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Madre América: Puerto Rico

Humillación colonial a los jubilados puertorriqueños

Edwin Sierra González

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El país amanece con un nuevo capítulo de la bancarrota económica en la que le han sumido los tradicionales partidos políticos y sus administraciones rojiazules. Como si la crisis económica que sobrepasa la década, el exilio de miles de puertorriqueños, el aumento de la pobreza y el encarecimiento del costo de vida no fuesen suficientes, la gobernadora por causa constitucional, ha anunciado públicamente, que se allana a los designios de la Junta de Control Fiscal, un organismo impuesto por el gobierno estadounidense para controlar las finanzas y el tesoro público de la colonia puertorriqueña. La actitud servil de la mandataria colonial acaba de un plomazo con las esperanzas de miles de puertorriqueños de mantener sus derechos sobre las pensiones que trabajaron durante sus años de servicio.

En un mensaje televisado al país, la señora Vázquez, sostuvo que la mejor decisión que se podía tomar era allanarse a la determinación de la dictadura extranjera, pues de resistir, los resultados podrían ser peores. Entre lo que propone la Junta, es recortar en 8,5% las pensiones de los puertorriqueños que reciban unos $1,200 dólares mensuales o más, lo que equivaldría a comenzar a recibir unos 1,098. Aunque en un principio parecería no ser una reducción drástica, el recorte representa un abuso descomunal ante la explotación a la que es sometida la clase media y trabajadora del país por el sinnúmero de impuestos que laceran su poder adquisitivo y de desarrollo. No se puede perder de perspectiva que el alto costo de vida entre renta, utilidades básicas y alimentos, es descomunal. Añádase a ello, los gastos médicos a los que los jubilados, por cuestiones de edad, deben recurrir.

Para hacerse una idea, en Puerto Rico, un litro de leche cuesta $1.95; una barra de pan de aproximadamente 500kg, $2.50 y un galón de agua (3.79 L.), mínimo $1.00. Para el 2016, los puertorriqueños debían usar casi una quinta parte de su salario mínimo ($7.25 por hora) para adquirir la canasta básica de alimentos. Esto, sin contar el impuesto al consumo en la isla que alcanza el 11,5%, siendo la media en América Latina de 8,5 (2018). Puerto Rico es uno de los países más costosos en todo el continente y su insostenible carga económica lleva al exilio a miles de nacionales cada año. A pesar de ello, el gobierno se alinea con castigar aún más a la clase desprotegida en favor de los grandes intereses.

La señora Vázquez ha apostado con lanzar a mas puertorriqueños a la pobreza arguyendo, de manera cuasi grotesca, que ella también ha sido empleada pública toda su vida. Sin embargo, parece olvidar que ciertos empleados de la Rama Judicial, como ella, disfrutan de salarios muy por encima del ciudadano promedio quien con entre $1,160 y $1,200 mensuales, antes de los descuentos de ley, debe cubrir todas sus necesidades. Absurdísimo en un país donde se ha declarado que lo ideal es generar ingresos de unos $2,500 para cubrir de manera honrada las necesidades.

Su apuesta al miedo de que pudiera ser peor, sólo invita a la parálisis y a la dejadez misma con la que ella despacha el asunto. ¿Por qué no reducir los salarios en el gobierno? ¿Por qué no elimina plazas de confianza y asesoría en el Poder Legislativo? ¿Por qué no cortar desde donde verdaderamente hay margen para hacerlo? Porque no hay interés. Porque aunque pregone que no responde a intereses partidistas, defiende lo mismo que los dos partidos que se han turnado en el poder y han quebrado el país. La señora Vázquez ha sido y es parte del problema que asola el país. Parece que tendremos que salir nuevamente a las calles a tomar el país.

Madre América: Puerto Rico

Universidad de Puerto Rico: bajo asedio económico

Edwin Sierra González

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Un nuevo golpe se asoma hacia la educación pública puertorriqueña. El Primer Centro Docente del País, a través de su presidente, el Sr. Jorge Haddock, ha informado que el gobierno colonial, ante exigencias de la Junta de Control Fiscal estadounidense, planea realizarle un nuevo recorte de $71 millones de dólares. La intención, descabellada, heriría de muerte a la institución que se vería obligada, muy posiblemente, a cerrar algunos recintos y despedir docentes, investigadores, administrativos y otros empleados del sistema. La Universidad está siendo llevada a un caos para volverla inoperante.

Esta no es la primera vez que la única universidad pública del país se ve menoscabada económicamente por el gobierno. Durante la administración del renunciante Ricardo Roselló, el mismo consintió un recorte de $330 millones exigido por la Junta estadounidense, a los que se sumarían los $71 millones que se pretenden arrancar de las arcas universitarias para el ciclo fiscal 2020-2021. Como si la pérdida del 36% de su presupuesto fuera poco, los costos de estudio han aumentado de manera abismal para un país en plena crisis económica. Los estudios se vuelven cada vez más inaccesibles tanto para estudios de grado como postgrado. Cuando en un momento dado un semestre regular de doce créditos llegó a costar $396.00 dólares, sin las cuotas de rigor, en la actualidad ya alcanza los $1,488.00 dólares, casi $300.00 por encima del salario mínimo mensual que gana un puertorriqueño trabajando 40 horas a la semana. Eso sin tomar en cuenta el hecho de que se proyecta elevar el mismo a 1,644.00 dólares próximamente y el alto costo de vida que tiene el país en todos sus aspectos.

Los estudios graduados parecieran volverse en un lujo a pesar de lo barato que pudiera parecer en comparación con universidades estadounidenses. Las postgrados de Maestría y Doctorado comienzan entre los $5,000 y $6,000 cada uno, sin las cuotas o exigencias adicionales de rigor. Costos que muy pocos pueden afrontar sin incurrir en endeudamientos a largo plazo. La capacidad de desarrollo académico peligra ante la falta de ayudas o programas de becas para el estudiantado de postgrado que se ve en ocasiones limitado por los requisitos exigidos para poder tener acceso a alguna ayudantía que, en ocasiones, no es pagada a tiempo.

A pesar de estos aumentos, la oferta de secciones y cursos en la Universidad disminuye constantemente por la precariedad y el hecho de que la institución no está contratando profesores ni reemplaza a aquellos que se jubilan, renuncian o fallecen. No hay un traspaso generacional del conocimiento ni renovación de la plantilla, lo que está generando un disloque en el funcionamiento institucional y en otras facetas como las pensiones a los profesores jubilados ya que cada vez cotizan menos profesores de reciente ingreso. De igual forma, las secciones de los cursos aún disponibles se ven abarrotadas por el sobrecupo, que ha llegado, según declaraciones de líderes estudiantiles a la Junta Universitaria por el Recinto de Río Piedras, a más de un centenar de alumnos por profesor, lo que podría ir en detrimento de la calidad educativa y en algunos casos, en violaciones a los estándares exigidos por las agencias acreditadoras.

La Universidad de Puerto Rico no puede ni debe ser blanco de nuevos recortes cuando otras instituciones del Estado ven sus presupuestos boyantes e incluso despilfarrados en contratos innecesarios, panismos o favoritismos conyugales. Resulta preocupante que los recortes busquen realizarse en áreas inaceptables, pues mientras los alumnos ven sus posibilidades de estudios mermadas. En particular cuando la administración central parece mantener un presupuesto de millones de dólares sin atender ningún estudiante, solo para su beneficio. ¿Cuáles son las prioridades? Pareciera que hundir al país en la ignorancia y la pobreza son algunas de ellas. Veremos si el presidente logra detener el saqueo a la que está siendo sometida la universidad o se alinea con el gobierno colonial en pos de mantener intereses particulares. El tiempo dirá.

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Madre América: Puerto Rico

Nuevas caras, viejos problemas: la indecisión desde Palacio

Edwin Sierra González

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En momentos en que la nueva gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced, cumple un mes llevando los destinos coloniales, una estela agridulce se levanta sobre su gestión ejecutiva. El poder, que le ha llegado por disposición constitucional tras la renuncia del Dr. Ricardo Roselló, producto del verano del 19 puertorriqueño, le ha tomado por obligación y con la incesante insistencia de que no interesa puesto político alguno en las elecciones coloniales de noviembre 2020. Su postura pareció traer un aire fresco en cuanto a que no se amarraría, tal vez, a intereses político partidistas y sus donantes. Aun así, su dudosa gestión como Secretaría de Justicia, le persigue y parece dar nuevos guiños dado el silencio o dilación que se guarda respecto a asuntos trascendentales en el país como la violencia de género, la destrucción de recursos naturales, la acumulación de cenizas que contaminan los cuerpos de agua, el mal uso y distribución de los recursos públicos, escasos ante la crisis, y la designación de políticos de la vieja guardia con salarios que resultan escandalosos ante la pobreza que aumenta vertiginosamente en el país.

Se esperaría que una mujer que ha “vivido para la ley y la justicia” hiciera de su estancia una verdadera metamorfosis que moviera los cimientos de la podrida política bipartidista que consume a Puerto Rico y que parece verse amenazada ante la nueva cita electoral. Aunque se debe reconocer que ha tomado pequeñas decisiones de carácter, permanecen muy lejos de los verdaderos asuntos que merecen atención en el País. Uno de ellos, la violencia de género que, según las últimas estadísticas de la Policía de Puerto Rico, cobra la vida de una mujer cada 19 días. A pesar de los reclamos de múltiples colectivos y reuniones para que se decrete un Estado de Emergencia Nacional, la gobernadora solo decretó una alerta, esto luego de días de incertidumbre y en medio de declaraciones de la Procuradoría de la Mujer arguyendo que no habían fondos para atender la ola de feminicidios. Los silencios que arropan ciertas decisiones de la mandataria levantan dudas sobre sus intenciones en el puesto.

La Universidad de Puerto Rico, desangrada por los continuos golpes gubernamentales es otro tema sobre el que Vázquez no se ha expresado con claridad. Su indecisión resulta sumamente peligrosa ante la realidad de que es el único sistema universitario público que tiene el país para garantizar la educación de los ciudadanos y el progreso del país. Su mutis continuo para no defenderla de los recortes que impone la Junta de Control Fiscal impuesta por Estados Unidos, hace pensar que la universidad no le parece un servicio esencial, acto que se ha pedido sea declarado para que el organismo opresor no se ensañe con ella y la desarticule, como parece quieren que ocurra. Los continuos aumentos que se busca imponer a los estudiantes en un país empobrecido amenaza la supervivencia misma de la nación colonizada que es Puerto Rico.

Pareciera que quieren provocar la salida de los puertorriqueños a toda costa de las islas en contubernio con los grandes intereses. Pareciera que de repente se ha olvidado el valor de la verdad y la justicia, si es que verdaderamente se ha tenido. Pero mientras solo se escucha la indecisión de Palacio, el pueblo sigue en la calle construyendo un nuevo país.

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Madre América: Puerto Rico

Puerto Rico, sus recursos naturales en peligro

Edwin Sierra González

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En momentos en que la alarma del mundo se posa sobre Brasil, a causa de los incendios que azotan la Amazonía, otras alarmas ambientales se posan sobre el planeta sin pausa. La Madre Tierra, la Pachamama o Atabey, como algunas de nuestras culturas originarias le llaman se encuentra en grave peligro con profundas consecuencias para nosotros como habitantes en ella. La inconsciencia hacia lo limitado de ciertos recursos y el impulso desmedido de lucro amenaza la existencia del planeta de manera irreversible.

Puerto Rico, en su condición de archipiélago, requiere un uso razonable, comedido e inteligente de su territorio y recursos. Lamentablemente, eso no está ocurriendo y el peligro que se cierne sobre la menor de las Antillas Menores es preocupante. La vulnerabilidad ambiental en la que quedó el país tras los estragos del huracán María en 2017, es un precio que se sigue pagando aún casi dos años después del evento atmosférico. Para que se pueda hacer una idea, el Bosque Nacional de El Yunque, reserva protegida desde 1860 como Bosque de la Corona, pero declarada mediante ley por Alfonso XII de España en 1876, demorará unos cincuenta años en recuperar su estado previo al evento climático. Como si el daño a la reserva forestal más antigua del hemisferio occidental no fuera demasiado, otros grandes daños o desaciertos de han acentuado tras el embate huracanado: las costas puertorriqueñas.

La erosión que sufren las costas, que no es un tema nuevo, pues movimientos ambientalistas y minorías políticas la han reseñado por años, se acentúa a paso acelerado ante el desparrame urbano, el descontrol en la construcción y la vista larga del gobierno colonial que se lucra en de aquello que llaman “progreso”, que no es otra cosa que salvajismo económico. En nombre del “progreso”, se ha arriesgado recursos necesarios para la supervivencia del país, permitiendo la construcción en zonas marítimo terrestres vulnerables o se ha desprotegido áreas para permitir las edificaciones de lujo. Tan es así, que la gula voraz que presenta el mar hacia las playas ha comenzado a hacer zozobrar estructuras o desaparecer zonas enteras hasta llegar a los patios o balcones de residencias. La alarma ha saltado entre la población que ve con estupor lo que por tanto tiempo se ha advertido y el gobierno ha preferido ignorar: las costas y platas están desapareciendo.

A pesar de lo delicado del asunto, el gobierno pretende implantar un nuevo Plan de Uso de Terrenos peligroso. La zonificación que se pretende utilizar vulnera los maltrechos recursos y pretende desproteger áreas para continuar el desparrame. La nueva versión, malévola y a disposición de grandes intereses, podría incluso poner en riesgo la capacidad alimenticia del país reduciendo terrenos cultivables en un país que necesita, urgentemente, una moratoria en la construcción desmedida.

¿Cómo es posible que se requiera construir viviendas en un país que ha regresado a niveles poblacionales de 1900? La crisis económica ha llevado al exilio a cientos de miles de puertorriqueños en edad productiva y reproductiva. Desde hace un tiempo, en Puerto Rico mueren más personas de las que nacen, registrándose 6,000 muertes más que nacimientos por año. ¿A qué corresponde entonces el nuevo plan? Parece ser que el gobierno busca lucrarse de las inversiones desmedidas, facilitando la deforestación a través de un esquema legal, pero inmoral e injustificado. La atención que se presta a los millonarios extranjeros que se asientan en el país sin ciertos requerimientos, está llevando a ahorcar los recursos naturales en todos los aspectos de manera tal, que la vulnerabilidad del país no solo se acrecienta con las malas decisiones gubernamentales, sino que se ahonda con cada huracán que amenace o azote al país.

El nuevo Plan de Uso de Terrenos debe ser vetado a toda costa por el bien del presente y el futuro de Puerto Rico y sus habitantes. La dilación en esta decisión podría llevar al país a daños irreversibles que no solo nos afecta a nosotros, también al mundo entero, pues cada pulmón natural cuenta. Todos hacen su parte. Hay que proteger los pulmones y recursos puertorriqueños.

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