Chile era, desde la década de 1930, un país en el cual la democracia “burguesa” quedó institucionalizada: se sucedían presidentes dentro de ella y su estabilidad contrastaba con el resto de países de la turbulenta América Latina. Incluso la izquierda política, representada por dos grandes partidos, el Comunista y el Socialista, por sobre los discursos a veces radicales, se integraban a esa democracia. Salvador Allende (1908-1973), militante socialista, fue candidato para la presidencia en 1952 y 1958. Volvió a serlo en 1964, aunque bajo circunstancias distintas, porque el triunfo de la Revolución Cubana (1959) alteró la vida política latinoamericana, no solo porque provocó la inmediata implantación de la guerra fría en la región, sino al haber despertado una acelerada y extendida politización social hacia la izquierda, de modo que en distintos países surgieron movimientos y guerrillas que confiaron en poder reproducir el camino armado cubano.

Bajo ese ambiente, Chile también logró un camino inédito de convergencia entre sus fuerzas políticas de izquierda; y en 1969, la “Unidad Popular” (UP), una coalición integrada por el Partido Comunista, Partido Socialista, Partido Radical (PR), Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU), Partido Socialdemócrata y Acción Popular Independiente, postuló para la presidencia a Salvador Allende, quien, en su cuarta candidatura, logró un estrecho triunfo frente a Jorge Alessandri, que necesitó de la ratificación del Congreso, donde se votó por Allende, quien asumió la presidencia el 3 de noviembre de 1970.

La expectativa mundial y latinoamericana puso su mira en el “socialismo por la vía pacífica” que, en plena guerra fría, inauguraba Chile.

Existía, por entonces, un amplio bloque de países socialistas: la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) a la cabeza, los países de Europa del Este; además, la República Popular China y Corea del Norte, en tanto Vietnam hacía una guerra heroica contra los EEUU; y estaba Cuba, vinculada por necesidad a la URSS, a raíz del bloqueo norteamericano y el cerco de casi todos los países de América Latina. El “modelo” marxista de socialismo era, por entonces, el de la estatización total de los medios de producción que, ciertamente, había permitido reestructurar la vida de todos los países socialistas, con amplios alcances en la reducción de las desigualdades, la promoción del desarrollo, el mejoramiento de las condiciones de vida generales y la provisión de servicios como educación, salud, seguridad social y vivienda. Lo que estuvo en discusión es el significado y alcances del régimen político, que la guerra fría enarbolada por los EEUU, calificaba como sistema anti democrático.

La UP, por tanto, había planteado la vía pacífica, definiendo un programa anti oligárquico, anti monopolista y de fortalecimiento social, con clara ubicación de tres sectores económicos: la economía privada, una mixta y el área de propiedad social, que edificaría el camino socialista, a través del Estado. La nacionalización de las minas de cobre, que estuvo en manos de empresas norteamericanas, no era una novedad, después de un proceso parecido (la “chilenización del cobre”) que ya ejecutó la Democracia Cristiana con el gobierno de Eduardo Frei (1964-1970). Tampoco la reforma agraria, igualmente iniciada por Frei, que transfirió propiedades a los campesinos. Paradójicamente incluso un programa parecido se hallaba en ejecución en Perú con el “socialismo peruano” del gobierno militar de Juan Velasco Alvarado (1968-1975).

Pero la “estatización” de Allende aceleró las enfurecidas respuestas desde los EEUU, que bajo el gobierno de Richard Nixon (1969-1974) y las guías de su Secretario de Estado Henry Kissinger, desplegaron las acciones directas a través de la CIA y el financiamiento a la oposición, con el propósito de derrocar a Allende (la CIA actuó desde tiempo atrás, cuando se trató de impedir su triunfo electoral). La estatización de la banca, la creación de los cinturones industriales en manos obreras, y la “amenaza” a la propiedad privada, para fortalecer a los sectores mixtos y de propiedad social, sobre una base campesino-proletaria, evidentemente destaparon las resistencias de las “burguesías” internas. El desabastecimiento de bienes esenciales por el boicot empresarial, el mercado negro y los síntomas de una economía en desbalance, agudizaron las reacciones contra las políticas adoptadas desde el Estado.

El gobierno de la UP despertó una radical lucha de clases y ese ambiente alteró al país, atravesó todas las relaciones humanas, polarizó la vida cotidiana, destapó las pasiones a favor o en contra de los cambios, sin posturas intermedias. Entre las miles de páginas escritas sobre el tema, resalto el reciente libro de Alfredo Sepúlveda, La Unidad Popular, los mil días de Salvador Allende y la vía chilena al socialismo (2020), que permite apreciar aquellas circunstancias, renovando los pormenores de una época que marcó la vida de los chilenos hasta nuestros días.

El golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 y la instauración de la dictadura terrorista de Augusto Pinochet no “salvó” a Chile, sino que definió la situación a favor de la burguesía y del imperialismo norteamericano. A la economía social levantada por Allende siguió la economía neoliberal levantada por Pinochet, que requirió poner fin a la misma democracia “burguesa” y representativa. De este modo, el pinochetismo demostró que, ante la agudización inevitable de las tensiones sociales cuando se trata de realizar transformaciones de fondo en las sociedades latinoamericanas, finalmente las elites del poder capitalista acuden abiertamente al fascismo para restaurar su poder y dominación, a sabiendas de que cuentan con aliados poderosos en las fuerzas armadas y el imperialismo.

Después de cincuenta años de la experiencia de la UP y del gobierno de Salvador Allende, las condiciones históricas latinoamericanas han cambiado. La traumática experiencia de los Estados militares terroristas del Cono Sur, el derrumbe del socialismo “realmente existente”, las nuevas condiciones mundiales derivadas de la globalización transnacional, así como el desinflamiento de las vías tradicionales de la “revolución proletaria”, condujeron a la valoración de la democracia representativa. Bajo este nuevo marco histórico, en América Latina creció una izquierda social y progresista nueva, que sirvió de base para sostener el inédito ciclo de gobiernos progresistas que se generalizaron en América Latina con el inicio del siglo XXI. Se trata de un amplio sector, ajeno al partidismo de izquierda tradicional, al que, sin embargo, es capaz de aceptar; pero también de un sector que no es necesariamente marxista (tampoco es anti-marxista), que cuestiona al capitalismo, a los gobiernos empresariales/neoliberales, a las derechas políticas y a las elites oligárquicas y concentradoras de la riqueza, y que ha demostrado ser sensible para acoger las demandas de los sectores medios, los trabajadores y capas populares.

En estos amplios sectores del “progresismo” latinoamericano, ya no se plantea la estatización generalizada de los medios de producción, aunque sí el fortalecimiento del sector estatal de economía y de sus capacidades para imponer los intereses públicos a los intereses privados. Existe la conciencia de fortalecer los derechos sociales, comunitarios, ambientales, laborales, etc. Se reclama una redistribución de la riqueza que afecte seriamente a los ricos mediante el sistema tributario. Demandan servicios públicos de calidad, con atención prioritaria a la salud, educación y seguridad social universales. Se ha asumido, en los hechos, una vía pacífica de construcción del “socialismo”, que da continuidad histórica a la tesis de la UP de Allende, y que pasa por la edificación de una economía social y con mercados regulados.

Pero nuevamente, la experiencia de los gobiernos progresistas ha vuelto a demostrar algo que Chile ya vivió cincuenta años atrás: las derechas económicas y políticas latinoamericanas no están dispuestas a que los cambios avancen a tal profundidad que pongan en riesgo el poder del capital y de las elites empresariales. En consecuencia, no han descartado el Neogolpismo, los “golpes blandos” o los golpes de Estado anticipados (https://bit.ly/3k2C0d2); y apuntan como un “riesgo” la construcción de economías sociales, que frenan o acaban con los modelos empresariales y neoliberales. Tampoco es descartable que el “neo-pinochetismo” se reinstaure, como recurso de última instancia, allí donde haga falta poner “orden” frente al avance del progresismo y de las izquierdas sociales, en general.

En consecuencia, también la experiencia de Chile hace medio siglo, ha vuelto urgente la convergencia y unidad entre las izquierdas tradicionales, las izquierdas sociales, el progresismo de todas las vertientes latinoamericanas. Construcción difícil, pero esperanzadora.

El 4 de septiembre de 1970, en el cuarto intento (1952, 1958 y 1964), el socialista Salvador Allende ganó, con el 36,3% de los votos, las elecciones presidenciales de Chile con su propuesta de profundas transformaciones económicas-sociales y una política exterior independiente. Tenía el respaldo de la Unidad Popular, coalición organizada en 1969 por los partidos Comunista, Socialista, Radical y dos agrupaciones desprendidas de la Democracia Cristiana (DC): la Izquierda Cristiana (IC) y el Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU).

Para impedir su acceso a la primera magistratura, Estados Unidos hizo todo lo posible tras bambalinas, mientras la ultraderecha buscaba alternativas más violentas, como el asesinato del general René Schneider, jefe del ejército, negado a plegarse a las maniobras golpistas. Por su parte, la Democracia Cristiana, cuyo programa electoral era parecido al de Allende y corría el peligro de nuevas divisiones si impedía la investidura, validó en el Congreso la victoria electoral de Allende con este resultado: 153 diputados a favor y 35 por su principal oponente Jorge Alessandri.  

Instalado en La Moneda desde el 4 de noviembre, Allende comenzó a cumplir su programa para disminuir el desempleo, redistribuir el ingreso y reanimar la actividad industrial. También inició la expropiación de latifundios, compra de bancos, adquisición de empresas monopólicas industriales (textiles, acero, cemento) y minerales (carbón, salitre), aprovechando los precedentes legales creados por la pálida reforma agraria del gobierno anterior y las disposiciones de la República Socialista de 1932. El entusiasmo despertado entre la población más humilde, cuando la economía crecía a un 8%, se tradujo en el éxito de la Unidad Popular en los comicios municipales de abril de 1971, en las que obtuvo la mitad de los votos.

Con la anuencia unánime del Congreso, Allende nacionalizó el cobre, reconociendo a los monopolios estadounidenses Anaconda y Kennecott una justa indemnización, que no se efectuó por los impuestos adeudados al fisco chileno. Ello provocó la airada reacción del gobierno de Richard Nixon, que impuso un descarnado boicot a Chile. A la ofensiva de Estados Unidos contra el gobierno popular, cuyos detalles han revelado documentos norteamericanos desclasificados, se sumó la campaña de la derecha, que utilizó todos los medios de comunicación a su disposición: 70% de la prensa escrita y 105 de las 115 emisoras de radio.

Esa redoblada hostilidad se expresó en cruzadas contra el “desabastecimiento” y la llamada “degradación de la democracia”; acompañadas de las ruidosas manifestaciones de la oposición y las primeras acciones criminales de bandas terroristas al estilo de “Patria y Libertad”, aprovechando las dificultades económicas surgidas con la abrupta caída del precio del cobre, principal producto de exportación del país. Fue en medio de los ataques de la derecha y las incomprensiones de un sector de la izquierda, que se produjo la visita del comandante Fidel Castro por tres semanas, para dar su apoyo al gobierno popular –las relaciones diplomáticas se habían reanudado en 1970-, convencido, como escribiera el Che Guevara, que Allende trataba “por otros medios de obtener lo mismo”.

Ante el aumento de los planes sediciosos, tras las masivas concentraciones del 4 de septiembre de 1972 en respaldo a la Unidad Popular, se formó un gabinete con representación sindical y militar, del que formó parte el general Carlos Prats, que logró revertir el paro de los transportistas. Entre noviembre de 1972 y marzo de 1973 lo más significativo fue el viaje del presidente Allende a México, la Unión Soviética y Cuba, así como su inolvidable discurso en las Naciones Unidas para denunciar las agresiones externas y reafirmar el derecho de los pueblos a recuperar y explotar sus recursos naturales.

Las elecciones parlamentarias de marzo de 1973, en que la Unidad Popular salió fortalecida con el 44% de la votación, precipitaron los planes golpistas, camino abonado por las sucias maniobras que sacaron al general Carlos Prats del gobierno -sustituido en la jefatura del ejército por el traidor Augusto Pinochet-y el abortado tancazo del 29 de junio, preludio del trágico desenlace. Finalmente, el 11 de septiembre, ocurrió el golpe militar, en el que Allende, tras resistir el bombardeo de La Moneda, junto a un puñado de leales compañeros, se suicidó. El criminal régimen fascista se prolongó hasta 1990, cuando fue derrotado en las urnas, pero su malignidad perdura en la constitución aún vigente, contra la que se levanta hoy el pueblo chileno, en clara reivindicación del legado del presidente mártir.

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El palacio de la Moneda, sede del Poder Ejecutivo de Santiago de Chile, aún huele a pólvora, a pesar de que su actual inquilino, Sebastián Piñera, representante de los grupos de poder económico y de la derecha política del país sudamericano, ocupa sus instalaciones. El presidente Piñera y otros muchos que lo antecedieron desde la restauración de la democracia en 1990, han intentado no sólo justificar el zarpazo del 11 de septiembre de 1973 y el régimen de terror que impuso por el tirano Augusto Pinochet sino, además, borrar con hechos y palabras todo vestigio del gobierno progresista de la Unidad Popular encabezado por Salvador Allende. Incluso, recientemente, fue retirada la Historia como materia del pensum de la enseñanza básica, como una evidencia más de este empeño por eliminar la memoria de las chilenas y los chilenos.

Desde el inicio de la transición al estado de derecho en la última década del pasado siglo XX, las desigualdades sociales en la patria de Bernardo O’Higgins han aumentado aceleradamente. Las privatizaciones de los principales recursos de esa nación y el retiro apresurado del estado del sector público han sido el mayor legado de la dictadura que regenteó el país entre 1973 y 1990 y que exhibió como el llamado “milagro chileno”. La educación pública se deprime por los constantes recortes de su presupuesto y con el espaldarazo del ejecutivo para convertirla en un negocio más. Es en medio de la vigente situación que se pretende anular la experiencia del gobierno de Allende, sin dudas el primer intento -después de la efímera república socialista del Coronel Marmaduke Grove en 1932- de revertir por la vía democrática los efectos del sistema oligárquico establecido después la independencia.

Salvador Allende Gossens, un honorable médico de profesión que había incursionado en la política como senador, ministro de salud y candidato presidencial en varias ocasiones, llegó a la jefatura del estado chileno en 1970. Esa vez se impuso en las urnas postulado por una coalición de partidos y organizaciones de izquierda-incluidos los socialistas y los comunistas- agrupadas en la Unidad Popular (UP). Desde antes de la propia elección la Casa Blanca, sus agencias de seguridad e inteligencia, y las fuerzas de derecha en el interior del país se opusieron a lo que podía ser “una réplica” por vía pacífica de la Revolución Cubana.

En un país dominado por las compañías y los intereses norteamericanos, las medidas de redistribución de la riqueza, reducción del desempleo, expropiación de los latifundios y la nacionalización de los principales recursos del país impactaron de manera inmediata. En ese sentido, los medios de prensa dominados por la oligarquía, arremetieron contra la Unidad Popular y el propio mandatario socialista, con campañas de descrédito y sobre todo sembrando la incertidumbre en la población chilena. A la par de la gestión interna, Allende desplegó una agenda exterior de acercamiento a la Cuba revolucionaria, de solidaridad con las causas progresistas e incluso visitó la antigua Unión Soviética. El respaldo de la Unidad Popular tenía su mayor fuerza en los sectores obreros, a los cuales por su profundo apego a la vía pacífica y a los principios democráticos el gobierno socialista no los preparó para una eventual defensa del proyecto de cambios de la UP. Así la crisis económica gestada desde fuera y desde dentro, la polarización social, la intromisión directa de la Agencia Central de Inteligencia(CIA) y la tradicional postura conservadora del ejército chileno-no depurado durante la administración socialista- provocaron el naufragio violento de Allende y su gobierno. El 11 de septiembre de 1973 el jefe de las fuerzas armadas, Augusto Pinochet, encabezó el golpe militar que llevó a la desaparición física de Allende y acabó con la experiencia nacionalista, progresista, democrática y socialista de la Unidad Popular.

46 años después, las huellas de aquel 11 de septiembre siguen presentes en Chile a pesar de las pretendidas intenciones de olvido. Los reclamos de inclusión social, de derechos plenos al empleo, la educación y la seguridad social continúan latentes en numerosos sectores de la sociedad chilena. La impronta del 11 de septiembre permanece en Santiago, ciudad capital que nunca podrá olvidar el rugir de los aviones y los tanques contra un presidente democráticamente electo; que dejó hasta hoy estampada su sangre y un imborrable olor a pólvora en La Moneda.