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Hay 589 personas con COVID-19 hospitalizadas en Yucatán

Lilia Balam

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Foto: SSY

Hay otras internadas, pero la Secretaría de Salud no precisó cuántas.

Actualmente 589 personas se encuentran hospitalizadas por presentar síntomas graves de COVID-19 en Yucatán. Hay más internadas, a la espera de diagnóstico, pero la Secretaría de Salud local (SSY), no precisó cuántas.

La dependencia también reportó 30 decesos a causa de la enfermedad. Fallecieron diez mujeres y cuatro hombres de Mérida, una mujer y un varón de Acanceh, una mujer y un hombre de Tekit, una mujer y un varón de Campeche, dos hombres de Tekax, uno de Motul, uno de Sucilá, uno de Valladolid, uno de Tecoh, uno de Dzitás, una mujer de Progreso, una de Seyé y una de Chichimilá. En total, han perdido la vida mil 223 personas desde abril.

Diez mil 438 han dado positivo a la prueba de la enfermedad, 215 en las últimas 24 horas: 75 de la capital yucateca; 44 de Valladolid; 14 de Ticul; 12 de Tizimín; siete de Espita; seis de Umán; cinco de Peto, Tekax y Temozón; cuatro de Kanasín, Progreso y Taxcabá; tres de Celestún; dos de Chapab, Dzitás, Motul, Oxkutzcab, Río Lagartos, Teabo y Tzucacab; una de Acaceh, Cenotillo, Chankom, Chumayel, Dzan, Hunucmá, Kopomá, San Felipe, Sucilá, Tecoh y Tixpéual; y dos foráneas.

669 pacientes tienen cuadros leves de COVID-19 y 7 mil 957 ya se recuperaron. La SSY solicitó a la población mantenerse en su casa y seguir al pie de la letra las medidas de salud e higiene establecidas por las autoridades sanitarias.

Actualmente se puede consultar información sobre la COVID-19 en la página http://www.coronavirus.yucatan.gob.mx. También se encuentran a disposición la línea telefónica (800 982 2826), y los chats de Whatsapp en español (999 200 8489) y en maya (9991 40 6622), para obtener diagnóstico automatizado; y la aplicación “Meditoc”, tanto en Apple Store como en Play Store. 

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Tecnología en tiempos de COVID-19: Amazon obtiene permiso para entregar pedidos con drones en EU

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Amazon espera que este método de entrega de paquetes con drones, pronto lo prueben sus clientes de todas partes del mundo.

Luego de que había visto frenadas sus aspiraciones a causa de las regulaciones, la multinacional del comercio electrónico Amazon logró finalmente obtener el permiso del gobierno estadounidense para comenzar a entregar paquetes comerciales mediante drones o aeronaves no tripuladas.

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) aprobó el plan de la empresa que dirige Jeff Bezos, presentado en 2019, para “entregar de forma segura y eficiente paquetes a sus clientes”, lo cual inicialmente sólo se hará en áreas con poca densidad de población, ya que se centrará en zonas rurales o entornos residenciales a las afueras de las grandes urbes.

La compañía aún no ha revelado cuándo pondrá en marcha esta modalidad de entregas, pero comentó que sigue probando su equipo de drones.  

Según la solicitud de permiso que la empresa realizó ante la FAA, todos los paquetes que se entreguen por esta vía pesarán 2.27 kilos o menos (5 libras), lo cual reduce considerablemente el riesgo que puedan suponer para los transeúntes si algo falla y caen en pleno vuelo.

“Este certificado es un paso importante para Amazon Prime Air —el nombre del proyecto para entregar mediante drones— e indica que la FAA tiene confianza en nuestros procedimientos operativos y de seguridad para un servicio de entrega autónoma de drones que algún día llevará paquetes a nuestros clientes en todo el mundo”, indicó en un comunicado el vicepresidente de Amazon para Prime Air, David Carbon.

Además, la empresa espera que una vez que los drones entren en funcionamiento realicen viajes de hasta media hora para entregar los paquetes. “Continuaremos desarrollando y refinando nuestra tecnología para integrar completamente los drones de entrega en el espacio aéreo y trabajaremos en estrecha colaboración con la FAA y otros reguladores de todo el mundo para hacer realidad nuestra visión de entregar en 30 minutos”, se lee en el comunicado.

Con esta aprobación, Amazon, cuya sede se ubica en Seattle, Estados Unidos, se suma a la lista de empresas autorizadas para el servicio de entregas con drones, como UPS, una compañía de entrega de suministros médicos en Carolina del Norte, y Alphabet’s Wing que entrega medicamentos y alimentos en Australia y Virginia.

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Trabajadoras sexuales no podrán ser detenidas en Mérida

Lilia Balam

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Foto: Cuartoscuro

El Juzgado Tercero de Distrito con sede en Yucatán amparó provisionalmente a las trabajadoras sexuales que laboran en la capital yucateca contra el abuso, hostigamiento, amenazas y detenciones arbitrarias por parte de la policía municipal.

Mérida, Yucatán, 24 de agosto de 2020.- La Jueza Tercera de Distrito en el Estado de Yucatán admitió la demanda de amparo interpuesta por 16 trabajadoras sexuales, con lo que les concedió una suspensión provisional para el efecto de que la Policía Municipal de Mérida no pueda detenerlas.

De acuerdo con el Colectivo Indignación y la asociación civil Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal (UNASSE), las trabajadoras sexuales del Centro Histórico denunciaron en su demanda de amparo las violaciones a sus derechos humanos, entre otras, detenciones arbitrarias, persecución, amenazas, extorsión, hostigamiento, robo e incluso actos que podrían ser considerados como tortura.

Las agrupaciones argumentaron que esta situación es una consecuencia de la política de persecución hacia el trabajo sexual impulsada por la administración del alcalde Renán Barrera Concha y expresada en el Reglamento de Policía  y Buen Gobierno del Municipio de Mérida, al que en septiembre de 2019 se incorporó el artículo 15 que sanciona, estigmatiza y criminaliza esa labor.

Justamente por esta política de persecución, un grupo de 16 trabajadoras sexuales presentó la semana pasada una demanda de amparo denunciando las violaciones a sus derechos humanos y la inconstitucionalidad del Reglamento que da sustento a los operativos de la policía.

El Juzgado Tercero de Distrito en Yucatán, concedió entonces la suspensión provisional para el efecto de que ninguna trabajadora sexual sea detenida ni se le aplique el artículo 15 del Reglamento, bajo el argumento de que las peticionarias del amparo “acuden a efecto de defender su derecho a un trabajo lícito, el cual desarrollan de forma personal y voluntaria a cambio de una remuneración económica”.

La juez determinó también que el citado Reglamento no puede ser utilizado para restringir el derecho a la libertad de trabajo protegido en el Artículo 5° Constitucional, fundamentado en un estereotipo por la naturaleza sexual del trabajo que se  desempeña, ya que ello constituye una discriminación evidente basada en una condición social, cuestión prohibida por el Artículo 1° Constitucional. De esta manera, la Jueza resolvió que las trabajadoras sexuales “no podrán ser detenidas ni sancionadas por el solo hecho de dedicarse a la prestación personal de servicios sexuales a cambio de una remuneración”.

La suspensión dictada por la Juez es de cumplimiento obligatorio para la Policía Municipal y su violación originaría sanciones administrativas e incluso penales para los uniformados.

Las organizaciones señalaron que aun cuando esta suspensión no es definitiva, “se suma a otras acciones que han documentado la sistemática violación a derechos humanos que viven las trabajadoras sexuales por parte de la Policía Municipal.

Por último, Indignación y UNASSE exigieron al gobierno municipal cesar el acoso, detención, extorsión y hostigamiento por parte de la policía hacia quienes ejercen el trabajo sexual; investigar y sancionar a los policías que han violado sus derechos humanos; y establecer medidas y mecanismos adecuados para garantizar que dicho trabajo se ejerza en condiciones de seguridad.

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SEMARNAT rechazó la construcción de cinco granjas porcícolas en Yucatán

Lilia Balam

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www.porcicultura.com

Los cinco proyectos se asentaban en comunidades indígenas. La SEMARNAT negó la autorización desde el año pasado, pero la empresa insistió en volverlos a someter a evaluación.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), rechazó la construcción de cinco granjas de cerdos impulsadas por el Grupo Porcícola Mexicano (Grupo Kuo), en los municipios Tixméhuac y Maní, por no cumplir con lo dispuesto en la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA).

De acuerdo con los resolutivos emitidos por esa dependencia, la SEMARNAT puede negar la autorización para establecer proyectos como los mencionados cuando se contraviene lo establecido en la LGEEPA, sus reglamentos, las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), y demás disposiciones, o cuando existe falsedad en la información proporcionada por las empresas sobre los impactos ambientales de la obra.

A su vez, el Colectivo Indignación señaló en un boletín que las cinco granjas porcícolas pretendían ser ubicadas en asentamientos indígenas, por lo cual debían contar con una consulta indígena previa, para aprobar la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), y realizar el cambio de uso de sueño en terrenos forestales.

Los proyectos fueron rechazados por la SEMARNAT desde febrero del 2019, pero la compañía Kekén, perteneciente a Grupo KUO, insistió en volverlos a someter a evaluación de impacto ambiental, “lo cual indica que esta  empresa no cederá ya que es impulsada por grandes intereses económicos”, sostuvo Indignación.

“El rechazo de estos cinco proyectos por SEMARNAT es un gran paso y una muestra de  que se pueden hacer las cosas diferentes, es muestra de que es posible velar por los intereses y el bienestar de las comunidades, la población y el medio ambiente sin favorecer únicamente a pocas empresas”, apuntó el Colectivo.

Eso sí, la agrupación reconoció que queda mucho por trabajar en este tema, pues como se ha comunicado previamente en Informe Fracto, se ha detectado el grave impacto ambiental y social ocasionado por las granjas porcícolas en la península de Yucatán.

Como se recordará, el informe “La carne que está consumiendo al planeta”, elaborado por Greenpeace México, reveló que 90 por ciento de las granjas de cerdos establecidas en Yucatán operan fuera de la ley, pues no cuentan con la MIA. También se han observado algunos recintos edificados sobre Áreas Naturales Protegidas (ANP), y el problema de deforestación de la selva maya que ha acarreado la construcción de esos sitios de producción. 

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