El funcionario y su tesorero disminuyeron de manera arbitraria el sueldo de la Síndica Municipal Teresita de Jesús May Tuz, como una represalia contra la servidora pública, quien los denunció por corrupción. 

Mérida, Yucatán, 19 de enero del 2021.- El Tribunal Electoral del Estado de Yucatán (TEEY), sentenció al alcalde Chichimilá, Samuel Uc Poot, por cometer violencia política contra las mujeres en razón de género. Esto porque el funcionario redujo el sueldo de la Síndica Teresita de Jesús May Tuz y ordenó a policías municipales prohibirle el acceso a su oficina. 

De acuerdo con un comunicado del TEEY, el pasado mes de julio, May Tuz percibió una reducción en su salario, sin que dicha decisión fuera aprobada en el cabildo. Además, los oficiales de la Dirección de Seguridad Pública Municipal impedían a la funcionaria el acceso a su oficina de la Sindicatura del Ayuntamiento de la mencionada comunidad.  

La servidora pública comprobó ante el Tribunal que esas medidas fueron ordenadas por el edil y en el caso del sueldo, ejecutadas por el tesorero Desert Iván Martín Barrera, como una represalia, pues ella los denunció por hechos de corrupción ante la Auditoría Superior del Estado (ASEY), y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, de la Fiscalía General del Estado (FGE). 

Demostró que el presidente municipal se refería a ella diciéndole que “como mujer, se fuera a preparar café”, entre otros comentarios despectivos; y pudo probar que es víctima de intimidación y amenazas por parte del alcalde, pues elementos policíacos pasan frente a su casa cada 30 minutos. 

Tras analizar todos los elementos de prueba del expediente correspondiente al Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, promovido por la regidora, y con folio JDC.-007/2020, el Pleno del TEEY declaró fundado el agravio relativo a la omisión del pago completo y el referente a la violencia política en razón de género. 

Por ello, ordenó a las autoridades responsables y al Ayuntamiento de Chichimilá realizar de manera inmediata los trámites correspondientes para que May Tuz reciba los recursos faltantes e ingrese de manera libre a las instalaciones de la presidencia municipal, y así se garantice su derecho político electoral de acceso y desempeño de su cargo. 

También recomendó implementar medidas de atención para evitar cualquier peligro a la integridad física y emocional de la funcionaria y su familia: ordenó a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), garantizar la protección de la síndica de la comisión de actos de violencia política de los cuales pudiera ser objeto, ya sea de manera física, sexual, económica, patrimonial o psicológica. 

Por otro lado, el Tribunal estableció garantías de no repetición, por lo cual vinculó a la Secretaría de las Mujeres (SEMUJERES), a implementar un Taller o Curso Integral de Capacitación y Sensibilización sobre el tema de violencia política en razón de género a regidores y personal administrativo del Ayuntamiento de Chichimilá, para evitar la continuidad de las conductas que generan vulneración de los derechos políticos de las mujeres integrantes de esa comuna.

Finalmente, se ordenó a las autoridades de ese municipio abstenerse de incurrir nuevamente en actos de violencia política contra las mujeres en razón de género, y garantizar la participación sustantiva de May Tuz en las sesiones de Cabildo, así como el acceso a la información de la presidencia municipal para el buen desempeño de sus labores. 

Con este caso, ya son cuatro las demandas por violencia política de género que han procedido en Yucatán desde el 2018.

También te puede interesar: En dos años, sólo tres demandas han procedido por violencia política de género

Los pueblos van formando su memoria histórica a través de sucesos y anécdotas. Hoy quiero compartirles una anécdota de la Villa de Espita. Sucedió hace muchos años después de la persecución religiosa impulsada por el gobierno de Salvador Alvarado, momentos difíciles que vivió la Iglesia Católica, allá por los años 1915 – 1918. Pues bien, ya superada esa etapa se comenzó a restablecer la Iglesia. Por lo tanto, comenzaron a realizarse otra vez los servicios religiosos, entre éstos la celebración de los matrimonios. Sucedió entonces que un joven decide casarse y recibe la instrucción requerida para recibir el sacramento, de tal manera que ya fijada la fecha era sólo esperar que llegara el día establecido. Se preparó todo el acontecimiento y las viandas; cochinita pibil, relleno negro y escabeche oriental, con la participación de cocineras mestizas y expertas torteadoras. Se pensaba que sería la boda más representativa del año, mas no se imaginaron que esa fecha quedaría grabada en la memoria de los habitantes de otra manera. Pues sucedió que el sacerdote no llegó y la boda religiosa no se llevó a cabo. La joven pareja tuvo que conformarse con la boda civil. El tiempo pasó y los jóvenes no tuvieron descendencia. No faltaron las opiniones de la gente y pronto se comenzó a difundir en el pueblo que aquello había sido un castigo; por no haberse realizado la boda religiosa. La familia formada por Fabián y Lola no le dio importancia a los comentarios y vivieron su vida, por el rumbo del Cementerio, acompañados por una sobrina de nombre Emilia, a quien cuidaron y crecieron como a una hija. Lola y Emilia durante muchos años se dedicaron al oficio de rezadoras y eran muy respetadas.

Con el paso de los años, por lo acontecido, a don Fabián le apodaron “don Preparado,” y muchas generaciones así lo conocieron, muy pocos sabían su verdadero nombre. Este señor campesino, vivió muchos años y ya avanzado de edad, tal vez 80 años, se dedicaba a chapear en la calle, en los patios y detrás de las albarradas de los vecinos para ganarse unos centavos. Se decía que tenía tres tipos de chapeo, el jáan chak; cuando sólo cortaba las hierbas y las dejaba ahí amontonadas, el míis páak; un chapeo limpio que quedaba impecable, como si hubieran barrido el espacio, y el pirixpáak que consistía en pasar la coa a diestra y siniestra y sólo cortaba lo que alcanzaba, no tenía orden y sólo buscaba recortar la maleza. Eso sí, cada uno con su respectivo precio. Con todo respeto, don Fabián fue un personaje de nuestra historia local.

Hoy, a 100 años de aquel acontecimiento, nos encontramos con la vigencia de aquel concepto aplicado a don Fabián. Nadie podrá negar que en nuestros días los avances en la educación han sido reales y que ahora muchos jóvenes de los pueblos pueden lograr una carrera universitaria pero al finalizar se encuentran con la triste de realidad de no encontrar trabajo acorde a sus estudios y entonces viven y forman una generación de Preparados, como se dice en el pueblo. Mérida, Yucatán, 18 de enero de 2021.

También se estableció una multa de 130 mil 320 pesos.

Mérida, Yucatán, 18 de enero del 2021.- El Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial sentenció a 40 años de prisión a J.Y.C., por el feminicidio de Suemi del Socorro Yam Canché. Los hechos en los cuales la mujer perdió la vida ocurrieron el año pasado, al principio de la contingencia por Covid-19, al sur de la capital yucateca.

Como se ha comunicado en Informe Fracto, el 22 de marzo del 2020, Suemi, quien tenía 38 años y era madre de tres niñas y un niño, fue golpeada por quien fuera su pareja, en la vivienda que habitaban en la zona sur de Mérida. Las lesiones que el hombre le ocasionó fueron tan severas, que días después le ocasionaron la muerte.

La Fiscalía General del Estado (FGE), inició una carpeta de investigación, la cual derivó en la causa penal 77/2020. La indagatoria realizada por esa dependencia confirmó que el sujeto y la víctima tenían una relación sentimental desde hace 16 años, y éste actuó dolosamente para privar de la vida a su pareja, a quien maltrataba física y verbalmente desde tiempo atrás, realizando dicha conducta delictiva por razones de género.

Tras contar con la anuencia de las partes involucradas, se realizó un juicio abreviado, donde la FGE presentó los datos de prueba que permitieron al Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial otorgar un fallo condenatorio e imponer 40 años de cárcel y una multa de mil 500 días o 130 mil 320 pesos a J.Y.C.

En la audiencia, celebrada en el Centro de Justicia Oral de Mérida (CJOM), se estableció que además de la pena privativa de la libertad, el sentenciado recibiera amonestación pública, se le suspendieran sus derechos políticos y de familia. También se le negó el beneficio de la sustitución de sanciones.

Antes de concluir la diligencia judicial, las partes involucradas renunciaron al plazo para interponer recurso alguno, por lo cual la sentencia quedó firme, de acuerdo con un comunicado de la FGE.

La familia de Suemi la recuerda como una mujer “siempre luchona”, que laboraba en distintas actividades para sacar adelante a sus hijas e hijo, quienes ahora se encuentran bajo el cuidado de sus parientes maternos. 

También te puede interesar: SUEÑOS TRUNCADOS: SUEMI, VÍCTIMA DE VIOLENCIA FEMINICIDA EN YUCATÁN