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“Gran Expo Venta Pueblo Maya”: un lugar para enaltecer y ofrecer la obra de artesanos sin intermediarios

Lilia Balam

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En el parque de Santa Ana de Mérida se encuentran alrededor de 70 productores yucatecos ofreciendo sus productos. En entrevista, declararon que es necesario fomentar y valorar su labor.

“A veces nos hace falta un poco de difusión. Las personas que compran nuestros productos generalmente los recomiendan, pero hace falta que más personas los conozcan y para eso necesitamos apoyo”, expresó en el marco de la Gran Expo Venta Pueblo Maya, Karina Guadalupe Rocha Sosa, originaria de Ticum y artesana de la agrupación “Xtabentún” que produce miel y jabones.

Al igual que ella, la joven Jadai Jurado Cohuó, bordadora de Akil, señaló que para quienes viven de las artesanías es difícil posicionar sus productos, pues hay mucha competencia y es complicado encontrar nuevos mercados para vender a buen precio. “A veces se paga muy poco, por eso necesitamos explorar nuevos espacios donde se pague bien, porque nuestro trabajo es muy laborioso”, sostuvo.

Precisamente con el fin de servir como escaparate para los productores locales y evitar el trato con intermediarios se realiza la Gran Expo Venta Pueblo Maya en el parque de Santa Ana, organizada por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), en Yucatán.

“Queremos que haya trato directo entre el ciudadano y el productor y si hay algún empresario que pueda entablar una relación directa con los artesanos que lo haga, sin intermediarios. También buscamos impulsar proyectos, para que no sólo se inicien y ahí queden”, precisó en entrevista el titular del INPI, Domitilo Carballo Cámara.

Participan alrededor de 70 expositores, 10 de los cuales corresponden a grupos de turismo de naturaleza y los restantes 60 representan a grupos de productores de artesanías, prendas típicas, miel, dulces tradicionales, hamacas, calzado, joyería y medicina tradicional, entre otros. La Expo, que concluirá el 8 de diciembre, también contempla actividades artísticas y culturales. La entrada es libre. Cabe mencionar que con motivo de la Expo se creó la página www.expoventapueblomaya.com, en la cual se detallan las actividades del evento y se ofrece un directorio para que los potenciales consumidores puedan ponerse en contacto con los productores.

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Yucatán: ¿Lucro o reconocimiento de la comunidad LGBTIII+?

Elena Beatriz Bolio López

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La Secretaria de Turismo de Yucatán, Michelle Fridman, se encuentra una vez más en el ojo del huracán. Esta vez, la funcionaria ha anunciado la pretensión de hacer de la entidad un destino turístico para la diversidad sexual.  Las quejas están a todo lo que dan. La preguntas serían: ¿Contra quién son esas quejas. ¿Contra la secretaria Fridman o contra el Congreso local? Sólo para refrescarnos la memoria, recordemos que en 2019 se rechazó dos veces la iniciativa para el matrimonio igualitario en el estado, sí dos veces con el mismo resultado negativo.

Ahora he aquí una Secretaría de Estado queriendo proponer algo a favor de la misma comunidad a la que el Poder Legislativo le negó categóricamente el reconocimiento de sus derechos. Sin embargo, el embate está dirigido principalmente contra  la secretaría e incluso contra el Ejecutivo, eximiendo de esto Legislativo. ¿Cómo pasó esto?

A veces tendemos a decir coloquialmente cosas como: “el gobierno” hizo tal o cual cosa; que “es responsabilidad del gobierno” esto o lo otro. Pero debo decir que si bien se trata de un fraseo cómodo, invita a la confusión. De manera operativa “el gobierno” es una maquinaria compuesta por muchísima gente de dulce, de chile y de manteca y con tiempos propios, de relojes con poca coordinación que hace que se cuezan separadamente lo temas en los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Pero al final de cuentas, hay responsables que tienen nombre y apellido, o que son figuras públicas, que son quienes quedan sujetos de un mayor escrutinio. 

La cosa está así: es evidente que “el gobierno” de Yucatán no es homogéneo. Si la propuesta de la Secretaria de Turismo es pro LGBTIII+ se presenta como una declaración que contradice la tajante postura conservadora del legislativo local. Es decir, el “gobierno” está tomando acciones contradictorias. Que Fridman esté mostrándose a favor de la comunidad de la diversidad sexual no significa que ella o su proyecto sean más afortunados. Una de las críticas que alcanzo a percibir es que se quiere lucrar con la comunidad, eso sin contar el reclamo de la doble moral “del gobierno”. ¿Se está usando a un grupo de personas sólo por su dinero? Tal vez. Mucho me temo que gran parte de las decisiones que se toman en la administración pública están orientadas al beneficio económico (la famosa “derrama”) que puedan traer. No olvidemos que la administración del gobernador Mauricio Vila Dosal se ha quejado de tener pocos recursos y está buscando medios —dicho sea de paso, muy poco populares— para meter dinero a las arcas. En este sentido, parece una acción coherente estar buscando fuentes que generen inversión y riqueza para la entidad. Pero pregunto: ¿Es moralmente correcto poner a la comunidad LGBTIII+ en el medio? Quizás no, aunque no sería un fenómeno nuevo ni exclusivo para este grupo.

El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo operan con tiempos y maneras muy diferentes. La iniciativa que rechazaron en el Congreso fue propuesta por el gobernador anterior, Rolando Zapata Bello, lo cual habla del teléfono descompuesto que se arma en el diálogo entre poderes. La segunda votación fue promovida desde dentro del Congreso sin mayor negociación que se tradujo en un resultado igualmente vergonzoso que el anterior, con el único beneficio de dar visibilidad política a sus promoventes. ¿Qué sentido tiene hacer otra iniciativa por el actual gobernador para que sea votada por los mismos miembros del Congreso? En mi opinión, no tiene —aún— cabida administrativa, pero la tendrá cuando se renueven las diputaciones.

Este proyecto de la Secretaría de Turismo resulta poco sustantiva frente a la posibilidad que representó el poder reconocer con todas sus letras la plenitud de los derechos civiles del sector de la ciudadanía LGBTIII+. Pero un avance es un avance, por mínimo que sea, es un avance. Lo cierto es que, a raíz de la polémica, está es una oportunidad para demandar pasos más responsables de los funcionarios públicos y que se seguirá caminando desde la protesta hasta hacer valer los derechos que les corresponden a las personas LGBTIII+.  Lo que no voy a aceptar es el argumento de que “Yucatán no está preparado” para recibir turismo de la diversidad. Nuevamente, al igual que “el gobierno”, “Yucatán” está muy lejos de ser homogéneo y es más diverso de lo que algunos sectores de la sociedad se imaginan.

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3 DE CADA 10 MERIDANAS HAN SIDO ACOSADAS EN LAS CALLES

Lilia Balam

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De acuerdo con la ENSU del INEGI, de julio a diciembre del 2019, 32.4% de las mujeres mayores de 18 años fueron víctimas de acoso o violencia sexual en lugares públicos. En ese lapso, se abrieron solo 66 carpetas de investigación en la FGE por delitos contra la libertad y la seguridad sexual.

En el último semestre del 2019, más de 128 mil meridanas fueron víctimas de acoso o violencia sexual en las calles: aproximadamente tres de cada diez mujeres. Sin embargo en ese lapso, solamente se abrieron 66 carpetas de investigación por delitos contra la libertad y seguridad sexual en la Fiscalía General del Estado (FGE).

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de julio a diciembre del año pasado 128 mil 919 de las 397 mil 726 mujeres mayores de 18 años que residen en Mérida fueron acosadas o víctimas de algún tipo de violencia sexual en lugares públicos.

Es decir, 32.4% de las mujeres mayores de edad de la capital yucateca escucharon comentarios ofensivos de tipo sexual en las calles, recibieron mensajes con insinuaciones sexuales vía correo electrónico o redes sociales, fueron manoseadas o besadas sin su consentimiento, obligadas a ver las partes íntimas de otra persona o actos sexuales, o bien, les ofrecieron dinero a cambio de algún intercambio sexual, las intentaron obligar para tener relaciones sexuales o las violaron.

Pese a esto, la cifra de crímenes sexuales denunciados es menor. El informe de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indica que en los últimos seis meses del 2019 se abrieron 66 carpetas por ilícitos contra la libertad y seguridad sexual en Mérida: la FGE inició 47 averiguaciones por casos de abuso sexual, 4 por acoso, y 15 por violación simple.

Cabe mencionar que el mismo documento detalla que a lo largo del año se abrieron 167 expedientes por los mencionados delitos: 121 por abuso sexual, 4 por acoso, 1 por hostigamiento, 39 por violación simple y 2 por violación equiparada.

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MARCHA DEL SILENCIO: EXIGEN QUE EL GOBERNADOR SE DISCULPE POR EL ATAQUE CON GAS

Lilia Balam

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Vestidos de blanco, cientos de yucatecos y yucatecas participaron en la Marcha del Silencio por la Dignidad Ciudadana, en la que solicitaron se esclarezcan los hechos ocurridos en la protesta previa al Primer Informe de Gobierno y sanción a los responsables.

Con cubre bocas, ropa blanca y carteles en los que repudiaban la represión, cientos de yucatecos y yucatecas participaron en la Marcha del Silencio por la Dignidad Ciudadana, en la que exigieron al gobernador Mauricio Vila Dosal disculparse públicamente por el ataque con gas perpetrado la semana pasada, durante una manifestación previa al Primer Informe de Gobierno.
Los inconformes se congregaron en la calle 60 con 35 del Centro, donde ocurrió el incidente con gas, y aclararon que no eran “agitadores” ni “provocadores”, sino “personas adultas que buscan justicia”. Hacia las 9:30 horas partieron hacia el Palacio de Gobierno en completo silencio.
En entrevista, el representante de la asociación Docentes Unidos Luchando en Yucatán (DULY), Jesús González Cupul informó que son 13 las exigencias del contingente al Ejecutivo estatal, entre las cuales figuran el esclarecimiento del suceso violento registrado previo al Informe de la administración local, la sanción a los responsables y una disculpa pública de Vila Dosal por el incidente.


“Buscamos justicia y que el gobernador le pida perdón a toda la sociedad, porque nos roció con gas a 3 mil personas, pero afectó y marcó a toda la sociedad yucateca, no solo a los que vinimos a protestar”, apuntó Rosa Sosa Novelo, integrante de Movimiento Hormiga.
En el pliego petitorio también se solicita la disminución de los impuestos fiscales del 2020, la cancelación del reemplacamiento, la transparencia en el uso de los recursos de todas las dependencias y el pago en tiempo y forma a los profesores de la entidad, así como el compromiso por parte del Gobierno local de respetar la seguridad de los ciudadanos y garantizar que no habrá represalias contra quienes hacen valer sus derechos.


Por otro lado, los organizadores de la Marcha indicaron que el pasado viernes la Secretaría General de Gobierno (SGG), les hizo llegar un oficio para invitarlos al diálogo, pero decidieron no participar si en la reunión entre autoridades y sociedad civil la prensa no estaba presente, pues una mesa de trabajo privada “podría prestarse a malentendidos con la ciudadanía”.
“No vamos a tratar nada que no sean los derechos de los ciudadanos, entonces no tenemos por qué sentarnos a solas con ella [la Secretaria General de Gobierno, María Fritz Sierra], tomarnos la foto y que después pareciera que hicimos  algún trato con ella. No nos vamos a prestar a que la ciudadanía comience a desconfiar de nosotros, todo lo estamos manejando con transparencia”, precisó González Cupul.
En la protesta participaron activistas como Mauricio Macossay Vallado y el líder campesino, Severino Salazar Castellanos. También acudió el ex rector de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM), David Alpízar Carrillo, quien aseguró que desde el 2018 no pertenece al Partido Revolucionario Institucional (PRI) porque “lo decepcionó” ya que “lo invitaron a formar parte de un cambio que nunca se dio y al final de cuentas acabó dejando mal al pueblo”.


Insistió en que su presencia en la protesta era por una cuestión de “crítica constructiva”, para señalar “las injusticias que está cometiendo con la gente” la administración estatal y no por partidismo, pues “se deslindó totalmente del PRI, nunca ha pertenecido al PAN, porque es el partido más represor que hay en México y MORENA es un partido que tiene demasiados  problemas para el corto tiempo que tiene de vida”. A su vez indicó que el ataque con gas fue una “farsa” orquestada desde el interior del Gobierno estatal.
Finalmente, Sosa Novelo expresó que las asociaciones que convocaron a la Marcha participarán en una protesta el próximo 31 de enero y también acudirán al presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando éste visite Yucatán a inicios de febrero para arrancar las obras de la nueva Planta Generadora de Electricidad, con el fin de entregarle “evidencia” para que “sepa cómo es el comportamiento real del gobernador”.
Cabe mencionar que la manifestación fue acompañada por cuatro observadores de la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CODHEY), y alrededor de 80 elementos de la Policía Municipal.

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