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El pasado nos alcanzó

Ley Agnes: recordatorio para Yucatán

Ricardo Maldonado Arroyo-

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El 25 de febrero el Congreso de Puebla aprobó la llamada Ley Agnes, por la que se reconoce legalmente la identidad autopercibida de las personas transgénero y transexuales. La reforma al Código Civil les permitirá cambiar de nombre y género en el acta de nacimiento primigenia. Esto es altamente significativo en materia de derechos humanos, ya que reconoce al libre desarrollo de la personalidad y la identidad de género como condición necesaria para garantizar la igualdad plena de derechos y eliminar barreras asociadas a la discriminación.

La reforma recibe su nombre en memoria de Agnes Torres, psicóloga y activista originaria de Tehuacán, Puebla, cuyo cuerpo apareció en una barranca de Atlixco en 2012. Su asesinato ha sido catalogado como un crimen de odio por transfobia. Las autoridades ya detuvieron y sentenciaron a los perpetradores, pero el autor intelectual no ha recibido sentencia. En vida, Agnes planteó la necesidad de realizar transformaciones legales con miras a modificar el Código Civil. Después de su muerte, diversas organizaciones continuaron esta tarea, hasta lograr que la iniciativa llegara al Congreso de Puebla, primero en 2013, luego en 2016 y, finalmente, en 2020.

En mayo de 2018, la diputada Cindy Santos Ramayo, del PANAL, presentó al Congreso de Yucatán una iniciativa similar. Esta ni siquiera se discutió en comisiones y ha permanecido como otro pendiente del Legislativo relacionado con diversidad sexual. Actualmente, las personas transgénero y transexuales tienen que hacer el trámite en otro estado, donde sí reconozcan su identidad de género, pero el Registro Civil de Yucatán se niega a resguardar las nuevas actas. Para lograrlo es indispensable interponer un amparo. Mientras que en Yucatán no existan leyes que autoricen la expedición de nuevos documentos de identidad para personas transgénero y transexuales, seguirán sorteando obstáculos en todos sus trámites legales.

El rechazo a las personas transgénero y transexuales es un fenómeno histórico que se asienta en la idea de que el sexo, es decir, la estructura genital, determina la identidad de género, las expresiones sexo-genéricas, la orientación sexual y hasta las prácticas sexuales. Nombrar a una persona como “niña” o “niño”, “mujer” u “hombre”, representa, además de un rol asignado, un mandato social. Retar este mandato adoptando un género diferente al asignado, con expresiones y modificaciones corporales, implica enfrentar actos de discriminación.

La reducción de su identidad de género a los genitales de nacimiento, fundamenta la idea de que, aunque cambien de vestuario, expresiones y cuerpo, nunca podrán transitar al género con el que se identifican. Frases como: “siempre será un hombre vestido de mujer” o “se operó, pero sigue teniendo próstata”, manifiestan una transfobia que se impone mediante múltiples recursos institucionales e informales. Incluso las personas intersexuales, o sea, quienes nacieron con una anatomía o información genética que impiden establecer su sexo con claridad, experimentan rechazo desde que se les somete a cirugías y terapia hormonal para ajustarlas al género elegido por la familia.

La Ley Agnes aprobada en Puebla tiene la virtud de permitir el cambio de género en el Registro Civil con base en la identidad de género autopercibida y no en cirugías estéticas, suprimiendo las denigrantes valoraciones físicas por las que tenían que probar si “verdaderamente” eran hombres o mujeres. De esta manera, Puebla se suma a otras 13 entidades federativas que ya contaban con una ley de identidad de género. El Congreso de Yucatán debe tomar nota. La omisión deliberada de una legislación acorde con los principios más elevados de los derechos humanos, sólo confirma el penoso papel histórico que ha decidido adoptar. ¿Qué tendrá que decir la próxima legislatura?

El pasado nos alcanzó

Hablemos de Rommel

Ricardo Maldonado Arroyo-

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Este viernes 9 de abril iniciarán las campañas electorales en Yucatán. Después de destapes, especulaciones y conflictos internos, los partidos políticos han definido quiénes competirán por más de 800 cargos de elección popular. Uno de ellos, Rommel Pacheco Marrufo, ha captado la atención por ser una figura que no necesita mayor presentación y porque su candidatura emana, inesperadamente, del PAN. La polémica que rodea a Rommel es digna de análisis porque representa las contradicciones del actual régimen político.

¿Es un problema que “sólo” sea un deportista? No. Rommel puede ser votado, toda vez que es mexicano de nacimiento y no es ministro de culto, consejero electoral ni se halla en alguno de los supuestos que lo impidan, según la Constitución. Oponerse a una candidatura por la profesión, escolaridad o extracción social del aspirante es un argumento contrario al espíritu de la ley, que pretende dar cabida a todos los ciudadanos sin cortapisas de género, etnia o clase social. Juristas, docentes, campesinos, payasos, costureras, atletas o comerciantes pueden ser votados si cumplen con los requisitos constitucionales.

Esto recuerda, además, que no existe correlación entre el grado académico de la persona y el correcto y honesto desempeño de sus funciones. De la tecnocracia heredamos ejemplos de dudosa reputación como los de Carlos Salinas de Gortari, Doctor en Economía Política y Gobierno por la Universidad de Harvard, o Felipe Calderón Hinojosa, Maestro en Administración Pública por la misma universidad. Cabe mencionar, sin embargo, que Rommel Pacheco cuenta con credenciales que prueban su experiencia en ciertas áreas. Es Licenciado en Administración de Negocios, atleta de alto rendimiento y miembro del ejército mexicano.

Por tanto, el cuestionamiento a su candidatura no debe sostenerse en argumentos tan endebles, sino en algo que es sintomático de la descomposición del régimen político: la incongruencia entre el candidato que se vende como producto de campaña y los principios del partido que lo cobija. En este caso, salta a la vista la incompatibilidad entre la orientación ideológica del PAN y la imagen que Rommel se ha construido como figura pública.

El PAN sabe que no se trata de un “simple” deportista. Ha sido medallista en 4 Juegos Panamericanos y se ha ubicado entre los diez mejores clavadistas en 3 Juegos Olímpicos. Se ha granjeado la admiración y simpatía de una amplia audiencia con la que comparte valores. En 2018, cuando intentaron ofenderlo recurriendo al tópico de la orientación sexual, respondió en Twitter: “en verdad me molesta que cuando escribes, comentas o haces algo que no es lo “suficientemente masculino” para ellos, te escriben “gay” como si fuera una ofensa. Vivan y dejen vivir. #Loveislove #lovealwayswin”. En 2019 expresó su postura acerca del matrimonio igualitario en ImagenTv: “amor es amor”.

En contraparte, el Programa de Acción Política 2021 del PAN declara: “estamos a favor de la defensa de la vida desde la concepción y hasta la muerte natural, por lo que rechazamos el aborto, la eutanasia, la pena de muerte y cualquier investigación científica que atente contra la vida humana”; “el matrimonio es una institución que une voluntariamente a un hombre y a una mujer con la intención de formar así una familia”; o “las madres y los padres de familia tienen el derecho preferencial para determinar el tipo de educación que deben recibir sus hijos e hijas”.

El Programa no encierra sorpresa alguna, pero existen candidatos, como Rommel, que tendrán que llevarlo cabo en caso de ser favorecidos con el voto popular. ¿Estarán comprometidos con los principios del PAN o decidirán remar a contracorriente? La segunda opción es poco probable, dado que los votos en las legislaturas suelen otorgarse por bancada y no de manera individual. Ahora bien, la suspicacia también surge del lado opuesto. Organizaciones ligadas al Frente Nacional por la Familia se posicionaron desde el mes de enero señalando que no deseaban que en Yucatán se designaran candidatos “solo porque son populares en el medio artístico o deportivo” y “que hay personas que llevan una agenda totalmente contraria al bien común y la ejecutan de una forma muy agresiva”.

Luego entonces el dicho de “yo voto por la persona, no por el partido” se encuentra con la enorme barrera de que nuestra democracia se asienta en un sistema partidista y, por tanto, los partidos políticos son los que definirán la dirección del gobierno una vez concluidas las elecciones. Es necesario subrayar que la crítica a la candidatura de Rommel no es por representar una excepción, sino por ser el ejemplo más visible de las renovadas estrategias de los partidos para ganar adeptos, impulsando agendas políticas vetustas encubiertas con un rostro amable. La indecisión de los ciudadanos para votar en las próximas elecciones obedece, en buena medida, a que sabemos de antemano, que nos están dando gato por liebre.

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El pasado nos alcanzó

Eutanasia y voluntad anticipada

Ricardo Maldonado Arroyo-

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Con la aprobación el pasado 18 de marzo de la ley que permite la eutanasia en España, han resurgido dudas acerca del objetivo de esta práctica médica, los criterios que la justifican y las leyes aplicables en México y Yucatán. Por ejemplo, no es de todos conocido que en Yucatán existe una Ley de voluntad anticipada desde 2016 que, si bien mantiene la prohibición de la eutanasia, permite suspender los tratamientos y procedimientos médicos que prolonguen la vida de quien padece una enfermedad terminal.

La eutanasia consiste en suministrar medicamentos o intervenir con el propósito de causar la muerte. Esto es legal en cinco países, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, y ahora, España, siempre y cuando se cuente con el consentimiento del paciente o sus familiares. Algunas leyes, como las mexicanas, contemplan prácticas que se acercan a la eutanasia pasiva, es decir, dejar de proporcionar medicamentos y tratamientos que mantienen vivos a pacientes terminales. En estas leyes se emplean términos como voluntad anticipada u ortotanasia. La eutanasia activa (suministrar medicamentos para inducir a la muerte) y el suicidio asistido (proveer al paciente de dichos medicamentos) están prohibidos en casi todos los países.

La eutanasia ha sido motivo de reflexión en diferentes periodos históricos. Suetonio, Platón, Francis Bacon, Tomás Moro, Ernst Haeckel, entre otros pensadores, disertaron acerca de la muerte como recurso para aliviar el dolor. Tomás Moro narraba en Utopía que a los esclavos con males incurables se les facilitaba la muerte por consejo de los sacerdotes: “aquellos que son persuadidos se dejan morir voluntariamente de inanición o se les libra de la vida mientras duermen, sin que se den cuenta de ello. Este fin no es impuesto a nadie, y no dejan de prestarse los mayores cuidados a los que rehúsan hacerlo. Pero saben honrar a los que así abandonan la vida”. En la ficción de Moro, los utópicos reconocían el valor de brindar auxilio con la muerte. Defensores de esta postura coinciden en que expresar la voluntad de morir es condición necesaria para hablar de eutanasia.

Hay quienes argumentan que es innecesario legislar la eutanasia dado que actualmente existen paliativos para el dolor. En sus argumentos omiten que las personas que recurren a la eutanasia atraviesan procesos de sufrimiento no sólo físico, sino también emocional. Son personas que no desean vivir más. Respetar este deseo equivale a reconocer su autonomía y dignidad. Además, las leyes aprobadas no obligan a aplicar la eutanasia, más bien, la ofrecen a quienes anhelan morir por su precario estado de salud.

¿Qué dicen las leyes mexicanas al respecto? 14 estados de la República (Aguascalientes, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí, Tlaxcala y Yucatán) cuentan con leyes de voluntad anticipada. En Yucatán es un derecho de los enfermos terminales suscribir el documento de voluntad anticipada en notaría pública, con la firma de dos testigos. Aunque la ley prohíbe explícitamente la eutanasia, hace lo mismo con la obstinación terapéutica, o sea, “la utilización innecesaria de medios, instrumentos y métodos médicos, desproporcionados e inútiles, para alargar la vida de un enfermo en etapa terminal en situación de agonía”.

En México es inusual recurrir a la voluntad anticipada, ya que existen vías más sencillas para negarse a preservar la vida. Todos los días alguien firma su alta voluntaria de un hospital, abandona su tratamiento o las recomendaciones del personal de salud, para esperar pacientemente el último respiro. Y lo hacen conscientemente. Sin embargo, estas leyes son un primer paso para promover la aplicación de la eutanasia. Cualquiera podría estar en la necesidad de recurrir a ella cuando las dolencias son mayúsculas. Es importante abandonar los juicios moralistas acerca de esta decisión personalísima. La vida no debe ser entendida como un bien supremo con base en su duración, sino en el respeto a la dignidad, la libertad y la consciencia de cada persona.

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Agenda LGBTI

Ricardo Maldonado Arroyo-

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En 2009 compañeros de diferentes organizaciones no gubernamentales instalamos una mesa para recaudar firmas en la Plaza Grande de Mérida. ¿El motivo? Teníamos la determinación de presentar una iniciativa ciudadana para lograr que la figura del matrimonio se extendiera a uniones entre personas del mismo sexo. Una especie de ímpetu esperanzador me mantuvo solicitando firmas y fotocopias de credenciales de elector a los transeúntes. No era cosa fácil: numerosas personas se mostraba incrédulas o desconfiadas, otras, seguían de largo y, unas cuantas, rechazaban la propuesta por contravenir sus principios religiosos. Por supuesto, hubo también apoyo de quienes ya reconocían la necesidad de garantizar la igualdad para todas las personas, sin importar orientación sexual. Se escribía la incipiente batalla por el matrimonio igualitario en Yucatán.

Doce años después, me causa profunda satisfacción ver que las organizaciones que promovieron esa iniciativa no han cejado en su empeño, ahora la agenda es más amplia e incluyente y se han sumado nuevos actores. El pasado 13 de marzo, más de 15 organizaciones y un grupo de ciudadanos presentaron públicamente la Agenda del Colectivo LGBTTTIQ de Yucatán 2021, con miras a posicionar temas que les son prioritarios y deben ser tomados en cuenta por las candidatas y los candidatos a cargos públicos en las próximas elecciones. “Quienes presentamos esta agenda lo hacemos con la profunda creencia y convicción de que estas transformaciones y deudas históricas podrán darse en la medida que nuestros y nuestras representantes realmente trabajen por nuestros Derechos Humanos en los Congresos y en los Cabildos”, declaran en el documento.

A quienes aspiran a integrar el Congreso del Estado les exigen extender las figuras del matrimonio y el concubinato, reconocer la filiación en familias homoparentales, reconocer la identidad de género de personas transgénero y transexuales, contemplar los crímenes de odio en el Código Penal, incluir las terapias de reemplazo hormonal en los servicios públicos de salud y prohibir las “terapias de conversión”. A aspirantes a diputaciones federales les demandan fortalecer las instituciones que trabajan contra la discriminación, abstenerse de votar iniciativas contrarias a los derechos humanos, establecer normas contra la discriminación en el trabajo, hacer adecuaciones para que el Sistema Nacional de Salud contemple las terapias de reemplazo hormonal y fortalecer el trabajo de prevención del VIH. En los municipios piden instalar consejos municipales contra la discriminación, modificar los bandos de policía y gobierno para evitar detenciones arbitrarias, capacitar a los servidores públicos en materia de derechos humanos y diversidad sexual, y sumarse a las celebraciones nacionales e internacionales contra la homofobia.

Esta no es una agenda improvisada, es una hoja de ruta sólidamente trazada sobre necesidades que no han sido cubiertas por leyes ni políticas públicas. Cada propuesta es resultado de años de movilización de los colectivos LGBTI y un amplio sector que ha comprendido que son causas que atañen a toda la sociedad. Por supuesto, sería ingenuo pensar que todos los candidatos abrazarán estas causas con entusiasmo y convicción o, cuando menos, por un respeto básico a los derechos humanos. Las experiencias en Yucatán han sido desalentadoras. Sin embargo, también les será contraproducente a ciertos personajes políticos sostener una postura discriminatoria después de las elecciones de junio. La percepción de la ciudadanía, los votantes y el marco jurídico actual no son los de 2009. Llegue quien llegue a los tan cotizados cargos públicos deberá estimar conveniente considerar la agenda de diversidad sexual porque esta ya no se guarda en el closet, ahora se muestra orgullosa ante la mirada pública. 

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