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El pasado nos alcanzó

Vindicaciones a la infancia

Ricardo Maldonado Arroyo-

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A finales de octubre se dio un hecho inédito en Yucatán: un niño transgénero de 12 años obtuvo el amparo de un juez federal para que el Registro Civil cambie su nombre. Habiéndosele asignado uno de mujer al nacer, él se identifica como niño, por lo que, acompañado de su madre, decide librar la batalla legal para ser reconocido como tal. Es importante aclarar que niños y hombres transgénero son quienes, habiendo nacido con genitales femeninos, se sienten y conciben como hombres, por eso transitan en su aspecto, cuerpo y expresiones. Para poder vivir como hombres, cambiar el nombre legal es un paso importante en lo personal y de gran trascendencia en lo social, ya que obliga al resto de las instituciones a respetar su identidad de género. Lo mismo sucede con las mujeres transgénero. Cuando una persona transgénero transforma su cuerpo se denomina transexual.

El caso es un triunfo para los derechos de la infancia, dado el clima hostil fomentado por organizaciones ultraconservadoras que tratan de impedir el reconocimiento de la diversidad sexual, poniendo por delante una supuesta protección de niñas y niños. Hay que entender que obligarles a asumir una identidad que no corresponde con su género, sólo porque nacieron con determinada estructura genital, coarta el libre desarrollo de la personalidad y provoca un sufrimiento innecesario que, en ocasiones, desemboca en suicidios. Las infancias transgénero han tenido que afrontar la negación de sus expresiones sexo-genéricas, rechazo social, humillaciones y “tratamientos” que tienen todas las características de una tortura médica y psicológica.

Se piensa, erróneamente, que menores de edad no tienen la capacidad de reconocer su identidad de género, salvo cuando reproducen los patrones de comportamiento esperados, en cuyo caso, incluso, se les refuerza. En palabras simples, si quien se esperaba que fuera niña se identifica como tal, nadie dudará que sabe cuál es su identidad de género, pero si se identifica como niño, probablemente lo manden a “tratamiento” porque tiene una “confusión”. En muchos casos, menores transgénero esperan a la vida adulta para transitar a su verdadero género porque el entorno es altamente restrictivo. El papel de madres y padres es fundamental para que el primer círculo social de esos menores, que es la familia, represente cobijo, comprensión y libertad para expresarse según su género. Madres y padres pueden hacer la diferencia.

Simultáneamente al amparo del menor de 12 años, obtuvo el suyo un adulto transexual. Ambos fueron concedidos por juzgados de distrito pues, como se puede inferir, previamente el Registro Civil de Yucatán les negó el cambio de nombre. Estos casos se suman al de Liliana Sarahí, mujer transexual quien obtuvo la modificación de su acta de nacimiento este mismo año. Como consecuencia, se espera que en próximas ocasiones ya no tenga que haber juicio de por medio. Para comprender el derecho a cambiar su identidad legal, debe privar, sobre cualquier idea preconcebida, la facultad de cada persona de asumir su identidad de género. En otras palabras, yo puedo reconocerme como hombre o mujer, pero no debo imponer a otras personas el ser hombre o mujer. Ese es el gran cambio que está haciendo nuestra sociedad y, por ello, los amparos referidos, son un triunfo contra la discriminación.

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El pasado nos alcanzó

Torta de lechón con refresco de cola

Ricardo Maldonado Arroyo-

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El nuevo etiquetado a alimentos y bebidas no alcohólicas entrará en vigor el 1 de octubre próximo, derivado de la reforma a la NOM-051. Sin embargo, algunas empresas se han anticipado y ya colocaron etiquetas en sus productos que indican exceso de calorías, azúcares, grasas saturadas, grasas trans y sodio. Al margen de que existen razones de peso para aplicar esta medida, es importante reflexionar por qué a la población mexicana y, particularmente, a la yucateca, nos representa un reto mayúsculo modificar nuestros hábitos alimenticios.

Desde el punto de vista nutricional, es impostergable la necesidad de orientar el cambio hacia el consumo de alimentos sanos. Esto no es novedad. El grueso de la población sabe que la ingesta de frutas, verduras, granos y carne, en las debidas proporciones, contribuye a mantener el cuerpo funcionando óptimamente. Niñas y niños aprenden en las escuelas públicas el “plato del buen comer”. También hay bastante claridad acerca de cuál es la llamada “comida chatarra”. Por si fuera poco, también, hay conciencia de que la nutrición debe complementarse con ejercicio.

¿Entonces qué hace falta para que ese conocimiento se traduzca en hábitos? El Subsecretario Hugo López-Gatell expuso con claridad, el pasado mes de julio, las razones económicas detrás de los elevados índices de sobrepeso y obesidad en el país. La falta de regulación del mercado favoreció el posicionamiento de productos industrializados y ultraprocesados en todos los rincones de México, en detrimento de los productos que sí aportan valor nutricional, muchos de ellos provenientes de un campo abandonado por el modelo económico. Para ejemplificarlo: es más fácil conseguir un refresco azucarado, o botanas con exceso de sodio, que un elote hervido o una bebida de fruta no industrializada.

El escritor David Kamp relata que, a principios de siglo XX, grandes empresas de alimentos emprendieron campañas en Estados Unidos resaltando las supuestas propiedades nutricionales de sus productos. Pese a que pronto las desenmascararon, la producción masiva y estandarizada de alimentos triunfó porque ofrecía formas prácticas de satisfacer la necesidad cotidiana de comer. La batalla entre salud y comida industrializada es añeja. Ahora bien, deseo añadir a las razones económicas, las culturales. Cabe preguntarnos si los hábitos de consumo que hoy nos afectan son resultado tanto de una lógica de mercado como de su incorporación a la vida cotidiana, como elementos simbólicos que se han vuelto imprescindibles en nuestras relaciones sociales. Preguntar en qué medida nuestro gusto está condicionado por la llamada “comida chatarra”.

A la practicidad de los cereales de caja o el pan blanco rebanado y empaquetado, se le han agregado atributos y significados asociados con el gusto. ¿Qué cosa suena más refrescante en un día de intenso calor que un conocido refresco de cola bien frío y, de ser posible, en botella de vidrio? ¿Cuántas veces se le ha visto como el acompañante perfecto de una torta de lechón? ¿Quién no ha departido con familiares y amistades en torno a una mesa con botanas y galletas industrializadas, eligiendo la de su mayor agrado? ¿O quién no ha refrigerado uno de los “pastelitos” que venden en las tiendas porque a baja temperatura saben mejor? ¿Qué sería del sandwichón sin todos los ingredientes industrializados que lo componen?

Consumir estos productos trasciende el mero acto mecánico de ingesta, los sitúa en contextos culturales donde socializamos su sabor hasta el grado de normalizarlo y exaltarlo. A veces, llegan a despertar nostalgia, como el recuerdo de infancia viendo televisión con un plato de cereal o las golosinas que las personas consumían en la escuela. Por tanto, es importante regular su venta, empezando por el etiquetado, pero deben considerarse otras medidas, cuyo impacto se verá a mediano plazo.

Aunque tenga exceso de sodio o azúcar, lo seguiré comiendo-, alegarán algunas personas. Antes de entrar a una polémica sin fin, hay que comprender que esta decisión, aparentemente individual, no es el acto de resistencia de un consumidor, está enmarcado en un entorno que obliga a pensar, sí, en un cambio en el mercado, pero también en uno cultural.

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Razones y sinrazones para financiar partidos políticos

Ricardo Maldonado Arroyo-

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En 1982 Miguel de la Madrid declaró: “Podríamos ahorrarnos mucho dinero centrando la campaña en televisión y radio, pero la idiosincrasia mexicana exige que el pueblo conozca a su candidato y tenga oportunidad de hacerle llegar sus problemas” (El País). Esta demagógica justificación de los gastos de campaña estaba condicionada por la de su antecesor, José López Portillo, quien arrasó en las elecciones presidenciales de 1976 porque fue el único candidato.

La hegemonía del PRI alcanzó tal grado de institucionalización y cooptación de recursos, que ahogó la competencia electoral. Con la intención de fomentar el pluralismo partidista que permitiría al régimen político mantener el título de “democrático”, el Congreso aprobó en 1977 la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales y la reforma a varios artículos de la Constitución, entre los que destacaba el 41. La reforma concedió financiamiento público a partidos políticos y creó diputaciones y senadurías de representación proporcional. Ubicada adecuadamente en el contexto histórico, su propósito era procurar condiciones de equidad para desarrollar una verdadera competencia electoral que no favoreciera de antemano a funcionarios o partidos en el gobierno.

En los años subsecuentes se sucedieron varias reformas electorales, pero todas han mantenido el financiamiento público a partidos como premisa de operación. Esto recientemente ha vuelto a causar polémica porque Lorenzo Córdova, Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), estimó el monto que deben ejercer los partidos políticos en 2021 en más de 7 mil 200 millones de pesos. Un monto escandaloso considerando la actual crisis sanitaria y económica por la que está atravesando el país con el Covid-19. Sin embargo, Lorenzo Córdova formuló su propuesta en razón de un mandato legal.

El artículo 41 de la Constitución Política establece que “el financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior”.

Es decir, el dinero que reciben partidos políticos se obtiene de una fórmula especificada en la Constitución. Las leyes en la materia también les otorgan acceso a difusión en medios electrónicos y a financiamiento privado, siempre y cuando se respeten los montos máximos acordados con el INE. Este último aspecto es relevante porque también representa un riesgo entregar las campañas políticas a las clases empresariales y que intereses privados predomine sobre los públicos. Por tanto, son las legisladoras y los legisladores quienes tendrían que atender la demanda ciudadana de reducir sensiblemente el financiamiento a partidos, aunque los comprometa políticamente.

Así como hubo razones importantes para que el Estado mexicano financiara a partidos políticos, el Covid-19 ha sido ocasión para visibilizar, de un modo trágico, las razones para su rechazo. El problema, sin duda, es el uso y abuso de dicho financiamiento, que desvirtúa sus motivaciones y fines. Las noticias de los últimos cuarenta años han exhibido el despilfarro en las campañas políticas y el enriquecimiento de familias y grupos de poder que hacen de los partidos políticos su fuente de ingreso. El objetivo ya no es ganar las elecciones y emprender un proyecto político, sino mantener el registro. Además, durante las campañas obtienen oscuras “donaciones” a cambio de “compromisos” una vez en el gobierno, lo que ha sido evidenciado en audios y videos, con ligas y sin ellas.

Las campañas suelen reducirse a un eslogan ambiguo como el de López Portillo: “La solución somos todos”. Por si fuera poco, tenemos que tolerar “campañas” fuera de tiempos electorales, en la que ciertos(as) funcionarios(as) aprovechan el más pequeño espacio en medios electrónicos para exponer su imagen. Sólo durante el mes de agosto, la página de Facebook del Gobierno del Estado de Yucatán hizo más de 40 publicaciones con fotografías o videos del gobernador. Existe un amplio sector que demanda campañas austeras, con menos escenografía y más contenido y, ahora, con el Covid-19, evitando la proximidad física. Contrario a lo que aseguraba Miguel de la Madrid, la ciudanía no exige conocer candidatos, exige conocer propuestas y, quienes son pragmáticos, que les resuelvan un problema inmediato porque saben que después de las elecciones no los volverán a ver. Resulta osado subestimar la inteligencia de los votantes.

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El pasado nos alcanzó

¿Mejoras al transporte público o al Centro Histórico?

Ricardo Maldonado Arroyo-

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Con bombo, platillo y tapabocas, el Gobierno del Estado anunció en días recientes el Plan de Mejora a la Movilidad Urbana para el Centro Histórico de Mérida. Aunque este tiene por objetivo “reducir aglomeraciones y mejorar la movilidad a través de un ordenamiento que permita la sana convivencia”, en términos prácticos, el gobierno ampliará el espacio para peatones, sembrará árboles, mejorará cruceros, separará zonas de ascenso y descenso de transporte urbano, obligará al transporte foráneo a contar con terminales, habilitará ejes viales para vehículos particulares y reubicará las zonas de ascenso y descenso de pasajeros fuera del perímetro marcado por las calles 50, 55, 68 y 69.

En una ciudad que ha privilegiado por años el uso de automóviles particulares, es deseable fomentar un entorno amigable para peatones, reducir la contaminación en el primer cuadro de la ciudad y generar un paisaje urbano más atractivo para propios y extraños. Sin embargo, hay interrogantes que permanecen sin respuesta: ¿en qué medida el mencionado plan es parte de una visión más amplia de movilidad?, ¿está escuchando el Gobierno del Estado las necesidades de las personas usuarias de transporte público?, ¿se reducirán las aglomeraciones, como ha prometido? Y es que en el nombre del plan se halla la encrucijada, ¿es prioridad mejorar la movilidad urbana o el Centro Histórico? Porque no es lo mismo hacer adecuaciones en el Centro Histórico como parte de un proyecto de movilidad, que hacer adecuaciones a la movilidad para mejorar la imagen del Centro Histórico.

Ha sido un reclamo constante que el transporte público en Mérida sea eficiente. Esto significa que el usuario se traslade a su destino en menor tiempo, a menor costo y transbordando una menor cantidad de autobuses. De hecho, logrando esto último, los dos primeros beneficios se dan por añadidura. Tanto mejor si, además, las condiciones de las unidades son óptimas y el trato del conductor es decoroso. Ignorar una necesidad tan sentida ha desembocado en un escenario que potencia los efectos de la pandemia del Covid-19, porque los trabajadores se concentran todos los días en los puntos de abordo y durante el tiempo de trayecto están obligados a tener proximidad con decenas de personas.

El impedimento operativo para que el sistema de transporte urbano sea eficiente es que está centralizado y funciona mediante rutas radiales, en otras palabras, casi todas convergen en el Centro Histórico. Apenas contamos con 5 circuitos que descargan la presión del núcleo urbano. El impedimento político es vox populi: los intereses entre el gobierno que concesiona las rutas y las empresas concesionarias. El gobierno anterior elaboró un diagnóstico pormenorizado de la movilidad urbana (con resultados nada sorpresivos) que desembocó en la creación del SITUR, proyecto que, sobre el papel, pretendía generar y modificar rutas bajo una lógica distinta, pero que apenas nos heredó algunas unidades renovadas y el Circuito Metropolitano. El interés público, que debe primar en el transporte público, ha sido rezagado por una alianza perversa entre quienes viven del mencionado transporte y quienes jamás lo usan. ¿Será que las medidas que implementará el Gobierno del Estado cambien este panorama o se limitarán a hacer más agradable el Centro Histórico?

Porque de ser lo segundo, la propuesta es todo menos novedosa. Una de las líneas estratégicas del Programa Parcial del Centro Histórico de 2003 era “regular los flujos peatonal y vehicular”. El documento propuso, entre otras cosas, impulsar la comodidad de los peatones cerrando calles al paso de vehículos, ampliando banquetas y estableciendo corredores de baja afluencia vehicular; además, evitar la penetración del transporte público en la zona de la Plaza Grande. Nada más que el programa estaba enfocado claramente al Centro Histórico, no la movilidad.

Ante los cuestionamientos, el gobernador Mauricio Vila contesta: “No seamos mezquinos, hoy en día no está en juego dinero, ni las elecciones, hoy en día lo que está en juego es la vida de muchas personas” Y pronostica una curva de aprendizaje en la que el plan tendrá errores, pero, finalmente, saldrá avante. En lo personal, me entusiasma la idea de un Centro Histórico más seguro y confortable. A los empresarios turísticos también agradará la idea. Pero, si la finalidad es proteger a las personas del Covid-19, ¿se logrará de esta manera?, ¿será el primer paso para un transporte ágil y económico?, ¿mejorará la movilidad, además de la imagen del Centro Histórico?, ¿quiénes se beneficiarán con este plan?, ¿será mezquino hacerme estas preguntas?

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