En esta hora de
incertidumbre y hundimiento de viejos paradigmas políticos, uno de los
problemas medulares de El Salvador es el endeudamiento al que hemos llegado.
La deuda pública
llega a un 92% del Producto Interno Bruto (PIB): de cada cien dólares
producidos, 92 ya están comprometidos con los acreedores. Y con una tendencia
ascendente, pues los expertos pronostican para finales de este año una deuda
pública que llegará al 100% del PIB.
Esto sería causa
de grave preocupación en otro país en tal estado, por ejemplo España. Ya no se
diga en un país como el nuestro. Pero España y otros países europeos o
latinoamericanos en esta situación, tienen recursos naturales. Tienen fábricas,
minas, producción manufacturera a tope, industria pesquera. Eso les permite
sortear, al menos momentáneamente, la amenaza del colapso económico.
El Salvador
tiene una producción incipiente. La industria, la pequeña y mediana empresa,
están golpeadas por el colapso financiero de la pandemia, aún presente pues no
se ha logrado erradicar ni hay certeza de acceso a la vacuna contra el
Covid-19.
Las
agroexportaciones han caído en picada, en especial el café, del cual, en la
década de los cincuenta del siglo pasado El Salvador fue uno de los primeros
productores mundiales. La caña de azúcar sufre la depreciación de los
estándares internacionales. La producción agrícola interna no cubre las
necesidades de la población.
Muchos productos
agrícolas de la canasta básica como frijol, aguacate, arroz, papa, cebolla,
etc, así como lácteos, se tienen que importar de Guatemala, México, Nicaragua y
otros países.
La única ayuda
que llega y que evita que entremos en default son las remesas a El Salvador de
los salvadoreños en el exterior, fundamentalmente de Estados Unidos (EE.UU.),
así como de Canadá, Australia, Europa y otros países. Las remesas sumaron en
2020 más de 5,918 millones de dólares, según datos del Banco Central de
Reserva. Sostienen a unos 360,000 hogares salvadoreños (más de 1.5 millones de
personas) y constituyen un pilar fundamental para mantener el dinero circulando
y equilibrar el consumo interno. Un 90% de dichas remesas provienen de los
cerca de tres millones de salvadoreños residentes legal o ilegalmente en EE.UU.
Constituyen el 17% del PIB.
Sobre una buena
parte de los salvadoreños en Estados Unidos pendía la amenaza de deportación
debido a la promulgación de leyes xenófobas por el expresidente Donald Trump.
La llegada del Presidente Joe Biden es esperanzadora. Ha prometido prolongar el
TPS, dar la nacionalidad a los jóvenes soñadores (Dreamers) y legalizar a los
indocumentados, entre los cuales hay millones de compatriotas.
Para solventar
gran parte de esta crisis mediante la potenciación de las remesas, sería
imprescindible renegociar con Washington la situación legal de los salvadoreños
en su territorio. Esto es, la extensión del TPS y la residencia permanente para
todos los indocumentados que demuestren pago de impuesto en sus últimos años y
que carezcan de antecedentes penales.
Una propuesta
más atrevida de la diplomacia salvadoreña y que tiene que ver con la seguridad
nacional de Estados Unidos sería la libre circulación de ciudadanos de ambos
países. Esto podría ser decisivo para legalizar el problema migratorio. De
paso, podría seguir fortaleciendo la economía salvadoreña con sus remesas, que
constituyen la única baza confiable y segura de nuestras finanzas.
