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PIDEN NO DAR “CARPETAZO” A LAS AMENAZAS DE MUERTE CONTRA ACTIVISTA DE LA UADY

Lilia Balam

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Rosa Elena Cruz Pech, fundadora de “UADY sin acoso” recibió protección por parte de las autoridades estatales cuatro días después de interponer una denuncia ante la FGE por recibir amenazas de muerte. Al menos una decena de estudiantes de la Universidad fueron amenazadas por participar en los tendederos contra la violencia de género.

Activistas, profesoras y estudiantes exigieron a la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), y a las autoridades estatales no dar “carpetazo” a la denuncia interpuesta por la fundadora de “UADY sin acoso”, Rosa Elena Cruz Pech, tras ser amenazada de muerte por su labor contra la violencia de género en esa Casa de Estudios. También exigieron hallar a los responsables de ese ilícito e imponerles una sanción adecuada para no perpetuar la impunidad.

El pasado 13 de marzo Cruz Pech recibió textos amenazadores a través de redes sociales, tras participar en diversos eventos con motivo del Día Internacional de la Mujer en las facultades de la Universidad, en los cuales se realizaron actividades como los tendederos para exponer casos de violencia de género en los planteles.

En los mensajes, enviados desde un perfil de Facebook aparentemente falso, se refieren a ella como “perra” y le piden “bajarle de huevos” con las denuncias de acoso y hostigamiento dentro de la comunidad universitaria, o de lo contrario la agredirían sexualmente y la matarían. Posteriormente sus padres detectaron que el automóvil familiar fue dañado, por lo cual el 14 de marzo interpuso una denuncia por ciberacoso ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

Sin embargo, las autoridades locales impusieron medidas de protección hasta la mañana de hoy, bajo el argumento de que “cualquiera puede mandar un mensaje” en redes sociales.

“Hoy mandaron una orden de seguridad después de que varias compañeras hicieran la petición. Primero dijeron que no podían dar una orden cautelar, pero quedaba la denuncia y si en algún momento había intimidación, la carpeta estaba abierta para que procediera, pues cualquiera puede mandar un mensaje por Facebook, que pasa muy seguido. Y si presenciaba algo de manera física ya podía solicitar [la orden cautelar]”, detalló Cruz Pech.

Por ello, integrantes de la comunidad universitaria y de asociaciones civiles solicitaron a la Casa de Estudios y al Gobierno estatal investigar el ilícito, dar con los responsables y sancionarlos, así como garantizar la seguridad de la activista y su familia.

 “Nuestro llamado es que no le den carpetazo, que la FGE y la Policía Cibernética le den seguimiento y atiendan la denuncia. En la Fiscalía sigue habiendo omisión y eso les vuelve cómplices. Pero tenemos la mirada puesta en la denuncia, queremos resultados, si tienen tanto dinero invertido seguramente pueden identificar en dos patadas quién está detrás de ese acoso y queremos que se le den las sanciones que corresponde”, señaló la investigadora Rocío Quintal López.

Por otro lado, la UADY únicamente emitió un comunicado en el cual exhortaba “el cese inmediato” de las agresiones a las mujeres que participaron en las actividades para conmemorar el 8 de marzo, pero no ha realizado otra acción para velar por su seguridad, comentó Cruz Pech, quien agregó que el Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción de la Violencia de Género, Discriminación, Hostigamiento, Acoso y Abuso Sexuales “no está dando resultado”, pues desde el primer acercamiento con las autoridades “revictimiza” a las denunciantes, además que “estanca” los procesos.

Las activistas indicaron que el mencionado protocolo es perfectible y es momento de que los responsables del mismo lo analicen e implementen mejores para atender a las víctimas de acoso y hostigamiento en la Universidad.

De igual forma, exigieron la protección de otras estudiantes y miembros de “UADY sin acoso”, quienes también fueron amenazadas por hacer denuncias públicas de acoso y hostigamiento sexual.

De acuerdo con la investigadora del Centro de Investigaciones Regionales “Dr. Hideyo Noguchi”, Silvina Contreras Capetillo, al menos diez alumnas fueron agredidas tras participar en los tendederos y se estaría preparando otra denuncia por las amenazas que han recibido. De igual forma, una estudiante de la Facultad de Ingeniería recibió mensajes de intimidación en redes sociales, pero se desconoce si denunció el ilícito ante la FGE.  

Finalmente, las activistas reiteraron que los tendederos realizados en las facultades son un acto de libertad de expresión y en ningún caso se debe violentar a las mujeres que los emplearon para denunciar públicamente la violencia de género. 

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Hay mayor vulnerabilidad de la Península de Yucatán ante huracanes: estudio de la UNAM

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Nuevo estudio pronostica que los huracanes que afectarán la Península de Yucatán serán más intensos. Especialistas de la ONU recomiendan tomar medidas preventivas ante las previsiones científicas.

Un nuevo estudio científico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), publicado en la revista internacional Climatic Change de Springer Nature, plantea escenarios en los cuales los huracanes que afectarán a la Península de Yucatán podrán ser más potentes.

De acuerdo con el doctor Christian Appendini, investigador del Instituto de Ingeniería de la UNAM en Sisal y líder del estudio,  para  la investigación se usaron seis modelos de circulación que permiten, con base en datos históricos y considerando el aumento de las temperaturas por el calentamiento global, conocer los posibles patrones de huracanes del futuro cercano. 

Los resultados indicaron que el aumento global de temperaturas propiciará la intensificación de los huracanes, por lo cual no necesariamente habrá más eventos en la región, pero sí es más probable que los que lleguen a afectar a la península sean de categorías mayores.

Al respecto, Sébastien Proust, especialista del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México y co-autor del estudio, comentó que “Más allá de alarmarnos, el estudio permite tomar mejores decisiones”.

Ambos mencionaron que se están implementando iniciativas que permitirían mitigar los futuros impactos de los huracanes. Por ejemplo, como ha comunicado Informe Fracto previamente, en Sisal existe un proyecto de estudiantes de la UNAM, cuyo objetivo es restaurar las dunas, su vegetación y su biodiversidad, como forma de proteger a la comunidad. 

El Programa de Pequeñas Donaciones del PNUD financió en esta misma comunidad, una iniciativa de mujeres para restaurar el manglar en la ciénega, lo cual constituye una barrera viva ante los fenómenos climáticos. 

En Quintana Roo, organizaciones como Oceanus A.C. trabajan en la restauración del arrecife degradado en Xcalak y Cozumel, como una forma de proteger las costas. Este tipo de propuestas debe implementarse para poder ser más resilientes ante la eventual afectación de estos eventos extremos, apoyándose en la naturaleza, mencionaron los académicos. 

Tierra adentro, la prevención se puede implementar de diferentes formas. Para ello, los financiamientos que otorga el Programa de Pequeñas Donaciones del PNUD en las comunidades contemplan siempre una inversión del 4% hacia prevención de riesgos. Este recurso se usa para “blindar” los proyectos, capacitando a las comunidades para la prevención y la preparación, así como invirtiendo en equipamiento e infraestructura para estar preparados. 

Un ejemplo puede ser para los apicultores, quienes deben tener un plan de resguardo, y preparar cuerdas para amarrar las colmenas. Para las y los campesinos que siembran semillas nativas, se trata de mantener las semillas en circulación a través de las ferias de las semillas, las cuales nacieron después del huracán Isidoro hace ya 18 años.

La planeación de la construcción es otro ejemplo de acción. Existen ya guías precisas de construcción para la costa, algunas incluidas en planes de ordenamientos como el programa de ordenamiento territorial de la costa de Yucatán, que recomienda la construcción sobre pilotes en la costa. 

Según estudios de la UADY, las casas mayas tradicionales son construidas de tal forma que resisten a los vientos huracanados, dejando pasar los vientos por los bajareques. Pero la infraestructura reciente, calles, postes y casas de concretos carecen de estas características y eso aumenta la vulnerabilidad.

A nivel de las ciudades de la Península de Yucatán, las cuales están casi todas a la orilla del mar (Campeche, Chetumal, Progreso, Cancún, Playa de Carmen) o bastante cerca (Mérida) el estudio revela que es necesario desarrollar, pero sobre todo implementar planes de acción climáticos. Estos instrumentos de planeación, llamados Plan de Acción Climática Municipal (PACMUN), solamente existen en la actualidad para Cancún y Bacalar.

Finalmente Appendini y Proust señalaron que el aumento de la frecuencia e intensidad de los huracanes es una consecuencia directa del calentamiento global, pero la vulnerabilidad de las comunidades humanas es resultado de un crecimiento no ordenado. 

Por ello, sugirieron tomar acciones de planeación e inversión para mejorar la capacidad de resiliencia de las ciudades, de la costa y de las comunidades locales. A diferencia del COVID-19 (coronavirus), está es una crisis que se puede anticipar y todavía estamos a tiempo para construir, sociedad y servidores públicos, soluciones locales basadas en la naturaleza, el conocimiento local y la planeación, sostuvieron.

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En 24 horas, 75 nuevos contagios de COVID-19 en Yucatán

Lilia Balam

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Se confirmaron casos en Mérida, Progreso, Temozón, Ticul, Kanasín, Umán, Chicxulub Pueblo, Tekax, Akil, Chacsinkín, Halachó, Hocabá y Hunucmá.

En 24 horas, se confirmaron 75 nuevos contagios de COVID-19 (coronavirus), en 13 municipios yucatecos, informó la Secretaría de Salud estatal (SSY), esta tarde.

De acuerdo con la dependencia, se confirmaron 42 diagnósticos positivos en la capital yucateca; ocho en Progreso; cinco en Temozón y Ticul; tres en Kanasín y Umán; dos en Chicxulub Pueblo y Tekax; uno en Akil, Chacsinkín, Halachó, Hocabá y Hunucmá. En total ya son mil 785 casos del virus, 14 de los cuales eran de otro país o estado.

También se reportaron nueve fallecimientos: una meridana de 54 años, con obesidad y tabaquismo, quien vivía con dos personas, una de las cuales tiene síntomas del virus; cuatro meridanos, uno de 52 años, con antecedentes de hipertensión, diabetes y obesidad; uno de 60 años, quien padecía hipertensión y diabetes y convivía con cuatro personas que reportan síntomas leves; uno de 62 años; y uno de 65 años, con obesidad y diabetes, quien vivía con cinco personas que manifiestan cuadros leves de la enfermedad.

Asimismo, perdieron la vida un hombre de 48 años originario de Halachó, con antecedentes de hipertensión y obesidad; un varón de 61 años de Oxkutzcab, quien tenía hipertensión y diabetes; uno de 68 años de Tinum, con los mismos padecimientos; y un hombre de 77 años oriundo de Temozón, con obesidad y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), quien convivía con seis personas, dos de las cuales presentan síntomas leves.

En total, 201 pacientes han fallecido a causa del virus. 136 se encuentran hospitalizados por distintas complicaciones relacionadas con la enfermedad, 191 tienen cuadros leves de la misma y mil 257 ya se recuperaron.

La SSY solicitó a la población mantenerse en su casa y seguir al pie de la letra las medidas de salud e higiene establecidas por las autoridades sanitarias.

Cabe recordar que actualmente se puede consultar información sobre el COVID-19 en la página http://www.coronavirus.yucatan.gob.mx. También se puede emplear la línea telefónica (800 982 2826), y los chats de Whatsapp en español (999 200 8489) y en maya (9991 40 6622), para obtener diagnóstico automatizado; y se encuentra disponible la aplicación “Meditoc”, disponible para su descarga en Apple Store y en Play Store.

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Preocupa falta de información sobre casos de COVID-19 en centros penitenciarios

Lilia Balam

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Aunque la CNDH reportó que hay 16 diagnósticos confirmados del virus en prisiones, podría haber un “subregistro” de contagios en las cárceles, expresó el director general de la organización “AsíLegal”, José Luis Gutiérrez.

La falta de información sobre los casos de COVID-19 (coronavirus), al interior de los centros penitenciarios yucatecos es preocupante, pues podría desatar incidentes de violencia e indicar la existencia de un “subregistro” de contagios en las prisiones, expresó el director general de la organización Asistencia Legal por los Derechos Humanos “AsíLegal”, José Luis Gutiérrez.

De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a la fecha se han confirmado 16 diagnósticos del virus en reclusorios de la entidad: uno de los pacientes, un interno del Centro de Reinserción Social (CERESO), de Mérida, falleció a mediados de este mes y los otros 15 ya se habrían recuperado, aunque no se especificó en qué recintos se encontraban. Con esta estadística, Yucatán sería el tercer estado con mayor número de casos de la enfermedad en las cárceles.

Sin embargo, no se tienen más datos que los proporcionados por la CNDH respecto a contagios en esos sitios. Además, salvo para reportar el primer caso confirmado y el primer deceso, el  Ejecutivo estatal no ha brindado más información respecto a posibles brotes en las prisiones. “Nos preocupa que la autoridad no se ha pronunciado por lo que está pasando en las cárceles de Yucatán”, apuntó Gutiérrez.

Por su parte, las autoridades federales abordaron el tema en una conferencia vespertina en la cual se presentó el Protocolo de Atención a Personas Privadas de la Libertad en Centros Penitenciarios Federales, y el fin de semana pasado se mencionó que dicho documento es replicado en los estados para tratar los casos de la enfermedad.

Sin embargo, eso no resultaría viable, pues “el protocolo no reconoce el contexto de lo que se vive en las prisiones de las entidades federativas, algunas de las cuales presentan problemas de sobrepoblación, hacinamiento, en algunos casos cogobierno o autogobierno y en otros, condiciones deplorables de salud o ausencia de servicios de salud”, recalcó el director general de AsíLegal.

Tomando en cuenta que en algunos estados se restringieron las visitas familiares, y ese era el medio por el cual las personas privadas de la libertad recibían insumos de higiene y limpieza, como jabón, detergente, shampoo, entre otros; en algunos recintos no se le garantiza alimentación ni salud adecuada a la población penitenciaria, aunado a que en algunas cárceles el personal es insuficiente, hay hacinamiento y sobrepoblación, también se podría generar un problema de salud, comentó.

La carencia de datos sobre el tema podría indicar la existencia de un “subregistro” de contagios en los centros penitenciarios de todo el país, pues al igual que Yucatán, varias entidades no han proporcionado reportes precisos sobre los casos, entre ellas Campeche, Veracruz, Tamaulipas y  Sinaloa, en las cuales también se han reportado problemas de sobrepoblación y hacinamiento, señaló Gutiérrez.

Esta situación propiciaría incidentes de violencia tanto dentro como fuera de las prisiones. “Podría generar que las personas privadas de la libertad se amotinen, o sus familiares, al no tener ninguna información, ni positiva ni negativa, podrían protestar, como ha ocurrido en el Estado de México, fuera de los centros penitenciarios. También hemos visto riñas o situaciones como la de Chiapas, donde las personas privadas de la libertad hicieron huelga de hambre para exigir condiciones óptimas de salud. La falta de información es el detonante principal de incidentes violentos”, precisó.  

De hecho, en el CERESO de Mérida ocurrió una trifulca hace dos semanas, según información confirmada un día después por el Gobierno del Estado. Aunque la autoridad no explicó el motivo de la misma, trascendieron versiones de que podría haberse desatado por la tensión generada por los contagios del virus en ese plantel y las restricciones en las visitas familiares.

Es necesario brindar información sobre el tema de manera oportuna, indicó Gutiérrez, pues de esa forma la ciudadanía conocería el número de personas dentro de los recintos que tienen el virus, los familiares sabrían quiénes son las y los afectados, qué tipo de atención se les está brindando o si han requerido hospitalización, y cuáles son las acciones generadas en las prisiones para tratar los brotes.

EN EL CAMINO A LA “NUEVA NORMALIDAD”, NECESARIO APOSTAR POR LA REINSERCIÓN SOCIAL

Por otra parte, es necesario que las autoridades comiencen a preparar el terreno rumbo a la recta final de la contingencia sanitaria del COVID-19. Para ello, es indispensable identificar problemáticas como el hacinamiento, la sobrepoblación y la carencia de condiciones adecuadas para la vida digna en las cárceles, así como la falta de programas para la reinserción social, explicó el director general de AsíLegal.

“Si algo ganó el sistema penitenciario con el contexto de la pandemia es el reconocimiento de la ausencia de muchas cosas que se necesitan para hacer frente a la reinserción social de las personas privadas de la libertad. La nueva realidad nos debe dar pauta para tomar acciones reales y concretas, como hacer uso de la Ley Nacional de Ejecución Penal en cuanto al establecimiento de libertades anticipadas o condicionadas”, precisó.

Entre las medidas que deben tomar las autoridades está la reactivación de los Juzgados de Ejecución, para identificar y acompañar los casos de las personas internas que pueden obtener la libertad anticipada o condicionada de acuerdo con la Ley Nacional de Ejecución Penal. Esto no debe verse “como un regalo, sino como un derecho” de las personas privadas de la libertad, subrayó Gutiérrez.

También se deben generar comisiones intersecretariales para desarrollar programas de reinserción social aplicables a cada una de las personas privadas de la libertad, enmarcados en los ejes de salud, trabajo, educación y deporte, concluyó.

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