En los años veinte del pasado
siglo, la prensa de Estados Unidos calificó de Suiza de América a la República
Oriental del Uruguay, lo que se popularizó. La generosa comparación le vino
como anillo al dedo al ex presidente uruguayo José Batlle y Ordóñez, quien la
difundió en su periódico El Día, convencido
que los elogios norteamericanos tenían que ver con las reformas implantadas durante
sus dos mandatos, sobre todo el de 1911 a 1915, cuya impronta perduraría más
allá de su muerte (1929).
A diferencia de la mayoría de
los países latinoamericanos de principios del siglo XX, Uruguay se había
insertado con ciertas ventajas en la división internacional de trabajo y pudo desarrollar
un sector urbano con los niveles de vida más altos del continente, comparables
al de algunos países europeos. Factores diversos facilitaron la ampliación de
las relaciones capitalistas y la estabilidad política, que lo distanciaron de
las “repúblicas bananeras” de América
Latina, de las que se burlaba la propia prensa estadounidense por su miseria y dependencia
extrema.
En gran medida, los éxitos de
Uruguay se debían a las reformas políticas y socioeconómicas del batllismo. Sin
paralelo hasta entonces en América Latina, eran sólo equiparables a las conseguidas
en México con la sangrienta revolución de 1910 y recogidas en la constitución
de Querétaro, aunque sin alcanzar la tranquilidad de la república oriental. El artífice
de esas trasformaciones fue Batlle y Ordóñez, de la élite del tradicional
Partido Colorado.
Durante su primer mandato
(1903-1907), Batlle y Ordóñez derrotó la rebelión del caudillo del Partido
Blanco Aparicio Sarabia, logró la estabilidad política de la nación e impulsó
la modernización del puerto de Montevideo, entre otras obras de infraestructura.
Pero no fue hasta su segundo gobierno que pudo dar un giro a la historia del
país, que de algún modo promovía en sus artículos en El Día, y en su Manifiesto de 1910, sobre la necesidad de crear un
Estado democrático y benefactor situado por encima de las clases, que le dieron
el apoyo de la emergente burguesía nacional, las capas medias y los
trabajadores. Aunque no se proponía afectar el gran latifundio exportador de
lana y carnes, que proporcionaban más del 60% de los ingresos del país, no
obtuvo el respaldo de la cúpula colorada y la oligarquía.
Fue durante este periodo presidencial
iniciado en 1911 que pudo impulsar una especie de capitalismo de Estado,
fundamentado en nacionalizaciones de los servicios públicos básicos
(electricidad, teléfonos, gas, tranvías, ferrocarriles, agua y otros), establecimiento
del proteccionismo aduanero, el desarrollo de la industria y la creación de “entes autónomos”, como las Usinas
Eléctricas del Estado, mientras el Banco de la República y el Hipotecario, así
como los seguros, eran estatizados.
Promovió un novedoso sistema
de gobierno colegiado inspirado en el de Suiza, que sólo se vertebró por
completo después de su muerte, aunque logró instalar un Consejo Nacional de
Administración para el manejo de la economía nacional. A ello hay que sumar la
adopción de una legislación social progresista, que incluía jubilaciones,
pensiones, jornada de ocho horas, enseñanza gratuita, descanso semanal y
salario mínimo. Gran parte de estas conquistas fueron plasmadas en la
constitución de 1917, que incluyó el voto secreto y universal, así como la
separación de la Iglesia del Estado.
En política exterior el
batllismo se alineó totalmente a favor de Estados Unidos y respaldo sus
intervenciones en América Central y el Caribe. Esta postura de Batlle estaba en
consonancia con su apertura al gran capital norteamericano en detrimento del
británico, que había predominado hasta entonces, al extremo que en 1920 el
comercio con Inglaterra era sólo el 17% mientras el de Estados Unidos superaba el
35% y las deudas de Uruguay con esta potencia pasaron de dos millones de
dólares (1919) a cuarenta y cinco millones (1929).
Pero el estado de bienestar
general conseguido con el batllismo comenzó a declinar desde los años treinta
–en 1933 Gabriel Terra se declaró dictador y derogó la constitución-, proceso
acelerado en los cincuenta y sesenta, cuando el ingreso de su población cayó en
picada, poniendo al Uruguay con una situación socio-económica cada vez más
parecida al resto de los países latinoamericanos. El resultado fue el ascenso
de las luchas populares, las acciones armadas de los Tupamaros y el golpe de
estado militar de 1973 que estableció la dictadura de José María Bordaberry, esfumando
las últimas conquistas de la otrora Suiza de América
