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El pasado nos alcanzó

Entre muros y aranceles

Ricardo Maldonado Arroyo-

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Donald Trump lo ha vuelto a hacer. En un desplante de arrogancia, amenaza con imponer un 5% de aranceles a todos los bienes provenientes de México, si este no controla el cruce de migrantes indocumentados a Estados Unidos, particularmente centroamericanos. La respuesta del gobierno mexicano fue inmediata. El presidente López Obrador envió una carta de denso contenido diplomático que no pretendo desglosar, pero sí destacaré que es un firme rechazo a la postura antimigratoria de la Casa Blanca y, al mismo tiempo, un llamado al diálogo y a la negociación. El ex presidente Peña Nieto también mostró una postura firme contra el muro fronterizo ante las provocaciones de Trump.

Por tanto, salvando sutilezas y diferencias de perspectiva, considero que la postura del gobierno mexicano ha sido clara: oponerse a la división de nuestros países. División que abarca todos los aspectos que nos entrelazan: geográficos, económicos, poblacionales, culturales. No obstante, si queremos comprender mejor cuál es nuestra posición en este enfrentamiento diplomático, debemos trascender nuestra realidad nacional y entender desde dónde observa Donald Trump al mundo.

Una de las consignas con las que el presidente de Estados Unidos se granjeó la simpatía de miles de votantes, fue la promesa de construir un muro en la frontera y que México lo pagaría. El resultado ya lo conocemos. En primer lugar, el muro no es un planteamiento novedoso, pues comenzó su construcción desde 1994, pero completar la valla en los más de 3,000 km de frontera es una empresa incosteable en lo monetario y, execrable, en lo humanitario. El Congreso de Estados Unidos bloqueó los intentos de Trump por obtener los fondos necesarios, al grado de que en febrero de este año él decidió declarar la emergencia nacional. Cuando el Senado rechazó la declaratoria, Trump ejerció el veto presidencial para reasignar 8 mil millones de dólares a su ambicioso plan.

La pugna entre la presidencia y el Congreso continúa, mas nada frena la política nacionalista y proteccionista de la Casa Blanca. Si México fue motivo de emergencia nacional ante el ingreso de drogas y criminales, contra China se declaró por la amenaza que representa a la vulnerable infraestructura tecnológica y de comunicación en Estados Unidos. Esta segunda emergencia derivó en las posibles sanciones a Huawei. Cabe mencionar que Estados Unidos cobra aranceles elevados a la importación de productos chinos. Mirando al sur, Trump ha hecho todo lo que está en sus manos para recortar los apoyos que reciben los países centroamericanos, sí, esos de donde provienen los migrantes que tanto denuesta.

Es decir, no estamos solos en la lid contra Estados Unidos, sin embargo, nadie está tan cerca del toro como nosotros. Esto explica el tono de la carta de López Obrador. La razón por la que se pretende imponer aranceles a los productos mexicanos es mera retórica, pues las causas mejor identificadas de la migración internacional son de índole económica. ¿Cuál sería la consecuencia de elevar los aranceles a México hasta alcanzar el 25%? Crisis económica, más pobreza, más delincuencia organizada, más migración. ¿Podría afectar a Estados Unidos? Por supuesto, muchas cadenas productivas lo conectan con México. ¿Qué sucederá si Guatemala, Honduras y El Salvador siguen inestables económicamente? Crisis económica, más pobreza, más delincuencia organizada, más migración. ¿Unos kilómetros más de muro detendrán a los migrantes indocumentados? Definitivamente, no.

Examinemos con mayor profundidad. ¿Cuál es el mercado que más consume las drogas que se producen y transitan por territorio mexicano? Estados Unidos. ¿De dónde provienen las armas con que están asesinando a tantas personas en México? De Estados Unidos, lo que además evidencia la ineficacia y corrupción de la vigilancia fronteriza. Entonces, ¿qué quiere Donald Trump? Es en este punto donde yo me enfoco a dos aspectos: los acuerdos comerciales y las elecciones. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) está próximo a ser reemplazado por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que está esperando ratificación en los tres países. ¿Este tratado es del total agrado del presidente de Estados Unidos? ¿Todavía está a tiempo de obtener más ventajas? ¿Persigue algún interés económico para él o sus cercanos? Hay que recordar que Trump, antes que político, es empresario. Nótese, por ejemplo, que la especulación hizo que el peso se debilitara y el dólar se fortaleciera.

        Por otra parte, 2020 es año electoral en Estados Unidos. Hubo deserciones y fracturas entre los republicanos, provocadas en buena medida por el actual estilo de gobierno. Además, no todos los votantes que apoyaron a Trump han visto reflejadas en su vida la prosperidad económica y la grandiosidad prometida. Mostrarse retador con México, ganar batallas fáciles, así sean mediáticas, posiciona favorablemente su ya desgastada imagen. De Trump podemos esperar todo, pero también podemos esperar nada. Por eso es recomendable detenerse a observar con reservas y esperar los resultados de la misión diplomática que encabeza el canciller, Marcelo Ebrard.

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El pasado nos alcanzó

Epílogo electoral

Ricardo Maldonado Arroyo-

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En estos días han aparecido publicaciones que dan una lectura triunfalista a los resultados de las elecciones del 2 de junio. Llamaron mi atención unas que resaltan el avance del PAN como oposición a la avalancha morenista, comparando las elecciones locales de este 2019 con las elecciones federales de 2018, en las que la figura de López Obrador redituó a Morena millones de votos, relegando a otras fuerzas políticas. Además de tratarse de una comparación incorrecta, es aventurado celebrar la preferencia electoral de votantes que, en su generalidad, prefirieron no acudir a las urnas.

Para empezar, hay que comparar lo que es comparable, es decir, votos para los mismos puestos de elección popular. Este mes hubo votaciones en 6 estados, a saber, Aguascalientes, Baja California, Durango, Puebla, Quintana Roo y Tamaulipas, donde, exceptuando regidurías, estaban en juego 2 gubernaturas, 60 alcaldías, 54 diputaciones de mayoría relativa y 32 de representación proporcional (plurinominales). Los resultados son comparables con las elecciones de 2013 en Baja California, cuando eligieron a su actual gobernador, las de 2016 en Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas, donde hubo relevo de ayuntamientos y congresos locales, y las de 2018 en Puebla, que se han tenido que repetir por la muerte de la gobernadora y la anulación de las elecciones en 5 municipios. En adelante, cuando me refiera a “elecciones anteriores”, será a los votos acumulados en estas tres, para los mismos puestos de elección.

De manera global, el 2 de junio se usaron casi 6 millones de boletas electorales. El evidente avance de Morena, partido que obtuvo 31 puestos de elección directa y 8 diputaciones plurinominales, ha dejado fuera de foco su punto de partida: hasta antes de estas elecciones, Morena no había obtenido un solo puesto de los disputados este año. Apenas contaba con 2 diputaciones plurinominales en Baja California y 1 en Tamaulipas. Dado que es un partido nuevo, todo es ganancia, todos los cargos son tierras por conquistar. No obstante, la cantidad de votos obtenidos en 2019, superior a 1 millón 800 mil, no representan un crecimiento desproporcionado respecto a los votos de las elecciones anteriores, cercanos a 1 millón 400 mil. Por ejemplo, en 2018 Miguel Barbosa perdió las elecciones para gobernador de Puebla con alrededor de 1 millón de votos (aunque el PREP lo ubicaba en algo más de 600 mil), mientras que este año las ganó con menos de 400 mil. ¿Será que Morena no es tan arrollador como aparenta? ¿Por qué ahora con menos votos logró más?

Parte de la respuesta se halla en el retroceso del PRI y el PAN. El PRI pasó de obtener 44 puestos de elección directa, con 2 millones 200 mil votos (26.2% de la preferencia electoral) en elecciones anteriores, a obtener 22 puestos, con 700 mil votos (11.8% de la preferencia electoral) en 2019. El PAN, por su parte, pasó de obtener 55 puestos de elección directa, con 3 millones 200 mil votos (37.3% de la preferencia electoral), a obtener 46 puestos, con 1 millón 600 mil votos, (28.5% de la preferencia electoral). Esto significa que el PRI apenas obtuvo la tercera parte de los sufragios de las elecciones anteriores y, el PAN, la mitad.

El PRI continúa eclipsándose, aunque mantiene presencia política por ser el partido con mayor número de gubernaturas, hasta que el sufragio popular diga lo contrario. De hecho, han sido bocanada de oxígeno las 8 diputaciones plurinominales que le asignaron. El PAN tampoco debería lanzar campanas al vuelo pues, además de reducir su número de votos, perdió las 2 gubernaturas que se disputaban. Estas derrotas han tratado de matizarlas destacando que en Tamaulipas lograron 21 de las 22 curules de elección directa, sin mencionar que, con las curules de representación proporcional, tendrán 22 diputaciones del total de 36 del Congreso local… cuando antes tenían 21. Ha costado admitir que en Puebla y Baja California el PAN fue, prácticamente, anulado.

Pero el factor más importante de la debacle electoral ha sido el abstencionismo. En términos globales, únicamente el 30% de los votantes participaron en la jornada electoral. Esto explica, con mayor contundencia, por qué los futuros representantes populares han llegado con poco respaldo popular. Pero, más que arrojar piedras a un partido político, habría que comprender que es el sistema partidista el que ha perdido credibilidad. No fue la lluvia, ni el calor, ni los moscos, fue el enorme desencanto por el sistema de partidos, al que se percibe como un laberinto sin salida de la democracia, pues, sin importar quién resulte electo(a), para buena parte de la ciudadanía la violencia forma parte de su cotidianidad, el trabajo es precario e incierto, las instituciones públicas siguen deteriorándose y, el costo de la vida, incrementándose.

Así las cosas, Morena tampoco debería soslayar la experiencia de los partidos históricos, pues corre el riesgo de interpretar incorrectamente la buena racha. Las elecciones de 2019 fueron atípicas debido al gran descontento con el régimen político, lo que el presidente López Obrador supo capitalizar. Por ahora, Morena solo conoce el triunfo electoral, pero una vez que tenga posiciones qué defender, igual conocerá la derrota y las presiones al interior del partido. Adicionalmente, las decisiones tomadas por el gobierno federal comienzan a sembrar descontento. Ante los ojos del electorado, los partidos se mimetizan, así que ninguno es digno de confianza. Ese es el mensaje de las urnas. Si los partidos políticos no lo entienden, podría ser que un domingo, como en novela de Saramago, triunfe el voto en blanco.

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El pasado nos alcanzó

No se puede tapar el arcoíris con un dedo

Ricardo Maldonado Arroyo-

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El movimiento de la diversidad sexual se hace notar cada año con una serie de marchas que se despliegan alrededor del mundo. Desde hace casi cinco décadas, grandes, medianas y pequeñas ciudades se han sumado a esta protesta con tonos festivos, para plantear sus demandas a las autoridades y a la sociedad en general. En esta dinámica se enmarca la XVII Marcha de la Diversidad Sexual de Mérida, que se celebró este 8 de junio, con gran concurrencia. Aunque estuvo llena de anécdotas y colorido, es importante rescatar aquellos aspectos que la hicieron significativa, ya sea porque denotan cambios sociales o en su organización.

Primero lo evidente: el incremento de participantes. El derrotero estaba tan lleno de gente que, en medio de ella, era imposible ver los extremos. El horizonte era un caudal humano salpicado de franjas del arcoíris. Miles de personas respondieron a la convocatoria, arribando al parque de la Mejorada desde las 4:00 p.m. y, a la Plaza Grande, incluso después de meterse el Sol. La cantidad de personas no es significativa solo por razones de participación ciudadana, sino porque es un mensaje contra quienes han minimizado las causas de la diversidad sexual. “No somos 4, no somos 100, Felipe Cervera, cuéntanos bien”, coreaban los asistentes, para responder a los alegatos de dicho diputado, con los que ha pretendido justificar la negativa a aprobar el matrimonio igualitario en Yucatán.

Un segundo aspecto por mencionar es la acogida social de la marcha, la participación de los más amplios sectores. Como en años anteriores, hubo representación de cada una de las siglas LGBTI, pues así como ondeaban la bandera del arcoíris, plenamente identificada, a la par enseñaban la bandera de la comunidad transgénero y transexual, con sus colores azul, rosa y blanco. Marcharon mujeres y hombres, personas de todos los credos, edades y estratossocioeconómicos. Pero también fue notoria la presencia de madres y padres de familia, que caminaron para apoyar a sus hijos, personas heterosexuales y, por supuesto, familias homoparentales, que se mostraron a la sociedad para exigir su espacio, sus derechos.Hoy, como nunca, la sociedad se ha apropiado de la marcha, se ha vuelto una protesta de todas y todos.

Finalmente, la respuesta política de las organizaciones de la diversidad sexual se ha vuelto de gran impacto. En las últimas décadas tejieron alianzas entre ellas, con organizaciones de otras partes del país, inclusive, de otras partes del mundo, han logrado convencer de la importancia de esta causa a empresas, medios de comunicación, funcionarios y hasta a algunos ministros de culto. Todo esto se reflejó en la marcha. La coyuntura actual, en la que el Congreso de Yucatán rechazó el matrimonio igualitario, no hizo sino encender la pólvora para que la marcha adquiriera mayores dimensiones, cohesionar aún más el movimiento. Las consignas lo reflejaban: “Congreso, escucha, seguimos en la lucha”, y “todas las personas, todos los derechos”. 

¿Qué sigue ahora? Derivado de lo anterior, el organizador de la marcha, Alfredo Morales Candiani, anunció que se está formulando una iniciativa ciudadana que pretende reformar la Constitución Política, el Código de Familia y la Ley del Registro Civil de la entidad, para dar paso al matrimonio igualitario, la adopción homoparental y el cambio de legal de la identidad de género. Para ello estarán recabando 5,000 firmas que den soporte a la iniciativa. Este sería el tercer recurso con el que se trata de rectificar la decisión del Congreso. 

A estas alturas del partido, la visibilidad y nivel de exigencia de los colectivos LGBTI es insoslayable, sin embargo, también las muestras de resistencia son cada vez más impermeables y viscerales. Los grupos ultra conservadores se sienten amenazados por un cambio histórico que no responde a sus intereses, que altera su status quo y les resta privilegios. Lo que no han comprendido estos grupos, es que la discriminación de los colectivos LGBTI tiene una raíz histórica centenaria, que no nace ni se agota en las marchas, que no se olvida ni se guarda en el cajón con la bandera de colores o el vestido de luces. Es una batalla que la población LGBTI y sus familias están dispuestas a librar una y otra vez, hasta el cansancio. Nadie marcha bajo el calor agobiante de Mérida si no es por una causa justa. Lo que tiene que comprender el Congreso es que ya no se puede tapar el arcoíris con un dedo.


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El pasado nos alcanzó

Reconciliarse con el magisterio

Ricardo Maldonado Arroyo-

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Desde su campaña, Andrés Manuel López Obrador tendió puentes con el magisterio, enarbolando la promesa de dar fin a la reforma educativa implementada en los últimos dos sexenios. A nadie extrañó, por tanto, que el pasado 15 de mayo se publicara el decreto que la abroga. Con la reforma a los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución Política del país, se reemplazará al Servicio Profesional Docente por el Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, desapareciendo, además, un organismo de gran autoridad como el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa.

Más que un simple cambio de nombre, la decisión simboliza un giro de timón en la relación con el magisterio nacional. Es innegable que pocos docentes llorarán la partida de la anterior reforma, pues se labró en un ambiente de encono y desprestigio a su labor. La premisa para la evaluación no era la mejora educativa, sino una incesante campaña que representaba a las y los docentes como burócratas perezosos, faltos de preparación, rodeados de privilegios.

Si bien existen algunos ejemplares como los descritos, lo cierto es que la mayoría cuenta con una preparación profesional notable, demuestra compromiso en el aula y una gran resistencia a las presiones de las nuevas dinámicas escolares, sin mencionar que, contrario a lo que se piensa, la remuneración es poco generosa. Pero todos estos retos los han salvado, precisamente, por su vocación.

El decreto del 15 de mayo detuvo los procesos de selección para obtener una plaza, por lo que se han dispuesto medidas provisionales para reanudarlos a la brevedad. Una vez salvada la emergencia, entrarán en vigor las nuevas reglas que regularán la admisión, promoción y reconocimiento del personal docente, directivo y de supervisión, dependiente del Estado. Existe una gran expectativa al respecto, que el presidente López Obrador habrá de abordar con detalle fino si pretende lograr la reconciliación con el magisterio. La experiencia reciente me permite destacar al menos tres aspectos de capital importancia.

En primer lugar, mantener la evaluación, pero con objetivos de admisión y mejora. Las maestras y los maestros no temían a las evaluaciones, sino a perder su trabajo como consecuencia del resultado. Nunca más deberá aceptarse una evaluación punitiva. Sin embargo, pocos pugnarían por regresar al control de las plazas por el sindicato o autoridades educativas intermedias. Como se señala en la nueva reforma, la selección debe darse en condiciones de igualdad, de manera pública, bajo los principios de transparencia, equidad e imparcialidad.

En segundo lugar, cumplir con el reconocimiento. Si el Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros ofrecerá mejoras salariales a quienes salgan mejor evaluados, el compromiso debe cumplirse, sin cortapisas ni letras chiquitas. En este caso, la Secretaría de Educación Pública debe valorar hasta dónde la suficiencia presupuestal permite el reconocimiento. Un error imperdonable sería volver a generar expectativas que no se cumplan o anunciar medidas confusas o contradictorias.

En tercer lugar, dotar de mejores condiciones materiales a las escuelas. Cabe señalar que esta es una deuda parcialmente cubierta por gobiernos anteriores. La inversión en infraestructura y equipamiento ha sido significativa, pero sigue siendo insuficiente y desigual. Mientras hay escuelas que cuentan con aulas completas y climatizadas, mobiliario en buen estado, sanitarios, plaza cívica techada, computadoras y proyectores, hay docentes que siguen impartiendo clases en condiciones precarias. Muchas de las necesidades inmediatas siguen siendo solventadas por madres y padres de familia, así como el propio personal directivo y docente. ¿Cómo lograr que ningún estudiante vuelva a tomar clase bajo un árbol, sin ventilación o en penumbras?

El reto es mayúsculo y, el tiempo, breve. El gobierno federal se encuentra ante la oportunidad de sanar las heridas del magisterio y afianzar el sistema educativo; pero, si descuida alguno de los aspectos mencionados, corre el riesgo de profundizar el descontento. No se trata de inventar el hilo negro, hay que escuchar a las y los docentes para saber cómo debe ser la evaluación, un reconocimiento justo y una escuela con condiciones dignas. Esta vez quiero confiar en que los oídos del Presidente están más abiertos.

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