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Bocadillos

Las cuentas del Museo del Mundo Maya

Rolando Bello Paredes

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Una vez que se publicó en el Diario Oficial del estado (edición vespertina del pasado jueves 23) el decreto por el que se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán para modificar el contrato del proyecto para la prestación de servicios del Gran Museo del Mundo Maya de Mérida, aprobado por el Congreso el pasado martes 14 de julio, se sabrá, quizá, la realidad de las cuentas del Gran Museo del Mundo Maya (GMMM).

De acuerdo a las cuentas de la diputada Milagros Romero Bastarrachea, de Movimiento Ciudadano, el estado pagará por el proyecto, al finalizar el contrato, un total de 6 mil 745 millones de pesos. Dijo que “en los doce años que quedan se estima que se pagarían 4 mil 895 millones de pesos, además de los 1 mil 850 millones de pesos que ya se pagaron” (La Jornada Maya, 15 julio 2020.

Los legisladores de la Comisión Permanente de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal, en su dictamen, no proporcionaron otra cantidad, tampoco el Pleno de la LXII Legislatura, lo hizo. Sí, en cambio, los primeros señalaron que en caso de no modificarse el contrato correspondiente, “se estima que la construcción del museo en cuestión, para el año 2032 que es la fecha de terminación del contrato tendría un costo aproximado de hasta 6 mil 415 millones de pesos”. 

Al final, como se sabe, la Comisión y el Pleno de la LXII Legislatura yucateca, aprobaron la iniciativa ejecutiva, ya que, modificado el contrato de referencia, aseguraron que “el pago por terminación es de una cantidad menor y en pagos mensuales hasta su total liquidación”, y que ello “implicaría dedicar muchos menos recursos públicos si se compara contra la obligación de contraprestación vigente”. Ni aquí aportaron cantidad alguna.

El Ejecutivo y sus voceros han reiterado, casi hasta el cansancio y sin detalles, que con su iniciativa,  esperarían un supuesto “ahorro” por la cantidad de 1,500 millones de pesos. La secretaría estatal de Administración y Fianzas agregó: “Tenemos una obligación de pago por el museo que permanecerá en los próximos doce años, pero será menor que ahora”.

Otro diputado del PAN, Víctor Sánchez Roca, declaró, según el boletín legislativo del 14 de julio, que “en caso de terminación anticipada del contrato, el estado pagará en una sola exhibición 2,981 millones de pesos. En  cambio, una vez modificado el contrato, el estado estará en posibilidades de dar por terminado el contrato y el pago será en parcialidades, logrando, además, un ahorro de 1,479 millones de pesos”. ¿Significa que el estado  pagaría únicamente la cantidad de 1 mil 502 millones de pesos, por el término anticipado del contrato del GMMM?

El decreto de referencia autorizó a los titulares de la secretarías de Administración y Finanzas, y de la Cultura y las Artes, y del Instituto de Historia y Museos de Yucatán, para que “realicen los actos legales y administrativos necesarios para modificar, total o parcialmente, las secciones, las cláusulas o los anexos del contrato del proyecto para la prestación de servicios del Gran Museo del Mundo Maya de Mérida”.

Ya se sabe, entonces, qué autoridades deberán informar a la sociedad yucateca, una vez que concluyan sus trabajos, cómo quedará todo lo relativo a la modificación de cláusulas, disposiciones y anexos del contrato del GMMM, así como los plazos y la forma en la que se determinan y cubren los pagos por terminación o indemnizaciones.

Se espera con la aprobación legislativa, que el gobierno del estado informe, ahora sí, la realidad de las cuentas del GMMM, y destacadamente, cuánto es lo que pagará el estado por la deuda contraída en la contratación de la prestación de servicios del Gran Museo del Mundo Maya, obra que ha sido calificada periodísticamente de “faraónica”. Lo cierto es que es onerosa para el contribuyente yucateco.

El GMMM, en opinión de los congresistas, “promueve la  cultura maya, mediante  la exhibición y conservación de las colecciones derivadas de ésta; de igual forma se recrean elementos que sirven para fomentar el orgullo étnico del grupo maya yucateco; es un espacio para la expresión y difusión de manifestaciones del conocimiento del arte maya; que atrae a diversos públicos tales como estudiantes, familias, personas de la tercera  edad, personas con discapacidad, especialistas y comunidades indígenas, entre otros, lo que ha sido un detonante del turismo, de la educación, de la cultura y de las inversiones colaterales en el Estado”.

No leyeron, por lo visto, el “1er. Informe de Resultados” de la administración 2018-2024, en cuyo apartado correspondiente se afirmó que en el GMMM, “se realizaron 885 acciones en beneficio de 228,450 personas del municipio de Mérida con una inversión de un millón 894 mil 237 pesos provenientes de recursos estatales”.

Es decir, un resultado gubernamental frustrante para la sociedad yucateca.

Rendición de cuentas. El gobierno del estado aún debe a la sociedad yucateca una transparente rendición de cuentas sobre el ejercicio de los créditos aprobados por el Congreso, por un total de 4 mil 120 millones de pesos, derivados de “Yucatán Seguro”, por 2,620 millones de pesos, y el relativo a sus dos programas, “Desarrollo económico, protección al empleo y protección social” y “Prestación de servicios de salud”, por la suma de 1 mil 500 millones de pesos.

Tampoco ha informado del ejercicio de 21 millones 347 mil 032 pesos del Fondo para la Atención de Emergencias y Desastres (informe al 31 de diciembre de 2019, de la Dirección de Administración de la Secretaría General de Gobierno).

En la conferencia presidencial de la mañana del pasado 24 de febrero, el Secretario de Hacienda y Crédito Público del gobierno federal informó que se había destinado a las entidades federativas, por conducto del Instituto de Salud para el Bienestar, la cantidad total de 15,300 millones de pesos. Y que se adelantaría, también para los estados de la República, otros 10 mil millones de pesos.

Las autoridades estatales, administrativa y financiera y de salud, no han dicho, a la fecha, las cantidades recibidas en el estado por esos conceptos, así como el destino de dichos recursos federales.

Consejero. El yucateco Dr. Uuc-Kib Espadas Ancona, resultó electo para formar parte del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en el periodo 2020-2029. No recuerdo que alguno otro ocupara tan alta responsabilidad.

Es autor de los libros Estructura social y económica de México, y Las elecciones de 1991. La recuperación oficial. Fue diputado federal en la LVIII Legislatura (2000-2003), y miembro de los partidos Comunista Mexicano, Socialista Unificado de México, Mexicano Socialista, y cofundador del Partido de la Revolución Democrática. Es autor de la columna “Disiento”  del diario Novedades Yucatán, y editorialista de Por Esto!

Bocadillos. Esta columna se publicó, semanalmente y durante largos años, en el diario Por Esto! Hasta que, inexplicablemente, en mayo último, la nueva dirección periodística optó por ya no incluirla en sus páginas. Por razones personales mantengo la denominación de esta columna que ahora se traslada a Informe Fracto, por la generosidad de su editor, Carlos Bojórquez Urzaiz, a quien agradezco el hospedaje de los Bocadillos.  Así pues, continuamos…).

Ad litteram. Ingenio comercial, en la columna “La república de las letras”, de Humberto Musacchio, en el diario Excélsior (22 junio 2020):

– “Circulan en internet las fotos de negocios con nombres evocadores: una frutería bautizada como John Lemon y otra Dolce & Banana; una carnicería: Paul Mac Carne; la panadería llamada Bread Pitt; la tienda de carnes frías Tután Jamón; la peluquería Barber Streisand; la emborrachaduría Cantina Turner, con retrato de la diva en alto contraste; el gimnasio Gym Morrison; el expendio de agua congelada Hielo Submarine; y el de productos de abeja Miel Gibson; la casa que vende artículos para exploradores: Indiana Jeans; la tintorería es Clean is Good y, el mejor de todos, es el muy adecuado nombre del motel Rapid-Inn. Eso es ingenio. Hasta dan ganas de abandonar el confinamiento”.

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Informes “digitales”

Rolando Bello Paredes

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Los diputados estatales del PAN presentaron una propuesta de reforma a la Constitución de Yucatán (Por Esto! 15 agosto 2020):

        – “Una nueva iniciativa en el Congreso del estado busca reformar la Constitución estatal y la Ley de Gobierno de los Municipios con el objetivo de que los informes de gestión de los alcaldes se puedan llevar a cabo por medios digitales y no se tengan que hacer ya sesiones solemnes o ceremonias que, en el marco de la contingencia por el Covid-19, pongan en riesgo la salud de los meridanos” (sic).

Luego de que los legisladores eligieron de nuevo a Janice Escobedo Salazar (PRI) para presidir y dirigir los trabajos del primer período ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura, no se ha informado si la pretensión del grupo del PAN se discutiría y aprobaría en los siguientes días de actividad legislativa.

Adelantándose, el alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, rindió su segundo informe de actividades el pasado jueves 20 de agosto último, y fue “transmitido en vivo por el canal oficial de YouTube del Ayuntamiento de Mérida” (La Jornada Maya, 20 agosto 2020). El alcalde de Progreso, al parecer, no siguió el ejemplo del primer regidor meridano (Diario de Yucatán, 30 agosto 2020).

La iniciativa panista no incluye los informes que anualmente debe rendir el gobernador del estado.

Conforme a la Constitución local, el gobernador debe presentar al Congreso del estado, el tercer domingo del mes de enero de cada año, un informe por escrito y en formato digital, del estado de la Administración Pública Estatal del período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año anterior, el cual deberá guardar congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo. Igualmente el informe deberá constar en lengua maya.

El Ejecutivo, desde hace ya algunos años, evita comparecer personalmente ante los legisladores, y envía a éstos el informe escrito, designando para ello al Secretario General de Gobierno; luego, el gobernador acostumbra enviar un mensaje a los yucatecos, que combina algunos datos del quehacer gubernamental con expresiones políticas.

Informes de Rolando Zapata Bello

Por razones de austeridad republicana, durante los tres últimos años de la administración estatal 2012-2018, el gobernador Rolando Zapata Bello rindió sus informes por medios digitales, con un reducido auditorio, casi testimonial.

En 2017, el cuarto informe, usó como escenario, las instalaciones de la escuela primaria “Ignacio Zaragoza”; el quinto, en 2018, el Centro Internacional de Congresos; y el sexto, también en 2018, el Hospital Materno Infantil.

Los mensajes ejecutivos fueron transmitidos por la radio y la televisión de la entidad.

El informe de Mauricio Vila Dosal

El primer informe del gobernador Vila Dosal rompió el esquema de austeridad.

Se rindió, ante una gran audiencia, en el Centro Internacional de Congresos.

Recuérdese que ese domingo, “con gases lacrimógenos, la Secretaría de Seguridad Pública intentó reprimir a cientos de manifestantes que intentaban llegar al Centro Internacional de Congresos y Convenciones, donde el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, rindió su primer informe” (ver nota de Rosa Santana, “Entre protestas, Mauricio Vila da su primer informe como gobernador de Yucatán”, en portal de Proceso, 19 enero 2020).

El segundo informe del gobierno yucateco tendrá lugar el próximo domingo 17 de enero de 2021.

Informe presidencial

Antes de presentar el segundo informe a los legisladores federales, el presidente de la República emitió un mensaje político que tuvo como escenario el Patio Central de Palacio Nacional, y que fue transmitido por radio y televisión, y por las redes.

La Secretaria de Gobernación se encargó de presentar el informe escrito ante el Congreso, por la tarde del pasado martes 1.

Recursos federales. Según las cuentas iniciales de la Secretaría de Administración y Finanzas, Yucatán recibiría en 2021 recursos presupuestales federales por la suma de 81,764.2 millones de pesos (Boletín en La Jornada Maya, Diario de Yucatán, Novedades Yucatán, e Informe Fracto, 8 y 9 septiembre 2020).

El desglose es el siguiente:

a). Por concepto de participaciones, 15,582.2 millones de pesos.

b). Por “convenios de reasignación y descentralización”, 2,843 millones de pesos.

c). Por “gasto federal programable”, 63,339 millones de pesos.

Otros dos datos. La proyección del presupuesto federal de egresos 2021, considera los siguientes recursos (Excélsior, 9 septiembre 2020):

i). Para el Tren Maya, la cantidad de 36,288 millones de pesos.

ii). Para el programa educativo “Escuelas de tiempo completo”, cero pesos.

“Desaparecidos”. El Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay), el Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán (Idefeey), y el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado (Icatey), junto con otras seis entidades, desaparecerían, para tener un “ahorro de 100 millones de pesos a partir del año 2020”, según anuncio del Ejecutivo del estado.

Los “desaparecidos” Incay, Idefeey e Icatey, gozan de cabal salud, según publicaciones del Diario Oficial del  estado del lunes 24 y miércoles 26 de agosto último, y de Facebook, vista el pasado domingo 6.

El Incay informó de sus “tarifas por daños a vialidades estatales 2020”, y publicó su convocatoria para la construcción de calles en el interior del anillo periférico de Mérida, por el rumbo de la colonia de Ampliación Revolución, Benito Juárez Norte, Hacienda Sodzil Norte, México Norte, y Montebello.

El Idefeey convocó a licitaciones para adquirir equipos para laboratorios, construir aulas, espacios deportivos, plazas cívicas, servicios sanitarios.

(Además, el Idefeey ha sido denunciado públicamente por una agrupación de “constructores electromecánicos”, por haber cometido “presuntas anomalías en la licitación de un contrato de obra”, ubicada en la carretera Mérida-Tetiz, según reporte de Diario de Yucatán, del pasado domingo 6).

El Icatey publicó la apertura de sus cursos de capacitación. Por ejemplo, a partir del próximo miércoles 23, “aceites esenciales”; y desde el lunes 21, “automaquillaje”; los dos por $299.00 por persona. Y también desde el 21 de los corrientes, “técnicas de masaje facial”, a solo $499.00 por participante.

El Incay, Idefeey e Icatey se resisten, por lo visto, a contribuir al “ahorro” ejecutivo.

Siguen laborando, siguen caminando, tan campantes, como aquel Johnnie de apellido Walker.

Juez.El juez Luis Mugarte Guerrero tramitó hospitalizado horas antes de fallecer una demanda de amparo en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social por falta de atención hospitalaria”, según denuncia pública del portal de noticias, Mis-noticias, Libertad informativa, del reportero Rafael Mis Cobá.

El juez Mugarte Guerrero fue un hombre respetable y un juzgador apreciado por los miembros del Foro yucateco.  

Deduzco de la información de la redacción de Mis-noticias, que el juzgador yucateco sufrió abandono, salvo prueba en contrario, del IMSS, de los gobiernos federal y estatal, y del Poder Judicial de Yucatán.

Cuenta Pública 2018. El Congreso, por mayoría apabullante de 22 votos a favor y uno solo en contra, aprobó el “informe general de la cuenta pública 2018”, presentado por la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (Diario de Yucatán, 11 septiembre 2020).

La información detalló el resultado de la votación: “Los que aprobaron este dictamen del informe de la Auditoría Superior fueron ocho de los 10 diputados del PRI (dos no asistieron a la sesión), los seis del PAN, tres de los cuatro legisladores de Morena (Leticia Euán Mis fue la única que voto en contra), las dos de Movimiento Ciudadano, así como los del PRD, PVEM y el de Nueva Alianza”.

La Cuenta Pública 2018 comprende los últimos nueve meses de la administración del gobernador Rolando Zapata Bello, y los primeros tres meses de la de Mauricio Vila Dosal.

2021. El proceso electoral federal inició el pasado lunes 7. Será, dijo el presidente del INE, “el más grande y complejo de la historia” (Proceso, 6 septiembre 2020).

Yucatán elegirá a cinco diputados federales. Los actuales legisladores son: Jesús Carlos Vidal Peniche (PVEM), María Ester Alonzo Morales María Ester (PRI), Iván de Jesús Interián Gallegos Limbert (Morena), José Elías Lixa Abimerhi (PAN), Juan José Canul Pérez (PRI), y además, de representación proporcional, Cecilia Anunciación Patrón Laviada (PAN), y Dulce María Sauri Riancho (PRI).

** “Por única ocasión, el proceso electoral 2020-2021, a celebrarse en el estado de Yucatán dará inicio en la primera semana del mes de noviembre del año previo al de la elección” (Diario Oficial del estado de fecha 29 de mayo de 2020).

Se elegirán los siguientes cargos: 25 diputaciones, 15 de mayoría relativa y 10 de representación proporcional; y 106 ayuntamientos.

Ad litteram. En la revista Espresso Journal, número 13, agosto 2011, el escritor austriaco, Heimito von Doderer:

– “Si no existieran los cafés, muchísimas cosas jamás habrían sido hechas, dichas ni pensadas“.

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Juicio a los “ex”

Rolando Bello Paredes

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El portal especial del partido político Morena, denominado “Juicio a expresidentes”, formula una invitación para obtener firmas de ciudadanos para llevar a cabo una consulta popular: “¿Quieres que vayan a la cárcel?, y aparecen fotografías de los expresidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa, y Enrique Peña Nieto.

La consulta ha sido instada, de alguna manera, por el presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque él diga que votaría en contra, en su caso, como lo enfatizó en su mensaje del segundo informe de gobierno: “Reitero que yo votaría por no someterlos a proceso”.

La pregunta que Morena pretende en la posible consulta, es la siguiente:

-“¿Estás de acuerdo con que las autoridades correspondientes realicen una investigación sobre presuntos actos ilícitos que hayan causado afectaciones o daños graves al país realizados por los ex presidentes de México y, en su caso, se inicie un procedimiento judicial garantizando el debido proceso?” –

La interrogante no proporciona dato alguno para inferir qué tipo de juicio se les seguiría a los expresidentes, si sería en materia penal, administrativa, civil o política.

Nada dice de cuáles delitos o ilícitos se les imputarían.

Por supuesto menos indica las pruebas de que se dispondría para sostener las denuncias o demandas.

La pregunta está afectada de vaguedad. Y los “perseguidores” políticos y sociales, enmudecen ante estos cuestionamientos.

El presidente López Obrador ha sugerido las “causas de enjuiciamiento”, sin especificar qué tipo de juicio sería el conducente, en la revista Forbes (20 febrero 2019):

A Salinas de Gortari, “porque entregó empresas públicas a particulares y a sus allegados”.

A Zedillo Ponce de León, “porque convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública con el Fobaproa‘”.

A Fox Quezada, “por traidor a la democracia, porque después de llegar por un movimiento para establecer la democracia encabezó un operativo de fraude electoral para imponer a Felipe Calderón”.

A Calderón Hinojosa. “porque utilizó la fuerza y convirtió al país en un cementerio”.

A Peña Nieto, “por corrupción”.

Los partidarios presidenciales de hoy se movilizan para conseguir la consulta y luego el enjuiciamiento a los expresidentes. Los morenistas requieren reunir al menos 1 millón 800 mil 727 firmas de ciudadanos, según se ha informado. 

(Para el presidente López Obrador es casi segura la consulta popular: “El Instituto Nacional Electoral debe irse preparando porque de que va haber consulta para juzgar a los expresidentes de México, la habrá“, en diario Excélsior, 2 septiembre 2020).

Pero, hay otras voces en contra, argumentando razones jurídicas. Éstos señalan, como una de las principales, la prohibición constitucional:

– “No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ni las garantías para su protección”.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, con sólo este fundamento constitucional, podría declarar en su oportunidad, la inconstitucionalidad de la materia de la consulta, según la opinión de peritos en derecho.

En los próximos días sabremos la suerte que correrá la pretensión partidaria de Morena.

        Caso yucateco

Alguien en la entidad podría hacerse la misma pregunta acerca de la posibilidad de enjuiciar a los ex gobernadores de Yucatán, mediante la práctica de una consulta a los ciudadanos, como ahora se aspira hacer en el caso de los ex titulares del Poder Ejecutivo federal, desde el año de 1988 hasta el 2018.

En la lógica y tiempos de los promotores federales, ¿podría someterse a juicio, vía la consulta popular, a Dulce María Sauri Riancho, Federico Granja Ricalde, Víctor Cervera Pacheco, Patricio Patrón Laviada, Ivonne Ortega Pacheco, y Rolando Zapata Bello?

(El inconveniente, dicen, sería la notificación en el caso del “doble” gobernador: ¿en algún camposanto o en el “más allá”? Es cuestión de estudio especial).

La Ley de Participación Ciudadana que regula el Plebiscito, Referéndum y la Iniciativa Popular en el Estado de Yucatán establece la figura del plebiscito, cuyo objeto es “obtener la opinión de los ciudadanos sobre los actos y acciones gubernamentales de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y de los Municipios, calificadas como trascendentales para la vida pública y el interés social”.

La propia norma jurídica dispone, en lo que interesa, que “no son materia de plebiscito, las políticas públicas y los actos gubernamentales siguientes: I. Los que realice la autoridad por ministerio de ley o mandato de autoridad judicial”.

Me parece que los legisladores yucatecos resolvieron el asunto de posibles consultas ciudadanas para poder enjuiciar a los mandatarios estatales, con la prohibición legal de referencia.

El mandato constitucional en Yucatán no admite duda alguna: “El Ministerio Público es la Institución única e indivisible que representa los intereses de la sociedad, y tiene por objeto dirigir la investigación de los hechos que la ley señale como delitos; ejercitar la acción penal ante los tribunales y adoptar medidas para proteger a las víctimas y testigos, conforme a lo previsto por las leyes correspondientes”.

No podría ser materia de consulta a los ciudadanos si el ministerio público ejerce o no sus facultades y obligaciones legales en la persecución de los delitos.

El ministerio público tiene la obligación legal de perseguir, ante los tribunales, sin necesidad de consultar a los ciudadanos, los delitos del orden estatal; solicitar las órdenes de aprehensión contra los imputados; así como, obtener y presentar las pruebas que acrediten los elementos del tipo penal y la responsabilidad de los imputados.

Así que en Yucatán cualquier persona que incurra en probables hechos delictuosos, sea o no “ex”, será sujeto de investigación del ministerio público, conforme a derecho, sin requisito o condición de alguna consulta ciudadana.

Echeverría. Sin necesidad de consulta popular, la entonces Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado acusó al expresidente Luis Echeverría Álvarez (1970-1976) por delitos de lesa humanidad, específicamente por genocidio. Era el año de 2005 y el presidente era Vicente Fox Quesada.

Los tribunales mexicanos que lo enjuiciaron, señalaron que sí se cometió el delito de genocidio, pero que “no encontró ni una sola prueba de que Echeverría fuera responsable de dicho delito”, y fue absuelto (La Silla Rota, 12 agosto 2020).

        Reapertura. Los empresarios se impusieron al empresario gobernador del estado, y al final, firmaron el “Acuerdo de Reapertura Económica Segura de Yucatán”.

Durante la firma del documento, según información de gobierno, el dirigente de la CROC en Yucatán, Pedro Oxte Conrado, “reconoció el trabajo serio y responsable del gobernador, y que el convenio es un “reflejo de que se sigue privilegiando la salud de las familias yucatecas”.

(Cosas de la pandemia: Los Bocadillos no tenían conocimiento de que el líder de la CROC formaba parte de la clase empresarial yucateca).

Placas. “El reemplacamiento vehicular será suspendido y se realizará hasta enero del 2022” (Informe Fracto, 30 agosto 2020). Según la Ley de Ingresos, el gobierno del estado esperaba recaudar este año, por concepto de “dotación, canje, reposición y baja de placas”, la cantidad de 438 millones 498 mil 121 pesos.

Dulce María. La diputada federal, Dulce María Sauri Riancho, presidirá la Cámara baja del Congreso de la Unión, del 2 de septiembre en curso al 31 de agosto de 2021.

Sauri Riancho es la primera mujer yucateca que desempeñará esa responsabilidad en la Cámara de Diputados. También fue la primera mujer en ocupar el cargo de gobernadora de Yucatán, en el periodo 1991-1993.

Cachito. El Consejo de Notarios de Yucatán formuló a los fedatarios públicos “una invitación personal para realizar una aportación voluntaria mínima de $2,500.00, correspondiente al pago de 5 boletos para el sorteo del avión presidencial, que se realizará el día martes 15 de septiembre del presente año” (El Cronista Yucatán, 3 septiembre 2020).

Algunos notarios yucatecos, agrega la información, “dieron el grito en el cielo, porque jamás en la historia había ocurrido algo así”.

Se resisten, supongo, a cantar: “cachito, cachito, cachito mío…”.

Ad litteram. En Facebook, visto el pasado martes 2:

-“En Yucatán hay un horario llamado: Más tarde que baje el sol”.

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Deuda pública yucateca

Rolando Bello Paredes

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El Ejecutivo yucateco informó que oficialmente la deuda pública del estado, directa y con garantía, al 30 de junio último, ascendía a la suma de 4 mil 854 millones 721 mil pesos (ver reporte gubernamental, en Diario Oficial del estado del pasado 15 de julio).

En una publicación local, se informó de otra cantidad, más alta que la oficial: “La deuda pública directa en Yucatán es hoy de 7 mil 620 millones de pesos” (ver “La deuda pública de Yucatán: “bola de nieve” y altos intereses”, de Ángel Noh Estrada, en Diario de Yucatán, 12 mayo 2020).

Para llegar a esta cantidad, el periódico sumó, a la existente en su momento, una parte del crédito por 2 mil 620 millones de pesos, autorizado para el programa “Yucatán Seguro”; y la cantidad de $1,500 millones de una ampliación presupuestal para el ejercicio 2020, que se destinarían para dos programas: “desarrollo económico, protección al empleo y protección social”, y “prestación de servicios de salud”.

La autoridad financiera y administrativa aún no rinde cuentas de los créditos autorizado por el Congreso local, para dichos programas gubernamentales; y consecuentemente, no se sabe a cuánto asciende la deuda pública yucateca, desglosando capital e intereses, que al final del día, pagarán los contribuyentes yucatecos.

Yucatán Seguro

Recuérdese que el Congreso aprobó al Ejecutivo la contratación de un crédito por la cantidad de 2 mil 620 millones de pesos para “Yucatán Seguro”. De acuerdo con informes de la Secretaría de Administración y Finanzas, el crédito “se pagará con recursos del fondo general de participaciones”, y que “cada año se pagarían 251 millones de pesos” y que el costo total del crédito “será de 5 mil 765 millones de pesos al año 2039”.

Así pues, el crédito inicial sería de 2 mil 620 millones de pesos y terminaría siendo de 5 mil 765 millones  de pesos. Una diferencia, por concepto de intereses, se entiende, por 3 mil 145 millones de pesos.

El Ejecutivo tampoco ha informado la actividad realizada por el fideicomiso para el ejercicio del gasto del “Sistema Integral de Seguridad Electrónica denominado Fortalecimiento Tecnológico de Seguridad y Monitoreo, Yucatán Seguro”, que el Congreso dispuso se constituyera.

Crédito por $1,500 millones

El crédito para la “prestación de servicios de salud” y “desarrollo económico, protección al empleo y protección social”, fue por la suma de 1 mil 500 millones de pesos. Para el primer rubro, la cantidad de 500 millones de pesos, y 1 mil millones de pesos, para el segundo.

Aquí tampoco se sabe a cuánto ascienden los intereses del crédito por $1,500 millones.

El Plan ejecutivo de apoyos económicos temporales importó un monto total de 884 millones de pesos, según la descripción de los programas y montos respectivos, publicitados por el gobierno del estado, en un boletín de prensa de fecha 3 de abril, bajo el rubro “Gobierno del estado otorgará apoyos económicos extraordinarios para ciudadanos y empresas afectadas por la pandemia de coronavirus a partir del 6 de abril”.

No alcanzó la cantidad de 1 mil millones de pesos. Se registró un faltante por informar de 116 millones de pesos.

Para los servicios de salud se comprarían “uniformes médicos, batas, bolsas, botes, cubre-bocas, desinfectante, gorros, guantes, jeringas, lentes de protección, equipos de comprensión, ventiladores, bombas de infusión, desfibrilador, mascarillas de oxígeno, ultrasonidos portátiles, equipos de laboratorio y reactivos para diagnósticos, cuartos y camas de aislamiento, máquinas de anestesia”, entre otros.

El gobierno informó que “ya ejerció 350 millones de pesos en la compra de insumos y equipos, así como en la rehabilitación de hospitales temporales del Centro de Convenciones Siglo XXI y de Valladolid”.

En reunión con representantes de asociaciones civiles, el gobernador Mauricio Vila Dosal informó, sin aportar detalles, que “se destinó una bolsa de apoyos de 1,320 millones de pesos” (“Plantea el Gobernador Mauricio Vila Dosal panorama de Yucatán ante la pandemia del Coronavirus a representantes de asociaciones civiles del estado”, boletín palaciego del pasado martes 25).

No dijo si correspondían al crédito de $1,500 millones. De ser así, faltó la información de 180 millones de pesos. El Ejecutivo sigue sin rendir cuentas de este millonario crédito.

Pago de la deuda

Para el pago de la deuda pública yucateca, durante el año en curso y conforme al Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal de 2020, el gobierno cuenta con una asignación de 759 millones 014 mil 204 pesos.

En 2018, el gobierno del estado pagó (costo financiero) por la deuda pública directa y con garantía, un total 441 millones 894 mil pesos, según el documento de la Cuenta Pública 2018. Aún no se publica el correspondiente a 2019.

De acuerdo con el documento ejecutivo, se pagó por concepto de amortización, la cantidad de 103 millones 586 mil pesos; y por concepto de intereses, la suma de 338 millones 308 mil pesos.

Refinanciamiento de la deuda

Según informes de prensa, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público “aceptó crear un grupo de trabajo para que los estados puedan refinanciar su deuda con Banobras” (Excélsior, 20 agosto 2020).

De acuerdo con el segundo informe trimestral de la deuda pública yucateca, al 30 de junio último, se debía a Banobras, la suma de 2 mil 686 millones 655 mil pesos.

El Ejecutivo no ha informado si Yucatán entrará al grupo de trabajo.

Deuda de corto plazo

El periódico Reforma publicó el pasado martes 25 que “los estados y municipios del País incrementaron en 86 por ciento su contratación de deuda de corto plazo, lo que representa un mayor riesgo para sus finanzas”, en la nota de Jorge Cano, “Aumentan estados 86% su deuda de corto plazo”.

Cita a la analista Daniela Brandazza: “El incremento de deuda a corto plazo aumenta de forma significativa el riesgo de impago. Cuando aumenta el financiamiento de corto plazo ayuda a los estados a subsanar temas más inmediatos, pero si no se planea correctamente pueden verse en problemas para pagar“.

El reporte periodístico señala que Yucatán tiene una contratación de deuda a corto plazo, de enero a julio 2020, por un total de “400 millones de pesos, a un interés del 7 por ciento”.

La Secretaría de Administración y Finanzas del gobierno estatal no ha dicho nada sobre el asunto.

        Gobernador con más deuda

El Ejecutivo yucateco ya impuso una fuerte carga financiera a las finanzas públicas de al menos las siguientes tres administraciones públicas estatales.

Valoraciones y motivaciones políticas y sociales aparte, el hecho irrefutable es que el gobernador del estado 2018-2024 se ha convertido en el que más ha endeudado a Yucatán, en menos de dos años de su gestión administrativa.

“Tele-Educación”. Las “tele-clases” del curso escolar 2020-2021 comenzaron el pasado lunes 24, como había informado la Secretaría de Educación Pública, en las pantallas de Televisa, TvAzteca, Televisa, Imagen, y Multimedios.  

La prensa local informó el pasado martes 25:

* En La Jornada Maya: “Este ciclo escolar es inédito y será histórico, no sólo en México sino en todo el mundo, por eso les pido paciencia, les pido comprensión”, expresó la secretaria de Educación de Yucatán, Loreto Villanueva Trujillo”.

* En Por Esto!: “El regreso a clases no fue el mismo para todos, ya que en la nueva modalidad a distancia se ocuparán aparatos electrónicos e Internet y no todos los hogares cuentan con estos equipos”.

Al día siguiente, publicó: “El arranque de las clases a distancia mostró la debilidad del sistema educativo, en el tema digital y de infraestructura, pero puso al descubierto también la profunda desigualdad social y las carencias de la población que, en muchos casos, no cuenta con lo mínimo necesario. En este contexto, se deben tomar medidas o estrategias alternas, pues de lo contrario podría ser un curso perdido”.

     *En Diario de Yucatán: El presidente de la Asociación Mexicana de Escuelas Particulares de Yucatán, Elías Dájer Fadel, dijo que “este ciclo escolar es inédito. Hay que reinventarse totalmente, lo que no podemos hacer es levantar las manos y decir no podemos”. Informó que 10 escuelas particulares han cerrado sus puertas.

* En El Cronista Yucatán, de Rafael Gómez Chí, un reporte en las redes (24 agosto 2020): “El inicio de clases resultó un verdadero fiasco. Para empezar muchos padres de familia no sabían qué canal conectar, dónde encontrar las clases. Existen muchísimas duda, confusiones, los niños como que no le están tomando el mayor interés a la clase”.

        Ad litteram. En el artículo de Mónica Mateos-Vega, “Ficino, filósofo medieval que aconsejaba librar el alma de estrés para evadir la peste”, en La Jornada (25 agosto 2020), el filólogo y médico, Marsilio Ficino (1433-1499), recomendaba para evitar la peste:

        – “Consuma vinos puros, claros y aromáticos, que no sean ni muy ahumados ni dulces, pero suficientemente ácidos, y diluya con agua muy pura y clara”.

– “Lávese las manos y la cara con frecuencia también (…) haga ejercicio moderadamente. Cuando haga ejercicio en lugares infectados por la peste, debe hacerlo en un área sombreada (o cubierta), en espacios abiertos y con el estómago vacío. Aconsejo que cada persona tenga mucho cuidado al tocar cosas que provienen de áreas  infestadas de plagas, y que no coma nada de estas áreas a menos que estén cocinadas, limpias o lavadas”.

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