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La consulta popular, una oportunidad de avanzar en nuestros derechos ciudadanos

Cristina Martin Urzaiz

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A propósito de la consulta que tendrá lugar el próximo domingo con la finalidad de determinar si es pertinente revisar los actos y decisiones de quienes gobernaron nuestro país en los últimos 30 años, me parece que los ciudadanos estamos frente a la posibilidad de trascender la democracia representativa y tomar la responsabilidad de participar en un ejercicio nuevo y poderoso.

Más allá de las críticas puntuales respecto a la redacción de la pregunta, el costo o los, a mi juicio excesivos, requisitos para que nuestra resolución se convierta en un ordenamiento para las autoridades, tenemos frente a nosotros la oportunidad de hacerle saber a quienes gobiernan y gobernaron, lo que queremos, mediante un ejercicio avalado por los Tres Poderes de la Unión, con todo el peso de la institucionalidad.

Estoy segura de que la mayoría de los mexicanos – independientemente de nuestro punto de vista frente a la actual administración – desearíamos llamar a cuentas a quienes ocuparon la Presidencia de la República en los pasados sexenios a fin de que respondan por todo el daño acumulado en contra de este país y sus habitantes.

Me parece que una muy reducida porción de la sociedad podría defender la acción de – citados en orden cronológico y no por la magnitud de la afectación causada – Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quezada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, cuyos actos de gobierno han perjudicado y seguirán perjudicando a varias generaciones de mexicanos.

La pregunta a la que deberemos responder: ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?, fue elaborada por la Suprema Corte de Justicia, con intención de mantenerla dentro del marco legal. Es cierto que la redacción es ambigua; sin embargo, es la única opción institucional que tenemos los ciudadanos, en este momento, para decirles a esos expresidentes que nos mantendremos firmes en la demanda de que enfrenten las consecuencias de sus actos.

La lista de sus agravios en contra de la sociedad mexicana es enorme y tal vez resulte redundante repetirlos. Lo que no estaría de más, es insistir en que la forma en que dirigieron al país para convertirlo en un negocio privado para ellos, sus socios y sus amigos, sin importar cuántos millones de personas verían canceladas sus posibilidades de lograr una vida mejor, cuántos cientos de miles perderían la vida, cuántos tendrían que abandonar sus comunidades, cuántos pasarían años, lustros, décadas, buscando a sus familiares desaparecidos, debe tener consecuencias.

Es indispensable que sepan que esta vez estamos dispuestos a reclamarles por quienes padecen hambre, quienes lloran a sus muertos sin saber por qué murieron, quienes viven cada segundo de su vida esperando el regreso de un ser querido, quienes remueven la tierra en busca de restos y siempre los encuentran porque nuestro país, todo, es un camposanto, aunque casi nunca sean los de aquel a quien buscan.

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional sorprendentemente llamó a participar y a responder SI. Explicó en su comunicado: “Quienes allá arriba, en los partidos de ‘oposición’, se resisten a la consulta, no solo temen lo que de ella se siga; también les aterra que las víctimas recuperen sus demandas del uso ruin y perverso que la ultraderecha hace de su dolor”

Expresa el EZLN: “el dolor no debe ser negocio electoral, y menos para fines tan mierdas como que regresen al gobierno quienes son algunos de los principales responsables de la violencia y que antes solo se dedicaron a acumular paga y cinismo”

Se entiende su enojo porque si alguien sabe de dolor, de marginación y de despojo en México, son los grupos indígenas. Ellos que viven cotidianamente la explotación, el saqueo de sus recursos naturales, la depredación del medio ambiente con el que han tenido una conexión vital y la violencia o el genocidio cuando se oponen. Todo en nombre de la ganancia económica para unos cuantos que integran la cofradía con la cual actuaron Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña.

Hagámosles saber a esos cinco y a sus secuaces que tenemos muy claro lo que han hecho, que no lo olvidaremos, que no vamos a caer en sus trampas que intentan limitar nuestros derechos ciudadanos, porque todos somos, de una u otra manera, víctimas de sus actos, incluso los que no lo saben, incluso los que los defienden, incluso quienes se adhieren a la campaña de sabotaje que pretende conculcarnos el derecho a expresar lo que queremos.

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Con el argumento de defender la vida, lo que buscan es el castigo

Cristina Martin Urzaiz

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Para Cristina Urzaiz Mediz, cuya reflexión y
análisis enriquecieron este texto.

A propósito de las reacciones respecto a la declaración de inconstitucionalidad del castigo penal por la interrupción del embarazo por parte de la Suprema Corte de Justicia, es evidente el deseo de agrupaciones “provida” e integrantes de la Iglesia Católica de imponer castigos, sin sopesar las causas que ponen a las mujeres en condición de tomar una decisión tan difícil.

El burdo caso del sacerdote católico del templo de San Juan Bautista de La Salle en Monclova Coahuila, Lázaro Hernández Soto, haciendo un llamado al feminicidio en contra de las mujeres que aborten, es un ejemplo del pensamiento de aquellos que más que defender la vida, buscan mantener el control sobre el cuerpo, los pensamientos y las decisiones de las mujeres.

Aunque luego aseguró que sus declaraciones fueron sacadas de contexto, las palabras del cura son imposibles de suavizar: “No apoyen a las jóvenes matando a sus hijos para que dejen de estorbar y se diviertan; mejor maten a sus hijas para que ellas no estorben

Lo dijo durante la homilía del domingo pasado, desde el púlpito, frente a la feligresía, lo cual le confiere un carácter de adoctrinamiento. Aseguró que una mujer que aborta “tampoco va a servir para nada, está hueca moral, física y sicológicamente” ¿Cómo funciona el cerebro de alguien que pretextando defender la vida, llama a asesinar mujeres, especialmente en un país donde se cometen 10 feminicidios diarios?

Por otro lado, estos integrantes de la Iglesia Católica se manifiestan tan profundamente preocupados por el bienestar de los niños cuando se trata del tema del aborto, pero no se escucha su voz acusadora en los casos de pederastia protagonizados por sus colegas.

Tuvo lugar otra reacción: una manifestación frente a la Suprema Corte de Justicia en contra del fallo de no penalizar el aborto, a la que asistió cerca de un centenar de personas, de acuerdo con los reportes periodísticos. Vestían de azul celeste, portaban globos del mismo color, así como imágenes religiosas y pancartas.

La reflexión se repite en este caso: si están tan preocupados por los niños mexicanos, ¿por qué no hacen mítines para demandar la acción de la justicia en contra del negocio de la pornografía infantil, que tan próspero es en este país o para cancelar los llamados “paraísos de turismo sexual” – con menores de edad que se ofrecen como mercancía – o para protestar por las constantes violaciones en contra de niñas y adolescentes, la mayor parte de los cuales quedan impunes?

Ahí es donde debería concentrarse la acción social en defensa de niñas, niños y adolescentes. Excepto algunas organizaciones de la sociedad civil, unos cuantos periodistas comprometidos con estos temas – tengo en la mente a Lydia Cacho, por supuesto–hay inacción, desinterés e incapacidad de reaccionar.

Si la Suprema Corte de Justicia acuerda – en una resolución que es un ejemplo de amplitud de miras – que es función del Estado prevenir los embarazos no deseados abordando el problema como un asunto de educación y salud, en lugar de penalizar, por ejemplo, a una adolescente que no cuenta con los elementos para hacerse cargo de un hijo, ¿no deberíamos estar todos los mexicanos complacidos por la transformación en el enfoque de un problema tan sensible?

Los banales argumentos del cura de Monclova en el sentido de que las mujeres abortan para “seguirse divirtiendo” se multiplican en las redes sociales, porque ésta es una sociedad muy dispuesta a señalar al otro – a la otra – con dedo flamígero.

Eso resulta más fácil que asumir que vivimos en un país machista en extremo, donde la violencia contra las mujeres es cotidiana, donde una gran cantidad de hombres consideran que tienen el derecho de tomar el cuerpo de una mujer o una adolescente o una niña o un niño impunemente, donde la auténtica educación sexual es inexistente, donde los servicios de salud están saturados y no funcionan o funcionan mal hasta en las urgencias, no digamos en temas de control de la natalidad o prevención de embarazos y donde las familias son incapaces de dotar de herramientas a los jóvenes para que el inicio de su sexualidad sea lo más sano posible.

En fin, muchos en nombre de la defensa de la vida, quisieran ver lapidadas a las mujeres, las adolescentes o las niñas que deciden no ser madres, la Iglesia Católica la primera, sin recordar aquello de “el que esté libre de culpa, tire la primera piedra”

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Con la decisión de la Suprema Corte de no criminalizarlo, el aborto es ya un asunto de salud pública y educación en México

Cristina Martin Urzaiz

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FOTOGRAFÍA: GLADYS SERRANO / EL PAÍS

Despenalización del aborto

A propósito de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de considerar inconstitucional la acción penal en contra de las mujeres que deciden interrumpir su embarazo, en México el aborto dejo de ser un asunto penal, para constituirse en uno de salud pública y educación.

Lo integrantes del máximo tribunal mostraron un pensamiento humanista, al colocar la defensa de los derechos humanos de la mujer por encima de cualquier otra consideración durante las dos sesiones del pleno en las que se dirimió la controversia respecto código penal de Coahuila y, con una postura incluyente, introdujeron el concepto de persona con capacidad de gestar.

El voto en favor del proyecto fue unánime y las intervenciones de los jueces pusieron énfasis en las condiciones sociales, económicas, la falta de educación sexual, el prejuicio, el contexto de discriminación y violencia contra las mujeres, en donde se ha privilegiado el castigo, en vez de una política de educación y salud a cargo de las instituciones correspondientes.

El ministro ponente, Luis María Aguilar Morales abrió su intervención puntualizando que su proyecto se centró en responder la pregunta de si resulta constitucional sancionar con pena de prisión a quien decide voluntariamente interrumpir el embarazo y a la persona que con consentimiento de ella ejecute ese acto.

Insistió en que su ponencia no constituye una defensa al derecho al aborto, sino de colocar en el centro del debate si la interrupción del embarazo es materia del derecho penal y evaluar si la mujer debe o no ser sancionada penalmente cuando decide ser o no ser madre.

El juez sostuvo que las mujeres son titulares de su plan de vida, a partir de su individualidad e identidad propia, por lo que pueden disponer libremente de sí mismas, por lo que no tiene cabida un escenario en el cual no puedan decidir. Rechazó el constructo social que las configura como instrumentos de la procreación.

Para Aguilar Morales se trata de un problema de falta de educación sexual, acceso a métodos anticonceptivos, por razones de marginación social y económica y subrayó que la educación debe ser la piedra angular en materia de salud reproductiva con acceso a información y asesoría en planificación familiar y métodos de control natal y señaló la responsabilidad del Estado para garantizar que la persona con capacidad de gestar  que lo decida, pueda interrumpir el proceso en las instituciones de salud pública de forma gratuita, segura, confidencial, expedita y no discriminatoria.

Todo ello en un breve periodo cercano al inicio de la gestación, en un delicado ejercicio de balance entre el derecho a decidir y el bien de la vida en gestación, en tanto que ambos exigen un espacio de resguardo. Este proyecto no constituye una propuesta a favor del aborto, recalcó.

En su intervención, en favor del proyecto, la ministra Ana Margarita Ríos Farjat expuso que es una confrontación violenta la criminalización de la persona gestante y aseguró “Nadie se embaraza en ejercicio de su autonomía para después abortar” Es un tema de salud pública del que debe hacerse cargo el Estado, recalcó.

Dio a conocer las cifras estadísticas, a falta de datos exactos: En México tienen lugar entre 700 mil y un millón de abortos al año, de los cuales, la tercera parte presenta complicaciones que requieren atención médica – es decir entre 200 y 300 mil – y “a más pobreza, mayores complicaciones”

¿Además del estigma, la impotencia y el abandono, enfrentar una sanción penal?, ¿y esto se hace en nombre de la vida?, Eso, sin contar que también lleva implícita la idea de un castigo, de una maternidad por castigo, una maternidad en la que todos pueden opinar, concluyó.

En la misma línea argumental, la ministra Yasmín Esquivel Mossa inició con la frase “Ninguna mujer desea y quiere abortar” y precisó que son circunstancias económicas, sociales, físicas, familiares las que la obligan a tomar esa difícil decisión.

La solución no pasa por la criminalización de la mujer, sino por la educación sexual – advirtió – la criminalización del aborto no evita su práctica, pero asegura que morirán más mujeres. Al reconocer el contexto de violencia y discriminación contra las mujeres y las niñas, sostuvo que es una de las violaciones a los derechos humanos más sistemáticas y extendidas.

El presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea dio a conocer que la decisión tomada esta semana de invalidar los castigos penales contra las mujeres que abortan tendrá efectos en todo el país y sostuvo: Hoy es un día histórico para los derechos de todas las mexicanas y las personas gestantes; a partir de hoy es un parteaguas en la historia de los derechos de todas las mujeres, sobre todo de las más vulnerables.

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El regreso a clases entre la pandemia y la infodemia

Cristina Martin Urzaiz

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Reapertura de escuelas

A propósito de la reapertura de las aulas esta semana, luego de un año y 5 meses de educación a distancia, no se puede negar que privan entre maestros, padres de familia y estudiantes, la incertidumbre y la duda, agravados por la manipulación informativa y la abundancia de noticias falsas. En ese ámbito nos encontramos también entre la pandemia y la infodemia.

Muchas familias sostienen la decisión de no enviar a sus hijos a la escuela, ante el miedo de un contagio; mientras que muchos maestros se han manifestado en contra del reinicio de las clases presenciales, argumentado que no cuentan con los elementos para cumplir su función adecuadamente. La pregunta para los docentes sería ¿y cuándo los han tenido?

Por otro lado, las noticias falsas no cesan. Abundan los rumores respecto a supuestos brotes en escuelas de las que se desconoce el nombre y la ubicación, nadie sabe de qué plantel se trata. Se difunden informaciones de casos ocurridos en otros países, como si hubieran sido en México.

La nota de una maestra que contagió a la mitad de sus alumnos por rechazar la vacuna y no usar cubrebocas se ha publicado constantemente en la última semana, en diversos medios, sin especificar que sucedió en el condado de Marin, California, en Estados Unidos. Si esto se hace justamente en los días en que se están abriendo las aulas en nuestro país, no es temerario asegurar que se trata de una manipulación mediática. Ni hablar de las redes sociales, donde todo se vale, exacerbando el temor natural de los padres.

Sin embargo, ¿cuánto tiempo puede un niño o un adolescente permanecer aislado sin más interacción social que la familiar, cuya convivencia no es siempre sana ni armónica?, ¿cuánto tiempo se les puede obligar a la reclusión en espacios mínimos como son los de las viviendas de interés social?, ¿qué secuelas psicológicas y emocionales les dejará el confinamiento prolongado al que se adiciona una convivencia incómoda o peligrosa en casa?

En una columna anterior, me declaré aliviada al no verme en la necesidad de decidir si enviar o no a un hijo a la escuela en las actuales circunstancias, pero, el bienestar de los niños es, o debería ser, responsabilidad de todos y me pregunto: ante el desconocimiento de la duración de la pandemia, ¿cuál es el límite tolerable de encierro para los más jóvenes?

Manifiesto mi deseo más ferviente de que en breve encuentren el tratamiento médico o se logre la inmunización masiva en todo el mundo para prevenir el surgimiento de nuevas variantes del virus, de una o de otra manera. Pero, en caso contrario, si tuviéramos que enfrentar esta realidad durante meses o años, ¿en qué momento habremos de decir ya basta, antes de que los niños y los adolescentes ya no puedan manejar más esta experiencia?

Se están encendiendo muchos focos de alarma respecto al aumento de la violencia dentro de las casas y en esa dinámica siempre son los niños los más vulnerables, los más indefensos. Cada vez es más frecuente encontrar información de maltrato contra los menores, ya sea de parte de los padres o de otras personas que se encargan de su cuidado.

Los organismos internacionales han alertado a México de la urgencia del regreso de los niños a las aulas, porque, aún con todas las carencias del sistema educativo, es la única vía posible para reducir la desigualdad, la pobreza y el reclutamiento de la población más joven por grupos criminales.

Como sociedad, nos enfrentamos a una disyuntiva: o formamos niños y jóvenes capaces de actuar con responsabilidad en las actuales circunstancias y confiamos en que tendrán la habilidad para hacer frente a una realidad cada vez más compleja y con mayores retos, o los mantenemos “a salvo” de cualquier peligro, incapaces de enfrentar los desafíos que, a pesar de nuestros deseos, les han tocado vivir.

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