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La Nación y el Mundo

La guerra no es el único peligro con la “nueva” carrera armamentista

Héctor Hernández Pardo

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Tiene razón un lector de California. Sin duda, la guerra es una gran tragedia para el mundo. Pero es menos conocido el daño que causa al Planeta la “nueva” carrera armamentista en períodos de “paz”. La actividad militar es un dinosaurio que consume energía a raudales y contamina el medio ambiente.

Un amigo de California, que leyó mi reciente comentario publicado en Informe Fracto titulado “Nueva Carrera Armamentista: un gigantesco y real peligro para la Humanidad”, me ha escrito acerca de un asunto que se desprende de ese proceso y que no son necesariamente las guerras, pero que también afecta y mucho a nuestro planeta.

Cuando hablamos de carrera armamentista, lógicamente, pensamos enseguida en las consecuencia terribles de las guerras, de los muertos que ellas provocan, heridos, mutilados, huérfanos, prisioneros, gente desplazada, hambre, severas secuelas físicas y sicológicas; destrucción de países, de  hogares, de infraestructuras…De hecho, sólo por mencionar algunos ejemplos, la Segundo Guerra Mundial, incluida la disputa bélica entre China y Japón, registró más de 70 millones de muertos.

Ahora, más recientemente, en las contiendas desatadas en Irak  por Estados Unidos y la OTAN se estima que el número de muertos ronda la cifra de 2 millones 400 mil. Como se recordará la principal justificación para esta intervención militar por parte del gobierno norteamericano y algunos de sus aliados fue la afirmación de que Irak poseía y estaba desarrollando armas de destrucción masiva, lo cual posteriormente se demostró su falsedad.

Pero más allá del número de muertos aquella escalada de violencia ha provocado un trauma psicológico que –según expertos- afecta a 3 de cada cinco iraquíes; una suma de cerca de 2 millones de viudas y que el 75 % de los niños hayan desertado de la actividad escolar. Sin contar que más de un millón 600 mil iraquíes han sido desplazados de sus hogares;  los servicios públicos y  las infraestructuras  han sido seriamente dañados  y han aumentado las epidemias y enfermedades.

Sin duda, la guerra es una gran tragedia. Pero como dice el amigo de California, el daño de la carrera armamentista a la Humanidad no sólo se refleja en las guerras (que es ya de por sí un gran peligro). Lo que es menos conocido es la enorme destrucción que causan los ejércitos destinados a la guerra en períodos de paz y las afectaciones que provoca al planeta la industria bélica desarrollada por las grandes potencias del orbe.

La actividad militar es un dinosaurio que consume energía a raudales y contamina el medio ambiente más que ningún otro agente nocivo. A pesar del misterio que rodea el asunto se pueden escarbar y rescatar datos y hechos que ofrecen un panorama desolador acerca de la responsabilidad del Complejo Militar Industrial en la degradación alarmante de nuestro hábitat.

Los ejércitos de las grandes potencias necesitan ocupar miles de kilómetros cuadrados para sus ejercicios militares y para áreas destinadas a sus pertrechos de guerra, terrenos que podrían estar en plena producción. Hay una sentencia referida a la furia de Atila que bien pudiera ajustarse a este tema: por donde pasa el fuego militar nunca más vuelve a crecer la hierba. El ir y venir de esas fuerzas bélicas destinadas a la intervención literalmente crea desiertos.

Sigamos con la huella antiecológica de la bota militar destinada no a la defensa, sino a asegurar la hegemonía y el dominio mundial. Un automóvil corriente consume como promedio 10 litros de combustible por hora. En ese mismo lapso temporal un tanque M1 Abrams precisa 1.100 litros de combustible; un bombardero B52, cerca de 14 mil litros, y un portaaviones, ¡21 mil litros cada hora

Un dato elocuente: los ejércitos de las grandes potencias mundiales son los causantes de casi el 10 por ciento de las emisiones de dióxido de carbono (“efecto invernadero”) a la atmósfera. Se considera que del 10 al 30 por ciento de la degradación ecológica es responsabilidad directa de la actividad diaria de las fuerzas  bélicas de esos países que cuentan con bases militares en diferentes puntos de la Tierra, participan en  guerras, en conflictos armados de diverso nivel de intensidad, realizan maniobras, ensayos, escaramuzas, mantenimiento de material,  simulacros de batallas, etc.

Un daño colateral, solo imputable al ejército de EE.UU., son las 500 mil toneladas de residuos tóxicos “producidas” al año que se desconoce donde se apilan, entierran o vigilan. Analistas internacionales aseguran que  el Pentágono despilfarra anualmente en energía para mover sus soldados y material bélico a escala internacional lo que consumen en 15 años todos los vehículos matriculados en su propio país.

Las secuelas no terminan ahí. Estadísticas internacionales contabilizan que los residuos radioactivos procedentes de pruebas nucleares secretas realizadas por países que tienen acceso a ese tipo de armamento, provocaron 86 mil malformaciones congénitas en fetos de mujeres embarazadas próximas al lugar de las explosiones atómicas y 150 mil muertes prematuras.

A veces, la paz de estos tiempos -esta donde se desarrolla la “nueva” carrera armamentista- y la guerra no guardan mucha diferencia.

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La Nación y el Mundo

Ponen al descubierto brecha cada vez mayor entre figuras republicanas y el presidente Trump

Héctor Hernández Pardo

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Foto de Julián Durán Bojórquez

Sumario:

Importantes revelaciones del The New York Times y otras fuentes periodísticas de Estados Unidos. El desenlace es producto del mal manejo de la crisis sanitaria en ese país del norte. Gobernadores y legislares republicanos se desmarcan del Jefe de la Casa Blanca.

Según se desprende de algunas declaraciones de figuras del Partido Republicano, es evidente que hay una cierta desesperación en personalidades de ese grupo político en el gobierno norteamericano, ante el fracaso del presidente Donald Trump para combatir la pandemia del nuevo coronavirus en el país.

La ausencia de medidas claras de salud pública por parte del mandatario ha hecho que importantes figuras republicanas desestimen los pronunciamientos del mandatario y atiendan más las sugerencias de especialistas en salud, como el experto en epidemias y enfermedades infecciosas Anthony Fauci, quien ha recibido críticas por parte representantes de la extrema derecha dentro de la administración.

El influyente periódico The New York Times ha comentado que el tema se pone al descubierto en medidas tomadas por gobernadores republicanos, contrarias a la dirección del presidente Trump, como por ejemplo emitir órdenes acerca de la obligatoriedad del uso de mascarillas y restricciones comerciales. Según ese rotativo, ciertos gobernadores han estado realizando llamadas telefónicas nocturnas entre ellos para intercambiar ideas y quejas. A su vez han buscado socios en la administración que no sean el presidente.

Un grupo de legisladores republicanos en el Senado ha presionado en privado a la administración para que devuelva informes de salud dirigidos por figuras como Fauci y el Dr. Deborah Birx, quien regularmente actualizaba al público durante la primavera hasta que Trump los eclipsó con sus propios monólogos en la sala de reuniones. Y en su estado natal de Kentucky la semana pasada, el senador. Mitch McConnell,  líder mayoritario, rompió con Trump en casi todos los problemas importantes relacionados con el virus. Éste enfatizó la importancia del uso de máscaras y expresó una confianza “total” en Fauci e instó a los estadounidenses a seguir las pautas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades que Trump nunca las consideró.

De acuerdo con fuentes políticas estadounidenses el Presidente a veces parece habitar un universo diferente, prediciendo incorrectamente que el brote se disiparía con rapidez y afirmando falsamente que la propagación del virus era simplemente un resultado de mayores pruebas. Con sus impacientes demandas y decretos, el Jefe de la Casa Blanca ha interrumpido los esfuerzos para mitigar la crisis al mismo tiempo que deja de participar efectivamente en ellos.

El resultado es una brecha silenciosa, pero cada vez mayor, entre Trump y las principales figuras de su partido, ya que el virus arde en los principales campos de batalla políticos en el sur y el oeste, como en los estados de Arizona, Texas y Georgia.

Así las cosas, el Gobernador republicano de Utah, Gary Herbert,  instó a la administración a hacer más para combatir  la sensación de complacencia sobre el Covid-19 e instó dramáticamente a usar mascarillas de manera obligatoria, pero el presidente Trump se mantiene en una posición contraria.

Algunos republicanos se han vuelto más abiertos con sus dudas sobre el enfoque del mandatario, incluido el gobernador Asa Hutchinson, de Arkansas, quien dijo que requeriría que las personas usen máscaras en cualquier manifestación relacionada con la campaña electoral de Trump en su estado.  Por su parte, el también republicano  y Gobernador Mike DeWine, de Ohio, en una entrevista en la  NBC, no respondió directamente cuando se le preguntó si tenía confianza en el liderazgo de Trump en la crisis.

También muchos  legisladores republicanos se han exasperado con los mensajes contradictorios de la administración, la guerra abierta dentro del personal de Trump y las demandas del presidente de que los estados reabran más rápido o corran el riesgo de ser castigados por el gobierno federal. El Senador Ben Sasse, republicano, dijo que quería que la administración ofreciera actualizaciones más amplias de salud pública al pueblo estadounidense, y condenó la animosidad abierta hacia Fauci por parte de algunos funcionarios de la administración., Por su parte, el Senador Roy Blunt, R-Mo, fue más específico y afirmó que los informes deben estar a cargo de profesionales de la salud.

Es claro que la desconexión está creciendo entre el Jefe de la Casa Blanca y otros líderes de su partido. A ello se añade que una encuesta publicada el viernes por ABC News y The Washington Post encontró que la mayoría del país desaprobaba enérgicamente el manejo de Trump de la crisis del coronavirus, y aproximadamente dos tercios de los estadounidenses dijeron que confiaban poco o nada en los comentarios de su presidente sobre la enfermedad que azota al país y al mundo.

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Madre América

La triste historia de Jean François y sus tropas en Campeche

Sergio Guerra Vilaboy

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En nota de Madre América contamos que tras la paz de Basilea (1795), España tuvo que entregar Santo Domingo a Francia, lo que obligó a sacar sus fuerzas militares, incluidas las Tropas Auxiliares Negras de Jean François y Georges Biassou. La negativa de las autoridades españolas y la elite de Cuba a recibirlas, por temor a su impacto en la población negra –que ya festejaba el próximo arribo del general Juan Francisco-, obligó a dispersarlas por España, Florida, Guatemala, Portobelo, Trinidad, la Costa de los Mosquitos y Campeche.

Poco se sabe de la vida de Jean François antes de la rebelión de los esclavos en agosto de 1791. Llegó a Saint Domingue, procedente de África, como esclavo y trabajo en la plantación de Patacu, nombre que adoptaría como apellido. Escapado de la dotación, vivió como cimarrón hasta unirse a la revolución esclava, en la que pronto sobresalió sobre los demás jefes: Georges Biassou, Jeannot Bullet y Toussaint Louverture. Imitando a los oficiales franceses, usó uniformes ornamentados con cintas, galones y condecoraciones. En noviembre de 1791 ordenó ejecutar a Jeannot por los injustificados asesinatos cometidos contra sus propios hombres y la población.

Atraídos por las ofertas de la Corona española, enfrentada a la Revolución Francesa, los principales generales negros apoyaron a Madrid desde principios de 1793, aunque al año siguiente, atraídos por la abolición de la esclavitud aprobada en París, Toussaint Louverture y otros jefes abandonaron su alianza con España y respaldaron a Francia. Al frente de las Tropas Auxiliares Negras sólo permanecieron Juan Francisco Patacu y Jorge Viason, ahora con sus nombres españolizados, aunque el prestigio del primero se vio resentido por la masacre cometida por sus hombres, en julio de 1794, al rendir la fortaleza francesa de Dauphin (Bayajá).

En virtud de lo acordado en Basilea, las Tropas Auxiliares Negras y sus familias, tuvieron que ser evacuadas de Santo Domingo. El primero en llegar a La Habana en tres navíos hispanos, el 1 de enero de 1796, fue Juan Francisco con once oficiales y más de un centenar de acompañantes, que enseguida fueron obligados a continuar para Cádiz, donde no eran esperados. Una semana después arribaron los demás barcos reales, menos uno que fue a parar a Virginia por una tormenta. Transportaban al resto de las tropas auxiliares y familiares, cerca de 700 personas, que como los de Juan Francisco fueron aislados en sus embarcaciones, ancladas en la orilla opuesta a la amurallada villa de La Habana, hasta su salida a un nuevo paradero.

El mayor contingente, más de 300 personas, fue enviado a la Costa de los Mosquitos y el más pequeño a La Florida, destino de Georges Biassou y su reducido séquito de poco más de veinte integrantes. Tras el restablecimiento de la soberanía española en Santo Domingo (1811), una parte de los asentados en Centroamérica, dirigidos por el brigadier Gilé (Gil Narciso), retornó a La Española con escala en La Habana, donde no pudo desembarcar. No obstante, estableció contacto con el artesano mulato José Antonio Aponte, quien era el líder de una conspiración igualitarista, abortada al año siguiente.

Los restantes miembros de las tropas negras, divididos en tres grupos de más de cien personas cada uno, fueron remitidos a la isla de Trinidad, entonces parte de la Capitanía General de Venezuela –que los devolvió de inmediato a Santo Domingo-; a Portobelo en Panamá, así como a Campeche en el Virreinato de Nueva España. Los 155 que arribaron al oriente de la península de Yucatán fueron ubicados en Aké, un sitio apartado y despoblado donde recibieron tierras para su cultivo. Allí levantaron el pueblecito de San Fernando, con chozas semejantes a las construidas por los mayas, que llegó a tener su propia iglesia. Al estallar en 1848 la guerra de castas, la mayoría de ellos buscaron refugio en Belice.

Por último, Juan Francisco Patacu y su numerosa comitiva arribó a Cádiz en marzo de 1796. A los oficiales no les fue reconocido su rango militar, ni recibieron compensaciones económicas, sufriendo muchas penurias. En 1813, el Consejo de Regencia acordó reenviarlos a la Costa de los Mosquitos, pero el general Jean François, unos de los líderes de la gran revolución de los esclavos de Saint Domingue, fallecido el 16 de septiembre de 1805, ya estaba enterrado en el cementerio de Puerta de Tierra como “Don Juan Piticu”.

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La Nación y el Mundo

La búsqueda de justicia y la tentación del castigo

Inti Torres Villegas

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La semana pasada, mientras Emilio Lozoya inscribía su nombre en la larga lista de quienes atraviesan el proceso judicial en libertad, gracias a la investidura del privilegio, el Senado aprobó la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Simultáneamente, muchas y muchos mexicanos seguramente fueron detenidos a lo largo del país por no acatar a cabalidad las medidas sanitarias preventivas ante la pandemia de COVID-19. Aunque estos hechos no están directamente relacionados entre sí, plantean en su análisis una interesante reflexión sobre el cómo entendemos y aplicamos la justicia y el castigo en México.

Si bien en términos prácticos Emilio Lozoya no ha sido exonerado de ninguno de los delitos que se le imputan, el trato especial que ha recibido durante su proceso nos deja como sociedad un inicial sabor a impunidad, al cual -hay que admitir- desafortunadamente estamos acostumbrados. Ante la natural impotencia que éste y cientos de casos similares nos han generado, como país hemos desarrollado una vocación punitiva, sostenida en la lógica coloquial de que alguien tiene que pagar por los platos rotos. En otras palabras, la imposibilidad para acceder a la justicia nos ha generado una fascinación por el castigo, que poco repara en sus formas y en sus consecuencias.

Considerando esto, no es de extrañar que medidas como la mencionada ampliación de la prisión preventiva oficiosa no sólo no sean cuestionadas más allá de los círculos preocupados y ocupados en la defensa de los DD HH, si no que, en muchos casos, se celebren como paliativo a los inconmensurables problemas de seguridad de nuestro país. Tampoco resulta sorpresivo que amplios sectores sociales y gubernamentales planteen con orgullo que una contingencia sanitaria del tamaño de la que atravesamos actualmente se resuelve a través del castigo y la restricción autoritaria.

Por cierto, ni la incidencia delictiva ha disminuido a lo largo del tiempo con el endurecimiento de las herramientas judiciales, ni el embate del COVID-19 ha amainado en las entidades donde se han impuesto medidas punitivas para afrontarlo. Por el contrario, lo que ha aumentado de forma drástica en los últimos meses a propósito de la pandemia, es la violación a los DD HH.

Sin embargo, habrá que asumir que el ejercicio punitivo no es exclusivo de las instituciones. Como ciudadanía, lo ejercemos y promovemos cotidianamente, toda vez que nos asumimos como jueces y brazos ejecutores en la defensa de nuestros intereses, mismos que han sido desestimados y descuidados históricamente por las instancias que tendrían que velar por ellos. La impunidad en México nos ha desconectado tanto de las instituciones, que nos ha obligado como ciudadanos a reformular el paradigma de justicia, transitando del que lo entiende como producto y sostén de los pactos sociales, a uno que lo materializa exclusivamente en el ejercicio revanchistico y aleccionador.

Castigamos cuando abusamos de la legitima denuncia ciudadana para exponer conductas que no se corresponden a nuestra subjetivísima moral o al pedir penas desproporcionadas en los foros noticiosos y en las redes sociales. Al celebrar las ejecuciones extrajudiciales bajo la hipotesis de que la víctima se lo merecía. Lo hacemos cuando nos oponemos a la inclusión de derechos fundamentales en los marcos jurídicos. Castigamos incluso cuando votamos sin ningún otro argumento más que el de darle un escarmiento al partido político que en ese momento ostente el poder.

El costo de incorporar el castigo a nuestra vida cotidiana como resolutor universal de las problemáticas y conflictos es alto, y lo implica la seductora vía del autoritarismo.

Como ciudadanos estamos en absoluto derecho de participar en la impartición de justicia en el país. De pugnar por revertir la impunidad y de reestructurar los sistemas de judiciales en México desde sus cimientos. El dialogo, la empatía, el escrutinio a las instituciones y la exigencia colectiva para el cumplimiento equitativo de sus tareas, parecieran ser -aunque largos y empedrados- los caminos para lograrlo. A la par, convendría comenzar a cuestionar y a deconstruir nuestra raíz punitiva y a entender que lejos de armonizar las relaciones que como sociedad construirnos, el castigo las pulveriza. Y que, en última instancia, distrae también el señalamiento de los verdaderos responsables de los problemas en el país. El castigo, al menos como se aplica en el día a día en México, constituye, de hecho, un importante escollo para alcanzar justicia.

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