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Madre América

Empresarios presidentes

Juan J. Paz y Miño Cepeda

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Durante las décadas finales del siglo XX, bajo el manto ideológico del neoliberalismo y de la globalización transnacional, los empresarios latinoamericanos (es decir aquella elite que maneja el mayor poder del capital y de la riqueza en cada país) se encontraron con una coyuntura histórica nueva y, además, favorable, para que sus intereses económicos pasen a prevalecer definitivamente en el Estado, de la mano de gobiernos volcados a su servicio. Su visión económica era muy simple: ellos daban trabajo, sabían generar la riqueza y bastaba que se diera rienda suelta al mercado libre y al emprendimiento privado, para que la sociedad se desarrollara y solucionara problemas tan serios como la pobreza o el desempleo. Se trataba de una visión vieja y conservadora, cuyas raíces provenían de la época de predominio latinoamericano del régimen oligárquico, pero se impuso. Como era previsible, los resultados económicos de semejante “modelo” fueron relativamente exitosos al comienzo y sólo en algunos países. En todos, finalmente, la aplicación del recetario neoliberal provocó mayor concentración de la riqueza, agravó las condiciones de vida y de trabajo de la mayoría de las poblaciones y resquebrajó la institucionalidad. Hay estadísticas y suficientes estudios académicos sobre el tema, y quien desee verificarlo puede acudir a la amplia bibliografía de la CEPAL en su página: www.cepal.org/es 

El modelo empresarial-neoliberal entró en conflicto con los gobiernos del ciclo progresista latinoamericano de los primeros tres lustros del siglo XXI, que montaron otro tipo de economía y con distintos objetivos sociales. Esa experiencia fue determinante para que los empresarios retomen la ilusión por restaurar su poder en el Estado y reimponer sus intereses a la sociedad.

Pero, al mismo tiempo, ha surgido un fenómeno nuevo: ahora son empresarios y, además, millonarios, los que han decidido incursionar directamente en la política y convertirse en candidatos presidenciales, con el propósito evidente de manejar el Estado, sin intermediarios ni gobernantes ineficaces. Este, que era un rasgo poco visible hasta los años 80, toma fuerza en los 90 y se consolida en el siglo XXI. Y este fenómeno es el que Inés Nercesian, reconocida investigadora y profesora de la Universidad de Buenos Aires, examina en su reciente libro Presidentes empresarios y estados capturados: América Latina en el siglo XXI (IEALC, 2020).

Inés ha realizado un formidable trabajo de comparación entre ocho países: Argentina, Brasil y México, los de mayor industrialización, y Chile, Colombia, El Salvador, Paraguay y Perú. Destaca a los empresarios convertidos en gobernantes: Vicente Fox en México (2000-2006), Elías Antonio Saca González (2004-2009) en El Salvador, Sebastián Piñera (2010-2014/2018-hoy) en Chile, Horacio Cartes (2013-2018) en Paraguay, Mauricio Macri (2015-2019) en Argentina, Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) en Perú, los casos de Ricardo Martinelli (2009-2014) y Juan Carlos Varela (2014-2019) en Panamá (solo en referencia), en Colombia, Álvaro Uribe Vélez (2002-2006/ 2006-2010), y en Brasil, Michel Temer (2016-2018), quien era político, pero vinculado al empresariado. También se cita a otros empresarios que incursionaron en la política, pero que no forman parte del estudio: Samuel Doria Medina en Bolivia, Álvaro Noboa Pontón en Ecuador, Edgardo Novick y Juan Sartori en Uruguay, Dagoberto Gutiérrez en Guatemala, Antonio Álvarez Desanti en Costa Rica y Carlos Callejas, en tanto Nayib Bukele (2019-hoy) es presidente en El Salvador. 

Lastimosamente Inés no estudia al Ecuador. Desde 1979, cuando se retornó a la democracia constitucional, León Febres Cordero (1984-1988) fue el primer empresario presidente; pero en el siglo XXI los dos magnates convertidos en políticos y candidatos son: el exportador bananero Álvaro Noboa Pontón (uno de los mayores millonarios latinoamericanos) y el banquero Guillermo Lasso. El primero fue candidato presidencial en 1998, 2002, 2006, 2009 y 2013, mientras el segundo lo fue en 2013 y 2017; pero Lasso se ha presentado para las elecciones de febrero 2021, mientras está por resolverse la aceptación legal de una nueva candidatura de Noboa. En el ambiente político nacional se especula que Noboa podría “tumbar” la candidatura de Lasso, el candidato ideal de las elites empresariales, de la oligarquía guayaquileña y hasta de la institucionalidad “oficial”. También se cree que Noboa podría “debilitar” el probable triunfo de Andrés Aráuz, el candidato del “correísmo”, en primera vuelta.

Sin embargo, lo cierto es que, de llegar a la presidencia, Lasso o Noboa darían continuidad al mismo programa económico que el empresariado ecuatoriano logró imponer durante el gobierno de Lenín Moreno y, con seguridad, lo profundizarán directamente, sin un intermediario temporal, que desde 2017 abandonó el proyecto de la “Revolución Ciudadana”.

La restauración del modelo empresarial-neoliberal en Ecuador ha despertado a una clase empresarial que tiene perfectamente en claro el camino económico que hay que seguir y la necesidad de preservar sus intereses en el Estado, para el largo plazo. Las cámaras de la producción han presentado documentos para el “debate” y sus dirigentes han realizado permanentes declaraciones sobre el rumbo que tienen trazado para el país, de modo que sus planteamientos son apoyados y publicitados en los medios de comunicación igualmente ligados a sus intereses clasistas, así como por tecnócratas, economistas y profesionales convencidos de que el mercado libre y la empresa privada, sin Estado interventor, ni impuestos que afecten los “costos” productivos y, además, con relaciones laborales flexibilizadas y precarizadas, traerán al país el paraíso terrenal de los capitalistas y la felicidad para toda la población.

El problema de fondo es que la visión y los conceptos de las elites empresariales actualmente hegemónicas contradice los procesos históricos. Ante todo, Ecuador ya experimentó las nefastas consecuencias del modelo empresarial-neoliberal durante las décadas finales del siglo XX, algo que ha vuelto a repetirse desde 2017. La ideología empresarial ha arrasado con el derecho social y laboral, ha desinstitucionalizado el Estado a tal punto que no ha importado violar la Constitución y las leyes para imponer los mecanismos económicos favorables al capital, se ha lanzado una aguda lucha de clases contra la población a la que se quiere someter a contratos individuales basados en la voluntad y “libertad” de las partes, no admiten jornadas diarias ni semanales sujetas a los máximos legales, arrasan con las ideas de protección laboral frente a horas extras o despidos, fomentan la desestabilización de bienes y servicios públicos, imaginan que lo “privado” es una esfera en la que nadie debe intervenir y mucho menos el Estado con su “competencia desleal”, suponen que los fondos publicos e incluso los de la seguridad social, deben ser canalizados y utilizados exclusivamente por el sector empresarial, y creen, en definitiva, que todo tipo de recurso que existe en el país, les debe pertenecer.

Una economía basada en los ideales empresariales ecuatorianos no existe en ningún lugar del mundo contemporáneo. Recuerda la “época plutocrática” entre 1912 y 1925, sin Estado competidor, sin leyes laborales, sin impuestos, dependiente de la oligarquía financiera. Y en América Latina los países “modelo” del neoliberalismo, como fueron Chile o Argentina, demostraron su fracaso y la intolerable diferenciación social que afirmaron, a pesar de sus empresarios presidentes. Las tendencias contemporáneas marcan la necesidad de construir economías sociales, pero el conservadorismo y el atraso conceptual de las elites empresariales ha impedido estos otros caminos de modernización.

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Ocupación de Lima por el ejército chileno

Sergio Guerra Vilaboy

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Lima, la llamada Ciudad de los Reyes, fue tomada el 17 de enero de 1881 por el ejército de Chile, que la ocupó por dos años y nueve meses. El episodio formaba parte de la Guerra del Pacífico (1879-1883), conflicto de Perú y Bolivia con Chile por los valiosos yacimientos salitreros del desierto de Atacama.

El caliche o salitre, un mineral de gran demanda como fertilizante, era sacado desde mediados del siglo XIX de la provincia peruana de Tarapacá y la boliviana de Antofagasta. Esta última, que constituía la única salida al mar de Bolivia, la extracción del mineral la realizaban empresas de Chile con trabajadores de su propio país, dada la poca población del territorio.  

En 1873 la crisis financiera derivada del agotamiento del guano, hasta entonces principal producto de exportación de Perú, condujo al gobierno de Lima a decretar el estanco del salitre y dos años después a expropiar todos los yacimientos del mineral en Tarapacá, pertenecientes en su mayoría a peruanos y chilenos. Afectada también por problemas económicos, Bolivia impuso en febrero de 1878 un impuesto a las compañías salitreras chilenas que operaban en Antofagasta, que se negaron a pagarlo. 

Ante el desacato, el 14 de febrero del año siguiente el gobierno boliviano expropió las salitreras, pero la respuesta de Chile fue ocupar manu militari Antofagasta, lo que desencadenó la guerra. La contienda arrastró a Perú, que atravesaba un conflicto similar con el país austral y tenía un tratado secreto de alianza con La Paz. De inmediato los chilenos bloquearon el puerto peruano de Iquique, asiento de una parte importante de los efectivos aliados.

Los primeros enfrentamientos bélicos fueron por el dominio del Pacífico, que Chile consiguió al vencer a la flota peruana en la batalla naval frente a Mejillones, el 8 de octubre de 1879, donde capturó al monitor Huáscar, que todavía hoy exhibe como trofeo de guerra en uno de sus puertos. A continuación, se desarrolló la guerra de posiciones, de la que pronto se retiró Bolivia, mientras tropas chilenas ocupaban las provincias peruanas de Tarapacá, Arica y Tacna.

Para poner fin al conflicto armado, el 15 de noviembre de 1880 zarpó de Arica un poderoso ejército chileno, guiado por el general Manuel Baquedano, con el propósito de ocupar la capital peruana y rendir a su gobierno. Un primer contingente desembarcó cerca de Pisco, seguido de otro que lo hizo por la caleta de Curuyaco, mientras El Callao quedaba bloqueado por mar. Para evitar la captura de la escuadra en ese puerto, Perú destruyó el resto de su armada, incluyendo la corbeta Unión y el monitor Atahualpa.

Después de sobrepasar, entre el 13 y el 15 de enero, las defensas peruanas en el balneario de Chorrillos y en Miraflores, organizadas por el presidente Nicolás de Piérola, los militares chilenos se apoderaron de esos poblados, entonces fuera del perímetro urbano de la capital, con la que se enlazaba por un ferrocarril desde 1858. La retirada del mandatario de Perú a los Andes, seguido por una parte de los residentes de la capital, favoreció las agresiones contra la numerosa población china, acusada de colaborar con los chilenos, que entraron sin mayor dificultad en Lima en la tarde del 17 de enero. Todavía la guerra se prolongaría por dos años más en el resto del país, hasta que la resistencia nacional fue quebrada en Huamachuco con la derrota de las montoneras de Andrés Avelino Cáceres, cuando las prósperas plantaciones azucareras del litoral norte habían sido destruidas por los invasores.

Después de la ocupación de Lima, las tropas chilenas se apoderaron de los principales edificios públicos, como la Biblioteca Nacional y la Universidad de San Marcos, llevándose a su país miles de documentos, obras de arte y libros –algunos no fueron devueltos hasta principios del siglo XXI-, junto con maquinarias y otros bienes que consideraron botín de guerra. Para tratar de justificar esta guerra de conquista, el historiador chileno Diego Barros Arana publicó en 1880 su Historia de la Guerra del Pacífico. Cuando José Martí la leyó hizo esta anotación: “El libro de Barros Arana ha sido escrito para demostrar que ha tenido razón Chile, pues ése es precisamente el libro que convence de que no ha tenido razón Chile. Pues que tal sinrazón se ampara para defender la ocupación –injusta fue ésta y no racional- ni defendible. Cuando se va más allá de la razón para defender algo, es que no se halla dentro de la razón manera de defenderlo.”

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Joven cubana en la zona roja hospitalaria

Raciel Guanche Ledesma

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Cuando supe la noticia de que Marlén Corrales Morejón estaba  laborado en la zona roja de un hospital que atiende a pacientes positivos al Covid-19 en Pinar del Río, Cuba, me  sorprendió. Y no fue porque considerara que esta joven médico con apenas tres años de graduada no estuviera apta para esa tarea, sino todo lo contrario, era más bien una especie de grato asombro en medio de este combate sanitario que aún libra al unísono ese territorio y toda la Isla.

A Marlén la conozco desde hace un buen tiempo, cuando los fines de semanas casi habituales visitaba de niño a mis familiares en un pequeño poblado del municipio Minas de Matahambre, perteneciente a esa provincia, la más occidental de Cuba. Es allá precisamente donde están sus raíces y donde atesora como bien espiritual el amor materno, aunque hoy vive sin agradarle mucho los aires citadinos en la capital provincial.

Con estos antecedentes quise conocer un poco más sobre su experiencia de trabajo dentro de la zona roja, la cual calificó “de muy enriquecedora y a la vez difícil”. Lo cierto es que su postura valerosa ha sido también la suerte de muchos galenos en este país que, con tan poco, hacen del desafío un triunfo para todos.

Como ella, otros cientos de jóvenes médicos se han sumado a la contingencia sanitaria desde que se registró el primer caso de Covid-19 a inicios del mes de abril de 2010 en Pinar del Río. Sin embargo muchos nos preguntamos aún cuánto temor sienten quienes realizan esta altruista labor o cómo manejan su proximidad al contagio en el vínculo directo con los pacientes positivos.

¿Miedos o retos?

En el caso específico de Marlén, quien cursa el tercer año en la especialidad de Medicina Interna, llegar hasta la zona roja fue todo un reto profesional. Un día mientras trabajaba, le informaron sobre la necesidad de la provincia para que nuevos galenos se incorporaran rápido a la batalla y no dudó en aceptar, según cuenta.

Pero ante los grandes desafíos y esta pandemia lo constituye sin dudas, siempre puede aflorar algún tipo de miedo. Sin embargo esta joven médico dice no haber sentido temores, porque, como ella misma refiere: “ya estaba adaptada a trabajar con pacientes posibles Covid-19 en una sala de respiratorio”. Aunque también reconoce que en ese momento salieron a flote otro tipo de inseguridades, estas relacionadas a la distancia física y temporal con su familia, de la que nunca se había separado por tanto tiempo.

La zona roja y sus días

Ya dentro de la zona roja las exigencias profesionales se redoblan al igual que las medidas de seguridad. Tal vez por eso el día a día de esta joven pinareña como los de tantos otros galenos que la acompañaron en la labor fueron en extremo agotadores y sacrificados.

Sobre las ocho de la mañana comenzábamos el trabajo con los pacientes positivos y a la vez que entrabas en esa función no podías salir más, sobre todo, para cumplir con las lógicas medidas de protección”, cuenta esta médico egresada de la Facultad de Ciencias Médicas, Ernesto Che Guevara, en la occidental provincia.

El seguimiento esmerado a los pacientes es otro de los aspectos importantes para poder alcanzar una recuperación segura en ellos. Ese espíritu de constancia siempre primó en Marlén durante los catorce días que estuvo laborando en una de las salas de alto riesgo con personas positivas que presentaban además algunas comorbilidades.

“Cada mañana teníamos que tomar los signos vitales a los pacientes, revisar todos los resultados de sus pruebas médicas y continuar el seguimiento hasta cerca de las dos de la tarde cuando almorzábamos”, comenta esta gentil muchacha con aires complacientes.

Pero las jornadas de trabajos no se completaba sólo en un período matutino, además, “en la tarde había que continuar informando las altas médicas a los pacientes y si nos tocaba guardia ese día, debíamos hacer encuestas a los nuevos ingresos que iban llegando a la institución de salud”, dice.

Sin dudas que la exigencia se fue convirtiendo para estos médicos en una rutina que demandó sacrificio en cada momento. Para Marlén, aparte del racional rigor de trabajo, lo más importante era establecer ese vínculo recíproco con los pacientes que tributara a una mejor atención.

Es por eso que afirma que los cuidados eran mutuos, tanto por el servicio médico que allí estaba como de las personas positivas al Covid-19. “Por lo general todos comprendían el complejo escenario que vivimos y existía un respeto, aunque habían otros, los menos, que no siempre eran esmerados con sus propias medidas de protección y eso también lo tuvimos que afrontar con severidad”, comenta

Pero si un factor es determinante para sobrellevar estas jornadas de rigor ese será sin dudas la unidad del equipo de trabajo. En el caso de Corrales Morejón y los demás compañeros, en su gran mayoría jóvenes, pudieron llagar a compenetrarse al máximo para cumplir una tarea que califican como “un deber”.

Nos ayudábamos unos a los otros y si teníamos que levantarnos más médicos durante las guardias, lo hacíamos sin reproches, porque fue así como nos enseñaron siempre en la carrera y es esa una de las principales fortalezas del sistema de salud cubano, nuestro compañerismo”, dice sin titubear en lo absoluto.

Una situación única también vivió ese personal sanitario. El parto de dos mujeres sospechosas de Covid-19 después de 70 años sin realizar este tipo de operaciones en la instalación hospitalaria, fue un hecho inédito. Según la propia Marlén, sería una de las cosas que más le marcó por la sensibilidad del momento, a pesar de no estar vinculada directamente con el importante suceso.

Lo cierto es que cada una de las vivencias personales y colectivas era sentida como un logro indiscutible de todos. Cada vida salvada, afirma, “representó un triunfo para los que allí estábamos y un aliciente extra para continuar este duro pero hermoso camino que es la medicina”.

Muchas historias como estas, cargadas de ternura y sacrificio quedan aún por contarse de este difícil período. Sin embargo, la experiencia profesional de Marlén Corrales Morejón bien pudiera ser la de tantos otros hombres y mujeres de batas blancas cubanos que, ante lo adverso del momento, han sabido sobreponerse a la situación para colmar de esperanzas a todo un pueblo.

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Rebelión de los encomenderos

Sergio Guerra Vilaboy

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La conquista de América propició el surgimiento de una privilegiada casta de encomenderos, enriquecidos con el sometimiento de los pueblos originarios. Ante la política de la monarquía española de limitar sus insaciables ambiciones y creciente poderío, muchos de ellos se rebelaron e incluso algunos llegaron a acariciar la idea de fundar reinos independientes, como intentaron en México los hijos de Hernán Cortés.

El origen de este episodio está en la implantación de la autoridad de Carlos V en todas sus posesiones americanas, después de someter a los comuneros y a los señoríos feudales en la propia metrópoli, para impedir la desobediencia de los conquistadores y sus descendientes. La propia Corona concedía con mucho cuidado los títulos nobiliarios y las tierras, que se entregaban desvinculadas de las encomiendas.

Para limitar las prerrogativas de los encomenderos, el monarca aprovechó las protestas de algunos sacerdotes, entre ellos el dominico Bartolomé de Las Casas, que denunciaban la terrible situación de los indígenas y los excesos de la conquista. El propio Las Casas fue protagonista en Valladolid (España) de una controversia doctrinal con Ginés de Sepúlveda, quien legitimaba la explotación aborigen siguiendo una vieja tesis aristotélica. En esa oportunidad, Las Casas no sólo ofreció una visión idílica del mundo indígena, sino que también, sin proponérselo, inauguró la leyenda negra de la conquista española de América en su conocido alegato Brevísima relación de la destrucción de las Indias (1552). 

Para reafirmar su autoridad, Carlos V promulgó en 1542 las llamadas Leyes Nuevas, un conjunto de 40 normas que, prohibían la esclavitud y los trabajos forzados de los aborígenes y limitaban las encomiendas, suprimiendo su herencia. Las comunidades indígenas quedaban protegidas en resguardos, con la obligación de pagar tributos. La imposición de esta legislación por los funcionarios reales produjo levantamientos armados de los encomenderos. Gonzalo Pizarro, hermano del conquistador del Perú, se sublevó contra el virrey Blasco Núñez de Vela. Los dos ejércitos se enfrentaron en una llanura al norte de Quito, donde el representante real fue vencido y ejecutado (1546). Su sucesor, el clérigo Pedro de la Gasca, hizo concesiones a los rebeldes hasta acumular importantes efectivos, con los que derrotó a los pizarristas en Jaquijaguana, cerca del Cuzco, a inicios de 1548. Los principales implicados fueron ajusticiados, entre ellos Gonzalo Pizarro.

En el propio territorio peruano hubo otro levantamiento en 1553 liderado por Francisco Hernández Girón que también terminó con la ejecución del caudillo. El enviado de la Corona, Alvar Núñez Cabeza de Vaca, llegado a Paraguay en 1544, fue expulsado por los conquistadores españoles al intentar frenar las encomiendas y poner fin a la poligamia. Algo parecido sucedió en Nicaragua, donde los hermanos Hernando y Pedro Contreras, nietos del famoso conquistador Pedrarias Dávila, se alzaron en 1550, alentados por su madre y encomenderos rebeldes que huían de Perú. Tras ejecutar al obispo, los sublevados se trasladaron a Panamá, donde fueron finalmente derrotados, empresa que costó la vida a los propios Contreras.

Por último, en el Virreinato de Nueva España, el cumplimiento de las Leyes Nuevas provocó una conspiración liderada por el marqués del Valle, Martín Cortés Zúñiga, hijo del conquistador de Tenochtitlan, nombrado capitán general después de su regreso de España, pues el segundo virrey de México, Luís de Velasco, había muerto. Enfrentado a los oidores de la capital, cobró fuerza la idea de coronarlo como rey de Nueva España, movimiento reprimido en ciernes por el visitador Alonso Muñoz. Martín Cortes fue detenido en 1566–su medio hermano mestizo, hijo de su padre con la Malintzin, incluso fue torturado- y decapitados Alonso y Gil González de Ávila. La llegada del nuevo virrey, Gastón de Peralta, tranquilizó la situación y evitó se les aplicara la pena de muerte. Al año siguiente, el marqués del Valle fue enviado a España, sancionado al destierro en Orán y confiscados sus bienes.

Las extendidas protestas de los conquistadores y sus descendientes obligaron a la Corona a una aplicación parcial de las Leyes Nuevas, aunque no impidió que las encomiendas de “servicios” fueran desapareciendo ante las de tributos. De este modo, la explotación de los indígenas mediante el sistema de encomiendas fue perdiendo su importancia en la sociedad colonial, a pesar de que muchos beneficiarios pudieron conservarlas por más de una generación.

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