El domingo 25 de octubre resultó ser un día histórico para Chile y para América Latina. Otra vez, como viene siendo costumbre desde hace algunos años, la avenida de la Independencia chilena fue un volcán de pueblo que después de varias décadas de neoliberalismo salvaje, festejaba con furor una contundente victoria.

Pero, ¿qué triunfo llamativo podía movilizar casi al unísono a todo un país? Pues será sencillo de responder. En Chile ha triunfado mediante plebiscito un “sí”, pero no uno cualquiera, ha ganado el “sí” que inhabilitará la constitución dictatorial, pinochetista y antipopular que regía los destinos de ese país.

Es inevitable, Chile seguirá siendo por varios días un hervidero de emociones. Sin dudas la euforia debe continuar porque lo merecen, pero ahora llega el tiempo de pensar más en un futuro que tienen en sus manos y que sólo dependerá de ellos construirlo de la mejor manera posible. 

Sin embargo, el camino hacia la felicidad que hoy experimenta esta nación suramericana no ha estado exento de dificultades. Largos años de luchas sociales y de formación progresiva de una ideológica anti-neoliberal distinguieron el trayecto hasta alcanzar este éxito de millones.                    

Si habláramos de un protagonista esencial en Chile, ese es incuestionablemente el pueblo. Pero si buscáramos la raíz de esta cruzada contra la falsa democracia y de las peticiones de cambios al gobierno a favor del bienestar y la seguridad social, esas las encontramos en las llamas reformistas que prendieron desde un inicio los universitarios chilenos en las calles de Santiago.

Pero este país no ha hecho más que levantar un ideal que fue truncado a principios de la década de 1970 en el pasado siglo. Allí comenzó con el golpe de estado al presidente Salvador Allende, el 11 de septiembre de 1973, toda una época de oscura dictadura donde Augusto Pinochet, entre tantos crímenes, procuró gobernar bajo el peso total de un neoliberalismo fabricado al detalle desde los laboratorios norteamericanos.

Para 1980 llegaba a Chile el definitivo lazo legal que los ataba a un sistema pro-capitalista y militarizado, cuando se aprueba una nueva constitución. Fue entonces el momento más doloroso de aquellos años y quizás también de toda la historia chilena. Pocos méritos podía presumir la dictadura en ese tiempo, a no ser el hecho de gobernar con el poder de los carabineros en las calles y de falsamente “liberar” una economía al servicio de las élites.   

El tiempo seguía pasando con más penas que glorias y aunque Pinochet abandonó el poder en 1990, la democracia seguía siendo un tema cercenado para el país. Pero el devenir histórico se encargó de concientizar a una sociedad combativa por naturaleza.     

Y es que un pueblo que albergó entre tantos revolucionarios a hombres y mujeres como Neruda, Gabriela Mistral, Víctor Jara o al propio Salvador Allende, no entregaría las armas tan fácil. Así fue como las calles chilenas se convirtieron en el presente siglo en un fuerte bastión de lucha popular para reclamar los más elementales derechos.

Este domingo se volvieron a llenar las plazas y las avenidas de esa nación con un espíritu diferente. Ahora no irían los chilenos a reclamar nada, sino a celebrar una victoria que construyeron con persistencia durante varios años.

Luego de este “sí” al cambio constitucional quedará mucho camino por recorrer. Aún restan meses de ardua labor antes de aprobar un nuevo texto legislativo, pero sin dudas, como dijera en sus últimas palabras el presidente Allende: “la semilla que hemos sembrado en miles y miles de chilenos no podrá ser segada definitivamente”. Y este 25 de octubre esa semilla emergió para llenar de esperanzas a Chile y toda Latinoamérica.         

Varios acontecimientos políticos esperanzadores vienes marcando los últimos meses a América Latina, luego de lo que parecía un avance de la derecha conservadora tras apoderarse del gobierno en determinados países del área y truncar así sueños de justicia social.

Son hechos la victoria de Alberto Fernández y Cristina Kirchner en Argentina, el éxito electoral de MORENA en México, la recuperación del gobierno por el Movimiento al Socialismo en Bolivia y ahora el histórico plesbicito en Chile, que abre las puertas para una nueva constitución en esa república sudamericana.

En todos los casos mencionados las fuerzas populares han dado una demostración de madurez y conciencia política que advierten a los grupos de poder en Estados Unidos, que tradicionalmente manejan la relación con Nuestra América como si fuera el patio trasero de aquel imperio, que ya no es posible así  enfrentar esta región.

En el caso de Chile, donde en 1973 la CIA y sus cómplices militares, con el general Augusto Pinochet a la cabeza, dieron un sangriento golpe de Estado al presidente constitucional doctor Salvador Allende, el pueblo de ese país ha obtenido una victoria resonante en el referéndum de ayer domingo 25 de octubre al rechazar la constitución vigente de la dictadura y reclamar una nueva que deberá redactarse por una asamblea popularmente elegida.

Casi el 80 % de los chilenos ratificaron que quieren otra constitución y que la misma debía redactarse en una convención constituyente, que en este caso será formada por 155 ciudadanos que serán elegidos en su totalidad por el voto popular, lo cual es primera vez en historia de esa nación.

El camino hacia ese proceso para redactar una nueva Carta Magna no ha sido fácil, y queda clara que tampoco es el fin de esa lucha. 

Recuérdese que el cambio de Constitución era uno de los reclamos,  junto a otros destinados a buscar una ansiada justicia social y modificar el modelo económico, uno de las demandas que se escucharon jerarquizadamente en decenas de manifestaciones que estallaron en octubre del 2019 y que se multiplicaron en las semanas y meses siguientes, cruelmente reprimidas por los carabineros, y cuyo saldo–según cifras oficiales-provocaron la muerte de decenas de personas, cientos de heridos y detenidos.

El gobierno de Sebastián Piñera trató de ganar tiempo y aprovechar la pandemia. Había postergado con ese pretexto el referéndum. Pero la presión popular se mantuvo. Estallidos sociales se hicieron dueños de las calles de importantes ciudades, como Santiago, Antofagasta, Concepción y Valparaíso, con barricadas y con muchos carteles que impugnaban al jefe del gobierno. Algunos de ellos decían: “El Piñerismo es más mortal que coronavirus”. 

Según las normas para integrar la Asamblea Constituyente se garantizara en su composición la presencia igualitaria de género y una cuota para los pueblos indígenas. 

El júbilo con que los chilenos recibieron este resultado, esperado, no es sorpresa.  Ahora, según el cronograma previsto, las elecciones para determinar los miembros de la Asamblea Constituyente serán el 11 de abril próximo; en mayo quedarán inaugurados sus trabajos, y en el segundo semestre del 2022 el texto será sometido a la ratificación por el pueblo. 

Líderes populares han ratificado que entre los principales temas que se abordarán en el órgano constituyente estarán de manera priorizada la desigualdad y las reformas sociales, demandas básicas y permanentes de las protestas que llevaron a este referéndum.

Lo ocurrido en Chile (y lo que está por venir), para muchos en aquel país de Sudamérica (y en el mundo), hacen  recordar aquellas últimas palabras de Salvador Allende, cuando el Palacio de La Moneda, donde se encontraba era bombardeado por la Fuerza Aérea,  minutos antes de su asesinato el 11 de septiembre de 1973: 

“Trabajadores de mi Patria, tengo fe en Chile y su destino. Superarán otros hombres este momento gris y amargo en el que la traición pretende imponerse. Sigan ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde, de nuevo se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! “

Chile era, desde la década de 1930, un país en el cual la democracia “burguesa” quedó institucionalizada: se sucedían presidentes dentro de ella y su estabilidad contrastaba con el resto de países de la turbulenta América Latina. Incluso la izquierda política, representada por dos grandes partidos, el Comunista y el Socialista, por sobre los discursos a veces radicales, se integraban a esa democracia. Salvador Allende (1908-1973), militante socialista, fue candidato para la presidencia en 1952 y 1958. Volvió a serlo en 1964, aunque bajo circunstancias distintas, porque el triunfo de la Revolución Cubana (1959) alteró la vida política latinoamericana, no solo porque provocó la inmediata implantación de la guerra fría en la región, sino al haber despertado una acelerada y extendida politización social hacia la izquierda, de modo que en distintos países surgieron movimientos y guerrillas que confiaron en poder reproducir el camino armado cubano.

Bajo ese ambiente, Chile también logró un camino inédito de convergencia entre sus fuerzas políticas de izquierda; y en 1969, la “Unidad Popular” (UP), una coalición integrada por el Partido Comunista, Partido Socialista, Partido Radical (PR), Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU), Partido Socialdemócrata y Acción Popular Independiente, postuló para la presidencia a Salvador Allende, quien, en su cuarta candidatura, logró un estrecho triunfo frente a Jorge Alessandri, que necesitó de la ratificación del Congreso, donde se votó por Allende, quien asumió la presidencia el 3 de noviembre de 1970.

La expectativa mundial y latinoamericana puso su mira en el “socialismo por la vía pacífica” que, en plena guerra fría, inauguraba Chile.

Existía, por entonces, un amplio bloque de países socialistas: la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) a la cabeza, los países de Europa del Este; además, la República Popular China y Corea del Norte, en tanto Vietnam hacía una guerra heroica contra los EEUU; y estaba Cuba, vinculada por necesidad a la URSS, a raíz del bloqueo norteamericano y el cerco de casi todos los países de América Latina. El “modelo” marxista de socialismo era, por entonces, el de la estatización total de los medios de producción que, ciertamente, había permitido reestructurar la vida de todos los países socialistas, con amplios alcances en la reducción de las desigualdades, la promoción del desarrollo, el mejoramiento de las condiciones de vida generales y la provisión de servicios como educación, salud, seguridad social y vivienda. Lo que estuvo en discusión es el significado y alcances del régimen político, que la guerra fría enarbolada por los EEUU, calificaba como sistema anti democrático.

La UP, por tanto, había planteado la vía pacífica, definiendo un programa anti oligárquico, anti monopolista y de fortalecimiento social, con clara ubicación de tres sectores económicos: la economía privada, una mixta y el área de propiedad social, que edificaría el camino socialista, a través del Estado. La nacionalización de las minas de cobre, que estuvo en manos de empresas norteamericanas, no era una novedad, después de un proceso parecido (la “chilenización del cobre”) que ya ejecutó la Democracia Cristiana con el gobierno de Eduardo Frei (1964-1970). Tampoco la reforma agraria, igualmente iniciada por Frei, que transfirió propiedades a los campesinos. Paradójicamente incluso un programa parecido se hallaba en ejecución en Perú con el “socialismo peruano” del gobierno militar de Juan Velasco Alvarado (1968-1975).

Pero la “estatización” de Allende aceleró las enfurecidas respuestas desde los EEUU, que bajo el gobierno de Richard Nixon (1969-1974) y las guías de su Secretario de Estado Henry Kissinger, desplegaron las acciones directas a través de la CIA y el financiamiento a la oposición, con el propósito de derrocar a Allende (la CIA actuó desde tiempo atrás, cuando se trató de impedir su triunfo electoral). La estatización de la banca, la creación de los cinturones industriales en manos obreras, y la “amenaza” a la propiedad privada, para fortalecer a los sectores mixtos y de propiedad social, sobre una base campesino-proletaria, evidentemente destaparon las resistencias de las “burguesías” internas. El desabastecimiento de bienes esenciales por el boicot empresarial, el mercado negro y los síntomas de una economía en desbalance, agudizaron las reacciones contra las políticas adoptadas desde el Estado.

El gobierno de la UP despertó una radical lucha de clases y ese ambiente alteró al país, atravesó todas las relaciones humanas, polarizó la vida cotidiana, destapó las pasiones a favor o en contra de los cambios, sin posturas intermedias. Entre las miles de páginas escritas sobre el tema, resalto el reciente libro de Alfredo Sepúlveda, La Unidad Popular, los mil días de Salvador Allende y la vía chilena al socialismo (2020), que permite apreciar aquellas circunstancias, renovando los pormenores de una época que marcó la vida de los chilenos hasta nuestros días.

El golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 y la instauración de la dictadura terrorista de Augusto Pinochet no “salvó” a Chile, sino que definió la situación a favor de la burguesía y del imperialismo norteamericano. A la economía social levantada por Allende siguió la economía neoliberal levantada por Pinochet, que requirió poner fin a la misma democracia “burguesa” y representativa. De este modo, el pinochetismo demostró que, ante la agudización inevitable de las tensiones sociales cuando se trata de realizar transformaciones de fondo en las sociedades latinoamericanas, finalmente las elites del poder capitalista acuden abiertamente al fascismo para restaurar su poder y dominación, a sabiendas de que cuentan con aliados poderosos en las fuerzas armadas y el imperialismo.

Después de cincuenta años de la experiencia de la UP y del gobierno de Salvador Allende, las condiciones históricas latinoamericanas han cambiado. La traumática experiencia de los Estados militares terroristas del Cono Sur, el derrumbe del socialismo “realmente existente”, las nuevas condiciones mundiales derivadas de la globalización transnacional, así como el desinflamiento de las vías tradicionales de la “revolución proletaria”, condujeron a la valoración de la democracia representativa. Bajo este nuevo marco histórico, en América Latina creció una izquierda social y progresista nueva, que sirvió de base para sostener el inédito ciclo de gobiernos progresistas que se generalizaron en América Latina con el inicio del siglo XXI. Se trata de un amplio sector, ajeno al partidismo de izquierda tradicional, al que, sin embargo, es capaz de aceptar; pero también de un sector que no es necesariamente marxista (tampoco es anti-marxista), que cuestiona al capitalismo, a los gobiernos empresariales/neoliberales, a las derechas políticas y a las elites oligárquicas y concentradoras de la riqueza, y que ha demostrado ser sensible para acoger las demandas de los sectores medios, los trabajadores y capas populares.

En estos amplios sectores del “progresismo” latinoamericano, ya no se plantea la estatización generalizada de los medios de producción, aunque sí el fortalecimiento del sector estatal de economía y de sus capacidades para imponer los intereses públicos a los intereses privados. Existe la conciencia de fortalecer los derechos sociales, comunitarios, ambientales, laborales, etc. Se reclama una redistribución de la riqueza que afecte seriamente a los ricos mediante el sistema tributario. Demandan servicios públicos de calidad, con atención prioritaria a la salud, educación y seguridad social universales. Se ha asumido, en los hechos, una vía pacífica de construcción del “socialismo”, que da continuidad histórica a la tesis de la UP de Allende, y que pasa por la edificación de una economía social y con mercados regulados.

Pero nuevamente, la experiencia de los gobiernos progresistas ha vuelto a demostrar algo que Chile ya vivió cincuenta años atrás: las derechas económicas y políticas latinoamericanas no están dispuestas a que los cambios avancen a tal profundidad que pongan en riesgo el poder del capital y de las elites empresariales. En consecuencia, no han descartado el Neogolpismo, los “golpes blandos” o los golpes de Estado anticipados (https://bit.ly/3k2C0d2); y apuntan como un “riesgo” la construcción de economías sociales, que frenan o acaban con los modelos empresariales y neoliberales. Tampoco es descartable que el “neo-pinochetismo” se reinstaure, como recurso de última instancia, allí donde haga falta poner “orden” frente al avance del progresismo y de las izquierdas sociales, en general.

En consecuencia, también la experiencia de Chile hace medio siglo, ha vuelto urgente la convergencia y unidad entre las izquierdas tradicionales, las izquierdas sociales, el progresismo de todas las vertientes latinoamericanas. Construcción difícil, pero esperanzadora.