctica institucionalizada de someter la opinión de la población a la voluntad de los gobernantes, también se da en el marco de regímenes donde no existen títulos nobiliarios. En México, por ejemplo, por décadas el Ejecutivo federal ejerció control sobre la prensa y la televisión. Emblemática fue la persecución de periodistas como Julio Scherer García y Carlos Loret de Mola Mediz (favor de no confundir con el nieto). En respuesta, una sociedad cada vez más celosa de sus libertades y la acción organizada del gremio periodístico, han servido de dique a la censura.

Esta relación entre gobernantes y gobernados, en la que intervienen los medios, se denomina comunicación política. A quienes toman decisiones les interesa difundir sus acciones generando opinión pública, positiva, por supuesto. No obstante, el escenario actual ha cambiado significativamente. Como señala la especialista en comunicación política, María Cristina Reyes Montes, si antes el Estado era el actor que tenía mayor peso en el control de la información, a partir la publicación de la Ley Federal de Radio y Televisión de 2005, las empresas privadas adquirieron preponderancia afincando su posición de poder. No fueron pocas las ocasiones en que se acusó a Televisa y TV Azteca de inclinar la balanza en favor o en contra de determinados partidos políticos, funcionarios públicos o candidatos en campaña.

Sin embargo, en esta transformación acelerada de los medios electrónicos, el tercer actor en disputa, la ciudadanía, está ganando espacios. El politólogo Robert Inglehart notaba, desde la década de 1970, un incremento en las herramientas políticas, facilitado por los medios, y asociado al cambio generacional. Pues, si bien “los medios están controlados y programados conscientemente para reflejar los valores dominantes de una sociedad, su cobertura de noticias los lleva a transmitir información que a menudo amenaza los valores existentes”. Este fenómeno es evidente en la actualidad porque las nuevas generaciones emplean estratégicamente medios electrónicos, particularmente, Internet, para compartir información contraria a la agenda política de los gobernantes.

Los vehículos de esta nueva relación entre gobernantes y gobernados ya no son la prensa de soporte impreso ni las grandes televisoras, sino las redes sociales virtuales, en las que circulan noticias de medios digitales, opiniones de propios y extraños, cantidades inconmensurables de imágenes y, en general, información que se posiciona o desecha con la interacción de los usuarios. Tal condición no garantiza la calidad de la información, pero sí socava el pretendido control de la opinión pública. Personas expertas en comunicación podrían explicar con mayor destreza lo anteriormente mencionado, yo, en cambio, quiero resaltar que esto ha hecho mella en la clase política. El periodista Rafael Gómez Chi, evadiendo la agenda dictada por el gobernador, Mauricio Vila, convirtió en noticia algo que, en otras circunstancias, sería una anécdota irrelevante:

“- ¿Se ha encabronado por algún meme suyo?

– Con todos…

– No, en serio.

– ¡En serio te lo digo!”.

Y es que algo que no ha comprendido la clase política del estado y de la federación (recordemos los intercambios de palabras del Presidente con la prensa), es que se ha destapado la caja de Pandora: la comunicación política ya no se inclina a endulzar el oído de los gobernantes, sino a confrontarlos con su peor pesadilla: el desprecio de la gente. Una clase política intolerante a la crítica, que espera ser colmada de lisonjas y aplausos, no corresponde con nuestros tiempos. Si piensan que la ciudanía se conmueve con fotografías donde exhiben proximidad con los grupos vulnerables, cree a pie juntillas que son los gobernantes mejor calificados o que son gratuitas las alabanzas y bendiciones a su figura, han errado el rumbo. La sátira política, la exposición de la corrupción, el insulto, incluso, son expresiones cotidianas. Una de las consecuencias más nefastas de la cultura política de antaño es que servidores públicos de mediano y bajo rango suelen esperar pleitesía.

Así que, ante el escenario descrito surgen las alternativas de renovarse o morir. Estoy seguro de que más de un gobernante desearía que en México existiera un delito similar al de “injurias a la Corona”. Crecieron pensando que el cultivo a la personalidad era la vía para lograr sus objetivos, pero han confundido el medio con el fin. ¿Será la clase política capaz de adaptarse al presente o buscará a toda costa mantener la bonita tradición coreográfica de aplaudir a regañadientes?

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