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Voz de la Península

Protestas, machismo y represión en Yucatán

Mario Alejandro Valdez

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¿Alguien pretendió ridiculizar al gobernador de Yucatán? ¿O acaso el Jefe del Ejecutivo yucateco sufre de bipolaridad? Lo cierto que el Mauricio Vila que por la mañana, flanqueado de dos de las mujeres más destacadas de su gabinete, anunció acciones contra la violencia de género, horas más tarde mostró el rostro del machismo y la represión, a través de un absurdo e intimidante despliegue policiaco e incluso militar, así como con la detención arbitraria de siete mujeres, acusadas de “portar armas punzocortantes”, que resultaron tijeras barrilito, de las que los niños usan para recortar papel.

Lo más probable es que el gobernante local NO sufra el trastorno aludido, pero vaya que su gobierno es profundamente bipolar. Y justo las funcionarias mencionadas de alguna manera representan dos polos contradictorios: La imteligente abogada Fritz, quien tiene la responsabilidad del manejo de los asuntos políticos del estado, es ampliamente conocida por sus tendencias conservadoras, vinculadas a esa visión ingenua, romántica e inexistente que resalta unos supuestos valores tradicionales, es decir, una defensora a ultranza del orden patriarcal. En Cambio la Mtra. Herrera, es una activista por los derechos de las mujeres, una feminista reconocida nacionalmente y una funcionaria con larga trayectoria justamente en el ámbito de la mujer, especialmente en la prevención y combate de la violencia de género, así como en la atención a las víctimas.

La diversidad ideológica podría ser incluso una ventaja para un gobierno, siempre y cuando ocurra en el marco del respeto a la ley y en congruencia con las políticas fundamentales, sobre todo en temas torales. Pero cuando esa diversidad se manifiesta de un modo tan contradictorio como ocurrió el pasado 25 de noviembre, el discurso se convierte en retórica barata, y la contundente realidad, con sus abusos, mentiras y campañas de criminalización de la protesta social, emergen como la auténtica política del Estado.

Creemos que en realidad el gobernador Mauricio Vila no ha dimensionado la importancia del tema de la violencia hacia la mujer. Para él, un hombre joven y astuto, pero educado estrictamente en el patriarcado más convencional, es un tema menor, a diferencia, por ejemplo, de la construcción de infraestructura, la captación de inversión extranjera, la desarticulación de los derechos laborales que aún quedan –flexibilización le llaman, en el argot del empresario neoliberal-, y el fortalecimiento de las policías. Creemos que Vila considera que ha cumplido nombrando a Herrera Paramo como responsable, a nivel de Secretaría de Estado, del ámbito femenino, y se lava las manos para atender los asuntos que SÍ le parecen urgentes, como los antes mencionados. No atendió, por restarle significación, el punto emblemático del 25 de noviembre, y se olvidó del mismo apenas terminó su rueda de prensa palaciega.

Nuestra hipótesis es que, ante el desinterés del gobernador, mandos medios guiados por el espíritu conservador y reaccionario que domina algunos de los círculos de su equipo, decidieron dar una tremenda lección a esas “violentas revoltosas”, que se disponían a “vandalizar” los “maravillosos” monumentos, que generalmente a nadie importan y en los que nadie se fija. Con un obtuso criterio policiaco, pero SEGURAMENTE con la autorización de Vila –probablemente el gobernador ni se enteró de la gravedad de lo que autorizó hasta que no se convirtió en escándalo nacional- se montó ese realmente violento operativo contra la marcha, un operativo que provocó ahí mismo, en la protesta, ataques de pánico y ansiedad, y luego, en los días posteriores, mantiene en vilo a cientos de las mujeres agredidas por policías municipales, estatales e incluso elementos de la Marina. El colmo fue la detención de siete manifestantes; lo ridículo, el “arsenal” decomisado.

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Todavía tuvo el gobernador la oportunidad de salir al día siguiente y pedir disculpas, y ordenar la sanción de quienes planearon la intimidación y las detenciones. No lo ha hecho, hasta el momento, “aguantando vara” ante las críticas que se han desgranado desde todo el país e incluso del extranjero. Aparentemente se ha cobijado en los sectores conservadores que lo arropan y felicitan ante la demostración. El tema es muy grave, porque tenemos a un gobernador mostrando debilidad ante una derecha intolerante, retrograda y cada vez más beligerante. Quienes estamos por el progreso, desde cualquier perspectiva y trinchera, tenemos que pasar del estado de alerta al de acción afirmativa de manera inmediata.

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Aprueban paquete fiscal 2020, incluido nuevo derecho de seguridad

Lilia Balam

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Se están tomando “decisiones difíciles” pero las distintas autoridades pudieron dialogar con el objetivo de conseguir resultados “sin dañar la obra pública de los municipios”, expresó el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local, Felipe Cervera Hernández

Con 22 votos a favor y tres en contra, el pleno de la LXII Legislatura aprobó el Presupuesto de Egresos, la Ley de Ingresos y las reformas a la Ley de Hacienda local para el ejercicio 2020, así como modificaciones a la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley de Transporte. Entre las medidas a las que se dio luz verde, se encuentra el pago de un nuevo derecho en materia de seguridad y el incremento en el gravamen al hospedaje.

En medio de protestas y tras el retraso de dos horas de la sesión ordinaria, los mencionados dictámenes fueron avalados por la mayoría de los legisladores. Únicamente las diputadas de MORENA, Fátima Perera Salazar y Leticia Euán Mis, así como el priísta Marcos Rodríguez Ruz sufragaron en contra.

Sobre la Ley de Hacienda, la legisladora tricolor María Moisés Escalante propuso adicionar un artículo para exentar el pago del nuevo derecho por infraestructura tecnológica en el rubro de seguridad a quienes en su recibo de energía eléctrica tengan una tarifa igual o menor a 1.18 UMAS (Unidades de Medida y Actualización), al mes.

A su vez, la priísta Janice Escobedo Salazar agregó un párrafo para que quienes posean predios en los distritos de riego destinados a la extracción de agua con fines agrícolas y pecuarios tampoco paguen el mencionado derecho.

De igual forma, la diputada Lila Frías Castillo, también de la bancada del PRI, propuso crear un grupo de trabajo en materia fiscal a  efecto de que en el presente ejercicio presupuestal se diseñe una estrategia para vincular y coordinar el cobro del impuesto predial municipal a derechos estatales, de modo que se logre incrementar la Hacienda Municipal. Las tres propuestas fueron aprobadas.

En este sentido, el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local, Felipe Cervera Hernández, externó que se están tomando “decisiones difíciles”, pero diversos órganos, autoridades y bancadas pudieron dialogar y trabajar en conjunto para conseguir resultados “sin dañar la obra pública de los municipios, la inversión en beneficio de los ciudadanos y sin frenar la inversión en seguridad”.

Eso sí, recalcó que ahora se deberá supervisar el gasto público y vigilar que “la seguridad llegue a todos, que el desarrollo urbano se dé en los 106 municipios, que la salud llegue a ser siete días de la semana y las 24 horas del día, sin partidismos, con responsabilidad, con eficiencia”.

De acuerdo con el panista Víctor Sánchez Roca, durante el análisis del Paquete Fiscal Estatal 2020 en la Comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal, se aprobaron siete modificaciones a diferentes leyes, que generaron una disminución de 53.5 millones de pesos con relación al proyecto del Ejecutivo.

Cabe mencionar que desde el inicio de la sesión, Rodríguez Ruz solicitó suspender la discusión del dictamen de la Ley de Hacienda para regresarlo a la comisión permanente correspondiente. Señaló que estaba en contra del aumento al impuesto sobre hospedaje, el nuevo derecho en materia de seguridad y para los transportistas. Sin embargo, la propuesta fue desechada por mayoría.

Euán Mis también se posicionó en contra, pues consideró que la población más marginada y pobre acabará resintiendo el aumento de los impuestos y la creación de nuevos derechos.

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Calor, infecciones de transmisión sexual y sobrepeso, principales causas de infertilidad en Yucatán

Lilia Balam

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 15% de las parejas de la entidad tienen problemas para lograr un embarazo, indicó el especialista Gustavo Alejandro Escobedo

Las altas temperaturas, infecciones de transmisión sexual y el sobrepeso son las principales causas de infertilidad en Yucatán, donde al menos 15% de las parejas tienen problemas para lograr un embarazo, informó el ginecólogo y presidente de la Asociación Yucateca de Medicina de la Reproducción Humana, Gustavo Alejandro Escobedo Contreras.

En el marco del simposium “Salud Reproductiva”, realizado en el Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE), el especialista comunicó que, a nivel mundial, una de cada seis parejas tiene problemas de fertilidad, el equivalente al 12%. En México la cifra sube al 15% y la entidad yucateca no es la excepción.

Sin embargo, a diferencia del resto del país, los factores asociados a los problemas reproductivos en el estado suelen ser el calor, que puede generar daños en las funciones testiculares; así como el sobrepeso, el sedentarismo y el tipo de dieta.

De igual forma, las infecciones de transmisión sexual (sobre todo la clamidia y la gonorrea, que “están en auge”), frecuentemente ocasionan problemas tanto en las trompas de Falopio como en el epidídimo, lo cual suele dificultar la fecundación. El ovario poliquístico también tiene gran prevalencia en la entidad y es un factor de riesgo de infertilidad, mencionó el médico, quien precisó que otra característica peculiar en el estado es que el problema lo suelen presentar los varones.

Eso sí, Escobedo Contreras precisó que en los problemas de reproducción también influyen situaciones culturales, como el hecho de que actualmente se “retrasa” la maternidad, a diferencia de épocas pasadas en las que las personas se casaban desde los 17 años y tenían hijos a los 20.

“Ahora con el desarrollo personal, el deseo de una mejor estabilidad profesional y personal, las parejas tienden a retrasar el deseo de formar una familia, empiezan a tener hijos a los 30 años o más y eso permite que aparezcan problemas que anteriormente no se presentaban en las parejas, por eso hay un aumento de casos de infertilidad”, detalló.

El médico reiteró que esta situación es un problema de salud que afecta a la sociedad a nivel mundial, pues también se ha registrado la disminución en el número de hijos que tienen las parejas. “Si dejan de haber niños la pirámide poblacional se invertirá, empezarán a envejecer los países y si eso pasa, están condenados a desaparecer”, insistió.

Por ello es necesario que se difunda más información sobre la salud reproductiva, para que tanto mujeres como hombres detecten los factores de riesgo y puedan buscar atención oportuna para evitar que el problema progrese.

“En Yucatán solo somos 13 o 14 médicos especializados en salud reproductiva. Aunque el área ha crecido todavía hay desconocimiento de lo que implica la infertilidad y las alternativas de tratamientos que podemos manejar. Es importante que las parejas identifiquen factores de riesgo para encontrar la atención adecuada antes de que se retrasen mucho, porque en temas de salud reproductiva mientras más tiempo pase el pronóstico es peor”, puntualizó. Precisamente con el objetivo de brindar información especializada sobre la infertilidad y las alternativas a esa problemática, se organizó el mencionado simposium, en el cual se llevaron a cabo ocho conferencias impartidas por diversas especialistas en la materia. De acuerdo con Escobedo Contreras, se prevé realizar otros eventos sobre esa temática en el futuro.

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Consultas del tren maya, llenas de irregularidades

Lilia Balam

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Activistas y académicos insistieron en que las asambleas informativas y consultivas no cumplen con los estándares internacionales. Calificaron las consultas como un “circo mediático” realizado para legitimar el proyecto.

Activistas y académicos señalaron que las consultas realizadas por el proyecto del Tren Maya están “llenas de irregularidades”, pues no cumplen con los estándares de organismos internacionales y persiste la falta de información precisa sobre el impacto ambiental, económico y social que ocasionarán en el territorio peninsular el ferrocarril y los “polos de desarrollo”. Calificaron las asambleas informativas y consultivas como un “circo mediático” realizado por las autoridades federales para legitimar el proyecto.
Entre las anomalías, el investigador y representante de la Misión de Observación de la Consulta al Pueblo Maya, Rodrigo Llanes Salazar mencionó que ya se han realizado entre 87 y 100 contratos relacionados con el Tren Maya (varios como adjudicaciones directas), lo cual representa la vulneración del carácter previo de los procesos de consulta, pues estos deben realizarse antes del otorgamiento de licencias, del diseño y ejecución de los proyectos.
También se ha violado el carácter informado de la consulta, pues no existen análisis de impacto ambiental, social y de derechos humanos del proyecto ni una evaluación preliminar de posibles riesgos o de distribución de beneficios justa y equitativa.
“Los grupos indígenas deben conocer los estudios en las primeras etapas de consulta, tener tiempo suficiente para entender las conclusiones y poder presentar sus observaciones , así como recibir información sobre cualquier preocupación que planteen”, detalló el académico, quien añadió que los datos presentados en las asambleas no fueron plenos, precisos, accesibles, suficientes ni oportunos, además que todos los presentó el Gobierno Federal y no hubo aportes por parte de alguna entidad técnica independiente.
En este sentido, Alberto Rodríguez Pisté, integrante del Consejo Maya del Poniente de Yucatán “Chik’in-já”, externó que los pobladores indígenas no han recibido información clara ni convincente de los perjuicios y consecuencias reales que implicará el proyecto ferroviario en sus vidas, recursos y territorios.
“Las reuniones estuvieron llenas de irregularidades, no se logró proporcionar información real, verdadera, transparente. No nos informaron a todos los mayas que vivimos en la península, observamos acarreo y la mayor parte de los invitados eran funcionarios, no indígenas. Las autoridades no respondieron o dieron evasivas a nuestras preguntas y pudimos observar que hubo mala fe durante el proceso para confundir al pueblo maya”, apuntó.
Llanes Salazar señaló que las autoridades debieron contar con el consentimiento libre, informado y previo de las comunidades indígenas para realizar el proyecto, mientras que la consulta que se está llevando a cabo “es solo un proceso para recibir opiniones de los habitantes”. Tampoco se tomaron en cuenta los métodos tradicionales de los pueblos originarios para la toma de decisiones y el protocolo de consulta fue elaborado de manera unilateral  por el Estado Mexicano, cuando debió haberse definido en colaboración con los pobladores indígenas.
A su vez, las autoridades responsables del proyecto vulneran el carácter de consulta libre y de buena fe al descalificar las opiniones de activistas, defensores de derechos humanos y ambientalistas como “conservadores corruptos o pequeña y latosa oposición”, indicó.
Por su parte, Bernardo Caamal Itzá, miembro de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal coincidió en que si el proceso se hiciera de buena fe se hubieran realizado las asambleas informativas en la lengua maya real y se hubiera proporcionado información “con claridad y no a cuenta gotas”.
“Los titubeos informativos del gobierno nos muestran que no hay datos fidedignos. Estas consultas hechas con maña son para arrebatarnos el territorio y la vida digna, solo es un circo mediático para legitimar los proyectos, toda vez que este fue concebido para beneficiar intereses externos”, precisó.
Tanto activistas como investigadores coincidieron  en que el ferrocarril y sus polos de desarrollo acarrearán profundas afectaciones en las  comunidades mayas y el medio ambiente. Por ejemplo, Alejandra García Quintanilla, investigadora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) e integrante del Colectivo Popol Wuj, comentó que las obras implicarían traer “campos de golf, piscinas, hoteles con gente que vendrá a vivir como ricos y destruirán la selva, contaminarán el agua y acabarán con la capacidad de carga de la península”.
La región cuenta con la reserva hidrológica de aguas subterráneas más  importante a nivel nacional e internacional, pues alberga cuatro acuíferos con más del 32% de la recarga media nacional, y el crecimiento urbano desmedido y la deforestación podrían amenazar el recurso hídrico, recordó la especialista.
Además, el 80% de la biodiversidad está siendo resguardada por los pueblos originarios y en la zona peninsular esto no es la excepción, ya que en las comunidades mayas se han conservado relictos de  la selva primaria de la región. “Hay quien dice que es mucho árbol para los indios, pero hemos sido muy responsables los demás en no cuidar planeta, el agua y los árboles, los pueblos originarios sí los han cuidado”, recalcó.
Finalmente, el investigador de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), Aurelio Sánchez Suárez reiteró que el proyecto perpetúa una “tesis de conquista” a los pueblos originarios, solo que ahora es a través de la imposición de megaproyectos de “desarrollo” en sus territorios. Agregó que esto pondría en riesgo el patrimonio cultural de la población.
Cabe recordar que el próximo sábado 14 de diciembre se llevará a cabo la fase consultiva de las asambleas organizadas por las autoridades federales en Tixpéual, Chichimilá, Tunkás, Maxcanú y Dzitás. 

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