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Voz de la Península

Hoteleros rechazan nuevo impuesto estatal

Lilia Balam

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El presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, Juan José Fernández Carrillo, solicitó a las autoridades estatales dar marcha atrás al nuevo gravamen, ya que el sector que encabeza ya tiene “demasiadas cargas impositivas”.

Líderes empresariales del sector hotelero rechazaron de manera tajante el nuevo impuesto que propuso el Gobierno del Estado para el Paquete Fiscal 2020, con el cual se cobrarían 35 pesos por noche de hospedaje. El presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHM), Juan José Fernández Carrillo señaló que las compañías de ese ramo ya tienen “demasiadas cargas impositivas” y la medida ahuyentaría al turismo, por lo cual las autoridades locales deben dar marcha atrás al nuevo gravamen.

De acuerdo con Fernández Carrillo, el cobro del impuesto supondría una carga extra para los empresarios hoteleros yucatecos, quienes ya tienen “demasiados problemas” con los costos de energía eléctrica y gastos operativos.

“Si además conservamos las tarifas de siempre, vamos a absorber ese gasto, porque al final eso no lo termina pagando el turista, eso dicen los gobiernos pero no es cierto. Y aún así, ¿vamos a seguir ahuyentando al turismo? Cobrándoles muchas cosas a los de afuera, ¿vamos a poder subsanar esos problemas? Que al final de cuentas no van a acabar aquí, todos los años vamos a vivir esto y no puede ser”, externó.

En caso de que el impuesto sea aprobado, añadió, se verían afectadas las cargas laborales y las plantillas de trabajadores de los hoteles de la entidad, pues las compañías tienen que tributar ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y cubrir prestaciones ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT).

“Tendríamos un número más limitado de trabajadores, y pensar en otras estrategias, porque ya no vamos a poder con esas cargas, es imposible que piensen que un hotel gana mucho dinero. Habría que sentarse para que vean todo lo que tiene que pagar: nunca se deja de invertir, cada determinado tiempo se tienen que cambiar camas, sábanas, no se deja el mantenimiento, todo eso tiene altos costos operativos”, apuntó.

El presidente de la AMHM indicó que salvo en la Riviera Maya y algunos pueblos, en ningún otro lado del país se cobra el mencionado gravamen. Incluso en Oaxaca, donde se planteaba la posibilidad de imponer la tarifa, las autoridades de ese estado dialogaron con el sector empresarial y se echó para atrás la propuesta, por lo que los demás gobiernos “pueden tener la misma sensibilidad” y sentarse a platicar con los hoteleros para llegar a un acuerdo, comentó.

Mencionó que Yucatán no es el único estado que dejó de recibir partidas presupuestales federales, y que eso no implica que “busquen cargarse de lleno” al sector hotelero. “Muchas entidades se han ajustado el pantalón, han dejado de gastar en algunas cosas. Se deberán sentar y hacer un ajuste del presupuesto” sostuvo.

En este sentido, Fernández Carrillo pidió al gobernador Mauricio Vila Dosal sentarse a platicar de manera “razonable” con los dirigentes empresariales para llegar a un acuerdo respecto al nuevo impuesto. La expectativa es que el gravamen no sea establecido y por el contrario, se busque apoyar a las compañías de ese ramo “porque ya las cargas tributarias son demasiadas”. En caso de que esto no sea posible, solicitó a los diputados locales “tener conciencia de llegar a un buen arreglo”.

Finalmente, mencionó que en última instancia los empresarios yucatecos podrían considerar interponer amparos, pero recalcó que eso sería decisión de los integrantes de la Asociación de Hoteleros de Yucatán.

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Yucatán: ¿Lucro o reconocimiento de la comunidad LGBTIII+?

Elena Beatriz Bolio López

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La Secretaria de Turismo de Yucatán, Michelle Fridman, se encuentra una vez más en el ojo del huracán. Esta vez, la funcionaria ha anunciado la pretensión de hacer de la entidad un destino turístico para la diversidad sexual.  Las quejas están a todo lo que dan. La preguntas serían: ¿Contra quién son esas quejas. ¿Contra la secretaria Fridman o contra el Congreso local? Sólo para refrescarnos la memoria, recordemos que en 2019 se rechazó dos veces la iniciativa para el matrimonio igualitario en el estado, sí dos veces con el mismo resultado negativo.

Ahora he aquí una Secretaría de Estado queriendo proponer algo a favor de la misma comunidad a la que el Poder Legislativo le negó categóricamente el reconocimiento de sus derechos. Sin embargo, el embate está dirigido principalmente contra  la secretaría e incluso contra el Ejecutivo, eximiendo de esto Legislativo. ¿Cómo pasó esto?

A veces tendemos a decir coloquialmente cosas como: “el gobierno” hizo tal o cual cosa; que “es responsabilidad del gobierno” esto o lo otro. Pero debo decir que si bien se trata de un fraseo cómodo, invita a la confusión. De manera operativa “el gobierno” es una maquinaria compuesta por muchísima gente de dulce, de chile y de manteca y con tiempos propios, de relojes con poca coordinación que hace que se cuezan separadamente lo temas en los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Pero al final de cuentas, hay responsables que tienen nombre y apellido, o que son figuras públicas, que son quienes quedan sujetos de un mayor escrutinio. 

La cosa está así: es evidente que “el gobierno” de Yucatán no es homogéneo. Si la propuesta de la Secretaria de Turismo es pro LGBTIII+ se presenta como una declaración que contradice la tajante postura conservadora del legislativo local. Es decir, el “gobierno” está tomando acciones contradictorias. Que Fridman esté mostrándose a favor de la comunidad de la diversidad sexual no significa que ella o su proyecto sean más afortunados. Una de las críticas que alcanzo a percibir es que se quiere lucrar con la comunidad, eso sin contar el reclamo de la doble moral “del gobierno”. ¿Se está usando a un grupo de personas sólo por su dinero? Tal vez. Mucho me temo que gran parte de las decisiones que se toman en la administración pública están orientadas al beneficio económico (la famosa “derrama”) que puedan traer. No olvidemos que la administración del gobernador Mauricio Vila Dosal se ha quejado de tener pocos recursos y está buscando medios —dicho sea de paso, muy poco populares— para meter dinero a las arcas. En este sentido, parece una acción coherente estar buscando fuentes que generen inversión y riqueza para la entidad. Pero pregunto: ¿Es moralmente correcto poner a la comunidad LGBTIII+ en el medio? Quizás no, aunque no sería un fenómeno nuevo ni exclusivo para este grupo.

El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo operan con tiempos y maneras muy diferentes. La iniciativa que rechazaron en el Congreso fue propuesta por el gobernador anterior, Rolando Zapata Bello, lo cual habla del teléfono descompuesto que se arma en el diálogo entre poderes. La segunda votación fue promovida desde dentro del Congreso sin mayor negociación que se tradujo en un resultado igualmente vergonzoso que el anterior, con el único beneficio de dar visibilidad política a sus promoventes. ¿Qué sentido tiene hacer otra iniciativa por el actual gobernador para que sea votada por los mismos miembros del Congreso? En mi opinión, no tiene —aún— cabida administrativa, pero la tendrá cuando se renueven las diputaciones.

Este proyecto de la Secretaría de Turismo resulta poco sustantiva frente a la posibilidad que representó el poder reconocer con todas sus letras la plenitud de los derechos civiles del sector de la ciudadanía LGBTIII+. Pero un avance es un avance, por mínimo que sea, es un avance. Lo cierto es que, a raíz de la polémica, está es una oportunidad para demandar pasos más responsables de los funcionarios públicos y que se seguirá caminando desde la protesta hasta hacer valer los derechos que les corresponden a las personas LGBTIII+.  Lo que no voy a aceptar es el argumento de que “Yucatán no está preparado” para recibir turismo de la diversidad. Nuevamente, al igual que “el gobierno”, “Yucatán” está muy lejos de ser homogéneo y es más diverso de lo que algunos sectores de la sociedad se imaginan.

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3 DE CADA 10 MERIDANAS HAN SIDO ACOSADAS EN LAS CALLES

Lilia Balam

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De acuerdo con la ENSU del INEGI, de julio a diciembre del 2019, 32.4% de las mujeres mayores de 18 años fueron víctimas de acoso o violencia sexual en lugares públicos. En ese lapso, se abrieron solo 66 carpetas de investigación en la FGE por delitos contra la libertad y la seguridad sexual.

En el último semestre del 2019, más de 128 mil meridanas fueron víctimas de acoso o violencia sexual en las calles: aproximadamente tres de cada diez mujeres. Sin embargo en ese lapso, solamente se abrieron 66 carpetas de investigación por delitos contra la libertad y seguridad sexual en la Fiscalía General del Estado (FGE).

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de julio a diciembre del año pasado 128 mil 919 de las 397 mil 726 mujeres mayores de 18 años que residen en Mérida fueron acosadas o víctimas de algún tipo de violencia sexual en lugares públicos.

Es decir, 32.4% de las mujeres mayores de edad de la capital yucateca escucharon comentarios ofensivos de tipo sexual en las calles, recibieron mensajes con insinuaciones sexuales vía correo electrónico o redes sociales, fueron manoseadas o besadas sin su consentimiento, obligadas a ver las partes íntimas de otra persona o actos sexuales, o bien, les ofrecieron dinero a cambio de algún intercambio sexual, las intentaron obligar para tener relaciones sexuales o las violaron.

Pese a esto, la cifra de crímenes sexuales denunciados es menor. El informe de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indica que en los últimos seis meses del 2019 se abrieron 66 carpetas por ilícitos contra la libertad y seguridad sexual en Mérida: la FGE inició 47 averiguaciones por casos de abuso sexual, 4 por acoso, y 15 por violación simple.

Cabe mencionar que el mismo documento detalla que a lo largo del año se abrieron 167 expedientes por los mencionados delitos: 121 por abuso sexual, 4 por acoso, 1 por hostigamiento, 39 por violación simple y 2 por violación equiparada.

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MARCHA DEL SILENCIO: EXIGEN QUE EL GOBERNADOR SE DISCULPE POR EL ATAQUE CON GAS

Lilia Balam

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Vestidos de blanco, cientos de yucatecos y yucatecas participaron en la Marcha del Silencio por la Dignidad Ciudadana, en la que solicitaron se esclarezcan los hechos ocurridos en la protesta previa al Primer Informe de Gobierno y sanción a los responsables.

Con cubre bocas, ropa blanca y carteles en los que repudiaban la represión, cientos de yucatecos y yucatecas participaron en la Marcha del Silencio por la Dignidad Ciudadana, en la que exigieron al gobernador Mauricio Vila Dosal disculparse públicamente por el ataque con gas perpetrado la semana pasada, durante una manifestación previa al Primer Informe de Gobierno.
Los inconformes se congregaron en la calle 60 con 35 del Centro, donde ocurrió el incidente con gas, y aclararon que no eran “agitadores” ni “provocadores”, sino “personas adultas que buscan justicia”. Hacia las 9:30 horas partieron hacia el Palacio de Gobierno en completo silencio.
En entrevista, el representante de la asociación Docentes Unidos Luchando en Yucatán (DULY), Jesús González Cupul informó que son 13 las exigencias del contingente al Ejecutivo estatal, entre las cuales figuran el esclarecimiento del suceso violento registrado previo al Informe de la administración local, la sanción a los responsables y una disculpa pública de Vila Dosal por el incidente.


“Buscamos justicia y que el gobernador le pida perdón a toda la sociedad, porque nos roció con gas a 3 mil personas, pero afectó y marcó a toda la sociedad yucateca, no solo a los que vinimos a protestar”, apuntó Rosa Sosa Novelo, integrante de Movimiento Hormiga.
En el pliego petitorio también se solicita la disminución de los impuestos fiscales del 2020, la cancelación del reemplacamiento, la transparencia en el uso de los recursos de todas las dependencias y el pago en tiempo y forma a los profesores de la entidad, así como el compromiso por parte del Gobierno local de respetar la seguridad de los ciudadanos y garantizar que no habrá represalias contra quienes hacen valer sus derechos.


Por otro lado, los organizadores de la Marcha indicaron que el pasado viernes la Secretaría General de Gobierno (SGG), les hizo llegar un oficio para invitarlos al diálogo, pero decidieron no participar si en la reunión entre autoridades y sociedad civil la prensa no estaba presente, pues una mesa de trabajo privada “podría prestarse a malentendidos con la ciudadanía”.
“No vamos a tratar nada que no sean los derechos de los ciudadanos, entonces no tenemos por qué sentarnos a solas con ella [la Secretaria General de Gobierno, María Fritz Sierra], tomarnos la foto y que después pareciera que hicimos  algún trato con ella. No nos vamos a prestar a que la ciudadanía comience a desconfiar de nosotros, todo lo estamos manejando con transparencia”, precisó González Cupul.
En la protesta participaron activistas como Mauricio Macossay Vallado y el líder campesino, Severino Salazar Castellanos. También acudió el ex rector de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM), David Alpízar Carrillo, quien aseguró que desde el 2018 no pertenece al Partido Revolucionario Institucional (PRI) porque “lo decepcionó” ya que “lo invitaron a formar parte de un cambio que nunca se dio y al final de cuentas acabó dejando mal al pueblo”.


Insistió en que su presencia en la protesta era por una cuestión de “crítica constructiva”, para señalar “las injusticias que está cometiendo con la gente” la administración estatal y no por partidismo, pues “se deslindó totalmente del PRI, nunca ha pertenecido al PAN, porque es el partido más represor que hay en México y MORENA es un partido que tiene demasiados  problemas para el corto tiempo que tiene de vida”. A su vez indicó que el ataque con gas fue una “farsa” orquestada desde el interior del Gobierno estatal.
Finalmente, Sosa Novelo expresó que las asociaciones que convocaron a la Marcha participarán en una protesta el próximo 31 de enero y también acudirán al presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando éste visite Yucatán a inicios de febrero para arrancar las obras de la nueva Planta Generadora de Electricidad, con el fin de entregarle “evidencia” para que “sepa cómo es el comportamiento real del gobernador”.
Cabe mencionar que la manifestación fue acompañada por cuatro observadores de la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CODHEY), y alrededor de 80 elementos de la Policía Municipal.

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