Conecta con nosotros

El pasado nos alcanzó

Revolución sexual mexicana

Ricardo Maldonado Arroyo-

Publicado

en

En julio de 1978 se dio a conocer una organización denominada Frente Homosexual de Acción Revolucionaria (FHAR). Era la primera ocasión en que un grupo de personas homosexuales en México reivindicaba su orientación sexual mediante acciones colectivas y organizadas. En aquellos tiempos, el discurso de la liberación sexual estaba íntimamente ligado a las interpretaciones marxistas de opresión de clase que se extendían al sistema patriarcal. En este caso la opresión se expresaba en la violencia ejercida por los cuerpos policiacos y la negación de la diversidad sexual en casi todos los ámbitos de la vida pública.

Así, desde la izquierda política e inspiradas por los movimientos feministas que cuestionaban la desigualdad, se multiplicaron las organizaciones de diversidad sexual que han batallado en los últimos cuarenta años por el reconocimiento de todos los derechos, sin importar orientación sexual o identidad de género. Hago una sucinta descripción de los primeros años del movimiento de diversidad sexual, ya que en el contexto actual, en el que hay mayor visibilidad de la población LGBTI, es usual perder de vista el carácter revolucionario de dicho movimiento, del que estaban perfectamente conscientes sus iniciadores. Una de las consignas del FHAR era: “ni enfermos ni criminales, simplemente homosexuales”.

Una revolución es un cambio estructural o de paradigma en los ámbitos político, económico, científico o artístico. La Revolución Mexicana, que conmemoramos en días recientes, fue un proceso de transformación de las estructuras político-gubernamentales que regían antes del siglo XX. El actual régimen político mexicano emergió de los conflictos y negociaciones de la Revolución. Pero este régimen no ha dejado de transformarse, las acciones de diversos grupos sociales han generado un efecto multiplicador de sus consecuencias a mediano y largo plazo.

El movimiento de la diversidad sexual es uno de los que más han revolucionado la dinámica social del país porque ha obligado a incluir diversas expresiones de género en la vida pública, reconocer diferentes modelos de familia, cuestionar el machismo y la masculinidad hegemónica, admitir que cada persona es libre de asumir una identidad de género diferente a la asignada, ampliar el marco de la educación sexual integral, visibilizar las violencias sociales e institucionales, construir pautas de convivencia sin discriminación, reforzar el Estado laico, entre otras acciones. El movimiento por la diversidad sexual constituye una gesta revolucionaria de nuestra historia reciente.

Esto no quiere decir que hayan desaparecido las acciones y los sectores que promueven la discriminación por orientación sexual o identidad de género. Baste recordar el voto de legisladores de Baja California, Durango, Sinaloa, Veracruz, Yucatán y Zacatecas contra el matrimonio igualitario y el apoyo que recibieron por una parte de la ciudadanía. Pero, si nos hemos de jactar de las grandes transformaciones de nuestro país, hay que referirse a la lucha histórica de los colectivos LGBTI que, además de pugnar por sus derechos, han logrado mayores libertades para toda la población. Es importante analizar la Revolución Mexicana, pero también lo es reconocer otras revoluciones que han contribuido a cambiar la realidad del México actual.

El pasado nos alcanzó

Nadie tiró el gas lacrimógeno

Ricardo Maldonado Arroyo-

Publicado

en

Observé unos segundos las imágenes de personas dispersadas con gas lacrimógeno en Mérida. Fue un día como hoy, 19 de enero, justo el año pasado. No es que dudara de que el gobierno pudiera usar la fuerza contra la ciudadanía, pero me sorprendió que sucediera en el marco del primer informe de Mauricio Vila y el blanco fuera indistinto: mujeres, hombres, personas de todas las edades, credos, profesiones, incluso, simpatías políticas, corrían cubriéndose nariz y boca sin comprender qué estaba sucediendo.

La protesta del 19 de enero aglomeró el descontento de aquellos sectores cuyo bienestar y dignidad han sido agraviados por la actual administración. No era una conspiración para desestabilizar al gobierno ni una turba con intereses ocultos. Las consignas eran abiertas y claras, enunciadas en voz alta, difundidas en redes sociales virtuales y medios de comunicación. Protestaba el vecino, la ex compañera de trabajo, el familiar, el hijo, la amiga, el periodista y la activista. Protestaba la ciudadanía.

Por eso no hay forma de validar las versiones dadas por el Gobierno del Estado. Primero Luis Felipe Saidén, Secretario de Seguridad Pública, aseguró que se trató de un agente solitario que, así nada más, por ocurrencia, decidió cargar una granada de gas lacrimógeno y arrojarla a los presentes. Luego el gobernador, Mauricio Vila, y la Secretaria de Gobierno, María Fritz, acusaron a “los fuereños” de agredir a los policías con actitudes que no son propias de la pacífica población yucateca; lo que deja en claro que, además de legitimar la xenofobia, ninguno conoce la historia de Yucatán, ya no digamos, de su familia, y menos, la composición del gabinete de gobierno. Por último, el dirigente estatal del PAN, Asís Cano, responsabilizó a Morena de infiltrar grupos de choque.

¿Quién ordenó tirar el gas lacrimógeno? No lo dirán. La CODHEY está aún revisando el caso, pero la Fiscalía, que es la institución que puede ejercer acciones contra los responsables, ha guardado silencio. Lo que deja entrever que, tras un año de este vergonzoso incidente, los funcionarios antes mencionados incurren en encubrimiento y complicidad. Hoy, de manera más cómoda, gracias a la sana distancia impuesta con el Covid-19, pueden encerrarse en casa y evitar las molestas increpaciones y exigencias de quienes protestan, de los periodistas o el ciudadano común. Funcionarios que ya se encerraban en sus oficinas, pero ahora tienen una justificación sanitaria.

El segundo informe de Mauricio Vila transcurrió sin sobresaltos. Nunca informó quién tiró el gas lacrimógeno ni de quién recibió la orden. Parece que nadie lo hizo, nunca sucedió. No obstante, un día las protestas volverán a las calles. ¿Habrá entonces otra respuesta con gas lacrimógeno? ¿Reprimirá a la ciudadanía de otras maneras? ¿Será tolerante a la crítica? ¿Habrá castigo para quienes violentan el derecho a la manifestación? ¿Acatará una recomendación de la CODHEY, en caso de que se emita? ¿Saldrá a recibir a la sociedad que votó por él o se resguardará tras una valla de efectivos policiacos?

Continuar Leyendo

El pasado nos alcanzó

Defendiendo a Trump de la censura privada

Ricardo Maldonado Arroyo-

Publicado

en

La suspensión de las cuentas del presidente de Estados Unidos en Twitter, Facebook e Instagram ha reavivado el debate en torno a la libertad de expresión. Jack Dorsey justificó esta decisión por considerar que Trump estaba compartiendo “contenido engañoso” en Twitter, mientras Mark Zuckerberg lo acusó de usar Facebook para “incitar a la insurrección violenta contra un régimen elegido democráticamente”. Lo inesperado sucedió horas después. Pese a carecer de interés en el asunto, el presidente de México advirtió que la decisión de Zuckerberg representaba un “mal presagio” de lo que puede hacer un “poder mediático mundial” y la calificó de “prepotencia” y “arrogancia”. López Obrador formuló un airado alegato por la libertad y el derecho a la información.

Si bien hay afirmaciones rescatables, aprovechar la censura a Trump para recordarnos la relevancia de la libertad de expresión, genera desconcierto. Pues, antes de dar por sentado que se trata de un caso que evidencia atribuciones excesivas de quienes controlan las redes sociales virtuales, debe aquilatarse en función de quién emitió los mensajes y las razones para bloquearlo.

La Organización de Estados Americanos (OEA) denomina censura privada a aquella que ejercen las empresas intermediarias de la información para evitar su mal uso. Debido a que las redes sociales virtuales son medios de comunicación emergentes y manejan volúmenes de información inusitados, su regulación apenas se está construyendo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) considera admisible la censura cuando frena propaganda de guerra, apología del odio, incitación a la violencia o al genocidio, y la circulación de pornografía infantil.

Las reglas para publicar en Twitter, Facebook o Instagram deberían, en teoría, apegarse a estos criterios. En el caso de Trump, la desinformación, entendida como la difusión intencionada de información falsa, es un aspecto igual señalado por la OEA y la CIDH en la Guía para garantizar la libertad de expresión frente a la desinformación deliberada en contextos electorales. Alentar directa o indirectamente a la violencia es un escenario previsto que justifica la censura privada. Algunos seguidores de Trump, por ejemplo, invitaron en Twitter a “colgar a Mike Pence”, el vicepresidente. La responsabilidad de las empresas intermediarias consiste en transparentar y aplicar correctamente los criterios para la moderación de contenidos.

Además, el Marco jurídico interamericano del Derecho a la Libertad de Expresión menciona que los funcionarios públicos de alto rango “están sometidos a ciertas limitaciones en cuanto a constatar en forma razonable…los hechos en los que fundamentan sus opiniones…, en atención al alto grado de credibilidad de la que gozan y en aras de evitar que los ciudadanos reciban una versión manipulada de los hechos”. Es decir, antes de emitir un juicio acerca de la censura a Trump, debe considerarse que es el presidente de Estados Unidos, no un ciudadano común presionado por el gobierno. Asimismo, que, en su calidad de presidente, tampoco ha quedado indefenso para expresarse, pues cuenta con decenas de medios que difunden su opinión.

El derecho a la libertad de expresión protege, sobre todo, al ciudadano común ante la censura del gobierno y sus mecanismos para presionar a los intermediarios de la información. No es el caso de Trump. Los gobiernos suelen tener recursos legales, humanos y materiales suficientes para influir en la información. De hecho, países como Alemania, Turquía o Tailandia han aprobado regulaciones estrictas para las redes sociales virtuales.

Respecto a las declaraciones de López Obrador, considero desafortunada la ocasión. No es la primera vez que se cuestionan las políticas de moderación de contenidos. En 2019, Facebook bloqueó la página Radio Kurruf, administrada por mapuches que protestaban contra el gobierno chileno y, a los pocos meses, Twitter suspendió las cuentas de varios funcionarios cubanos; en 2020 medios rusos, como Sputnik, RIA Novosti y RT, denunciaron ser blancos de censura por parte de Twitter, mismo año en que también suspendió la cuenta del grupo ultraderechista español “Vox”. La censura privada se ha aplicado a grupos de diversas orientaciones ideológicas y políticas. Vaya, para no extenderme más, todos los días hay quejas de personas cuya cuenta ha sido bloqueadas de manera infundada. El algoritmo y quienes están detrás de él siguen haciendo de las suyas.

Cuándo y porqué es necesaria la censura privada continúa causando discrepancias. Es un debate global de gran trascendencia. Pero, ¿por qué invocarlo, precisamente, en defensa de Trump? ¿Será que López Obrador no estaba al tanto de este problema desde que tomó la presidencia? ¿Ignora que Trump lleva un par de años enfrentándose con Zuckerberg y Dorsey? ¿A México le afecta que Trump no pueda usar Twitter ni Facebook? ¿Cuál es el objetivo de López Obrador con estad declaraciones?

También te puede interesar: Candidaturas fuera del closet

Continuar Leyendo

El pasado nos alcanzó

Candidaturas fuera del closet

Ricardo Maldonado Arroyo-

Publicado

en

El IEPAC ha considerado algunos cambios para la jornada electoral del 6 de junio en Yucatán. Entre ellos, el Acuerdo C.G.-048/2020, publicado el pasado mes de noviembre, que obliga a los partidos políticos a otorgar un mayor número de candidaturas a personas que se identifican como indígenas, así como de otros grupos vulnerados e históricamente discriminados, a saber, jóvenes (de 29 años o menos), adultos mayores (60 años o más) y miembros de los colectivos LGBTI. Me enfocaré en estos últimos.

No discutiré la intención del Acuerdo, pues concuerdo en la necesidad de incrementar la representación de grupos sociales discriminados. No obstante, desconcierta que las autoridades electorales tengan que orillar a los partidos políticos a diversificar la composición de sus candidaturas. Y es que estas medidas incluyentes y enmarcadas en los derechos humanos son, lamentablemente, la respuesta a una realidad vergonzosa de nuestro régimen: la discriminación practicada por la clase política. Así, la paridad de género es respuesta a la violencia política contra las mujeres, la representatividad de pueblos indígenas es respuesta al racismo y, la de los colectivos LGBTI, respuesta a la homofobia, lesbofobia y transfobia. Aunque estas se han atenuado en los últimos años, de ningún modo han sido erradicadas.

El mencionado Acuerdo no inaugura la presencia de los colectivos LGBTI en las boletas, pues hombres gays y mujeres lesbianas han llegado desde hace años a cargos de elección popular. Sin embargo, el IEPAC busca ahora que los(as) candidatos(as) externen abiertamente su orientación sexual, lo que contraviene vetustas reglas de la política mexicana. No se trata, por supuesto, de obligar a las personas a salir del closet, pero es asombroso que en pleno 2021 se siga pensando que la preferencia de los votantes se inclinará por aquel candidato o candidata que ofrezca una imagen heterosexual o conforme a los valores de la “familia mexicana”, o que asumirse públicamente lesbiana o transgénero afectará el resultado de las votaciones. No es casualidad que más de un candidato se haya casado en días previos las elecciones para, supuestamente, granjearse la simpatía de los votantes.

Hasta ahora no he hallado una investigación seria que fundamente la relación entre la preferencia de los votantes y la orientación sexual o la identidad de género del candidato(a). Por el contrario, hay indicios de que el rechazo a la diversidad sexual sí puede dañar la imagen de quienes ocupan un cargo público, al menos, entre ciertos grupos sociales. En Estados Unidos, un grupo de investigadores encabezados por Patrick R. Grzanka descubrió que los votantes LGBTI que están familiarizados con los conceptos relativos a la diversidad sexual y se rodean de amistades LGBTI tienden a votar por candidatos(as) que apoyan sus derechos.

Las nuevas generaciones aprecian más la honestidad de las figuras públicas que se asumen como parte de los colectivos LGBTI y tienden a reprobar la homofobia y la transfobia. Los resultados electorales refuerzan este argumento. A las legisladoras Patria Jiménez y Enoé Uranga, pioneras hace más de dos décadas en declararse abiertamente lesbianas, les han seguido otras como Jesusa Rodríguez, Celeste Ascencio Ortega, Wendy Briceño, así como los legisladores Benjamín Medrano y Temístocles Villanueva. En otros lugares del mundo, la diversidad sexual ha escalado más alto, con Elio Di Rupo, ex primer ministro de Bélgica; y los actuales primeros ministros de Irlanda, Leo Varadkar; Islandia, Jóhanna Sigurðardóttir; Luxemburgo, Xavier Bettel; y Serbia, Ana Brnabić.

¿Por qué candidatos homosexuales, bisexuales y transgénero tienen que cuidar su imagen política negando a sus parejas, vida sentimental y expresiones de género, mientras candidatos heterosexuales hacen gala de su vida privada e imágenes que escenifican la fantasía de la familia mexicana blanca y heterosexual? ¿En verdad esto les da más votos? ¿No será que los gurús de la mercadotecnia política y líderes de los partidos políticos, en lugar de plantear estrategias de campaña eficaces, están proyectando su anquilosado sistema de valores?

Respecto a lo anterior, sólo me restan un par dudas que habrán de resolverse los siguientes días: 1. ¿Están los partidos políticos interesados en otorgar mayor representatividad a la diversidad sexual o será mera simulación? ¿Tendremos otro episodio como el de “las juanitas” de 2009, pero ahora con los colectivos LGBTI? 2. ¿Cómo otorgarán candidaturas el PAN y el PES, cuya plataforma política niega expresamente el matrimonio igualitario?

Continuar Leyendo

RECOMENDAMOS