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Ajustan calendario académico de la UADY

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Consejo Universitario avala cambios

Mediante el uso de las herramientas informáticas se realizó a distancia la Sesión Extraordinaria del XVIII Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), en la cual presentaron la modificación del calendario de actividades académicas para el ciclo escolar 2020-2021, esto a causa de la actual emergencia sanitaria por Covid-19.

La Secretaria General de la UADY, Celia Rosado Avilés, informó que la fase uno de registro de inscripción para bachillerato general universitario y bachillerato con Interacción Comunitaria (UABIC) se dará del 28 de agosto al 1 de septiembre de 2020.

En cuanto al Bachillerato en Línea la primera convocatoria para inscripción se llevará a cabo del 2 al 15 de julio y del 6 al 14 de agosto de 2020; la segunda del 1 al 13 de octubre; tercera del 3 al 14 de diciembre; y la cuarta del 26 de febrero al 9 de marzo de 2021.

Para los programas de licenciatura, las inscripciones serán del 3 al 11 de septiembre de 2020, mientras que el nivel posgrado del 14 al 18 de septiembre y del 14 al 19 de enero de 2021.

El inicio del primer periodo semestral del bachillerato general y con interacción comunitaria será del 3 de septiembre de 2020 al 8 de enero de 2021; asimismo, el primer periodo del Bachillerato en Línea quedó del 10 de agosto al 5 de octubre.

Para educación superior (licenciatura) con el plan de estudios alineado al MEyA, el primer periodo semestral se llevará a cabo del 21 de septiembre al 29 de enero de 2021, mientras que para el plan alineado al MEFI del 21 de septiembre de 2020 al 4 de febrero de 2021.

En otro orden del día, el Consejo aprobó el acuerdo para la celebración de las subsecuentes sesiones ordinarias y extraordinarias a distancia, mediante el uso de las herramientas informáticas, esto debido a la emergencia sanitaria por Covid-19.

En su turno, el Abogado General de la UADY, Renán Solís Sánchez, presentó el documento en donde se posponen, hasta el retorno de las actividades presenciales en la Universidad, las designaciones de los tres nuevos miembros de la Comisión de Evaluación Académica para el periodo de junio 2020 al 31 de mayo de 2022.

Asimismo, se pospusieron los procedimientos de designación, así como los de elección, de los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras y de los Comités de Promoción y Permanencia.

Para finalizar, el Consejo también aprobó el acuerdo para diferir la recepción de propuestas de candidatos a recibir la medalla “Eligio Ancona 2020” y el diploma correspondiente, hasta el periodo enero-abril 2021, así como la designación del jurado que emitirá y entregará su fallo al Ejecutivo del Estado a más tardar el ú­­ltimo día del mes de julio del propio año.

“En el año 2021 se realizará el procedimiento para la entrega del galardón, el cual corresponderá a los años 2020-2021”, apuntó Solís Sánchez.

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Cooperativas de la Península de Yucatán se unen para promover el turismo comunitario

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En este año 2020, tan diferente por la pandemia que azota al planeta, la Alianza Peninsular para el Turismo Comunitario (APTC) conformada por 24 cooperativas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, decidió celebrar el día internacional de las cooperativas de forma diferente. Conscientes de que el turismo busca ahora experiencias más cercanas a la naturaleza y a la cultura, decidieron aliarse para responder a esas nuevas necesidades. Este 4 de julio, la APTC presenta el sitio en internet viajaturismocomunitario.com en el cual las personas interesadas podrán encontrar en un click la experiencia que más les interese.

Las cooperativas ofrecen a través de este sitio, vivencias diferentes a lo que uno puede imaginar al decidir viajar a la Península de Yucatán. El turismo de naturaleza es una de esas experiencias. Las cooperativas ofrecen, por ejemplo, recorridos en los canales de la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an, en Quintana Roo; paseos en lancha por las costas de Campeche a lado de delfines, flamencos e islas desiertas; nado en las refrescantes aguas de los cenotes de Yucatán y la posibilidad de conocer de cerca a los cocodrilos, monos saraguatos y aves de la región.

La cultura maya gira alrededor de la milpa, una forma tradicional de cultivar la tierra, la apicultura y las abejas sin aguijón (abejas meliponas); esas constituyen tres experiencias únicas para recorrer con respeto.  Al regreso, y en cada uno de los sitios de la alianza, la gastronomía maya está en el menú y gran parte de los alimentos provienen del mar o del campo que rodea la comunidad.

El turista especializado en birdwatching, o los amantes de la naturaleza que quieran conocer las serpientes colgantes anunciadas hace poco tiempo en National Geographic, también encontrarán un viaje a su medida. Los cenotes del gran acuífero maya, tan renombrados a nivel internacional, son también parte de la oferta de la Alianza.

Ismael Arellano, desde Valladolid en Yucatán, comparte que el turismo comunitario permite viajar en grupos pequeños, lo cual garantiza la sana distancia en todo momento. Además, todas las cooperativas están recibiendo asesoría y capacitación para adoptar mejores prácticas que permitirán a los visitantes vivir una experiencia segura en todo momento.

En opinión de Rossana Rivero, del destino Isla Arena en Campeche, las y los mexicanos merecen viajar de manera segura, después de haber respetado durante más de tres meses las medidas para ayudar a controlar la epidemia. Ella destaca que las y los turistas pueden mostrar su solidaridad al viajar hacia las cooperativas que ofrecen turismo comunitario, pues así contribuyen de forma directa al apoyo de muchas familias y, con ello, a la recuperación económica del país.

Zendy Euan, de Felipe Carrillo Puerto en Quintana Roo, concluye con una invitación a cada mexicana y mexicano a explorar, cuando la situación lo permita, la naturaleza y la cultura de la Península de Yucatán. Elige y VIAJA TURISMO COMUNITARIO.

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Avances, retos y exigencias para el reconocimiento pleno de los derechos de las personas LGBTI en Yucatán

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En Julio de 2013, se ganaba en Yucatán el primer amparo de una pareja del mismo sexo a quienes el Registro Civil negaba el derecho a contraer matrimonio. Con esa decisión, se iniciaba un largo camino de batallas, legales por el reconocimiento de los derechos de la disidencia sexual. En este trayecto se ha logrado el reconocimiento, vía judicial, del derecho al libre desarrollo de la personalidad de hombres, mujeres, niñas y niños gays, lesbianas y transgénero a quienes las autoridades les han negado el ejercicio de ese derecho. Con el objetivo de hacer un balance de lo logrado, se señalan algunas de las principales resoluciones que se han logrado en el estado, donde se han reconocido derechos a personas de la disidencia sexual.

A) RECONOCIMIENTO DE CONCUBINATO.

El 31 de octubre de 2013, el Juzgado Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Motul, Yucatán, y a cargo de la Juez Sandra Isabel Bermejo Burgos, emitió sentencia favorable en las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria promovidas para el Reconocimiento de Concubinato, por una pareja de hombres, reconociendo su carácter de concubinos con todos los derechos y obligaciones contemplados en la ley.

B) RECONOCIMIENTO DE FAMILIA LESBOMATERNAL.

El 08 de junio de 2015, el Juzgado Quinto de Distrito amparó a un matrimonio conformado por dos mujeres a quienes el registro civil les había negado la posibilidad de inscribir a su hijo, reconociendo la maternidad de ambas, violando con ello su derecho a fundar una familia. Fue el primer caso a nivel nacional en donde una familia lesbomaternal conseguía una resolución que obligaba al registro civil a inscribir al niño reconociendo la filiación del menor con ambas madres.

C) AMPARO COLECTIVO.


El 28 de junio de 2017, el Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, por Unanimidad, determinó conceder un amparo a 80 personas gays y lesbianas que habían presentado un amparo colectivo argumentando que las leyes de Yucatán les discriminaban al no reconocer su derecho a contraer matrimonio.

D) RECONOCIMIENTO DE FAMILIA HOMOPARENTAL.

El 21 de noviembre de 2018, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el Amparo en Revisión 553/2018, determinó por unanimidad de cinco votos conceder el amparo a un matrimonio conformado por dos hombres, para el efecto de que el registro civil inscribiera a su hijo reconociendo la paternidad de ambos. Fue el primer caso a nivel nacional en donde a un matrimonio de hombres que había recurrido a técnicas de reproducción asistida: fertilización in vitro y gestación subrogada, para lograr ser padres, se les reconocía la doble filiación.

E) RECONOCIMIENTO DEL CAMBIO ADMINISTRATIVO DE ACTA DE NACIMIENTO PARA UNA PERSONA TRANS.

El día 30 de abril de 2019, el Juzgado Quinto de Distrito, determinó conceder un amparo a una mujer transgénero a quien el Registro Civil le había negado la posibilidad de adecuar su acta de nacimiento a su identidad sexo-genérica. Se trató de la primera sentencia a nivel estatal y una de las primeras a nivel nacional que reconoció vía judicial la obligación del Registro Civil de modificar administrativamente el cambio de sexo de una persona transgénero.

F) RECONOCIMIENTO JUDICIAL DEL DERECHO DE UN NIÑO TRANS AL CAMBIO LEGAL DE SU ACTA DE NACIMIENTO

El 27 de septiembre de 2019, el Juzgado Segundo de Distrito reconoció el derecho de un niño transgénero de 12 años para hacer efectivo su derecho al libre desarrollo de la personalidad, derecho que le había sido negado por el Registro Civil ante quien él y su madre, solicitaron la rectificación de su acta de nacimiento vía administrativa, con la finalidad de adecuar el nombre y sexo con el que fue registrado, a su realidad física, social, así como a su expresión e identidad de género. Fue el primer caso a nivel nacional y uno de los primeros en América Latina, en donde a través de una sentencia se reconocía el derecho de la niñez trans a modificar sus documentos legales, doble filiación.


A pesar de que Yucatán ha sido vanguardia en resoluciones judiciales que han protegido y reconocido derechos de personas LGBTI, generando precedentes cuyo impacto va más allá de la entidad, estas determinaciones no se han visto reflejadas en la adopción de políticas públicas por parte de las autoridades del estado. En Yucatán todavía no se reconoce normativamente el matrimonio igualitario, tampoco se ha discutido la iniciativa presentada para reformar la Ley del Registro Civil para permitir el cambio administrativo de las actas de nacimiento de las personas trans. En el estado no se han tipificado en el código penal los crímenes de odio por homofobia, lesbofobia y transfobia, a pesar de tener un alto índice de delitos con esos componentes, y tampoco se han establecido políticas públicas en el ámbito de la educación, la procuración y administración de justicia y la salud, por mencionar algunos, que reconozcan la realidad y los derechos de las disidencias sexuales.

Muchas de estas peticiones fueron planteadas en una agenda que un espectro amplio de organizaciones presentamos a las y los candidatos previo a las elecciones de 2018. Ninguno de los temas planteados en dicha agenda, disponible en http://indignacion.org.mx/wp http://indignacion.org.mx/wp-content/uploads/2018/05/Agenda-Estatal-para-Yucata%CC%81n-Mexicana-LGBTTTl-2.pdf ha sido retomado por quienes ahora son gobierno. Lo anterior representa no solamente una clara muestra de la ausencia de voluntad política para reconocer derechos a un grupo históricamente discriminado, sino una clara muestra de homofobia y transfobia institucional, una de cuyas más claras expresiones la dio la actual legislatura del Congreso del estado al negarse, el año pasado, en dos ocasiones y en una vergonzosa votación secreta, a reconocer el matrimonio igualitario.

Frente a esta situación resulta indispensable recordar, en este Día del Orgullo, que existe una deuda histórica pendiente por parte de quienes componen los tres niveles de gobierno en el estado de Yucatán. El reconocimiento de derechos para un sector discriminado e invisibilizado no es una dádiva, sino una obligación que tienen todos los poderes en los tres ámbitos de gobierno.

En Yucatán esta deuda subsiste, y en esa lógica nuevamente exigimos a las autoridades del estado, que establezcan las medidas legislativas y administrativas necesarias para que se garantice el derecho de todas las personas a la igualdad, con independencia de su orientación sexual e identidad de género.

Indignación Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C.

Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal A.C.

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SCJN ordena al INEGI censar a los asentamientos precarios del país

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 La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le ordenó al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) que realice las acciones necesarias para generar información estadística de las personas que habitan en asentamientos informales del país. Consideró además, que la ausencia de esa información es violatoria de los derechos humanos al impedir que se diseñen políticas públicas que abarquen a toda la población. La decisión surge tras un amparo que la organización TECHO realizó al INEGI por no censar asentamientos humanos del país.

La resolución se da tras una solicitud de acceso a información pública que la organización TECHO realizó ante el INEGI en 2018 sobre la población que vive en asentamientos informales. Tras reconocer la institución que carecía de esa información, es ahí cuando organización decide presentar un amparo contra esa omisión. El caso fue posteriormente atraído por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (expediente 635/2019) y hoy finalmente resuelto en favor de la organización.

La sentencia de la Primera Sala, redactada por la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, es histórica porque no sólo ordena al INEGI subsanar esta omisión, sino que es la primera vez que el más alto tribunal del país aborda la situación de los asentamientos informales y los reconoce como uno de los sectores más excluidos del país, principalmente por las violaciones que tienen en su acceso a una vivienda adecuada. Asimismo, reconoce que la información estadística es un prerrequisito para que las autoridades puedan garantizar el derecho a la vivienda.

“Es un día histórico: el primer paso para resolver un problema es conocerlo. Con esta decisión, México podrá estar a la altura de otros países de la región para diseñar políticas que resuelvan la expresión más cruda de la desigualdad de las ciudades: los asentamientos populares. Nos ponemos a disposición para aportar desde la experiencia de 23 años en asentamientos de Latinoamérica” señaló Emilia García, Directora General de TECHO México.

Por su parte, Kalycho Escoffié, abogado que colabora con TECHO, señaló que la sentencia “deja importantes precedentes para la defensa no solo del derecho a la vivienda, sino de los derechos económicos, sociales y culturales en general”. También comentó que tiene “un efecto simbólico porque pone sobre la mesa la situación de los asentamientos como un asunto de derechos humanos y por lo tanto que debe ser atendido con esa lógica”.

La organización indicó que corresponde ahora esperar a que pueda darse inicio al proceso de cumplimiento de la sentencia. También manifestó toda su disposición para colaborar con el INEGI en aras de lograr esta meta. Para ello, propuso crear una mesa de diálogo y coordinación en la que participen representantes del INEGI, así como otros actores académicos y de la sociedad civil que trabajan con asentamientos humanos.

Se calcula que en América Latina viven aproximadamente 113.4 millones de personas (el 23.5% de los habitantes de las ciudades) en asentamientos informales. A pesar de ello, en México no se sabe cuántos asentamientos de este tipo hay, cuántas personas viven en ellos y en qué condiciones. Incluso TECH, había expuesto esta situación en julio de 2017 durante una audiencia temática realizada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

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