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El pasado nos alcanzó

México frente al 11 de septiembre

Ricardo Maldonado Arroyo-

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La historia se relata desde la perspectiva de quien la escribe. Para quienes vivimos en México, los hechos del 11 de septiembre de 2001 cobran significado a partir de nuestra posición en el mundo y la relación que guardamos con Estados Unidos. Sin perder de vista que la caída de las Torres Gemelas es un hecho trágico, las subsecuentes políticas de seguridad, basadas en la amenaza del terrorismo, han recrudecido los dispositivos de vigilancia y control en la frontera México-Estados Unidos, potenciando el problema de origen en vez de solucionarlo.

¿Por qué un grupo de terroristas atacó Nueva York y Washington? La respuesta no es sencilla, pero mucho tienen que ver las mismas políticas intervencionistas de Estados Unidos que siembran y escalan conflictos en numerosos puntos del globo terráqueo. Esta descomposición de escenarios de por sí complejos, ha alimentado la existencia de grupos extremistas que, en una suerte de estrategia perversa, son armados, precisamente, por agentes de Estados Unidos y Europa. Estas políticas, finalmente, les han pasado factura a los países intervencionistas.

México no ha escapado a la injerencia del vecino del norte. Durante la Guerra Fría, por la persecución del fantasma del comunismo, desde el gobierno de Reagan, por una estrategia continental de “seguridad” dirigida a combatir el tráfico de drogas. El narcotráfico se convirtió en tópico prioritario para Estados Unidos y la política ha sido clara: prohibición, criminalización, militarización. Nuestro país ha sido escenario de una batalla sangrienta e interminable por proteger los intereses del país que más consume drogas. Al igual que con los grupos extremistas, las armas de las bandas criminales provienen, principalmente, de Estados Unidos. La frontera-gulag, como la denomina el antropólogo Guillermo Alonso Meneses, comenzó a tomar forma con las operaciones “Blockade” y “Hold the Line” (1993), durante el gobierno de William Clinton.

En este mismo sentido, el 11 de septiembre de 2001 fue justificación y detonante del aparato de vigilancia que hoy se ciñe sobre la frontera. Los migrantes indocumentados que la han cruzado narran que, antes de los ataques a las Torres Gemelas, era mayor la probabilidad de llegar a su destino. Hoy en día es una travesía en la que se juegan la vida. ¿Qué relación tienen estos migrantes con el terrorismo del que pretende protegerse Estados Unidos? En el discurso de la seguridad, las amenazas externas y la defensa del territorio, un migrantes indocumentado se mete en el mismo saco que un terrorista. Ambos representan riesgos potenciales. El discurso tampoco establece diferencia respecto a un narcotraficante sin escrúpulos. Cuando Trump calificaba a los mexicanos de criminales y violadores, no hizo sino externar lo que sus gobernantes han materializado en la frontera: una barrera infranqueable para el grueso de la población mexicana. Todos somos criminales en potencia.

La caída de las Torres Gemelas desató el miedo y la ira contra los musulmanes y se acompañó de discursos que rechazan a otros grupos sociales. El discurso antiinmigrante, particularmente, contra la “invasión” de mexicanos y centroamericanos, se incorporó a los argumentos para incrementar la vigilancia. Según Alonso Meneses, en 2000 existían 9,212 agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, mientras que en 2011 ya eran 21,444. A partir de 2009, cuando inició la administración de Obama, las medidas antiinmigrantes se reflejaron en un marcado descenso de las deportaciones y detenciones de mexicanos. ¿Quién se atrevería ahora a cruzar la frontera?

A partir del 11 de septiembre, la migración se convirtió en un asunto de seguridad nacional, lo que se tradujo en un impresionante despliegue de recursos financieros y humanos. La frontera-gulag se erigió con sus vallas, alambrado, patrullas, cámaras, drones y toda clase de tecnologías de vigilancia que, aparte de contribuir a la detención de migrantes, ha propiciado que pierdan la vida y sean víctimas de bandas criminales. Una gran crisis de derechos humanos. Sin importar quién esté gobernando Estados Unidos, la política es la misma.

En años recientes, la estrategia contra la migración se ha desplazado hasta los límites entre México y Guatemala. Las imágenes recientes de agentes mexicanos cazando a centroamericanos y haitianos, dejan clara la participación de nuestro gobierno en el endurecimiento de la frontera. Toda esta locura de perseguir migrantes indocumentados se ha normalizado hasta perder la raíz del problema. Habiendo fincado su estrategia continental en la inestabilidad política y económica de los países del Sur, Estados Unidos erigió una valla para aislarse de problemas que él mismo ha fomentado. El miedo que sienten no es únicamente a terroristas que pudieran alterar su vida apacible, sino al mundo que está ahí afuera, devastado por la pobreza, las bandas criminales y la guerra, y del que ha sido no sólo partícipe, sino gestor y gendarme.

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El pasado nos alcanzó

Vox: la fotografía de la vergüenza

Ricardo Maldonado Arroyo-

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Sonrientes al centro, las senadoras Guadalupe Murguía (Querétaro), Alejandra Reynoso (Guanajuato) y Guadalupe Saldaña (Baja California Sur), posan para la foto. Detrás de ellas, Julen Rementería, senador por Veracruz y líder de la bancada panista, sirve de anfitrión a Santiago Abascal, presidente del partido ultraderechista español, Vox. Un total de 22 personajes aparecen en esta imagen que ha causado gran revuelo. No es para menos. Vox constituye una de las fuerzas políticas más populares en el escenario internacional que ha promovido un discurso recalcitrantemente nacionalista, xenófobo, islamofóbico, homofóbico, opuesto al aborto, neoliberal, anticomunista, ultracatólico y deseoso de rescatar la influencia de España en el mundo.

Esta peculiar fotografía se enmarca en la firma de la “Carta de Madrid”, pronunciamiento público de Vox y sus adeptos en América, cuyo propósito es impedir el “avance del comunismo” y la defensa del “Estado de Derecho, el imperio de la ley, la separación de poderes, la libertad de expresión y la propiedad privada”. Además, en un extraño giro del discurso, afirma que “el futuro de los países de la Iberosfera ha de estar basado en el respeto a la democracia, los derechos humanos, el pluralismo, la dignidad humana y la justicia”. Así es, la visión de Vox es que existe una esfera natural de influencia, denominada Iberosfera que, paradójicamente, se compone de “una comunidad de naciones libres y soberanas”.

Un documento sin pies ni cabeza que ha sido firmado por actores políticos de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, El Salvador, Estados Unidos, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, e, incluso, europarlamentarios de Grecia, Italia, Países Bajos y Suecia. De hecho, desde octubre de 2020 aparecían como firmantes Mario Romo, presidente de la Red Familia, Elsa Méndez, diputada queretana, el actor Eduardo Verástegui, en representación de una iniciativa de Trump, Fernando Doval, Secretario de Estudios y Análisis Estratégicos del PAN, entre otros distinguidos y variopintos personajes.

La estampa causa indignación e hilaridad, pero sería injusto afirmar que Vox dio a conocer la ultraderecha en México, que sus pretensiones neocolonialistas y su discurso anacrónico son novedad en el país. Desde las postrimerías de la Revolución, surgieron agrupaciones integristas de abierto corte confesional como Acción Católica, la Unión Nacional Sinarquista, la Unión Nacional de Padres de Familia, la Asociación Católica de Jóvenes Mexicanos o la Unión Nacional de Estudiantes Católicos, que se opusieron a las directrices liberales del Estado mexicano. El propio PAN emanó de esta corriente, pero buscando posicionarse como un partido de profesionistas y empresarios que respetaba el régimen político. En la segunda mitad del siglo XX tuvieron gran influencia organizaciones asociadas a la Iglesia Católica como los Legionarios de Cristo y el Opus Dei, sin dejar de mencionar la oscura asociación del Yunque, de inspiración anticomunista. Recientemente, se han articulado otras iniciativas como Paternidad Responsable, el PES, el Frente Nacional por la Familia y su preexistente brazo local: la Red Pro Yucatán. ¿Qué tan diferente ha sido el discurso de estas organizaciones respecto a Vox?

¿Qué nos sorprende? Durante los últimos años hemos oído verdaderos disparates de las voces más ultraconservadoras y anticomunistas (sea lo que entiendan por tal denominación) del país, lo que hace la fotografía en comento doblemente vergonzosa: porque revela el ánimo de dichas voces a unirse, a la más mínima provocación, a movimientos mundiales de corte fascista; y porque tienen mucho qué ofrecer en cuanto a recursos, influencia política y convicción, porque hay en México quienes contribuyen a propagar discursos de odio y contra los derechos humanos, enorgulleciéndose de ello y dejando constancia para la posteridad.

Post scriptum. El columnista Salvador García Soto atribuye la reunión a la pésima orientación de dos consejeros jóvenes de Julen Rementería, quienes se jactan de admirar a Vox, lo que nos pondría en el dilema de no contar con una ultraderecha mexicana perversa, sino una que hace gala de ignorancia supina.

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Matrimonio igualitario: 13 años de lucha

Ricardo Maldonado Arroyo-

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Quizá Yucatán sea el estado de la República Mexicana en el que la lucha por el matrimonio igualitario halló mayor ímpetu y, a la vez, mayores resistencias. Este 25 de agosto, mientras veía la votación del Congreso por YouTube, no pude evitar sentirme conmovido porque conozco de primera mano esta historia, en la que estuvieron involucrados distintos actores. Cuatro organizaciones promovieron ante la Suprema Corte de Justicia el amparo que orilló a la aprobación de la reforma a la Constitución local (Artículo 19, Indignación, UNASSE y el Colectivo por la Protección de Todas las Familias en Yucatán), pero hubo más involucradas en el camino.

En 2008 varias organizaciones se reunieron para plantear la necesidad de respaldar con firmas una iniciativa ciudadana que reconociera la posibilidad de parejas del mismo género a contraer matrimonio. Estas organizaciones fueron Buenas Intenciones, CEPRODEHL, Círculo Cultural de la Diversidad “Ricardo Zimbrón Levy”, Familias por la Diversidad Sexual, Foro Cultural Amaro, Grupo Multisectorial Ciudadano, Indignación, Kóokay, Mango Malva, Oasis de San Juan de Dios, Repavih, SHSSR y UNASSE, así como ciudadanos independientes. Con el paso de los años y desde diferentes trincheras, también impulsaron el matrimonio igualitario otras organizaciones como Alter-Int, Cessex, Comisión de Pueblos Indios en VIH/Sida, DCyDS, K-Kaajal y Yucatrans.

A diferencia de otros estados, en Yucatán el objetivo fue, desde el inicio, lograr el matrimonio para todas y todos, y no otras figuras legales como la sociedad de convivencia o el pacto civil. Este primer intento fue prontamente sofocado por la aprobación en 2009 de reformas a la Constitución y al Código Civil del estado que impedían la unión legal entre personas del mismo género, a raíz de una iniciativa ciudadana promovida por la Red Pro Yucatán. Esta “herencia” de la LVIII Legislatura se convirtió en una pesada loza difícil de retirar y con la que los grupos ultraconservadores del estado pretendieron sellar toda posibilidad de abarcar más derechos para los colectivos LGBTI.

El camino estuvo particularmente lleno de obstáculos: 3 iniciativas más rechazadas por el Congreso, donde hubo que votar en 3 ocasiones, y 2 veces llegó el asunto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aparte de la iniciativa ciudadana que quedó en ciernes en 2008, en 2012 el diputado Bayardo Ojeda promovió otra que ni siquiera se discutió en comisiones por lo que, en 2016, el diputado David Barrera Zavala la intentó rescatar sin éxito, y, en 2019, las diputadas Silvia López Escoffié y Milagros Romero promovieron un par de iniciativas que llegaron al pleno, ambas no aprobadas mediante votación secreta. Mismo año en que la Suprema Corte rechazó un amparo por omisión legislativa contra el Congreso de Yucatán, interpuesto años antes por tres organizaciones yucatecas. Es decir, una y otra vez grupos de la sociedad civil volvieron a la carga buscando alternativas para el matrimonio igualitario.

Esta batalla jurídica se desarrolló con el auxilio inestimable de los abogados Jorge Fernández Mendiburu, Amelia Ojeda Sosa y Alex Alí Méndez Díaz y cosechó frutos este año cuando, tras meses de espera, la Suprema Corte resolvió a favor de otros amparos en contra de las votaciones secretas efectuadas en el Congreso de Yucatán. Los escenarios son contrastantes. El 15 de julio de 2009, únicamente la diputada Bertha Pérez Medina votó en contra de las reformas para restringir la figura del matrimonio, rodeada de 24 legisladores que levantaron la mano con firmeza observando, sin dar mayor importancia, al grupo de activistas que protestaban en el recinto. El 25 de agosto de 2021, quienes votaron a favor del matrimonio igualitario no sólo alzaron la mano y dieron argumentos de inclusión y derechos humanos, sino que bajaron a tomarse la foto con la bandera del arcoíris. El gesto puede despertar suspicacias, pero no hubiera sido posible en 2009.

También es necesario reconocer el valor de aquellas parejas que llevaron la lucha a nivel familiar y obtuvieron amparos para casarse en el estado, ser asentados como concubinos(as) e inscribir a sus hijas e hijos en el Registro Civil con los apellidos de ambas madres o ambos padres. Han sido varias las condiciones favorables: un marco jurídico mexicano en contra de la discriminación, 21 entidades que ya permitían el matrimonio igualitario, un cuestionamiento sostenido al gobierno local, medios de comunicación aliados, una sociedad cada vez más habituada a las parejas del mismo género y las familias homoparentales, todo contribuyó a la presente coyuntura que, si bien, no lo es todo, resulta de relevancia innegable. Es un logro colectivo en la historia reciente de Yucatán, en el que participaron tantas organizaciones y personas (algunas ya fallecidas), por tanto tiempo, ha implicado tantos sacrificios, que amerita detenerse un momento a tomar aliento y abrazarse fraternalmente.

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El pasado nos alcanzó

Manoseo político

Ricardo Maldonado Arroyo-

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Fotografía de Rosa Cruz

El 16 de agosto, durante su tercer informe de acciones, el alcalde Mérida, Renán Barrera Concha hizo referencia al caso de José Eduardo Ravelo, joven presuntamente victimado por policías el pasado 21 de julio: “los hechos indignantes e inaceptables que le ocurrieron al joven José Eduardo nos llenan de rabia y de vergüenza, pero también lo hacen la información sesgada, las interpretaciones falaces, el manoseo de intereses políticos y las tibias formas de enfrentar problemas verdaderos”. En función de este planteamiento, me permito hacer algunas observaciones acerca del actuar de los tres órdenes de gobierno, que han dejado mal sabor de boca a la población.

Ayuntamiento de Mérida. Renán Barrera ha pretendido mantener una postura institucional y respetuosa de la ley al afirmar que “no podemos sancionar, no podemos dictaminar, no podemos hacer escarnio público de un tema que aún ni siquiera se ha iniciado con una investigación”. Esto contrasta con sus declaraciones en medios de comunicación, en las que defiende a los agentes de la Policía Municipal, mientras criminaliza a José Eduardo. En entrevista ofrecida el 10 de agosto a Joaquín López Dóriga, Renán Barrera dijo contar con “el video en el que el joven agrede a un ciudadano a través de un proyectil…en un sitio de taxis”, “al momento de abordar a este joven actúa de manera, digamos, violenta, es transportado a través de la unidad de la policía municipal en un traslado que duró 6 minutos; en el minuto a minuto se puede ver todo el traslado, el ingreso a la corporación policíaca municipal, un médico registra el estado de salud en el cual ingresa, y tenemos la grabación que yo personalmente ya he visto y puesto en manos de la autoridad, de la Fiscalía del Estado, el minuto a minuto de toda su estancia en la celda municipal”. Además, insistió en que durante esas 24 horas de grabación no hay evidencia de tortura ni violación.

Gobierno del Estado. En rueda de prensa del 16 de agosto, la Fiscalía General del Estado desmintió al Alcalde, informando que solicitó a la Policía Municipal de Mérida las videograbaciones, pero esta no cuenta con cámaras en la calle de San Juan donde detuvieron a José Eduardo, las videograbaciones de aquellas instaladas en el edificio de la Policía se actualizan cada 7 días, y las de sus unidades, cada tercer día. “Por lo tanto, al Ministerio Público no le fue entregado por dicha corporación ningún elemento de videograbación en relación a dicha solicitud”, aseguró el fiscal general de Yucatán, Juan Manuel León León. Las grabaciones analizadas por el Juez de Control fueron de cámaras de la policía estatal. Sin embargo, el Fiscal también descartó la posibilidad de que el crimen fuera perpetrado por policías estatales pues, aunque “en la denuncia la víctima se refirió a otra corporación policiaca, con colores y uniformes diferentes, e, incluso, con nombres y características…esta situación fue ampliamente superada con las investigaciones del Ministerio Público”.

Presidencia de la República. El asunto adquirió tal relevancia a nivel nacional, que Andrés Manuel López Obrador instruyó a la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, a recibir a María Ravelo Echavarría, madre de José Eduardo. Como consecuencia de este encuentro, la Fiscalía General de la República atrajo el caso. El 17 de agosto, López Obrador expresó su opinión en la conferencia matutina: “lo que está alegando el juez es que en la acusación no se especifica, supuestamente, qué policía fue. Imagínense que por un tecnicismo legal se haga a un lado la justicia”. La mencionada Fiscalía halló tal desorden en la investigación, que ha optado por reiniciarla y ordenó la exhumación del cuerpo de José Eduardo. No descarta que los responsables sean policías estatales. “Eso es un crimen de odio y no se va a permitir. Y no es nada más una actitud de los policías, no solo el que ejecuta, sino el que tolera ese tipo de atrocidades”, añadió el Presidente, en conferencia del 20 de agosto.

En este caso están en juego, además de la justicia, intereses políticos. Con los tres órdenes de gobierno involucrados, al menos uno de ellos saldrá perdiendo. Si se hallan culpables a policías municipales, afectará la aspiración de Renán Barrera de llegar a la gubernatura y Mauricio Vila podrá colocar a alguien cercano. Si fuera la policía estatal, la administración de Vila Dosal quedaría profundamente manchada, lo que, posiblemente, deteriore la imagen del PAN y pueda ser aprovechado por Morena. Si se halla a los culpables, López Obrador obtendrá mayor credibilidad ante sus simpatizantes, si no, los tres gobernantes perderán ante la opinión pública. Cabe añadir que la relación entre el gobernador de Yucatán y el presidente de México ha estado plagada de alianzas y elogios mutuos. ¿Estarán dispuestos a sacrificar esta relación?

En medio de dimes y diretes, contradicciones, verdades y mentiras, la voz de María Ravelo se impone triste, casi como un lamento, pero llena de dignidad. En entrevista a Hernán Gómez reiteró su objetivo: “yo lo que quiero es justicia, justicia para mi hijo, yo quiero ver a esos hombres en la cárcel y a todos los demás culpables, porque todos fueron culpables, porque hubo testigos y nadie dijo nada, nadie lo ayudó”. Y también serán culpables quienes, más preocupados por el balance electoral, se presten al manoseo político que desemboca en impunidad.

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