En mayo de 1999 la revista Harpers Magazine publicó un documento secreto del ejército guatemalteco, denominado Diario Militar, con los nombres de 183 personas desaparecidas –de ellas 24 mujeres- entre agosto de 1983 y marzo de 1985, que muestra la brutal represión realizada en este país centroamericano. El Dossier de la Muerte, como también se le conoce, ha conmovido al mundo entero, obligando a la apertura de un proceso judicial contra once ex altos oficiales –entre ellos dos generales-, implicados en esos salvajes crímenes y con el clima de terror implantado en la Tierra del Quetzal.

Ese periodo sanguinario se inició tras la invasión armada organizada por Estados Unidos en 1954 contra la Revolución Guatemalteca, y llegó a sus mayores extremos durante los tenebrosos mandatos de los generales Efraín Ríos Montt (1982-1983) y Oscar Humberto Mejía Víctores (1983-1986). Los esporádicos intentos por establecer determinadas formalidades legales o de tolerar cierta apertura política derivaron en un aumento del poderío militar, la violencia, el terrorismo y los asesinatos en masa por las fuerzas gubernamentales. La naturaleza genocida del Estado guatemalteco se expresó en los masivos crímenes de Panzós (1978) y la Embajada de España (1980) y las masacres de los pueblos originarios por las despiadadas dictaduras de Ríos Montt y Mejía Víctores.

En rigor, la llamada “primera ola de terror” contra la población guatemalteca se desencadenó tras el ascenso al poder del coronel Carlos Manuel Arana Osorio en 1970, quien dio rienda suelta a un gran operativo contrainsurgente de los cuerpos armados y las impunes bandas paramilitares. Desde entonces el ejército guatemalteco pudo expandir su esfera de actividad al área económica, convirtiendo a muchos altos oficiales en un nuevo sector de las clases dominantes en virtud de fabulosos negociados y la especulación con los fondos públicos.

La atroz represión se multiplicó después del golpe militar del 23 de marzo de 1983 que llevó a Ríos Montt al Palacio Nacional, con el apoyo del gobierno de Estados Unidos, acción dirigida a sustituir a la anterior camarilla ligada al gobierno del general Fernando Romeo Lucas García que pretendía prolongarse en el poder. Ríos Montt acentuó el autoritarismo militar con la disolución del parlamento y el receso obligatorio de los partidos, en medio de una profunda crisis económica y política agudizada por los avances de la lucha armada de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG).

A continuación, lanzó una aparatosa movilización militar contra los frentes guerrilleros, respaldada con las “patrullas civiles” formadas por campesinos reclutados a la fuerza. Además, estableció una férrea censura de prensa, el estado de sitio y organizó tribunales especiales facultados para dictar penas de fusilamiento, sentencias que llegaron a aplicarse en los muros del cementerio capitalino para atemorizar a la población. En ese contexto, ocurrieron varias masacres contra las indefensas poblaciones indígenas del altiplano, forzando a muchas de ellas a buscar refugio en México.

Al finalizar 1982, la situación del gobierno genocida de Ríos Montt era muy frágil, a pesar del apoyo público del presidente norteamericano Ronald Reagan en su visita a la América Central, en diciembre de ese año. Pero ni su discurso demagógico, ni tampoco el proselitismo fundamentalista, pudieron evitar que el ejército lo sustituyera el 8 de agosto de 1983 por otro general de su misma calaña: Mejía Víctores. El relevó dejó al descubierto las permanentes divergencias existentes en la cúpula militar, cada vez más arrinconada por las continuas matanzas y asesinatos.

Fue precisamente en esa coyuntura que tuvieron lugar los crímenes que hoy son juzgados en Guatemala como delitos de lesa humanidad, por graves violaciones de los derechos humanos, al encerrar a casi dos centenares de personas en centros clandestinos, donde fueron torturados y asesinados. En un comunicado dado a conocer por familiares de las víctimas en su demanda de justicia y esclarecimiento de los hechos, llaman a “estar atentos a lo que sucede en nuestro país, pues nos encontramos al borde de regresar abiertamente a los años de la década de 1980“‘.

El éxito de la operación PBSUCCESS, orquestada en 1954 por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos contra la Revolución Guatemalteca (1944-1954), permitió entronizar la dictadura del coronel Carlos Castillo Armas, quien había dirigido el ejército “liberacionista”. A este personaje correspondió desmontar las avanzadas transformaciones democráticas y socio-económicas, entre ellas la reforma agraria.

El reacomodo de las clases dominantes generó nuevas luchas por el poder, que llevaron en 1957 al asesinato de Castillo Armas por un miembro de su propia escolta, episodio que involucró al dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo, según asevera Tony Raful en La rapsodia del crimen. Trujillo vs Castillo Armas (2017). Su inesperada muerte despejó el camino a la presidencia del viejo general oligárquico Miguel Ydígoras Fuentes, tras un amañado proceso electoral.

El nuevo mandatario no tuvo un lecho de rosas, pues le tocó el convulso escenario signado por el triunfo de la Revolución Cubana, que estimuló la rebeldía popular. A ello también contribuyó la manifiesta hostilidad de Ydígoras hacia Cuba: fue uno de los primeros gobernantes latinoamericanos que, siguiendo instrucciones de Washington, rompió relaciones diplomáticas con la isla (1960) y prestó su territorio para la preparación de una invasión contrarrevolucionaria que pretendía replicar la de Castillo Armas seis años atrás.

En medio de un profundo deterioro económico, Guatemala fue sacudida por una serie de atentados y protestas callejeras. En ese ambiente, el 16 de julio de 1960, oficiales de baja graduación, trataron de ocupar la base militar de Cobán (Alta Verapaz). A este frustrado intento siguió, el 13 de noviembre, un gran levantamiento militar liderado por el coronel Rodolfo Sessan Pereira, que involucró a un centenar de oficiales y más de tres mil soldados, descontentos con el alto mando y la presencia de contrarrevolucionarios cubanos armados en el país.

Los sublevados ocuparon el cuartel general de la capital y la base militar de Zacapa, pero la revuelta fue sofocada en dos días, gracias a Estados Unidos, que puso a disposición del gobierno la fuerza mercenaria cubana que se entrenaba en Retalhuleu, y a la terca negativa de los oficiales rebeldes de entregar armas al pueblo. Una veintena de ellos, encabezados por Luis Augusto Turcios Lima, Marco Antonio Yon Sosa, Luis Trejo Esquivel y Alejandro de León, rechazó la oferta de amnistía y decidió continuar la lucha. En el exilio o la clandestinidad, estos jóvenes militares terminaron vertebrando su propia organización, el Movimiento Revolucionario 13 de Noviembre (MR-13), que llegaría a colaborar con el Partido Guatemalteco del Trabajo (Comunista).

Estos hechos fueron el preámbulo de una nueva oleada de protestas públicas y manifestaciones populares antigubernamentales que pusieron al régimen de Ydígoras al borde del colapso. En esa caldeada atmósfera, a principios de 1962, comenzaron a operar en El Progreso, Zacapa e Izabal las primeras guerrillas del MR-13, aunque no lograron todavía consolidarse y debieron volver a las acciones urbanas.

Casi al mismo tiempo, los comunistas guatemaltecos abrieron su propio destacamento guerrillero en Concuá, a las órdenes del coronel Carlos Paz Tejada, antiguo jefe de las fuerzas armadas en el gobierno de Juan José Arévalo (1945-1950). A pesar de contar con este jefe experimentado, los guerrilleros del PGT fueron sorprendidos por el ejército a sólo tres días de iniciada la campaña en Baja Verapaz, que dejó un saldo de 14 combatientes muertos, entre ellos Julio Roberto Cáceres, el Patojo, amigo cercano del Che Guevara desde su estancia en Guatemala. Entre los sobrevivientes figuraban el propio Paz Tejada y Rodrigo Asturias, hijo del afamado novelista Miguel Ángel Asturias y futuro máximo comandante de la Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas (ORPA). Era el bautismo de fuego del movimiento guerrillero en la tierra del quetzal.

El 17 de junio de 1954, haciendo caso omiso a las denuncias del gobierno de Jacobo Arbenz en los foros internacionales, se inició la agresión de Estados Unidos a Guatemala que puso fin al proceso democrático iniciado hacia una década. Un llamado Ejército de Liberación, concentrado en Nicaragua y Honduras, invadió Guatemala bajo la dirección del ex coronel Carlos Castillo Armas, mientras barcos norteamericanos bloqueaban sus costas.

En su ofensiva, los invasores ocuparon las poblaciones de Bananera y Morales, aprovechando las instrucciones del presidente Arbenz a sus fuerzas de evitar choques en los límites con Honduras, para no dar pretexto a una guerra con el vecino país. Mientras esto ocurría en los territorios fronterizos ocupados por los “liberacionistas”, sus aviones, suministrados por Estados Unidos, bombardeaban la capital y otras ciudades guatemaltecas. Ese era el diseño de la operación secreta de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) contra el gobierno democrático de Guatemala, denominada PBSUCCESS, cuyo eje era la invasión del contingente militar contrarrevolucionario encabezado por Castillo Armas, entrenado y armado por el gobierno estadounidense.

Cuando la agresión parecía flaquear, y la Confederación de Trabajadores de Guatemala (CTG) llamaba al pueblo a formar comités de defensa, se produjo la traición de los desmoralizados mandos militares. Ya unas semanas antes de la intervención, la jefatura del ejército había cuestionado a Arbenz por los alcances de su programa y sus vínculos con el comunista Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT), aprovechando la llegada a un puerto guatemalteco del barco sueco Alfhem, con armas compradas a Checoslovaquia.

Puesto entre la espada y la pared, el presidente Arbenz se opuso a las exigencias de los altos mandos de las fuerzas armadas y prefirió renunciar el 27 de junio, considerando erróneamente que su permanencia al frente del gobierno era el obstáculo para liquidar a los invasores y preservar los logros de la revolución, ingenuidad tan parecida a la cometida recientemente en Bolivia. Pero la junta militar que sucedió a Arbenz pronto fue sustituida por otra más a la derecha, que ilegalizó al PGT y comenzó a negociar con los invasores (30 de junio), mientras el mandatario depuesto se asilaba en la embajada de México. Como colofón, las huestes a sueldo de Castillo Armas entraban victoriosas en ciudad Guatemala el 3 de julio.

Era el principio del fin de un proceso de cambios sin precedentes iniciado el 24 de junio de 1944 cuando el pueblo guatemalteco, volcado a las calles, provocó la caída de la dictadura de Jorge Ubico; seguida después, el 20 de octubre, por el derrocamiento de su efímero sucesor, el general ubiquista Federico Ponce, por un movimiento cívico-militar encabezado por Jorge Toriello y el capitán Jacobo Arbenz. Tras la adopción de la primera constitución democrática en la historia del país, fue elegido a la presidencia el prestigioso profesor Juan José Arévalo (1945).

Durante su mandato, se elevó el nivel de vida de la población y entró en vigor una avanzada legislación laboral y social, adoptándose una política exterior independiente. La Revolución Guatemalteca se radicalizó desde 1951, bajo la presidencia de Jacobo Arbenz, quien acometió una reforma agraria, promulgada el 17 de junio de 1952, dirigida a expropiar las tierras ociosas de los latifundios y que afectaba en primer lugar al monopolio norteamericano United Fruit Company.

La derrota de la Revolución Guatemalteca y la instauración de un gobierno hechura de la oligarquía y Estados Unidos, cerró el único capítulo verdaderamente democrático en toda la atribulada historia de la tierra del quetzal, que el poeta Luis Cardoza y Aragón retratara, parafraseando al barón de Humboldt con una sola frase: los diez años de primavera en el país de la eterna tiranía.

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