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¿Qué implica para Yucatán que castigar el aborto sea inconstitucional?

Lilia Balam

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Los jueces federales y locales no podrán sancionar a mujeres y personas gestantes por abortar de manera voluntaria. Además, el Congreso del Estado tiene la obligación de armonizar las leyes de la entidad para que no tengan criterios inconstitucionales, es decir, deberá despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo.

Mérida, Yucatán, 9 de septiembre del 2021.- Ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), resolvió que criminalizar a mujeres y personas gestantes por abortar de manera voluntaria es inconstitucional. ¿Qué significa eso para Yucatán, cuyo Código Penal establece penas de tres meses a un año de prisión para las mujeres que voluntariamente interrumpen su embarazo?

LO QUE RESOLVIÓ LA CORTE

Durante el lunes y el martes, el Pleno de la Corte discutió la acción de inconstitucionalidad 148/2017, promovida por la extinta Procuraduría General de la República (PGR), para demandar la invalidez de diversos artículos del Código Penal de Coahuila referentes al aborto.

En las sesiones, las y los jueces explicaron por qué criminalizar a las mujeres por decidir sobre sus cuerpos y sus maternidades viola sus derechos. Por ejemplo, la ministra Norma Lucía Piña Hernández indicó que las normas para castigar la interrupción voluntaria del embarazo realmente están sancionando la conducta sexual de las mujeres.

“[Para el aborto en casos de violación], aún se trate de un embrión, feto, o a punto, o bien limitan a las 12 semanas de gestación o no limitan. Porque [la mujer] tiene carácter de víctima y no otorgó consentimiento. Pero cuando otorga consentimiento no se le permite abortar en ningún tiempo. Entonces está referida a la conducta sexual de la mujer, lo cual en mi juicio, lo hace inconstitucional”, externó.

El juez Javier Laynez Potisek indicó que la penalización del aborto es discriminatoria, en tanto se basa en las prácticas y costumbres ancladas a ideas que asignan un rol social a la mujer.

El ministro presidente, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea compartió esa idea, al señalar que condenar a las mujeres a la cárcel, a la clandestinidad, a poner en riesgo su salud y su vida “no solo es injusto, sino abiertamente inconstitucional”.

Por su parte el juez Luis María Aguilar Morales precisó que no se habla de un “derecho al aborto” sino del derecho de las personas con capacidad para gestar a decidir sobre sus cuerpos y sus vidas.

Finalmente, por unanimidad, la Corte declaró la invalidez del Artículo 196 del Código Penal de Coahuila, el cual establecía una pena de prisión a quienes interrumpieran su embarazo o a quienes la hicieren abortar con su consentimiento.

Extendió la decisión al Artículo 198, que impedía que las personas con capacidad de gestar fueran asistidas por personal sanitario en un aborto voluntario. Lo mismo ocurrió con el Artículo 199, que contradecía la Norma Oficial Mexicana (NOM) 046, al prohibir los abortos en caso de violación después de las 12 semanas de gestación.

Fue así como se declaró que es inconstitucional penalizar la interrupción voluntaria del embarazo.

“Hoy es un día histórico para los derechos de todas las mujeres mexicanas y las personas gestantes. Es un parte aguas en la historia de los derechos de todas las mujeres, sobre todo de las más vulnerables […]. A partir de ahora se inicia una nueva ruta de libertad, de claridad, dignidad y respeto a todas las personas gestantes. El día de hoy, es un paso más en la lucha histórica por su igualdad, por su dignidad y pleno ejercicio de sus derechos”, sentenció el ministro presidente.

¿Y ESO QUÉ SIGNIFICA PARA YUCATÁN?

Al haber sido aprobada por unanimidad, la resolución de la Corte estableció un criterio obligatorio para todos los jueces y juezas del país, tanto federales como locales: desde ahora, no podrán procesar a ninguna mujer o persona con capacidad de gestar (como los hombres trans), por abortar de manera voluntaria.

Es decir, si se le inicia un proceso a una mujer por interrumpir voluntariamente su embarazo, las o los magistrados no podrán considerarla culpable ni sancionarla. Tampoco se podrá castigar a quienes practiquen el procedimiento médico o les apoyen durante el proceso, explicó Amelia Ojeda Sosa, abogada de la Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el crecimiento personal (UNASSE).

Por otro lado, ahora el Congreso del Estado está obligado a reformar el Código Penal local, pues de acuerdo con la propia Carta Magna, los marcos normativos deben estar ajustados a derechos humanos y acorde a la Constitución Federal, es decir, no pueden contener artículos considerados inconstitucionales.

Como se sabe, el Código Penal de Yucatán sí tiene artículos inconstitucionales, pues establece penas de tres meses a un año de prisión (“intercambiables” por un tratamiento médico), para las mujeres que interrumpen sus embarazos de manera voluntaria.

Solamente se exenta el castigo si el embarazo fue producto de una violación o una inseminación artificial no consentida, cuando ocurre por el acto culposo de la mujer, cuando la vida de ésta corre peligro, cuando el producto padece alteraciones genéticas o congénitas o cuando la mujer está en una situación económica precaria “y justificada”, siempre y cuando ya tenga otros tres hijos.

La ley local también contempla sanciones de uno a cinco años de prisión a quien le practique el aborto a una mujer con su consentimiento. Hay agravantes en caso de que dicha persona sea médica, cirujana, comadrona o partera.

De acuerdo con Ojeda Sosa, el precedente de la Corte resulta muy importante por dos razones: puede ser valioso para argumentar y fundamentar una iniciativa para despenalizar el aborto en Yucatán, pero también sería útil si las o los diputados decidieran no aprobarla, pues se podrían iniciar procesos contra el Congreso para exigir la despenalización.

Como se ha comunicado en Informe Fracto, la diputada de MORENA, Alejandra Novelo Segura, ya prometió presentar una iniciativa al respecto en el marco del #28S, por lo cual la abogada de UNASSE precisó que lo adecuado es trabajar en esa dirección “y buscar todas las guías posibles para que se pueda modificar el marco normativo local y eliminar la criminalización de las mujeres en casos de aborto”.  

“Esperamos que el Congreso nuevo cumpla con las obligaciones normativas que tiene y esté a la altura del avance en el reconocimiento y garantía de derechos. Hemos visto que en legislaturas anteriores ha sido lamentable la actuación, pero ahora que hay muchos avances en estos temas: en el país han estado dándose situaciones de reconocimiento de garantías y la Corte por primera vez emitió este precedente. Esto tiene que hacerse extensivo, no se puede ignorar y vamos a estar pendientes de que la actuación del Congreso esté apegada a esta garantía de derechos humanos. Haremos distintas acciones para ello”, sostuvo Ojeda Sosa.

Cabe mencionar que el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), reportó que de enero de 2007 a diciembre de 2016 se iniciaron 34 procesos penales por el delito de aborto en Yucatán.

De acuerdo con lo documentado en el reportaje “Maternidad forzada: el mito del aborto legal en Yucatán”, elaborado por Katia Rejón y Lilia Balam, las denuncias por el delito de aborto incrementaron en los últimos años en el estado.

En el 2011 se presentaron cuatro denuncias, en el 2015 fueron ocho, en el 2017 quince y hasta el primer semestre del 2018 ya se habían documentado dieciséis, según datos proporcionados por la Fiscalía General del Estado (FGE). En total, fueron 65 denuncias. Se iniciaron 13 juicios penales por el delito de aborto entre el 2007 y 2016 de acuerdo con el Poder Judicial del Estado de Yucatán.

Según información proporcionada por el Poder Judicial a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), al menos cinco personas fueron condenadas por ese delito del 2009 al 2019. Es necesario aclarar que todas estas cifras incluyen casos de feminicidios de mujeres embarazadas y abortos forzados, es decir, practicados sin el consentimiento de la mujer.

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Tras denuncia pública, investigarán protocolos de atención en la clínica del IMSS de Progreso

Lilia Balam

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Ante la denuncia pública de la estudiante Ana Laura Contreras Abad de no haber recibido la atención adecuada en la clínica del  IMSS de Progreso, la institución anunció que iniciará la investigación correspondiente.

Mérida, Yucatán, 15 de septiembre de 2021.- Luego de que la estudiante universitaria Ana Laura Contreras Abad denunciara públicamente que no recibió la atención adecuada en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) Número 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicada en Progreso, la institución anunció que iniciará la investigación correspondiente para determinar si hubo omisiones en el protocolo del manejo médico de la paciente.

Como se comunicó en Informe Fracto, el pasado 12 de agosto, la joven se lesionó con un pedazo de madera que se le quedó incrustado en el pie. De acuerdo con lo que declaró en entrevista para este medio, no pudo subir con silla de ruedas al consultorio de la UMF porque la rampa de acceso estaba bloqueada. Además, ningún miembro del personal la ayudó a subir las escaleras, a pesar de que no podía caminar bien y de que su madre, quien la acompañaba, tiene problemas en la espalda.

Más aún, se le quedó un trozo de la astilla en el pie, pero no le hicieron estudios para confirmar en qué condición estaba y sólo le comentaron que “si sentía algo raro” debía acudir a los servicios de salud. La clínica no contaba con vacunas antitetánicas, por lo que Ana tuvo que acudir a la UMF número 59 de Mérida, donde tampoco tenían el biológico, pero gestionaron que se le aplicara una de las dosis destinadas a mujeres embarazadas.

En esa unidad médica le confirmaron que aún tenía un fragmento de madera en el pie, y le programaron una cirugía para un mes después, pero Ana decidió realizarse el procedimiento en una clínica particular, por temor a una infección.

Al respecto, el IMSS emitió una tarjeta informativa en la que confirmó que en Atención Médica Continua de la UMF Número 2 se le brindaron servicios a Ana Laura. Sobre la vacuna antitetánica, aseguró que “se le dio seguimiento” en la UMF Número 59, que es la unidad de adscripción de la joven.

El IMSS se comprometió a realizar la investigación correspondiente a fin de determinar si hubo omisiones en el protocolo del manejo médico de la paciente. En el documento aseguró que velará por brindar atención “con calidad y oportunidad” a las y los usuarios.

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Retrasos en proyecto de transporte público en el periférico: iniciará operaciones hasta noviembre

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El proyecto fue anunciado por el Gobierno del Estado el pasado mes de marzo, antes de las campañas electorales, y se aseguró que estaría listo en el verano.

Mérida, Yucatán, 14 septiembre de 2001.- Pese a que antes de las campañas electorales de este año el Gobierno del Estado anunció que en verano iniciaría operaciones una nueva ruta de transporte público que recorrería el Anillo Periférico de Mérida, ya no cumplirá ese compromiso en el plazo previsto. Esta mañana la autoridad local anunció que el proyecto arrancará hasta el próximo mes de noviembre.

A través de un comunicado, el Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial (IMDUT) explicó que el impacto económico de la pandemia del coronavirus derivó en afectaciones en las cadenas de suministro de la industria de la construcción y, con ello, se demoraron algunas obras de infraestructura, y trámites administrativos ante instancias del Gobierno Federal.

También argumentó que las condiciones meteorológicas que han generado fuertes lluvias desde mediados del mes de mayo, también contribuyeron al retraso de las obras.

“Se ha pospuesto para el próximo mes de noviembre la entrada en operaciones de la nueva ruta de transporte “Va y Ven”, que unirá a más de 129 colonias que colindan con el Anillo Periférico de la capital yucateca”, informó.

La dependencia estatal aseguró que, con todo, la construcción de la infraestructura que se requiere para el proyecto avanza a buen paso, y los trámites que se tienen que hacer ante algunos organismos federales, como el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), para la administración de los recursos ya están en orden.  

El IMDUT remarcó la importancia de que toda la infraestructura que se requiere para la operación de esta nueva ruta esté totalmente lista, porque eso representa la seguridad de los peatones y de quienes harán uso de este servicio.

En su comunicado, el Instituto especificó que también se registraron retrasos en los procesos normativos con Banobras, entre otras instancias del Gobierno Federal, para poder contar con los recursos y permisos, los cuales también ya fueron solventados.

De igual forma, se realizaron diversos trámites para dar cumplimiento a varias normativas, especificaciones técnicas y permisos solicitados por empresas paraestatales como Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), los cuales ya fueron complementados, añadió el IMDUT.

Todo esto ha permitido que la construcción de la infraestructura, como puentes peatonales, bahías, intersecciones, nuevas laterales, paseos peatonales, isletas de ascenso y descenso, así como la instalación de 68 paraderos en el Periférico, entre otros, ya tenga avances visibles.

Adicionalmente, se repavimentaron más de 10 kilómetros de las zonas más críticas del Anillo Periférico, lo cual, además de beneficiar a los automovilistas que transitan por esa vía cotidianamente, también permitirá a la nueva ruta denominada “Va y Ven” transitar de manera más segura.

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Cosas del idioma maya

José M. Tec Tun

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Foto de Juan Fermín Santos Cortés

Existe en los pueblos de Yucatán, un conocimiento ancestral heredado de los mayas. Me refiero a la elaboración de la cal de manera artesanal, elemento indispensable para la edificación de las construcciones que hoy admiramos en los sitios arqueológicos de: Uxmal, Chichen Itzá, Kabah, Sayil, Labnah, Ekbalam y otros. Esta pequeña nota informativa, corresponde a un ensayo realizado en 1983, cuando estudiábamos la Licenciatura en Antropología Social. En aquellos tiempos se realizaban trabajos de campo aprovechando el periodo vacacional de Semana Santa y mi equipo optó por realizar la investigación correspondiente en Espita. El equipo universitario lo conformábamos tres estudiantes, jóvenes que soñábamos con ser investigadores: Juan José Castillo Domínguez, del municipio de Abalá, Juan Fermín Santos Cortés, de Izamal y su servidor José Manuel Tec Tun. El trabajo consistió en hacer un registro de las actividades productivas de los habitantes de Espita y nos involucramos con la gente del campo, quienes amablemente nos brindaron la información requerida. Visitamos una milpa y el rancho San José Cab, a unos cuatro kilómetros de la cabecera municipal. Allá nos preguntaron si sabíamos cómo se elabora la cal y, como mostramos nuestra cara sorprendida, entendieron que simplemente no sabíamos de qué nos estaban hablando. Entonces nos invitaron a ver cómo se prepara un horno para la elaboración la cal, es decir cómo se prepara una calera. Así pudimos documentar la elaboración de tan apreciado producto. 

Después de haber tumbado los árboles para hacer una milpa, se separan las maderas gruesas y duras para elaborar la cal, luego se limpia un terreno como de dos metros cuadrados, se van escorando los troncos de manera circular, dejando un orificio en el centro de la pirámide donde será introducido el fuego, una vez levantada la pirámide de troncos, con una altura aproximada de 2 metros, se procede a escorar sobre los troncos las piedras finamente partidas, lo cual alcanza una altura aproximada de un metro. Una vez finalizada la pirámide se espera que haya un buen día, de mucho sol y viento que presagia lluvia. Entonces se le prende fuego y se espera que se consuma en su totalidad, si al caso quedaran residuos de la madera se retiran y se espera que caiga la lluvia para que “la piedra calcinada florezca y brote la cal viva”, en esos términos se expresan los que lo elaboran. También comentaban que la gente mayor conserva la creencia de que las paredes y los techos de las iglesias sólo pueden ser reparadas utilizando la cal viva porque con ese material fueron construidas.

Acompañan este texto, dos fotografías tomadas por el compañero Juan Fermín Santos Cortés. En aquellos días se usaban cámaras mecánicas, a las que se les adaptaba un flash de cubito que alcanzaba para imprimir cuatro imágenes únicamente, y se utilizaban rollos de película fotográfica para 12 o 24 imágenes. Por lo anterior, puedo asegurar que las fotos que aún conservo son verdaderas joyas históricas. 

En esta ocasión, nuestro vocabulario maya estará relacionado con el proceso de elaboración de la cal artesanal.

Foto de Juan Fermín Santos Cortés

PALABRA MAYA SIGNIFICADO
Ta’an Cal
Tóok ta’an Quemar la Cal
Kuxul ta’an, Kuxa’an ta’an Cal viva
T’ab k’áak’ Prender el fuego
Tu’upul k’áak’ Consumir el fuego
Iik’ El viento
K’a’amkach iik’ Viento fuerte
U yiik’al cháak El viento que presagia lluvia
Sujuy ta’an Cal virgen
Ch’ak che’ Cortar la madera
Yéey che’ Seleccionar la madera
Púut che’ Acarrear la madera
Tsol che’ Escorar la madera
Yéey tuunich Seleccionar la piedra
Púut tuunich Acarrear la piedra
Pa’ tuunich Romper la piedra
Ts’ej tuunich Sacar lascas de la piedra
Tsol tuunich Escorar la piedra
Tóop’ol ta’an Brotar la cal
Náaxche’, náajche’ Tizón
Táajche’ Antorcha

Han pasado 38 años de haber hecho este registro, espero que los espiteños conserven ese conocimiento ancestral y lo sigan transmitiendo a las nuevas generaciones. JMT. Mérida, Yucatán, 14 de septiembre de 2021.

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