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El pasado nos alcanzó

La irresponsabilidad mata

Ricardo Maldonado Arroyo-

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La frase que sirve de título al presente texto es lema de una campaña del Gobierno del Estado de Yucatán relacionada con el Covid-19. Apareció en espectaculares de varios puntos de la ciudad, acompañada de imágenes de personas hospitalizadas con mensajes como “¿ya no aguantabas el encierro?”, “¿tantas ganas tenías de ir a la playa?”, “¿disfrutaste esa fiesta con amigos?”. En un principio consideré desafortunado que gastaran nuestros impuestos en una estrategia de comunicación cuyo objetivo es echar más leña al fuego en una sociedad polarizada, temerosa y en duelo, y que tampoco proporciona información valiosa para prevenir el Covid-19.

Sin embargo, tras reflexionar con detenimiento, me inclino a pensar que quizá el lema describe muy bien las decisiones tomadas por el Gobierno del Estado en los últimos meses de confinamiento. Esta es mi lectura:

La irresponsabilidad mata porque ciega ante las condicionantes socioeconómicas que impiden protegerse de los contagios. Para diseñar estrategias contra la pandemia, no bastaba con reunir a secretarias y secretarios de gobierno, encumbrados líderes de cámaras empresariales o la crema y nata de la política local. Era necesario que aquellas reflejaran la voz de obreros, amas de casa, pequeños comerciantes, albañiles, carniceros, trabajadoras domésticas, secretarias, entre otros miembros de una clase trabajadora cuya realidad es sensiblemente diferente a la de quienes están tomando decisiones. Hay consecuencias prácticas de tales decisiones que cualquier usuario(a) de transporte público con jornada completa de trabajo pudo prever. Es ahora, no sólo durante las campañas políticas, que es preciso recoger sus inquietudes.

La irresponsabilidad mata porque antepone intereses empresariales y políticos a la salud de la clase trabajadora. La insistencia en reportar disponibilidad en hospitales donde el personal de salud llevaba semanas clamando auxilio, sacó a flote los intereses que prevalecen en Palacio. El Gobierno del Estado montó un teatro mediático para anunciar la habilitación del Centro de Convenciones Siglo XXI como hospital temporal, pero omitiendo que no contaba con personal de salud. ¿De qué sirven las camillas y los ventiladores sin profesionales que atiendan? La escenografía se cayó con las contradicciones entre los semáforos del gobierno federal y local, hasta que el Gobernador admitió que los hospitales estaban saturados. En medio de la polémica, grandes empresarios aprovecharon el semáforo naranja para reactivar la producción y los servicios que les generan ganancias, sin garantizar condiciones óptimas para los trabajadores.

La irresponsabilidad mata cuando fomenta la perversa clasificación de personas en responsables e irresponsables, buenas y malas, conscientes e inconscientes. Esta visión reduccionista del Covid-19 ignora deliberadamente que nadie desea “matar” a sus seres queridos ni hay forma de saber la circunstancia exacta en que se dio el contagio. La sociedad yucateca está herida y los próximos años seguirá llorando a sus muertos. ¿Qué pensarán los familiares de las personas fallecidas cuando vean esos espectaculares? ¿Cómo se sentirán quienes visitaron a familiares o amistades, por razones que no podemos juzgar sin conocer sus motivaciones? ¿Qué sentirá la persona que estuvo encerrada a piedra y lodo y, sin embargo, fue hospitalizada de gravedad? ¿Desea el Gobierno del Estado añadir encono y remordimiento a un proceso de enfermedad que de por sí es confuso y trágico? ¿Se le habrá olvidado su otro lema: “unidos como uno solo”?

Ni sociedad civil ni gobierno causaron esta pandemia; además, nuestra respuesta es un complejo entramado de acciones individuales y colectivas. Por tanto, al Gobierno del Estado no le corresponde erigirse en juez de las primeras, sino en líder de las segundas. Es honesto admitir que ha tomado decisiones sensatas, como suspender clases o entregar despensas y apoyos económicos a personas desempleadas, pero se opacan con su displicencia ante las condiciones en que vive la mayor parte de la sociedad yucateca que, definitivamente, no se encuentra en playas ni fiestas con amigos. Estoy de acuerdo, sembrar discordia en medio de una crisis sanitaria global es irresponsable.

El pasado nos alcanzó

Revolución sexual mexicana

Ricardo Maldonado Arroyo-

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En julio de 1978 se dio a conocer una organización denominada Frente Homosexual de Acción Revolucionaria (FHAR). Era la primera ocasión en que un grupo de personas homosexuales en México reivindicaba su orientación sexual mediante acciones colectivas y organizadas. En aquellos tiempos, el discurso de la liberación sexual estaba íntimamente ligado a las interpretaciones marxistas de opresión de clase que se extendían al sistema patriarcal. En este caso la opresión se expresaba en la violencia ejercida por los cuerpos policiacos y la negación de la diversidad sexual en casi todos los ámbitos de la vida pública.

Así, desde la izquierda política e inspiradas por los movimientos feministas que cuestionaban la desigualdad, se multiplicaron las organizaciones de diversidad sexual que han batallado en los últimos cuarenta años por el reconocimiento de todos los derechos, sin importar orientación sexual o identidad de género. Hago una sucinta descripción de los primeros años del movimiento de diversidad sexual, ya que en el contexto actual, en el que hay mayor visibilidad de la población LGBTI, es usual perder de vista el carácter revolucionario de dicho movimiento, del que estaban perfectamente conscientes sus iniciadores. Una de las consignas del FHAR era: “ni enfermos ni criminales, simplemente homosexuales”.

Una revolución es un cambio estructural o de paradigma en los ámbitos político, económico, científico o artístico. La Revolución Mexicana, que conmemoramos en días recientes, fue un proceso de transformación de las estructuras político-gubernamentales que regían antes del siglo XX. El actual régimen político mexicano emergió de los conflictos y negociaciones de la Revolución. Pero este régimen no ha dejado de transformarse, las acciones de diversos grupos sociales han generado un efecto multiplicador de sus consecuencias a mediano y largo plazo.

El movimiento de la diversidad sexual es uno de los que más han revolucionado la dinámica social del país porque ha obligado a incluir diversas expresiones de género en la vida pública, reconocer diferentes modelos de familia, cuestionar el machismo y la masculinidad hegemónica, admitir que cada persona es libre de asumir una identidad de género diferente a la asignada, ampliar el marco de la educación sexual integral, visibilizar las violencias sociales e institucionales, construir pautas de convivencia sin discriminación, reforzar el Estado laico, entre otras acciones. El movimiento por la diversidad sexual constituye una gesta revolucionaria de nuestra historia reciente.

Esto no quiere decir que hayan desaparecido las acciones y los sectores que promueven la discriminación por orientación sexual o identidad de género. Baste recordar el voto de legisladores de Baja California, Durango, Sinaloa, Veracruz, Yucatán y Zacatecas contra el matrimonio igualitario y el apoyo que recibieron por una parte de la ciudadanía. Pero, si nos hemos de jactar de las grandes transformaciones de nuestro país, hay que referirse a la lucha histórica de los colectivos LGBTI que, además de pugnar por sus derechos, han logrado mayores libertades para toda la población. Es importante analizar la Revolución Mexicana, pero también lo es reconocer otras revoluciones que han contribuido a cambiar la realidad del México actual.

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El pasado nos alcanzó

Falacias del heroísmo

Ricardo Maldonado Arroyo-

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El pasado 3 de noviembre, el Subsecretario de Transporte, Carlos Morán Moguel, anunció la emisión del timbre postal “Héroes de cada día”, en honor del personal de salud que atiende pacientes con Covid-19 y otros trabajadores que han permitido el funcionamiento de servicios básicos. La Lotería Nacional rindió homenaje con un billete que lleva la misma ilustración. Durante el desfile militar del 16 de septiembre, el gobierno federal galardonó a 58 profesionales del área de la salud con la medalla “Miguel Hidalgo” por su labor durante la pandemia. En Yucatán, tampoco han faltado muestras de agradecimiento. En julio pasado, el alcalde de Progreso inauguró la glorieta “Al cuerpo médico” y el gobernador, Mauricio Vila, afirmó que las nuevas luminarias del muelle de dicho puerto eran un reconocimiento al personal de salud (afirmación altamente cuestionada).

Simultáneamente, trabajadores contratados por el Insabi para atención de Covid-19, han protestado durante los últimos meses por retrasos en los pagos o porque reciben su salario incompleto. En junio hubo protestas en Ciudad de México, Estado de México, Sinaloa y Oaxaca; en septiembre, en Colima y Yucatán. Además, personal sindicalizado de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, San Luis Potosí y Tamaulipas han exigido el pago del bono Covid-19 por el alto riesgo que implica la atención de este padecimiento. Sin contar las innumerables ocasiones en que, a lo largo y ancho del país, han denunciado que carecen de equipo de protección e insumos básicos.

¿Por qué existen contradicciones entre las declaraciones de las autoridades y las condiciones laborales del personal de salud? La socióloga Gabriele Rosenthal sostiene que los perpetradores de crímenes de guerra crean y difunden narrativas épicas que silencian dichos crímenes. De esta manera, el heroísmo funciona como una estrategia discursiva para construir una realidad a modo. Guardando las respectivas distancias de una situación de guerra, ¿qué implica esta insistencia en hablar de héroes y heroínas cotidianas en la pandemia del Covid-19? Identifico al menos tres razonamientos falaces.

El primero, pensar que el héroe o la heroína se gestan solos. El heroísmo también es una construcción política. ¿Quién decide cuál es un acto de heroísmo y a quién homenajear, cuándo hacerlo y de qué manera? Sin dejar de lado que existen genuinos reconocimientos a ciertas acciones valiosas para una comunidad, es importante buscar las razones detrás de los elogios y los aplausos. Segundo, pensar que el héroe o la heroína tienen una vocación natural por el sacrificio. El heroísmo es la metáfora del martirio, de la entrega desinteresada y sin límites. Pero el personal de salud no debe ser sacrificado por el bien de la sociedad, en cambio, debe ser justamente retribuido y contar con condiciones suficientes para trabajar. Médicos(as), enfermeros(as), químicos(as), administrativos(as), deben recibir el trato de ciudadanos, de sujetos de derecho. El 1 de julio, trabajadores de diferentes instituciones públicas de salud se apostaron en la entrada de las oficinas centrales del IMSS repitiendo la consigna “¡No somos héroes, somos humanos!” Exigían equipo de protección para Covid-19.

Tercero, el heroísmo halla reconocimiento en el acto simbólico de la inmortalización. La recompensa al sacrificio es un timbre postal, un monumento o unas palabras. Se han erigido monumentos en honor a personas del pasado que, quizá, nunca hubieran sospechado ser objeto de tal distinción; siguiendo la misma lógica, el heroísmo ante el Covid-19 no termina de serlo sin materializarse. Pero, debido a que el personal de salud (como el de recolección de basura, correos o bomberos) no cuenta con un rostro único, ha sido dibujado y esculpido a imagen y semejanza de las aspiraciones de cada proyecto político. ¿Acaso se sienten reconocidos(as) ante tales gestos de agradecimiento?

Mientras, las carencias cotidianas en los hospitales públicos, la falta de material, equipo e insumos que, en ocasiones, el personal de salud adquiere de su propio peculio, así como la injusticia de no recibir sus sueldos a tiempo o completos, se silencian en las representaciones edulcoradas del heroísmo nacional. No necesitamos héroes ni heroínas, mucho menos mártires, necesitamos condiciones institucionales para que el personal de salud pueda desarrollar su trabajo en mejores condiciones. Deuda heredada de administraciones anteriores y que, todo indica, seguirá siendo herencia de las futuras.

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El pasado nos alcanzó

Fondo para la salud: catástrofes y malestares

Ricardo Maldonado Arroyo-

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El pasado 29 de octubre, miembros de organizaciones con trabajo en VIH/Sida lanzaron huevos contra el Senado de la República, en protesta por una reforma que plantea reintegrar hasta 33 mil millones del Fondo de Salud para el Bienestar a la Tesorería de la Federación. ¿Su objetivo? Destinarlos a otros gastos en salud, presuntamente, la adquisición de vacunas contra Covid-19. Simultáneamente, vocales de la sociedad civil ante el Conasida emitieron un comunicado: “en el caso del VIH y Sida, el fondo ya señalado no ha logrado cubrir la atención integral para las personas que carecen de seguridad social; no incluye comorbilidades (hipertensión, diabetes, cardiopatía, daño renal, etc.), ni infecciones oportunistas, mucho menos gastos hospitalarios, lo cual es causa de que en el país continúen muriendo cerca de cinco mil personas cada año”.

La reforma se aprobó ese mismo día con 242 votos a favor, en su mayoría de Morena. Lo que parece ser un movimiento presupuestario para enfrentar la contingencia, despierta dudas que no terminan de ser contestadas con suficiencia. ¿Por qué tomar dinero del Fondo de Salud para el Bienestar? Cabe mencionar que este fue creado en 2003 con el nombre de Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, de acuerdo con la reforma a los artículos 77 Bis 17, 77 Bis 29 y 77 Bis 30 de la Ley General de Salud, que permitió el financiamiento de la atención a enfermedades de alto costo en el llamado Seguro Popular.

El Fondo cubre actualmente 66 enfermedades consideradas de gasto catastrófico como cuidados intensivos neonatales, ciertos tipos de cáncer, infarto agudo al miocardio o VIH/Sida. A partir de 2020, con la operación del Insabi, tanto el fondo como el servicio de salud cambiaron su nombre para llevar el adjetivo de “salud para el bienestar”. Sin embargo, debido a que la atención es para personas que carecen de seguridad social, cubre únicamente el listado de enfermedades que causan gasto catastrófico y con algunas restricciones de edad. Por ejemplo, no cubre diabetes ni hipertensión y, las enfermedades metabólicas, sólo en menores de 10 años. Por tanto, si todavía el listado es insuficiente y el servicio opera con grandes carencias, ¿por qué “sobraron” 33 mil millones de pesos?

¿Era necesario tomar dinero del mencionado fondo? Está en juego la atención de alrededor de 40 millones de personas afiliadas al Insabi, considerando los resultados de la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social de 2018. Los vocales del Conasida sugirieron que los recursos pudieran obtenerse del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Otra propuesta, proveniente de algunos partidos políticos y académicos, era añadir Covid-19 al listado de enfermedades que causan gasto catastrófico, en lugar de reintegrar recursos a la Tesorería, de tal forma que se asegurara su destino en el marco de la misma Ley General de Salud. Siendo más suspicaces, cabe preguntar si no existe un solo proyecto o fondo del gobierno federal que pudiera haber sido aprovechado en el mismo sentido.

¿Está justificado el destino de esos recursos? Todo indica que la única garantía de que se emplearán para adquirir vacunas, es la palabra comprometida de los legisladores y el Ejecutivo Federal. ¿Será suficiente? La reforma no etiqueta los recursos, únicamente declara que se destinarán a “fortalecer” la salud. Esta ambigüedad y el hecho de que caigan en manos de la Tesorería, permite su uso en un amplio rango de acciones de gobierno. Cabe señalar que esta intención no surgió con el Covid-19, en noviembre de 2019 el Congreso de la Unión aprobó la reasignación de 40 mil millones de pesos del Fondo al Insabi. Con la intención de calmar los ánimos, la senadora Patricia Mercado prometió a quienes protestaban que el monto tomado para 2021 del Fondo de Salud para el Bienestar será devuelto posteriormente. Habrá que valorar hasta dónde cumplen su palabra. Las recientes protestas llaman la atención acerca de algo que no sólo atañe a personas con VIH, sino a quienes carecen de seguridad social y su salud se vea comprometida en 2021.

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