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EN YUCATÁN EXISTE UNA CONTRAMOVILIZACIÓN MUY FUERTE EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

Paloma Reyes

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Cuando existe una movilización acerca de un tema en particular, específicamente en materia de derechos humanos, es normal que surja una contraparte que intente resistir o revertir el cambio social, muchas veces con la intención de preservar un estatus que ha prevalecido mucho tiempo.

Este contramovimiento o contramovilización no puede ser estudiado por sí mismo, pues forma parte de los movimientos sociales que han ocurrido (y todavía ocurren) en la historia.

Ese es el eje central por el cual se encuentra enfocado el Seminario Permanente sobre Violencia Social y Derechos Humanos: “Movilización y contramovilización legal por los derechos humanos en Yucatán”, que se llevará a cabo mediante ponencias impartidas en la el CEPHCIS de la UNAM en Mérida.

Entrevistado en el marco de la conferencia inaugural en la que se explicaron los objetivos y bases por los que se guiará el proyecto, el investigador Rodrigo Llanes Salazar detalló el panorama que se vive en el estado, ante los movimientos actuales que buscan democratizar las condiciones de los grupos vulnerables o minorías, como es el caso de la población indígena y la comunidad LGBTTTIQ.

“Parece que es un contexto que sigue siendo bastante conservador, lo vemos en las leyes o modificaciones constitucionales tardías en contraste con el resto del país y los otros estados de la península”, señaló.

En ese sentido indicó que a pesar de que las autoridades locales han recibido recomendaciones externas sobre el reconocimiento de cuestiones en materia de derechos humanos, como el matrimonio igualitario, éstas siguen haciendo un balance entre los contrapesos que existen en la sociedad y que son difíciles o poco convenientes de modificar.

Eso sí, el contexto ha ido evolucionando en los últimos años para el estado, pues las organizaciones civiles se han movilizado por temas que antes no eran visibilizados, como en el caso de los temas ambientales, la violencia de género, entre otros.

“Tenemos una contramovilización en Yucatán, muy fuerte. Para el caso de derechos LGBTTTIQ, es muy explícita a tal grado de que se han frenado iniciativas para reconocer el matrimonio igualitario, que es lo que ha concentrado la discusión pero los derechos LGBTTTIQ no se agotan para nada en ésto. Tiene que ver desde el acceso a la salud para cuestiones desde VIH, concubinato, derechos laborales, entre otros.”

Respecto a los derechos indígenas reiteró que aún existe la percepción en la cual se piensa que Yucatán no tiene problemas en ese apartado.

Pero en los últimos diez años aproximadamente, los casos que tienen que ver con el despojo de tierras y las afectaciones de los “megaproyectos”, resuenan actualmente debido a los cambios en las organizaciones sociales.

Por lo que incluso se ha llegado a “judicializar” la política, lo que definió como: “La idea de que una lucha social se debe de librar no solo en las calles, sino en los tribunales también” y para lo cual es importante el acceso a la información en temas legales.

Concluyó con la importancia que tiene la comprensión de ambos polos, para analizar el panorama y plantear soluciones efectivas en el cumplimiento de los derechos humanos, objetivo principal que tiene el seminario a través de los dos años en los que se desarrollará y que no es exclusivo de la comunidad universitaria, pues se encuentra abierto al público en general.

Para más detalles sobre las fechas y horarios de las siguientes conferencias, consulte las redes sociales del CEPHCIS UNAM.

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Demandan al Congreso por ley que criminalizaría protestas en redes sociales

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Foto: https://www.milenio.com/politica/guardia-nacional-congreso-yucatan-aprueba-dictamen

La reforma fue planteada en el marco de fuertes críticas a integrantes del Congreso de Yucatán por rechazar el matrimonio igualitario, indicó el Colectivo por la Protección de Todas las Familias en Yucatán.

El Colectivo por la Protección de Todas las Familias en Yucatán (Colectivo PTFY) y la oficina en México y Centroamérica de la organización Article 19, presentaron una demanda de amparo en contra del Congreso local por aprobar una reforma al Código Penal de la entidad que criminalizaría la protesta y el activismo en redes sociales, al permitir emplear el aparato de justicia penal para inhibir las críticas y exigencias a funcionarios públicos en redes sociales y en Internet, indicaron las asociaciones a través de  un comunicado.

El pasado 13 de marzo, se publicó la modificación al Código Penal local para incluir el delito de ciberacoso. Dicha reforma establece sanciones de seis meses a tres años de prisión a quien “intimide y asedie a cualquier persona, a pesar de su oposición, por medio de las Tecnologías de la Información y Comunicación, tales como redes sociales, mensajería instantánea, correo electrónico o cualquier otro medio digital; mediante el envío de mensajes de texto, videos, impresiones gráficas, sonoras o fotografías”.

Las organizaciones señalaron que, si bien la iniciativa buscaba atender un problema serio y grave en la sociedad, la redacción utilizada es genérica y amplia, por lo cual prohíbe cualquier campaña de exigencia o denuncia por redes sociales en la que se etiquete e interpele las cuentas de funcionarios públicos. Se aprovechó la necesidad de atender una causa legítima para instaurar un mecanismo que inhibe la organización de colectivos, organizaciones y movimientos sociales en redes sociales y en el espacio digital, precisaron las asociaciones.

“Lo que preocupa es la forma en que se redactó el delito: no indica qué tipo de contenido está prohibido enviar, tampoco indica cuál debe ser la intención u objetivo de la persona que envía la información para que ésta sea prohibida, además de que cualquier funcionario al percibir rechazo público podría argumentar sentirse ‘intimidado’ o ‘asediado'”, indicó Kalycho Escoffié, del área jurídica del Colectivo PTFY.

Por su parte, Leopoldo Maldonado, subdirector regional de Article 19, indicó que la agrupación ha documentado “una tendencia en distintos estados del país por incluir delitos nuevos que en principio se presentan para atender algún problema que impacta a la sociedad, pero que su redacción es tan amplia y ambigua que permite criminalizar diversas manifestaciones de la libertad de expresión como lo es el activismo y la protesta digital, los cuales adquieren una importancia aún mayor en tiempos de pandemia”.

De acuerdo con el Colectivo PTFY, la iniciativa fue presentada el 16 mayo del 2019, en medio de un fuerte debate público generado por el rechazo del Congreso de Yucatán a la iniciativa para permitir el matrimonio igualitario: en aquél entonces las redes sociales fueron unos de los principales espacios en los cuales la gente manifestó su rechazo a diversos diputados y diputadas a través de publicaciones en las cuales se les etiquetaba en imágenes, memes, artículos y videos.

“Nos preocupa que la incomodidad a la crítica haya motivado esta redacción con el fin de criminalizar la protesta por redes sociales en Yucatán, la cual ha sido muy efectiva no solo para el movimiento LGBT+, sino también para otros movimientos que podrían verse amenazados con este texto tal y como está actualmente”, apuntó el Colectivo. 

La Relatoría Especial sobre los derechos de Reunión Pacífica y Asociación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ha manifestado su preocupación por la aprobación de leyes que penalizan el uso de instrumentos digitales y que suelen enunciarse “en términos vagos y mal definidos, que permiten aplicarlas de manera arbitraria o discrecional y dan lugar a inseguridad jurídica”, por lo cual hace un llamado a los Estados para generar un marco jurídico favorable y derogar “las leyes que limiten o menoscaben indebidamente” estos derechos.

La demanda de amparo fue admitida el pasado 28 de julio por el Juzgado Segundo de Distrito, y será revisada y analizada para determinar la inconstitucionalidad de la reforma, concluyó el boletín.

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Policía disparó a camioneta para evitar atropellamiento, según la SSP

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Foto: SSP

El vehículo circulaba en sentido contrario en el Centro de la ciudad, cerca de la Avenida Itzáes.

Un policía estatal disparó a una camioneta en el Centro de la capital yucateca, para “evitar que lo atropellara intencionalmente”, según la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

El pasado fin de semana, se viralizaron en redes sociales y en medios de comunicación locales versiones de que había  ocurrido una “balacera” en la calle 86 por 71 del Centro, a espaldas de un supermercado de la Avenida Itzáes.

Sin embargo, la SSP emitió un comunicado en el cual explicó que un uniformado había disparado al neumático de una camioneta Ford Lobo con placas de Veracruz para evitar ser atropellado.

“El oficial de Vialidad de la Secretaría de Seguridad Pública estaba atendiendo a personas que viajaban en un automóvil particular cuando vio que la camioneta Ford Lobo se aproximaba en sentido contrario, ante lo cual le hizo la señal de detenerse. El conductor ignoró la instrucción del policía y dirigió su marcha hacia él. Ante la visible amenaza a su integridad física y de otras personas el agente accionó su arma de cargo contra el neumático delantero derecho de la camioneta”, describe el boletín.

De acuerdo con el comunicado, tras el disparo la camioneta se impactó contra una combi del servicio público de pasajeros. Los tres ocupantes bajaron del vehículo e intentaron huir. Uno escapó, mientras que Edwin A.H., de 24 años, y Alejandro E.C.F., de 42 años, fueron detenidos y posteriormente puestos a disposición del Ministerio Público. En el examen médico ambos resultaron positivo a intoxicación con estupefacientes.

En el boletín, la SSP enfatiza que las versiones “de un supuesto intercambio de disparos y de personas lesionadas” fueron falsas.

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Yucatán inicia agosto con 456 casos nuevos de COVID-19

Lilia Balam

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Foto: Reuters

245 eran casos rezagados de la Plataforma Federal. Se confirmaron diagnósticos en 43 municipios de la entidad.

Yucatán inició el mes de agosto con 456 casos nuevos de COVID-19 en 43 municipios de la entidad: de nueva cuenta se reportaron casos que se encontraban rezagados en la Plataforma Federal.

De acuerdo con la Secretaría de Salud local (SSY), en las últimas 24 horas se confirmaron 211 diagnósticos. Sin embargo, por una actualización de la Plataforma que lleva el registro nacional, se agregaron 245 casos más.

Es decir, son 456 los nuevos casos positivos: 289 de Mérida; 28 de Valladolid; 16 en Ticul; 14 en Río Lagartos; 11 en Tizimín; diez en Tekax y Temozón; nueve en Umán; siete en Peto; seis en San Felipe; cinco en Progreso; cuatro en Tunkás; tres en Cacalchén, Izamal y Santa Elena; dos en Chumayel, Dzan, Espita, Kanasín, Maxcanú, Seyé, Teabo, Tzucacab y Yaxcabá; uno en Acanceh, Bokobá, Chankom, Chapab, Chemax, Chichimilá, Conkal, Cuzamá, Halachó, Hocabá, Huhí, Kinchil, Motul, Muna, Samahil, Tekit, Tetiz, Timucuy y Tixkokob; y uno foráneo.

Ya son 10 mil 223 las personas que han tenido COVID-19 en la entidad, 115 eran de otro país o estado. Desde abril, han ocurrido mil 193 defunciones a causa de la enfermedad. Los fallecimientos de 32 personas fueron registrados en la jornada de hoy.

Perdieron la vida cuatro mujeres y siete hombres de Mérida, dos mujeres y un varón de Valladolid, una mujer y un hombre de Temozón; tres varones de Umán, dos de Halachó, uno de Motul, uno de Ticul, uno de Tinum, uno de Timucuy, uno de Tekax, uno de Conkal, uno de Sinanché, uno de Maxcanú, una mujer de Dzilam González, una de Tixkokob y una de Campeche. Tenían entre 32 y 94 años, y la mayoría padecían enfermedades como hipertensión arterial sistémica o diabetes mellitus.

604 personas se encuentran hospitalizadas y hay otras internadas en espera de diagnóstico, pero la SSY no confirmó cuántas. 681 tienen síntomas leves. 7 mil 745 ya se recuperaron.

La Secretaría solicitó a la población mantenerse en su casa y seguir al pie de la letra las medidas de salud e higiene establecidas por las autoridades sanitarias.

Actualmente se puede consultar información sobre la COVID-19 en la página http://www.coronavirus.yucatan.gob.mx. También se encuentran a disposición la línea telefónica (800 982 2826), y los chats de Whatsapp en español (999 200 8489) y en maya (9991 40 6622), para obtener diagnóstico automatizado; y la aplicación “Meditoc”, tanto en Apple Store como en Play Store.

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