Observé unos segundos las imágenes de personas dispersadas con gas lacrimógeno en Mérida. Fue un día como hoy, 19 de enero, justo el año pasado. No es que dudara de que el gobierno pudiera usar la fuerza contra la ciudadanía, pero me sorprendió que sucediera en el marco del primer informe de Mauricio Vila y el blanco fuera indistinto: mujeres, hombres, personas de todas las edades, credos, profesiones, incluso, simpatías políticas, corrían cubriéndose nariz y boca sin comprender qué estaba sucediendo.

La protesta del 19 de enero aglomeró el descontento de aquellos sectores cuyo bienestar y dignidad han sido agraviados por la actual administración. No era una conspiración para desestabilizar al gobierno ni una turba con intereses ocultos. Las consignas eran abiertas y claras, enunciadas en voz alta, difundidas en redes sociales virtuales y medios de comunicación. Protestaba el vecino, la ex compañera de trabajo, el familiar, el hijo, la amiga, el periodista y la activista. Protestaba la ciudadanía.

Por eso no hay forma de validar las versiones dadas por el Gobierno del Estado. Primero Luis Felipe Saidén, Secretario de Seguridad Pública, aseguró que se trató de un agente solitario que, así nada más, por ocurrencia, decidió cargar una granada de gas lacrimógeno y arrojarla a los presentes. Luego el gobernador, Mauricio Vila, y la Secretaria de Gobierno, María Fritz, acusaron a “los fuereños” de agredir a los policías con actitudes que no son propias de la pacífica población yucateca; lo que deja en claro que, además de legitimar la xenofobia, ninguno conoce la historia de Yucatán, ya no digamos, de su familia, y menos, la composición del gabinete de gobierno. Por último, el dirigente estatal del PAN, Asís Cano, responsabilizó a Morena de infiltrar grupos de choque.

¿Quién ordenó tirar el gas lacrimógeno? No lo dirán. La CODHEY está aún revisando el caso, pero la Fiscalía, que es la institución que puede ejercer acciones contra los responsables, ha guardado silencio. Lo que deja entrever que, tras un año de este vergonzoso incidente, los funcionarios antes mencionados incurren en encubrimiento y complicidad. Hoy, de manera más cómoda, gracias a la sana distancia impuesta con el Covid-19, pueden encerrarse en casa y evitar las molestas increpaciones y exigencias de quienes protestan, de los periodistas o el ciudadano común. Funcionarios que ya se encerraban en sus oficinas, pero ahora tienen una justificación sanitaria.

El segundo informe de Mauricio Vila transcurrió sin sobresaltos. Nunca informó quién tiró el gas lacrimógeno ni de quién recibió la orden. Parece que nadie lo hizo, nunca sucedió. No obstante, un día las protestas volverán a las calles. ¿Habrá entonces otra respuesta con gas lacrimógeno? ¿Reprimirá a la ciudadanía de otras maneras? ¿Será tolerante a la crítica? ¿Habrá castigo para quienes violentan el derecho a la manifestación? ¿Acatará una recomendación de la CODHEY, en caso de que se emita? ¿Saldrá a recibir a la sociedad que votó por él o se resguardará tras una valla de efectivos policiacos?

La suspensión de las cuentas del presidente de Estados Unidos en Twitter, Facebook e Instagram ha reavivado el debate en torno a la libertad de expresión. Jack Dorsey justificó esta decisión por considerar que Trump estaba compartiendo “contenido engañoso” en Twitter, mientras Mark Zuckerberg lo acusó de usar Facebook para “incitar a la insurrección violenta contra un régimen elegido democráticamente”. Lo inesperado sucedió horas después. Pese a carecer de interés en el asunto, el presidente de México advirtió que la decisión de Zuckerberg representaba un “mal presagio” de lo que puede hacer un “poder mediático mundial” y la calificó de “prepotencia” y “arrogancia”. López Obrador formuló un airado alegato por la libertad y el derecho a la información.

Si bien hay afirmaciones rescatables, aprovechar la censura a Trump para recordarnos la relevancia de la libertad de expresión, genera desconcierto. Pues, antes de dar por sentado que se trata de un caso que evidencia atribuciones excesivas de quienes controlan las redes sociales virtuales, debe aquilatarse en función de quién emitió los mensajes y las razones para bloquearlo.

La Organización de Estados Americanos (OEA) denomina censura privada a aquella que ejercen las empresas intermediarias de la información para evitar su mal uso. Debido a que las redes sociales virtuales son medios de comunicación emergentes y manejan volúmenes de información inusitados, su regulación apenas se está construyendo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) considera admisible la censura cuando frena propaganda de guerra, apología del odio, incitación a la violencia o al genocidio, y la circulación de pornografía infantil.

Las reglas para publicar en Twitter, Facebook o Instagram deberían, en teoría, apegarse a estos criterios. En el caso de Trump, la desinformación, entendida como la difusión intencionada de información falsa, es un aspecto igual señalado por la OEA y la CIDH en la Guía para garantizar la libertad de expresión frente a la desinformación deliberada en contextos electorales. Alentar directa o indirectamente a la violencia es un escenario previsto que justifica la censura privada. Algunos seguidores de Trump, por ejemplo, invitaron en Twitter a “colgar a Mike Pence”, el vicepresidente. La responsabilidad de las empresas intermediarias consiste en transparentar y aplicar correctamente los criterios para la moderación de contenidos.

Además, el Marco jurídico interamericano del Derecho a la Libertad de Expresión menciona que los funcionarios públicos de alto rango “están sometidos a ciertas limitaciones en cuanto a constatar en forma razonable…los hechos en los que fundamentan sus opiniones…, en atención al alto grado de credibilidad de la que gozan y en aras de evitar que los ciudadanos reciban una versión manipulada de los hechos”. Es decir, antes de emitir un juicio acerca de la censura a Trump, debe considerarse que es el presidente de Estados Unidos, no un ciudadano común presionado por el gobierno. Asimismo, que, en su calidad de presidente, tampoco ha quedado indefenso para expresarse, pues cuenta con decenas de medios que difunden su opinión.

El derecho a la libertad de expresión protege, sobre todo, al ciudadano común ante la censura del gobierno y sus mecanismos para presionar a los intermediarios de la información. No es el caso de Trump. Los gobiernos suelen tener recursos legales, humanos y materiales suficientes para influir en la información. De hecho, países como Alemania, Turquía o Tailandia han aprobado regulaciones estrictas para las redes sociales virtuales.

Respecto a las declaraciones de López Obrador, considero desafortunada la ocasión. No es la primera vez que se cuestionan las políticas de moderación de contenidos. En 2019, Facebook bloqueó la página Radio Kurruf, administrada por mapuches que protestaban contra el gobierno chileno y, a los pocos meses, Twitter suspendió las cuentas de varios funcionarios cubanos; en 2020 medios rusos, como Sputnik, RIA Novosti y RT, denunciaron ser blancos de censura por parte de Twitter, mismo año en que también suspendió la cuenta del grupo ultraderechista español “Vox”. La censura privada se ha aplicado a grupos de diversas orientaciones ideológicas y políticas. Vaya, para no extenderme más, todos los días hay quejas de personas cuya cuenta ha sido bloqueadas de manera infundada. El algoritmo y quienes están detrás de él siguen haciendo de las suyas.

Cuándo y porqué es necesaria la censura privada continúa causando discrepancias. Es un debate global de gran trascendencia. Pero, ¿por qué invocarlo, precisamente, en defensa de Trump? ¿Será que López Obrador no estaba al tanto de este problema desde que tomó la presidencia? ¿Ignora que Trump lleva un par de años enfrentándose con Zuckerberg y Dorsey? ¿A México le afecta que Trump no pueda usar Twitter ni Facebook? ¿Cuál es el objetivo de López Obrador con estad declaraciones?

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He leído a más de una persona afirmar que este año se fue en un abrir y cerrar de ojos. Pese a que el Covid-19 detuvo muchas actividades, existe la percepción de que el tiempo transcurrió aceleradamente. Una dimensión en la que el tiempo parece moverse a velocidades inusitadas, es el conocimiento tecnocientífico. Investigadores, personal de salud, gobiernos y laboratorios privados se volcaron a conocer el virus causante (Sars-Cov-2), describir de manera pormenorizada sus efectos, identificar los factores que facilitan su transmisión y, de esta manera, han obrado la gesta esperanzadora de contar con vacunas a un año apenas de ser declarada la contingencia sanitaria en Wuhan.

Para comprender qué tan acelerado ha sido este proceso, compárese con la peste bubónica. De acuerdo al historiador Sheldon Watts, en 1347 hubo un brote de peste que en cinco años acabó con, al menos, la quinta parte de la población del occidente europeo. La lógica para interpretar los procesos de salud-enfermedad era diferente. Los médicos de la época reforzaron la idea de que la peste representaba un castigo divino. Ni siquiera lograron establecer conexiones con la llamada “plaga de Justiniano”, ocurrida entre los siglos VI y VII. Cuando hubo un rebrote en la década de 1450, magistrados italianos llegaron a la conclusión de que la peste era contagiosa. En consecuencia, se tomaron medidas como el confinamiento de la población, cierre de mercados y cuarentenas en las embarcaciones.

Hasta el siglo XVIII, las medidas dictadas por las autoridades civiles se siguieron guiando por las ideas del orden y el control, como los cordones sanitarios cuya intención era evitar la diseminación de enfermedades. En 1894, durante el brote de peste en Hong Kong, dos médicos, Kitasato Shibasaburo y Alexandre Yersin descubrieron, casi simultáneamente, el bacilo Yersinia pestis, agente causal de la peste. También en esos años se confirmó que el vector era la pulga de la rata. Después de todo, la peste no era un castigo celestial ni era contagiosa. A partir del descubrimiento del bacilo, existe un tratamiento con antibióticos y los brotes se controlaron con mayor efectividad.

Pero esta historia que atraviesa siglos y varios pueblos del mundo, hoy parece remitir a un tiempo en el que este transcurría tan despacio que rebasaba el horizonte de las vidas humanas. La historia del Covid-19, en cambio, es una muestra de cómo el tiempo y el espacio en el mundo contemporáneo se ha comprimido. Desde nuestras casas, nos hemos enterado, casi en tiempo real, cómo el Sars-Cov-2 apareció en China, llegó a Corea del Sur, Japón, Italia, España, Reino Unido, Estados Unidos y, por supuesto, a México y el resto del mundo. Los medios de comunicación han relatado minuto a minuto los nuevos hallazgos en torno a la enfermedad, desde sus síntomas, hasta la aprobación y aplicación de las vacunas.

Este fenómeno social y global me reconforta, no porque me embargue una ingenua confianza en las capacidades humanas, sino porque es un indicio concreto de que la mayor parte de la humanidad vivirá para narrar la historia del Covid-19 en primera persona. El 2021 promete ser agotador y, lamentablemente, la pandemia seguirá cobrando vidas, pero los recursos que la ciencia pone a nuestro alcance hacen la diferencia. Aunque el conocimiento científico es falible y tiene que ser cuestionado y renovado, es más confiable que otros que brindan una falsa sensación de seguridad. Es necesario recalcarlo en un momento en que en México empieza a cundir la negación del Covid-19, el terror a las vacunas y las promesas de curas milagrosas. En medio de una dinámica en el que el tiempo se abrevia y las ansias se multiplican, el 2021 pondrá a prueba la paciencia, solidaridad y discernimiento de la población mexicana.