La
suspensión de las cuentas del presidente de Estados Unidos en Twitter, Facebook
e Instagram ha reavivado el debate en torno a la libertad de expresión. Jack
Dorsey justificó esta decisión por considerar que Trump estaba compartiendo “contenido engañoso” en Twitter, mientras
Mark Zuckerberg lo acusó de usar Facebook para “incitar a la insurrección violenta contra un régimen elegido
democráticamente”. Lo inesperado sucedió horas después. Pese a carecer de
interés en el asunto, el presidente de México advirtió que la decisión de
Zuckerberg representaba un “mal presagio”
de lo que puede hacer un “poder mediático
mundial” y la calificó de “prepotencia”
y “arrogancia”. López Obrador formuló
un airado alegato por la libertad y el derecho a la información.
Si
bien hay afirmaciones rescatables, aprovechar la censura a Trump para recordarnos
la relevancia de la libertad de expresión, genera desconcierto. Pues, antes de
dar por sentado que se trata de un caso que evidencia atribuciones excesivas de
quienes controlan las redes sociales virtuales, debe aquilatarse en función de
quién emitió los mensajes y las razones para bloquearlo.
La
Organización de Estados Americanos (OEA) denomina censura privada a
aquella que ejercen las empresas intermediarias de la información para evitar
su mal uso. Debido a que las redes sociales virtuales son medios de
comunicación emergentes y manejan volúmenes de información inusitados, su
regulación apenas se está construyendo. La Corte Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) considera admisible la censura cuando frena propaganda de guerra,
apología del odio, incitación a la violencia o al genocidio, y la circulación
de pornografía infantil.
Las
reglas para publicar en Twitter, Facebook o Instagram deberían, en teoría, apegarse
a estos criterios. En el caso de Trump, la desinformación, entendida como la
difusión intencionada de información falsa, es un aspecto igual señalado por la
OEA y la CIDH en la Guía para garantizar la libertad de expresión frente a
la desinformación deliberada en contextos electorales. Alentar directa o
indirectamente a la violencia es un escenario previsto que justifica la censura
privada. Algunos seguidores de Trump, por ejemplo, invitaron en Twitter a “colgar a Mike Pence”, el vicepresidente.
La responsabilidad de las empresas intermediarias consiste en transparentar y
aplicar correctamente los criterios para la moderación de contenidos.
Además,
el Marco jurídico interamericano del Derecho a la Libertad de Expresión
menciona que los funcionarios públicos de alto rango “están sometidos a ciertas limitaciones en cuanto a constatar en forma razonable…los
hechos en los que fundamentan sus opiniones…, en atención al alto grado de
credibilidad de la que gozan y en aras de evitar que los ciudadanos reciban una
versión manipulada de los hechos”. Es decir, antes de emitir un juicio
acerca de la censura a Trump, debe considerarse que es el presidente de Estados
Unidos, no un ciudadano común presionado por el gobierno. Asimismo, que, en su
calidad de presidente, tampoco ha quedado indefenso para expresarse, pues
cuenta con decenas de medios que difunden su opinión.
El
derecho a la libertad de expresión protege, sobre todo, al ciudadano común ante
la censura del gobierno y sus mecanismos para presionar a los intermediarios de
la información. No es el caso de Trump. Los gobiernos suelen tener recursos
legales, humanos y materiales suficientes para influir en la información. De
hecho, países como Alemania, Turquía o Tailandia han aprobado regulaciones
estrictas para las redes sociales virtuales.
Respecto
a las declaraciones de López Obrador, considero desafortunada la ocasión. No es
la primera vez que se cuestionan las políticas de moderación de contenidos. En 2019,
Facebook bloqueó la página Radio Kurruf, administrada por mapuches que
protestaban contra el gobierno chileno y, a los pocos meses, Twitter suspendió las
cuentas de varios funcionarios cubanos; en 2020 medios rusos, como Sputnik, RIA
Novosti y RT, denunciaron ser blancos de censura por parte de Twitter, mismo
año en que también suspendió la cuenta del grupo ultraderechista español “Vox”.
La censura privada se ha aplicado a grupos de diversas orientaciones
ideológicas y políticas. Vaya, para no extenderme más, todos los días hay
quejas de personas cuya cuenta ha sido bloqueadas de manera infundada. El
algoritmo y quienes están detrás de él siguen haciendo de las suyas.
Cuándo y porqué es necesaria la censura privada continúa causando discrepancias. Es un debate global de gran trascendencia. Pero, ¿por qué invocarlo, precisamente, en defensa de Trump? ¿Será que López Obrador no estaba al tanto de este problema desde que tomó la presidencia? ¿Ignora que Trump lleva un par de años enfrentándose con Zuckerberg y Dorsey? ¿A México le afecta que Trump no pueda usar Twitter ni Facebook? ¿Cuál es el objetivo de López Obrador con estad declaraciones?
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