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Voz de la Península

Pobladores de la ciudad de Campeche temen ser desalojados en plena pandemia por el Tren Maya

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Fotografías cortesía del Colectivo Tres Barrios.

El Colectivo Tres Barrios exigió a las autoridades suspender el proceso de reubicación hasta que no existan condiciones de salubridad que permitan establecer una mesa de diálogo entre las autoridades y los vecinos.

Campeche, Campeche, 20 de julio de 2020.- Pese a la pandemia, en las últimas semanas han continuado las labores para el proceso de “reubicación” de residentes de los barrios de Santa Lucía, La Ermita y Camino Real, de la ciudad de Campeche, como parte del proyecto del Tren Maya. De acuerdo con un comunicado emitido por el Colectivo Tres Barrios, autoridades han convocado a las y los vecinos de esa zona a entregar las escrituras de sus viviendas para concretar el proceso apenas se declare el cambio del semáforo epidemiológico, por lo cual temen ser desalojados sin posibilidad de acceder debidamente a la justicia.

Autoridades federales y locales han apremiado a pobladores de los barrios mencionados a desalojar, solicitándoles entregar identificación para votar, constancia de libertad de gravamen de su vivienda y la escritura pública de la misma, con el objetivo de concretar el traslado apenas haya un cambio en el semáforo de salubridad, indica un boletín del Colectivo.

Algunas personas han solicitado la indemnización a cambio de moverse, pues sienten “que no pueden hacer nada contra las autoridades”, pero los montos ofrecidos son menores al precio real de sus inmuebles. “Les han metido la idea de que estamos mal por vivir en la vía del tren, cuando nuestras colonias y casas existen desde antes de la vía del tren”, precisó en el comunicado Lourdes Ganso, integrante de la agrupación.

Por otro lado, las autoridades no les han informado con claridad qué ocurrirá con quienes no acepten las indemnizaciones para irse, por lo cual temen desalojos forzosos.

“No es razonable que tras 70 años de construidas las vías del tren en sus colonias, las autoridades quieran decirles que es ilegal que vivan ahí, cuando durante esos años hubo total aquiescencia, cuentan con servicios de luz, agua y forman parte del patrimonio histórico de Campeche”, señaló en el boletín Carlos Escoffié, especialista en derecho a la vivienda consultado por el Colectivo. “La gente tiene miedo de ser desalojada, pero tampoco tiene mucho margen para acceder a la justicia o protestar porque temen enfermarse de COVID-19”, señaló.

Por ello, los integrantes del Colectivo exigieron a las autoridades suspender todas las actividades del proceso de reubicación hasta que no existan las adecuadas condiciones de salubridad que permitan establecer una mesa de negociación con las y los vecinos que se oponen a perder sus barrios.

Cabe recordar que el Colectivo Tres Barrios —conformado por vecinos de las zonas habitacionales ubicadas sobre las vías férreas existentes en la ciudad de Campeche— desde el año pasado se ha manifestado en contra del desalojo para la adecuación y construcción del Tren Maya.

Las y los integrantes del Colectivo aseguran que la ruta del tren debe ser modificada para impedir la destrucción de sus vínculos vecinales en esos tres históricos barrios de Campeche. A pesar de que han presentado un juicio de amparo en contra del desalojo, las medidas cautelares de suspensión otorgadas por el Juzgado Primero de Distrito no solo han sido limitadas, puesto que únicamente prohíben a las autoridades hacer censos y visitas domiciliarias, sino que no han podido evitar que las labores de “reubicación” continúen.

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Bocadillos

Museo del Mundo Maya: contrato original

Rolando Bello Paredes

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El decreto que autorizó al Poder Ejecutivo del estado de Yucatán para modificar el contrato del proyecto para la prestación de servicios del Gran Museo del Mundo Maya de Mérida (GMMM), entró en vigor el pasado viernes 24 de julio.

La autorización legislativa dispuso que la titular de la Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta) realizaría “los actos legales y administrativos necesarios, suficientes o convenientes para modificar el contrato” de referencia, sus “secciones, cláusulas o anexos”, y que la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) efectuaría, por su parte, “las asignaciones presupuestarias necesarias para efecto de dar cumplimiento” al decreto legislativo.

Casi dos meses después de la autorización del Congreso, ni Sedeculta ni SAF, las dependencias competentes, han rendido informe alguno de sus responsabilidades en relación con el GMMM, hasta donde se sabe públicamente.

El Ejecutivo aseguró que esperaría un supuesto “ahorro” por la cantidad de 1,500 millones de pesos, con la modificación del contrato. Nadie ha vuelto a informar del tema.

En la Cuenta Pública 2029, el Ejecutivo informa lo siguiente:

“La Secretaría de la Cultura y las Artes y la Secretaría de Administración y Finanzas, han realizado las gestiones correspondientes relativas a los pagos de Enero a Diciembre de 2019 por un total de $300.3 millones de pesos (sic) por prestaciones de servicios ejecutados en el Gran Museo Maya de Mérida, con el fin de dar cumplimiento al instrumento de origen”.

Sin embargo, en dicho documento, en el cuadro denominado “Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos”, se asegura que el “monto promedio mensual del pago de la contraprestación”, fue de 23 millones 333 mil 333 pesos, es decir un total anual de 280 millones de pesos.

No se entiende por qué los responsables de las cuentas ejecutivas no proporcionan datos exactos y precisos, sino que recurren a “promedios”.

La cuenta pública 2019 señala también que el “monto de la inversión pactado”, fue por la cantidad de 770 millones 425 mil 594 pesos.

El caso es que la sociedad yucateca sigue sin saber la realidad de las cuentas del Museo del Mundo Maya (ver Bocadillos, “Las cuentas del Museo del Mundo Maya”, en Informe Fracto, 25 julio 2020).  

En el sitio https://www.dropbox.com/s/7zocefxsi4f0wtk/contrato.pdf?dl=0 del portal del Instituto de Historia y Museos de Yucatán, visto el pasado domingo 26 de julio, encontré el texto del contrato original del GMMM.

Enseguida, algunos datos de este documento, firmado por el Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del estado de Yucatán y la empresa Promotora de Cultura Yaxché, SA. de CV, con fecha 14 de junio de 2011:

* La vigencia es de 21 años: “Hasta el 14 de junio de 2032 o cualquier otra fecha en que termine anticipadamente el presente contrato”.

* Contraprestación principal: “Por la prestación de los servicios el Patronato pagará al inversionista proveedor, pagos anuales que a la fecha de la presentación de la Proposición ascienden a la cantidad de 143 millones 810 mil pesos 605 pesos más el IVA correspondiente

* Uso de instalaciones: El inversionista proveedor otorgó irrevocablemente al Patronato el derecho de usar las instalaciones, el equipo, la museografía, para la prestación de todos los servicios relacionados y actividades inherentes o cualquier actividad propia del Patronato y Gran Museo.

* Obligación de no vender: El inversionista proveedor se obliga a no vender la obra e instalaciones durante la vigencia del contrato y reconoce que a la fecha de terminación del contrato, pasarán a ser propiedad del Patronato.

* Reembolso de gastos pre-operativos: El inversionista proveedor acepta y se compromete con el Patronato a reembolsarle al inicio de la vigencia del contrato la cantidad de 32 millones 623 mil 523 pesos más el IVA, en concepto de gastos pre-operativos, elaboración de documentos y estudios de orden jurídico, financiero, técnico, para métrico, asesoría, entre otros.

* Representantes: Del Patronato, el CP. Marco Antonio Hoyos, y del inversionista, el Lic. Carlos Andrés (ilegible el primer apellido) López.

* Pago por terminación anticipada del contrato: Se pactó un pago resultado de la aplicación de una fórmula, no una cantidad determinada en la fecha de la firma del contrato.

* En el Anexo 18 del contrato, se lee lo siguiente: “Se estima una afluencia de 268,000 visitantes anualmente durante los primeros 5 años del proyecto, y más de 954,000 visitantes anualmente como meta a partir del quinto año”.

Deuda pública 2019. De acuerdo con las cuentas ejecutivas, el gobierno del estado pagó en 2019, por concepto de intereses de la deuda pública de Yucatán, la suma de 355 millones 448 mil 929 pesos.

El documento de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2019, visible en el portal del Ejecutivo del estado, agrega que el endeudamiento neto en ese año, ascendió a la cantidad de 493 millones 041 mil 547 pesos.  

Según el informe gubernamental del estado de la deuda, al 30 de junio de 2020, Yucatán debe la suma total de 4 mil 854 millones 721 mil pesos, por concepto de deuda directa y con garantía.

Exhorto. El Congreso aprobó la propuesta del diputado Luis María Aguilar Castillo de exhortar al Ejecutivo para que la Secretaría de Educación (Segey): a). Continúe con el Programa de Apoyo de Tecnologías Educativas y de la Información, que consiste en dotar de equipos de cómputo a Maestros de Educación Básica, de manera gratuita; y, b). Otorgue igualdad de condiciones a todos los maestros, para disponer de una plaza docente de base.

En su oportunidad, los Bocadillos externaron su preocupación de que la Segey no hiciera caso del exhorto (ver Bocadillos, “Pin Parental”, en Informe Fracto, 22 agosto 2020).

No se tiene noticia, a la fecha, que la Segey haya tenido la gentileza, al menos, de acusar recibo del exhorto legislativo.

“Toque de queda”. El inconstitucional “toque de queda”, decretado por el gobierno yucateco, continuará vigente: “Los vehículos, independientemente de su uso, tendrán restringida la circulación a partir de las veintitrés horas con treinta minutos y hasta las cinco horas”, a partir del pasado jueves 17 (Diario Oficial del estado de fecha 16 de septiembre de 2020).

Juicio a los “ex”. Al final, acaso desconfiando del éxito de los ciudadanos que recababan firmas para la consulta, el presidente de la República consideró seguir siendo el protagonista principal de la obra “El juicio a los ex”, y formuló la siguiente pregunta, que entregó al Congreso federal (La Jornada Maya, 15 septiembre 2020):

“¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables investiguen y, en su caso, sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quezada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”.

El asunto se turnó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. “La consulta para juzgar a los ex presidentes no será avalada por la Corte. Los presidentes tienen fuero constitucional y solo están expuestos ante delitos probados de traición a la patria”, aseveró Arturo Zaldivar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (LaPoliticaOnline, 2 septiembre 2020).

En su Carta al Senado del pasado martes 15, afirmó el presidente de la República:

– “He dicho y reitero que yo votaría por no someter a los expresidentes a proceso”.

Otra consulta. Ahora senadores de la República del PRI, PAN, PRD, uno de MC, y dos de Morena, proponen otra consulta popular, con la siguiente pregunta:

– “¿Estás de acuerdo en que el gobierno federal otorgue un apoyo económico a trabajadoras y trabajadores formales e informales que pierdan su trabajo o disminuyan sus ingresos con motivo de crisis económicas por las que atraviesa el país, como la originada por la contingencia sanitaria covid.19?” (Excélsior, 17 septiembre 2020).

Ad litteram. En la novela de John Le Carré, El sastre de Panamá:

Te explicaré los principios básicos del periodismo. Yo gano dinero de dos maneras. Por un lado, cierta gente me paga por escribir artículos, así que los escribo (…). Por otro lado, cierta gente me paga por no escribir artículos. Para mí, es la mejor manera, porque sin escribir gano también dinero. Si juego bien mis cartas saco más dinero por no escribir que por escribir. Hay una tercera manera pero no me convence demasiado. La llamo mi último recurso. Me dirijo a cierta gente del gobierno e intento venderles lo que sé. Pero no resulta muy satisfactorio”.

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Voz de la Península

Reportan 11 fallecimientos por COVID-19 en Yucatán

Lilia Balam

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Foto: http://www.diarioeldia.cl/region/laboratorio-biomolecular-ovalle-ya-proceso-primeras-muestras-covid-19

El gobernador Mauricio Vila Dosal advirtió que en los próximos días se comenzará a ver el impacto de la reapertura económica en la incidencia de la enfermedad.

Mérida, Yucatán, 18 de septiembre del 2020.- La Secretaría de Salud de Yucatán (SSY), reportó 11 defunciones a causa de la COVID-19 en la entidad. El gobernador Mauricio Vila Dosal advirtió que en los próximos días se comenzará a ver el impacto de la reapertura económica en la incidencia de la enfermedad.

De acuerdo con la dependencia, perdieron la vida tres mujeres y cuatro hombres de Mérida, una mujer y un varón de Chicxulub Pueblo, un hombre de Seyé y uno de Campeche. Tenían entre 49 y 90 años, la mayoría tenían padecimientos crónico degenerativos. Con estos casos, ya son 2 mil 228 las personas que han fallecido por el coronavirus a nivel local.

De igual forma, se confirmaron 100 nuevos diagnósticos de COVID-19 en el estado. 70 en la capital yucateca; siete en Valladolid; cuatro en Tekax; dos en Maxcanú, Motul, Muna, Panabá, San Felipe y Tizimín; y uno en Cansahcab, Espita, Halachó, Izamal, Peto, Progreso y Umán.

En total, 17 mil 242 personas han dado positivo a la prueba del coronavirus, 168 eran de otro país o estado. 241 pacientes se encuentran en hospitalización, 804 tienen síntomas leves y 13 mil 969 ya se recuperaron.

Por otro lado, en un mensaje transmitido en redes sociales, Vila Dosal reiteró que el virus es altamente contagioso, letal y “sigue allá afuera”.

Además, la reapertura económica  implicó aumento en la movilidad, lo cual a su vez incrementó el contacto entre personas y por ello, se prevé que en los siguientes días se observen cambios en las cifras de incidencia de la COVID-19, aseveró el funcionario.

“Al haber más contactos entre personas, aumenta la posibilidad de más contagios y la epidemia tiene ciclos de 14 días, por lo cual el impacto de las medidas implementadas el 1° de septiembre se empezarán a ver en los próximos días”, sostuvo.

Por ello, exhortó a la ciudadanía a seguir respetando las medidas de higiene y prevención, como el uso de cubrebocas y mantener distanciamiento social.

Cabe recordar que se puede consultar información sobre la enfermedad en la página http://www.coronavirus.yucatan.gob.mx. También están a disposición la línea telefónica (800 982 2826), y los chats de Whatsapp en español (999 200 8489) y en maya (9991 40 6622), para obtener diagnóstico automatizado; y la aplicación “Meditoc”, tanto en Apple Store como en Play Store.

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Voz de la Península

Movilidad urbana y crisis sanitaria, deudas sociales

César Benítez

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Foto de César Benítez

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial Alemania y Japón tuvieron que trabajar por muchos años tanto en la reestructuración de sus ciudades como en la de su propia sociedad. Desafortunadamente la guerra representó una “oportunidad” nada grata para que dichas naciones tuviera que hacer frente a cambios sociales y romper paradigmas sobre los cuales estuvieron viviendo durante largos años.

Actualmente nuestro mundo contemporáneo atraviesa por una crisis, originalmente sanitaria, que ha derivado en problemas de índole financiero, económicos, comerciales, tecnológicos, etc. Estos han impactado en todos los niveles de las diversas sociedades a nivel mundial, y van desde el núcleo familiar hasta las altas estructuras de organización de las grandes sociedades y potencias.

En el caso de nuestra país, Mexico, y particularmente de Mérida, hemos sido testigos del enorme golpe negativo que se ha producido en los diversos sectores, principalmente en el comercial, del cual dependen gran cantidad de familias, familias que desde que empezó la crisis sanitaria del COVID19, han tenido que realizar estrategias para mantener en activo los negocios e ingresos mermados, sea cual fuera el giro que estos tengan.

Sin duda uno de los principales problemas que muchos hemos enfrentado durante esta crisis (y es valido mencionar que desde muchos años atrás) es el del transporte público. Hace apenas un par de semanas se anunció la “reactivación económica” del estado, la cual incluía la apertura de gran cantidad de negocio considerados “no esenciales”, las plazas comerciales, cines, y otros más.

Por todo lo anterior es comprensible que la capacidad del transporte público de la ciudad quede rebasada por las necesidades de movilidad urbana y laboral de miles de trabajadores que a diario salen a buscar el sustento, sin considerar que, debido a las restricciones ocasionadas por la misma contingencia sanitaria, los estudiantes no están usando el transporte público aún, ya que cuando llegue ese momento enfrentaremos a situaciones en verdad caóticas.

Es mas que evidente que el gobierno estatal en turno, poco o nada se preocupa por dicha situación, y muestra escasa empatía y capacidad conciliadora con la clase trabajadora, ya que si bien han implementado algunas medidas de control, estas  únicamente son acciones mal planificadas que a nivel funcional no han ayudado realmente a solucionar los problemas de movilidad de la gente. Desde la restricción en cuanto a los horarios de circulación y la cantidad de unidades de transporte disponibles, hasta la penosa y humillante modificación de los paraderos de los autobuses fuera del primer cuadro de la ciudad, so argumento de que con esto no sólo disminuirán los congestionamientos de usuarios sino que también mejorará la imagen de centro histórico de la ciudad de Mérida.

Todo consumidor del transporte publico sabe lo complicado que es coordinar horarios para transbordar entre una unidad y otra con tal de llegar a tiempo al trabajo, sacrificando horas de descaso y de convivencia familiar. Con la reubicación de los paraderos será necesario invertir más tiempo para poder atravesar la ciudad de un punto al otro, pues un usuario de alguna ruta del sur, descenderá en las inmediaciones del mercado municipal y para tomar alguna ruta del norte, le será necesario desplazarse hasta las calle del parque de Sant Lucia o de la famosa “plancha”. Es evidente que los desarrolladores de esta iniciativa nunca pensaron en cómo se verían afectadas las personas de la tercera edad, las madres que salen con sus hijos y desde luego mujeres embarazadas o personas con discapacidad que necesitan salir a sus trabajos o a resolver situaciones de índole personal: pagar sus servicios, acudir al banco, etc. No todos tienen la posibilidad de hacer sus trámites a través de una aplicación en el celular o vía internet.

Los concesionarios del transporte, ni el propio gobierno pensaron en el desgaste físico que representa para los usuarios moverse de un punto a otro y peor aún con el calor, bochorno y las altas temperaturas que tanto caracterizan a nuestra ciudad. Tampoco pensaron en los daños colaterales que sufrirían los vecinos de ciertas zonas de la ciudad al reubicar en sus calles tranquilas, los nuevos paraderos para que se movilicen miles de usuario día a día.

Con base a la experiencia de aquellos años 2002 ó 2003, tiempo en el que Ana Rosa Payán tuvo toda la buena voluntad, pero no la planeación ni información,  de crear un circuito interior para “mejorar la viabilidad de la ciudad” podemos atrevernos a pensar que la medida de la reubicación de los paraderos será una medida con pocas posibilidades de éxito, y peor aún, quizás será un proyecto que quedará trunco al finalizar la administración en turno.

Sin duda, la modernización y mejora del transporte público ha sido una deuda social que varias administraciones nos deben a los meridanos y yucatecos. Ha sido un tema que se ha dejado en el tintero y que solamente se esgrime con fines de proselitismo y candidaturas. Ojalá de verdad nuestras autoridades se tomaran molestia de trabajar en medidas y políticas sociales pensadas desde la sociedad y no únicamente desde un escritorio.

Si nuestra ciudad, y estado, buscan posicionarse y mantener el estatus de “mejor lugar por vivir”, deberían implementar condiciones, infraestructura y una educación urbana dignas de cualquier sociedad de primer mundo, con las cuales habitualmente nos comparan.

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