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Editorial

Ayotzinapa a seis años, atisbos de una verdad aterradora

Mario Alejandro Valdez

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A seis años de aquella noche inaudita del 26 de septiembre de 2014, cuando más de cien estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y otros tantos ciudadanos de Iguala fueron atacados por fuerzas de seguridad del Estado mexicano, parece que por fin empezamos a ver algo de luz. De acuerdo con las últimas informaciones conocidas, el presidente se ha reservado las principales primicias para presentarlas en Informe a la Nación el último sábado, cuando se cumpla un aniversario más de los ataques, pero algo se ha filtrado ya, confirmando en términos generales lo que anteriormente se había dado a conocer por los representantes de los padres de familia, por el grupo de investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por algunos periodistas independientes.

Hoy sabemos que aquella fatídica noche del 26 de septiembre, los estudiantes de Ayotzinapa, que buscaban obtener transportes para trasladarse a la Ciudad de México y participar en la marcha del 2 de octubre, entraron inadvertidamente en el corazón de uno de los negocios más peligrosos y lucrativos que existen: el tráfico de heroína hacia Los Estados Unidos. En aquel septiembre de 2014, Iguala era la principal ciudad de embarque del enervante, que era enviado en autobuses de pasaje a diversas ciudades norteamericanas para su distribución y venta. El redituable negocio, que se estima deja ganancias por unos 30 mil millones de dólares anuales-el escándalo provocado por el ataque y desaparición de los normalistas ha motivado ajustes, pero sigue realizándose con gran éxito-involucraba en aquel tiempo a gente del entorno cercano del entonces presidente Enrique Peña Nieto. La toma de uno o tal vez dos autobuses con droga por parte de los estudiantes es lo que habría detonado el ataque a los estudiantes, en una de las operaciones más aparatosas y sangrientas que se hayan realizado nunca en una ciudad mexicana.

Las cosas se complicaron tanto, que los jefes ordenaron no sólo la recuperación de los autobuses a cualquier costo, sino la desaparición de toda la evidencia. Una vez logrado este objetivo, la PGR se dio a la tarea de construir “la verdad histórica”: una increíble fábula en la que un pequeño y mal armado grupo de policías municipales, dirigido por un caciquito de ínfima categoría, detuvo y entregó a los 43 a otro pequeño grupo de delincuentes, también mal armados, que a su vez los desaparecieron incinerándolos con unas cuantas llantas y unos pocos litros de gasolina, tarea para la cual comisionaron a un trio de harapientos. La evidencia estelar para probar el cuento fue un hueso, en perfecto estado de conservación, efectivamente de uno de los muchachos de Ayotzinapa. Por supuesto, “la verdad histórica” fue rechazada por los padres de familia y por todas las personas y medios serios de nuestro país. Pocos meses después, incluso la propia PGR reconoció que en su mayoría eran embustes, aunque los atribuyó a confesiones equívocas que, ahora se sabe, fueron arrancadas por medio de tortura a personas sin la menor relación con los hechos. A partir de la develación de estas maquinaciones, de las que aún queda muchísimo por conocer, ya se han producido varias detenciones y está por iniciarse el trámite de extradición de Tomás Zerón, quien como Director de la Agencia de Investigación Criminal lideró esta parte del criminal operativo.

Colapsada “la verdad histórica”, van cobrando auge ciertas hipótesis de enorme gravedad. La participación en los hechos, señalada por las investigaciones independientes PERO SIEMPRE NEGADA OFICIALMENTE, del Ejército y la Policía Federal, va tomando forma con creciente fuerza. Al caso, los representantes de los padres han comentado que el presidente les adelantó que se han retomado dichas líneas de investigación. Está claro ya, más allá de toda duda razonable, que tanto el Ejército como la Policía Federal estuvieron al tanto, segundo a segundo, de lo que ocurrió en Iguala durante aquella terrible noche. Pero ¿se limitaron a “mirar morir”, como plantea el valiente documental de Témoris Grecko? ¿O tuvieron las fuerzas federales una actuación más protagónica, como han señalado otras investigaciones? Cabe recordar, a este respecto, que la importancia de Iguala en el tráfico de heroína era en aquel momento de alcances nacionales, que funcionarios muy cercanos a Peña Nieto fueron informados y-se afirma-dirigieron las operaciones desde la Ciudad de México, y que la actuación del Ejército Federal en Guerrero ha sido señalada, desde hace más de 50 años, como responsable de multitud de violaciones a los derechos humanos. Con “la verdad histórica” demolida, nos queda una verdad que, aunque sospechada, no deja de ser aterradora: Fue el Estado, a través de sus cuerpos de mayor poder, los responsables de esta terrible tragedia, como seguramente de muchas otras más. ¿Tendrá AMLO el poder y la voluntad política de llevar su compromiso de justicia hasta las últimas instancias? El próximo sábado 26 lo comenzaremos a saber. 

Editorial

Plebiscito constitucional en Chile

Inti Torres Villegas

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Más allá de dichos y hechos orientados a reinstalar el orden, el gobierno de Chile no alcanzó a reaccionar durante el del estallido social iniciado en octubre de 2019. La fútil decisión gubernamental de echar para atrás el aumento en el costo del metro de Santiago, pasó inadvertida después iniciada la revuelta. La misma suerte corrió la denominada Nueva Agenda Social, presentada por el presidente Piñera como respuesta a las movilizaciones. Esta era apenas un paliativo a muchas de las demandas históricas de la sociedad en Chile, relacionadas con la modificación del sistema de pensiones, la gratuidad educativa, el mejoramiento de los servicios públicos de salud, el fin de la depredación medioambiental, el reconocimiento y la dignificación de los pueblos originarios, entre muchas otras que pueden sintetizarse en el anhelo de la modificación del modelo subsidiario impuesto durante la dictadura militar y contenida en la constitución elaborada por ese régimen en 1980.

Bajo esta premisa, comenzó a resonar un viejo anhelo muchas veces frustrado desde la vuelta de la democracia en 1990: redactar una nueva constitución nacional. Quizás a regañadientes, las fracciones de izquierda y de derecha en el Congreso comenzaron una serie de negociaciones que tuvieron su corolario el 25 de noviembre, cuando se anunció la propuesta de un plebiscito para que las y los chilenos expresaran si querían o no redactar una nueva constitución y el esquema para hacerlo. Después de semanas de negociación, se fijó celebrar el ejercicio de participación en abril del 2020, mismo que se reprogramó para el 25 de octubre de ese año, a causa de la pandemia de COVID-19. Las opciones plantean la posibilidad de aprobar o rechazar la redacción de una nueva constitución y las alternativas para hacerlo.

La posibilidad de redactar una nueva constitución para Chile, moderó temporalmente las movilizaciones masivas, pero impulsó a una serie de dinámicas autoconvocadas de dialogo, reflexión y participación ciudadana de cara al plebiscito.

Un grupo de chilenas y chilenos que nos compartieran su percepción, sus críticas ysus anhelos de cara al plebiscito a celebrarse el domingo próximo.

30 años de neoliberalismo: el legado de la dictadura pinochetista

Loreto Valenzuela, santiaguina de 34 años, señaló que el alza al precio del metro-motivación inicial para las primeras protestas en Santiago- fue en realidad parte de un aumento sistemático no sólo al transporte en la capital, sino en general al costo de vida en el país, mismo que no se condice con los salarios promedio en Chile. El país, señala Loreto, se ha caracterizado por su desigualdad. Lo anterior, coincide con el hecho de que, atendiéndose a la medición del índice GINI, en efecto el país andino es el más desigual de la región.

Mientras tanto, Carlos, sociólogo de 35 años y habitante de Concepción, reflexionó señalando que más allá de las grandes causas sociales en el país, como al gratuidad de la educación, el medioambiente y el reconocimiento a la autonomía de los pueblos originarios, entre otras que han sido abanderadas principalmente por la izquierda, el aumento en los 30 pesos en el costo del metro capitalino, fue de alguna forma el corolario simbólico de la nula capacidad de agenda que tienen las y los chilenos promedio para decidir sobre los asuntos del país.  El aumento termino de colmarle la paciencia a la clase trabajadora,  y muchos de sus miembros ni siquiera estaban politizados hasta antes del estallido. En ese sentido, él mismo tuvo una génesis ideológica, permitiendo hacerle frente a un sistema de vida que, tanto en el ámbito público como en el privado, resultaba una experiencia cotidiana humillante para las personas.

Este descontento venía acumulándose desde hace años a partir del desvanecimiento de lo que define como el Sueño Americano a la chilena, que implica la promesa de un estatus de vida que es inalcanzable para la gran mayoría de habitantes quienes, a pesar de trabajar intensamente no alcanzan a cubrir sus necesidades básicas, sin recurrir al endeudamiento personal.

De la calle a las asambleas: reencontrarse y participar

Carlos añade que el estallido de 2019 interpeló el concepto chileno de vivir en colectivo. Muchos espacios, barrios, edificios residenciales, vecindades, se rencontraron, no sólo compartiendo espacios de resguardo durante el toque de queda, sino también en la organización de reuniones informativas. En muchos sectores sociales del país, acostumbrados a cultivar principalmente su vida privada y familiar, se puso de manifiesto la necesidad de compartir más.

Muchell, activista y educadora popular de 29 años, coincide en el diagnóstico, señalando que una de las muchas consecuencias de la dictadura militar era la innegable descomposición del tejido social en Chile, cuya ciudadanía se percibía de manera individualista. Antes del estallido social, la gran mayoría de las personas vivía vidas indignas, sumidas en un ciclo de trabajo precarizado, consumismo y endeudamiento. Atendiendo a lo anterior, lo generado en las movilizaciones, en las asambleas -territoriales, barriales y temáticas-, ha significado un proceso de dignificación colectiva y de transformación. Lo interesante es que no fue privativo de las personas que participaron activamente de las acciones del estallido social, sino que se volvió parte de la cotidianidad del país. Los mercados, el transporte público y los bares se convirtieron en escenario de análisis sobre la realidad que había vivido el país desde la vuelta a la democracia.

Muchell destaca las diferencias entre mujeres y hombres a la hora de hacer política. Para ejemplificarlo, señala que casi el 90% de las personas encargadas de desarrollar la lógica de las asambleas era mujeres, en tanto los hombres seguían proponiendo esquemas verticales de organización.

Estas expresiones de hacer política desde el cuidado individual y comunitario, dieron paso a diversas estrategias de respuesta popular a la pandemia. Si bien en el país existe una larga tradición en la organización de ollas comunes (comedores comunitarios) y brigadas populares formadas para diversos propósitos, éstas adquirieron una nueva dimensión a partir de dos grandes postulados del estallido social: dignidad y solidaridad.

Por su parte Pablo y Fernanda, residentes de Cañete, destacan como efecto indirecto de esta nueva forma de hacer política es el rencuentro con otras actividades que hasta octubre del año pasado no formaban parte de su cotidianidad. Fernanda, comenzó a interesarse por el diseño gráfico y es ahora la encargada de este rubro de la Coordinadora Provincial Nahuelbuta. Mientras Pablo volvió a una cabina de radio y conduce semanalmente un espacio de dialogo y entrevistas orientadas al tema constituyente.

Plebiscito constitucional: La cautela del paso a paso

Con un optimismo realista, definen Fernanda y Pablo sus expectativas respecto a una nueva constitución, siendo recelosos del futuro actuar de la clase política chilena. Sin embargo mantienen  confianza en las y los chilenos que posibilitaron a través del estallido la oportunidad de redactar una nueva constitución para el país.

Por su parte, Loreto espera que una nueva constitución modifique el modelo social, político y económico impuesto en dictadura y dejar atrás,  el legado de la misma. Para hacerlo, será necesaria la convención constituyente, ya que de alguna forma podría darle participación a la ciudadanía en la toma de decisiones y la elaboración de las leyes, lo cual nunca ha ocurrido..

Mientras tanto, desde Concepción, Carlos define sus expectativas como modestas, entendiendo la complejidad que proceso reviste. Sin dejar de mencionar temas como la protección del medio ambiente, la autonomía de los pueblos originarios y la reformulación de los sistemas de educación y salud, plantea que el principal cambio sería transformar el principio subsidiario del Estado para dar paso a uno de corte social que garantice los derechos de todas y todos. Sin embargo, concluye, que no hay pecado en pedir y que ninguna causa debe ser desestimada en el largo camino constituyente. El desafío es mantener la dignidad.

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El pasado nos alcanzó

El Vaticano y la homofobia velada

Ricardo Maldonado Arroyo-

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El Papa ama a sus hijos tal como son, porque son hijos de Dios”. Estas son las palabras con que, a decir de los miembros de la organización Tenda di Gionata, los recibió Francisco I el pasado mes de septiembre. Para la organización, que congrega a madres y padres de hijos homosexuales, el mensaje fue signo de esperanza y, en varios medios de comunicación, se difundió como evidencia de la apertura del Papa a la diversidad sexual. Pero, ¿está El Vaticano reorientando su postura o fue únicamente un gesto de cortesía para los visitantes?

Primero, hay que recordar que esta clase de declaraciones no son nuevas. En 2013, iniciando su pontificado, Francisco I contestó a periodistas en un vuelo de regreso a Roma: “si una persona es gay y busca a Dios y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarlo?“; en 2018, Juan Carlos Cruz, chileno víctima de pederastia en la Iglesia y que hoy se asume como hombre gay, afirmó que el Papa lo consoló diciendo “no importa, Dios te hizo así, Dios te ama así”; en 2019 concedió una entrevista al presentador británico Stephen K. Amos, igual hombre gay, en la que declaró que quien rechaza a las personas homosexuales “no tiene un corazón humano”. Existe una inclinación a pensar que el jefe de la Iglesia Católica desea hacerla más incluyente. Sin embargo, esto entra en franca contradicción con los últimos documentos del Vaticano en los que reitera y profundiza la política de rechazo a la diversidad sexual.

En febrero de 2019, la Congregación para la Educación Católica publicó Varón y mujer los creó, en la que alerta acerca de una “emergencia educativa” que ha “contribuido a desestructurar la familia, con la tendencia a cancelar las diferencias entre el hombre y la mujer, consideradas como simples efectos de un condicionamiento histórico-cultural”. De manera contestataria a la teoría de género, sostiene que “la familia, como sociedad natural en la que se realizan plenamente la reciprocidad y la complementariedad entre el hombre y la mujer, precede al mismo orden sociopolítico del Estado, cuya libre actividad legislativa debe tenerlo en cuenta y darle el justo reconocimiento”. Varón y mujer los creó es un conjunto de argumentos contra la homosexualidad, la transgeneridad, el matrimonio igualitario, la adopción homoparental y, sobre todo, contra la educación sexual laica.

En un tono indirecto se pronuncia Che cosa è l’uomo? (¿Qué es el hombre?), estudio de la Pontificia Comisión Bíblica publicado en septiembre de 2019, que reinterpreta, a la luz de su contexto histórico, algunos pasajes asociados con la homosexualidad, como el de Sodoma y Gomorra o las leyes del Levítico. Si bien esto desestima argumentos contra la diversidad sexual basados en la Biblia, el documento sirve para reafirmar la asociación entre matrimonio heterosexual y familia como elemento fundacional de la Iglesia: “la institución del matrimonio, constituida por la relación estable entre marido y mujer, se presenta constantemente como evidente y normativa en toda la tradición bíblica. No hay ejemplos de “unión” legalmente reconocida entre personas del mismo sexo”.

Estos documentos se añaden a otros que acogen espiritualmente a los colectivos LGBTI, pero marcan directrices contrarias a sus derechos y se enmarca en la llamada “antropología cristiana”, impulsada desde el Concilio Vaticano II (1959). Dicho lo anterior, es recomendable tomar con reservas las palabras de Francisco I, toda vez que no existen indicios de que El Vaticano esté dispuesto a admitir las implicaciones legales y sociales del reconocimiento de la diversidad sexo-genérica. Más allá de la anécdota o la nota alegre, El Vaticano sigue brindando herramientas para injerir en las políticas de los estados nacionales a fin de obstaculizar el matrimonio igualitario, la identidad jurídica de las personas transgénero y una educación sexual integral. El Papa puede amar a los feligreses católicos homosexuales, pero dista mucho de hacer algo por sus derechos.

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Tren maya

Luces y sombras del megaproyecto presidencial

Mario Alejandro Valdez

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Imagen: Juan Martínez Limón

Durante su larga campaña por la presidencia de la república, Andrés Manuel López Obrador planteó enfáticamente como una de sus propuestas más poderosas la construcción y gestión de un moderno sistema ferroviario que comunicara a los Estados mexicanos de la región maya, es decir, a las tres entidades peninsulares y el Estado de Chiapas. Por ello, ante el apabullante triunfo del tabasqueño en julio de 2018, la materialización del proyecto se convirtió en “bola cantada”.

Sin embargo, desde que inició formalmente el gobierno de AMLO, una significativa cantidad de grupos sociales, indígenas y no indígenas, expresaron su absoluta oposición al proyecto. De hecho, con base en una retórica contradictoria y zigzagueante, descalificaron las consultas realizadas para su aprobación-consultas en las que el respaldo al tren fue contundente-, apelando a argumentos culturales, ambientales y políticos, produciendo mucho ruido, magnificado por los intereses mediáticos que se oponen sistemáticamente a todas las propuestas del nuevo gobierno, pero escaso interés en la población. Ciertamente el discurso ha permeado, provocando hasta cierto punto el desaliento, pero NO la resistencia generalizada.

El pasado fin de semana, el presidente López Obrador visitó Yucatán precisamente para supervisar las obras iniciales de su megaproyecto estrella. En los eventos realizados en este marco, el gobernador Mauricio Vila confirmó su pleno apoyo a la obra, que generará miles de empleos directos, beneficiaría a decenas de miles de personas de manera inmediata, y pretende impulsar el desarrollo de la región, una de las más pobres y desiguales no sólo de México, sino de toda Latinoamérica.

En Yucatán, y a despecho del apoyo del gobernador Mauricio Vila, el PAN local ha hecho campaña abierta contra el tren, sin clarificar las razones, y más bien en el tenor de una oposición absurda, incongruente e incluso ridícula al gobierno federal. Por otro lado, algunos grupos de activistas, entre los cuales pasan lista de presencia organizaciones de trayectoria y respeto, así como también simples membretes sin militancia real, han manifestado una oposición frontal a la propuesta, con argumentos generalmente absurdos y estrafalarios. Alguno de estos grupos llegó a afirmar que había que oponerse al tren maya como una protesta por el martirio sufrido por Jacinto Canek ¡en 1761.

Al caso, nos permitiremos apuntar algunos aspectos que consideramos relevantes en relación con el proyecto, así como con respecto a la férrea oposición que al mismo han presentado algunos actores. En primera instancia, nos parece pertinente señalar que la realización de la propuesta es el cumplimiento de una promesa de campaña, es decir, AMLO, al ser electo mayoritariamente-y conquistar la mayoría de los votos en todas y cada una de las entidades involucradas en el proyecto- está dando puntual cumplimiento a un compromiso, por lo que el proyecto, en principio, es plenamente legítimo, y obedece, sin lugar a dudas el mandato de las urnas.

Asimismo, el proyecto fue avalado abrumadoramente en consulta popular, en la que, por cierto, los grupos opositores ni siquiera participaron, con el falaz argumento de que estaba amañada y que, en caso de participar, sólo estarían validando una farsa. Tras conocerse los resultados de la consulta, estos grupos opositores mantuvieron sus irreductibles posiciones, que de hecho mantienen hasta la fecha, acudiendo a tribunales federales e internacionales, así como a la opinión pública, con mucho ruido, pero escasos resultados significativos hasta el momento.

Hasta aquí las luces, que en resumen se integran por la legitimidad del proyecto, avalada por las urnas en julio de 2018 y en consulta popular posteriormente, así como por el objetivo, expresado reiteradamente por el presidente y sus colaboradores, de impulsar un desarrollo sustentable en beneficio de una de las regiones con mayor marginación y pobreza del país. Contemplada así, la propuesta no sólo es legítima y viable, sino plenamente justa y necesaria.

Sin embargo, cuando finalmente la propuesta fue echada a andar, comenzaron a aflorar muchas inconsistencias. Para cuando Andrés Manuel tomó posesión, la información pública al respecto era prácticamente nula y en algunas zonas, entre las que destaca el sur de Quintana Roo, grupos de inversionistas vinculados a la oligarquía y a los gobiernos neoliberales encabezaron las gestiones, valiéndose de las conocidas armas de la manipulación, la desinformación e incluso la amenaza para intentar poner de su lado a las organizaciones comunitarias involucradas. En el caso específico de Bacalar, las cosas llegaron al punto de la confrontación, pues hubo amenazas contra los ejidatarios e intentos de intervención del Crimen Organizado.

Situaciones similares, aunque aparentemente no tan extremas, se están viviendo en cada uno de los Estados por donde pasará el tren. Es claro que, con conocimiento o no del presidente, muchos grupos poderosos están cazando una oportunidad que dejará millones tanto en su etapa de construcción como en la de gestión. El objetivo público de beneficiar a las mayorías, y particularmente a sectores que viven en marginación desde hace siglos, realmente está en peligro.

Recientemente, AMLO dio un fuerte golpe de timón al incluir la participación de la SEDENA en la construcción del tren. De esta manera se estaría evitando la voracidad capitalista, al menos en algunos de los tramos, sin comprometer la calidad técnica. Sin embargo, el fortalecimiento del poder del Ejército, que ha encabezado varias acciones gubernamentales fundamentales, como la reconversión hospitalaria para COVID y la gestión de las aduanas, también es un elemento preocupante, y que no aparece entre las luces del proyecto. De lo que podemos estar seguros es que el tren maya va, lo que no sabemos aún es cómo será su trayecto.

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