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El pasado nos alcanzó

Vindicaciones a la infancia

Ricardo Maldonado Arroyo-

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A finales de octubre se dio un hecho inédito en Yucatán: un niño transgénero de 12 años obtuvo el amparo de un juez federal para que el Registro Civil cambie su nombre. Habiéndosele asignado uno de mujer al nacer, él se identifica como niño, por lo que, acompañado de su madre, decide librar la batalla legal para ser reconocido como tal. Es importante aclarar que niños y hombres transgénero son quienes, habiendo nacido con genitales femeninos, se sienten y conciben como hombres, por eso transitan en su aspecto, cuerpo y expresiones. Para poder vivir como hombres, cambiar el nombre legal es un paso importante en lo personal y de gran trascendencia en lo social, ya que obliga al resto de las instituciones a respetar su identidad de género. Lo mismo sucede con las mujeres transgénero. Cuando una persona transgénero transforma su cuerpo se denomina transexual.

El caso es un triunfo para los derechos de la infancia, dado el clima hostil fomentado por organizaciones ultraconservadoras que tratan de impedir el reconocimiento de la diversidad sexual, poniendo por delante una supuesta protección de niñas y niños. Hay que entender que obligarles a asumir una identidad que no corresponde con su género, sólo porque nacieron con determinada estructura genital, coarta el libre desarrollo de la personalidad y provoca un sufrimiento innecesario que, en ocasiones, desemboca en suicidios. Las infancias transgénero han tenido que afrontar la negación de sus expresiones sexo-genéricas, rechazo social, humillaciones y “tratamientos” que tienen todas las características de una tortura médica y psicológica.

Se piensa, erróneamente, que menores de edad no tienen la capacidad de reconocer su identidad de género, salvo cuando reproducen los patrones de comportamiento esperados, en cuyo caso, incluso, se les refuerza. En palabras simples, si quien se esperaba que fuera niña se identifica como tal, nadie dudará que sabe cuál es su identidad de género, pero si se identifica como niño, probablemente lo manden a “tratamiento” porque tiene una “confusión”. En muchos casos, menores transgénero esperan a la vida adulta para transitar a su verdadero género porque el entorno es altamente restrictivo. El papel de madres y padres es fundamental para que el primer círculo social de esos menores, que es la familia, represente cobijo, comprensión y libertad para expresarse según su género. Madres y padres pueden hacer la diferencia.

Simultáneamente al amparo del menor de 12 años, obtuvo el suyo un adulto transexual. Ambos fueron concedidos por juzgados de distrito pues, como se puede inferir, previamente el Registro Civil de Yucatán les negó el cambio de nombre. Estos casos se suman al de Liliana Sarahí, mujer transexual quien obtuvo la modificación de su acta de nacimiento este mismo año. Como consecuencia, se espera que en próximas ocasiones ya no tenga que haber juicio de por medio. Para comprender el derecho a cambiar su identidad legal, debe privar, sobre cualquier idea preconcebida, la facultad de cada persona de asumir su identidad de género. En otras palabras, yo puedo reconocerme como hombre o mujer, pero no debo imponer a otras personas el ser hombre o mujer. Ese es el gran cambio que está haciendo nuestra sociedad y, por ello, los amparos referidos, son un triunfo contra la discriminación.

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El pasado nos alcanzó

Tragicómica guerra mundial

Ricardo Maldonado Arroyo-

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Es ampliamente reconocida la capacidad de la población mexicana de reírse de todo. Hay una necesidad y una suerte de mecanismo de defensa que nos lleva a construir realidades hilarantes, y la guerra no es excepción. La amenaza de confrontación entre Estados Unidos e Irán, que se ha traducido en los primeros ataques armados, es un asunto de la mayor seriedad, pero nuestra percepción oscila entre el análisis de las complejas relaciones internacionales, que se miran distantes, y una crítica ácida al imperialismo estadounidense, que se siente tan cercano. Me permito sugerir una explicación de por qué la amenaza de una guerra mundial se expresa como las dos caras de una misma moneda.

Según la politóloga británica Mary Kaldor, en Estados Unidos y Europa han vivido las últimas décadas entre nuevas formas de guerra y “guerras imaginarias”. Paralelo a los costos humanos y materiales de los enfrentamientos bélicos posteriores a la Segunda Guerra Mundial, emergió una narrativa de “guerra imaginaria” que ha servido para justificar las decisiones de los estados involucrados. Desde la Guerra Fría se insistió en una posible conflagración a escala global cuya consecuencia más temida es el holocausto nuclear. No es que esto no pueda suceder, sino que dicha narrativa ha construido comunidades políticas imaginadas que, representadas como actores de guerra, se clasifican en buenos y malos, terroristas y víctimas, enemigos y aliados, que no son sujetos aislados, sino masas, pueblos enteros.

Bajo esta lógica, hay afuera de Estados Unidos y Europa grupos “árabes”, “terroristas” y “extremistas” que se imaginan como una masa sedienta de venganza. El cine ha contribuido a consolidar esta “guerra imaginaria” con sus escenarios apocalípticos y distópicos. La mayor parte de la población estadounidense y europea siente la amenaza, pero desde sus casas y ciudades, donde rara vez son perturbados por los estallidos de las armas. Mientras tanto, en Medio Oriente esta “guerra imaginaria” permite justificar bombardeos con proyectiles de largo alcance, la instalación de bases militares, daños “colaterales” en civiles que, al fin y al cabo, son parte de esos pueblos “árabes”, “terroristas” y “extremistas”.

En México, donde la historia ha estado marcada por la expansión territorial y económica de nuestro poderoso vecino del norte, entendemos perfectamente esta simplificación de la amenaza que sostiene a la “guerra imaginaria”. Todavía en años recientes, el presidente de Estados Unidos nos retrató a todos como criminales y abusivos. Por supuesto que el Estado mexicano apuesta por la paz y no desea una tercera guerra mundial, pero siempre cabe la duda: ¿es Irán una poderosa potencia nuclear armada hasta los dientes?, ¿su capacidad destructiva supera a la de Estados Unidos?, ¿escalará la confrontación hasta abarcar a todos los actores mundiales o se suprimirá al actual gobierno iraní para instalar uno proclive a Estados Unidos?, ¿está Estados Unidos eliminando una amenaza mundial o, sencillamente, protege sus intereses económicos? Sabemos que se aproxima una tragedia, pero desconocemos su dimensión. Mientras tanto, y dudando del imaginario que siembra el terror en nuestros vecinos, las redes virtuales se llenan de bromas al respecto, demostrando que la única cosa que nos interesa aportar en una guerra, son memes.

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Feliz año de impuestos

Ricardo Maldonado Arroyo-

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Ya es de dominio público que 22 de los 25 legisladores yucatecos aprobaron el pasado 11 de diciembre nuevos cobros con los que estaremos lidiando este año, derivados de una iniciativa del Gobernador. Las carteras, exhaustas por meses que han sido difíciles en lo económico y el deseo de participar de las fiestas decembrinas, llegan a la conocida cuesta de enero que, en realidad, durará todo 2020. Como pocas veces, la heterogénea sociedad yucateca parece haber hallado como punto en común el rechazo al paquete fiscal, que abarca un derecho a infraestructura en seguridad pública, que se pretende cobrar a través de los recibos de la CFE, el reemplacamiento (no es un impuesto propiamente, pero la ciudadanía lo percibe como un acto de recaudación), impuestos a servicios de transporte por plataforma y a unidades de carga, además de alzas en distintos trámites de la administración estatal.

Pese a que han intentando vendernos la idea de que son por el bien y la prosperidad de nuestro estado, la clase política debería comprender que existen al menos tres argumentos que han dejado de ser creíbles:

1. Lo hacen por mantener la seguridad. De acuerdo a los datos de incidencia delictiva del gobierno federal, en Yucatán durante 2018 se registraron 2,371 robos en sus diferentes clasificaciones, y 2,478 hasta noviembre 2019. Es decir, las cifras finales de 2019 reflejarán un ligero incremento. Las cámaras, los drones y toda la parafernalia tecnológica con que intentan deslumbrar a la ciudadanía no se han traducido en mayor o menos seguridad, sino en más gasto. La narrativa de la (in)seguridad es la misma que hizo a Calderón ampliar facultades y recursos a la policía y la milicia durante sus tristemente célebre “guerra contra el narcotráfico”, o con la que en 2019 se aprobó la creación de la Guardia Nacional y se colocó a un militar al mando. ¿Ahora México es un país más seguro? ¿Yucatán es ahora un estado más seguro? Por otra parte, si usted ha sido víctima de un delito o un siniestro en el que hay un vehículo involucrado, ¿le ha servido proporcionar las placas a la policía?, ¿qué respuesta le dieron?

2. Son un gobierno diferente. En su momento, legisladores del PAN formularon fuertes críticas a los préstamos por 317 millones y 1,500 millones de pesos, aprobados durante la pasada administración emanada del PRI, para adquirir tecnología relacionada con seguridad, en el marco del programa “Escudo Yucatán”. En 2019, el gobernador Mauricio Vila hizo lo correspondiente anunciando “Yucatán Seguro”, al que antecedió otro préstamo por 2,620 millones. ¿No es suficiente dinero para infraestructura tecnológica? Las negociaciones entre uno y otro partido, incrementando la deuda pública y aludiendo a la amenaza de la inseguridad, solo demuestran que los colores son diferentes, pero las estrategias son las mismas. A sabiendas del costo político, la Secretaría de Energía, Rocío Nahle, ya declaró que el recibo de la CFE no será empleado para cobrar derechos estatales.

3. El gobierno se aprieta el cinturón para mantener programas sociales. Cualquier persona que haya trabajado en el servicio público durante el último par de décadas sabe que la austeridad en recursos y sueldos han sido una constante, excepto en las altas esferas y los tiempos de campaña. Esta administración no ha sido la excepción y ha ahorrado tanto recursos materiales como humanos, considerando las cientos de denuncias de burócratas por despido injustificado, mientras que los gastos por viajes e imagen han sido severamente criticados. Mucho se ha dicho que el paquete fiscal de Yucatán es una respuesta al recorte de las partidas del gobierno federal, pero este informa que los recursos se canalizaron a programas sociales que, finalmente, aterrizarán en el estado. Si el gobierno de Yucatán confía en atraer inversión extranjera para aliviar la situación económica de las familias (entendemos que para eso son los viajes del gobernador), ¿por qué competir por programas sociales con el gobierno federal?, ¿será que siempre sí importa la foto?

No nos acongojemos por respuestas inmediatas, tendremos todo el año para reflexionar estas y otras interrogantes mientras hacemos fila para pagar el engorroso trámite del reemplacamiento.

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Política ambidextra

Ricardo Maldonado Arroyo-

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Cerramos el 2019 con toda clase de análisis acerca del primer año de gobierno de López Obrador. Sería injusto desconocer las decisiones que han sido atinadas, como también lo sería desvivirse en alabanzas que soslayen las consecuencias de políticas aplicadas a tabula rasa. Dado que en esta columna no caben los muchos señalamientos expuesto en días recientes, partiré de dos casos emblemáticos que representan la ambivalencia del gobierno federal, y que han marcado a Morena, partido del que emanó el actual presidente (¿o Morena emanó del presidente?). Me refiero al intento de la Comisión de Honor y Justicia de dicho partido de expulsar a Lilly Téllez de su bancada en el Senado, por sostener posturas conservadoras, y a Soledad Lúevano Cantú, senadora igual de Morena, quien presentó una iniciativa para otorgar mayores atributos a las asociaciones religiosas. Líderes del partido han expresado posturas encontradas y, en ambos casos, López Obrador se ha desmarcado. Atrás quedó el tiempo en que éste acusaba enérgicamente que a Soledad Lúevano le habían arrebatado la alcaldía de Zacatecas, mediante fraude electoral, o las facilidades brindadas para que Lilly Téllez fuera candidata de Morena en Sonora sin tener que afiliarse al partido.

Y usted me cuestionará: ¿por qué involucrar el desempeño de dos legisladoras en una crítica al Ejecutivo, si son poderes distintos? Bueno, es importante recordar que, en tiempos de campaña, López Obrador vendió la idea de que era necesario un Poder Legislativo con mayoría de Morena y aliados, para poder sacar adelante las grandes reformas que necesita el país. Muchos votantes acudieron a las urnas confiando, no en quienes ocupan las curules, sino en su portavoz. El proyecto electoral de Morena no triunfó sólo por el apoyo de la tradicional izquierda mexicana, sino por incorporar a partidos tan disímbolos como el PT y el PES, o sectores opuestos como grupos campesinos y empresariales. El arca que salvaría al país ha sido tripulada por tirios y troyanos, y nos han servido políticas de chile, de dulce y de manteca. Por tal razón no me atrevería a afirmar que tenemos un régimen de izquierda ni de derecha, sino, más bien, ambidextro.

Ambidextra es aquella persona que puede emplear extremidades izquierdas y derechas por igual. En política, izquierda refiere una tendencia a gobernar bajo la regulación del Estado y en alianza con organizaciones de trabajadores y, la derecha, gobiernos que privilegian el libre mercado y la acción de las clases empresariales. Derecha e izquierda son términos de uso ordinario, por tanto, su definición no es única ni precisa. A ambas tendencias se han superpuesto posturas que oscilan entre el liberalismo y el conservadurismo. Estos términos también han trascendido al liberalismo económico y al conservadurismo político, para abarcar posturas sociales y/o éticas. Liberales ahora son quienes apoyan las reivindicaciones de grupos históricamente discriminados y medidas basadas en la libertad individual como el aborto, la eutanasia y el consumo de drogas recreativas; en tanto que conservadores son quienes desean mantener valores e instituciones dominantes del pasado, así como modelos cercanos a principios religiosos.

Así se explica que las iniciativas presentadas por los senadores morenistas Porfirio Muñoz Ledo en 2018 y Nestora Salgado en 2019, para hacer posible el matrimonio igualitario en todo el país, hayan encontrado contestatarios en su propio partido, o que la promesa de Olga Sánchez Cordero de impulsar la despenalización del aborto y el uso recreativo de la mariguana todavía no pase de eso: del impulso. Pero el proyecto de Morena es, además de ambidextro, ambivalente en otros sentidos. Por ejemplo, la ética reducida a moralismo decimonónico, con la bandera del combate a la corrupción, se trata más de una idealización del quehacer del servidor público, que de combate a la impunidad. A la par que se señala la corrupción del pasado, se exonera de toda culpa a Manuel Bartlett y a Elba Esther Gordillo, se crean carpetas de última hora para juzgar a Felipe Calderón (Estados Unidos tuvo que hacerlo primero), Sánchez Cordero acuerda “en lo oscurito” con el actual gobernado de Baja California para la extensión de su mandato, se traban alianzas con grandes empresarios evasores de impuestos mientras se persigue al pequeño contribuyente.

Esta política ambidextra y ambivalente no debería causar sorpresa, pues ha sido una estrategia de los últimos gobiernos mexicanos para poder mantenerse en el poder. Las posturas de las senadoras Lilly Téllez y Soledad Lúevano no son “errores” ni anomalías de Morena, son parte de los pesos y contrapesos del poder, que sirven para lanzar anzuelos y luego retirarlos evitando manchar a López Obrador. La ciudadanía debe abrir los ojos y comprender que el régimen político mexicano no se inventó ayer ni está transitando a la cuarta transformación, aunque así lo establezca el discurso salvífico del gobierno federal. La pregunta para el próximo año es: ¿qué haremos con las cartas del juego?

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