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Editorial

El peor enemigo

Mario Alejandro Valdez

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Lo advertimos la semana pasada: la manifestación del domingo 19 sería un importante termómetro sobre el futuro inmediato de la política en Yucatán. Sabíamos que varios grupos fuertes harían acto de presencia, y elucubramos que los operadores panistas debían estar negociando a marchas forzadas para evitar que la sangre llegara al río. Fallamos en esta segunda estimación: no sólo no hubo negociaciones, sino que se permitió que el peor enemigo de Vila actuara impunemente y confeccionara el peor escenario para el gobernador. Este temible adversario urdió una estrategia de provocación, instruyó a sus operadores a desatar la violencia y luego, por si todo esto fuera poco, se encargó que los medios reprodujeran una y otra vez declaraciones absurdas, grotescas, ilegales inclusive algunas de ellas, pero todas ellas para empeorar gravemente la situación. Todo orquestado por el peor enemigo del gobernador, ni más ni menos que el propio Mauricio Vila Dosal.

Los hechos son ya bien conocidos, por lo que sólo precisaremos algunos puntos sobre la manifestación del pasado 19 de enero, para después bosquejar las consecuencias inmediatas y a plazos mayores de la injustificada agresión policiaca. En primera instancia, hay que señalar que la manifestación fue muchísimo mayor a lo estimado, incluso por los organizadores, y que estuvo integrada mayoritariamente por ciudadanos independientes, muchos de los cuales simpatizaban con Vila hace apenas unos meses, pero que han sido afectados por injustificados recortes a sus pensiones, el NO pago de aumentos comprometidos desde principios de año, ceses fulminantes e inexplicables, establecimiento y/o aumento inverosímil de cargas fiscales y la latente amenaza de desaparecer el ISSTEY, uno de los mejores institutos de seguridad social del país. Todas estas razones fueron las que llevaron a la marcha a miles de ciudadanos meridanos, muchos de los cuales, como comentamos líneas arriba, en julio de 2018 sufragaron por Vila, pero las agresiones económicas, sumadas a una actitud arbitraria, han convertido la simpatía y esperanza en rechazo demoledor.

Por lo que se puede observar en los videos, confirmado por testimonios personales de participantes, el fuerte operativo policiaco fue rebasado por la magnitud de la manifestación. Un análisis lógico nos lleva a considerar que, al no poder contener a los protestantes, los mandos, sin duda en ejercicio de un plan previo, que tuvo que haber sido autorizado por el propio gobernador, ordenaron la represión. Al respecto, un fuerte rumor indica que el Jefe del Ejecutivo desestimó las advertencias sobre el tamaño y el sentir de la protesta, pues hasta la mañana de ese domingo seguía pensando que gozaba de una enorme popularidad y el apoyo casi unánime de la población, y que las publicaciones en redes sociales eran simples “bots”, como los que se usaron contra AMLO durante la pasada campaña presidencial. Según este rumor, la actitud despectiva de Vila al restarle importancia a la protesta es lo que provocó la inacción de sus propios operadores, lo que redundó en un mayor crecimiento de la manifestación.

Las declaraciones posteriores de la secretaria María Fritz, así como del propio Vila, no sólo son ridículas, sino incluso pueden configurar conductas indignas y hasta punibles, al culpar a “los fuereños” de la “violencia”, propiciando así un clima de mayor confrontación y linchamiento. Lo increíble del caso es que las colonias meridanas con predominante población “fuereña”, como Francisco de Montejo y Pensiones, tradicionalmente otorgan un voto mayoritario para Acción Nacional, situación que con toda seguridad se verá afectada con la absurda y etnocéntrica retórica, en la que incluso se llegó a aludir negativamente a nuestros compatriotas de Oaxaca, Guerrero y Michoacán. El colmo de este deplorable discurso es que el propio Mauricio Vila es “fuereño”, algo que se intentó usar en su contra durante la campaña electoral. ¡Cosas veredes…! Una última, e importante cereza en el pastel es la inteligente y provocativa comunicación del alcalde meridano ante los lamentables hechos, con la que por primera vez externó públicamente su distancia del ahora desprestigiado gobernante.

A mediano plazo podemos avizorar muchos y cada vez más negros nubarrones sobre la figura política de Vila Dosal. La represión no solamente alimentó su impopularidad, sino que colapsó su imagen fuera del Estado y abrió un boquete, ahora sí muy visible, entre su gobierno y su partido. El deslinde ha sido generalizado, pero se ha hecho mucho más evidente en el extenso y creciente grupo de Renán Barrera Concha, quien, con muy escasos cuestionamientos, se continúa fortaleciendo como un alcalde de gran aceptación. Por el lado de la protesta social, se ha convocado para dos nuevas marchas, el domingo 26 y el viernes 31 de enero, respectivamente, que cuentan ya con la participación confirmada de decenas de colectivos nuevos, además de los combativos grupos que protestaron el día de la represión. El conflicto, pues, parece escalará, ratificándose la previsión de crecimiento de un movimiento popular, independiente y vigoroso. Ante ello cabe preguntarse: ¿seguirá el gobernador escuchando a su peor enemigo?

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Editorial

La pandemia del hambre

Frei Betto

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En abril, el Banco Mundial preveía que la contracción de la economía brasileña en 2020 sería del 5% del PIB. Ahora, en junio, la predicción es de un 8% a un 10%. Y el gobierno esperaba un crecimiento del 2%.

 Como la pandemia afecta principalmente a los trabajadores autónomos e informales que, para sobrevivir, no pueden quedarse confinados en sus casas, se prevé que el número de brasileños en situación de pobreza aumentará este año de 41,8 millones (2019) a 48,8 millones de personas, lo que equivale al 23% de la población.

Se considera pobres a todos los que sobreviven con ingresos diarios inferiores a 27,5 reales o mensuales inferiores a 825 reales. Este año serán 7 millones más de brasileños. El auxilio de emergencia alivió un poco el drama social. Pero, ¿hasta cuándo?

Una investigación realizada por la empresa Plano CDE, que analiza la vida y el consumo de las clases C, D y E, indica que entre marzo y abril de este año, de los 58 millones de brasileños de las clases D y E (con ingresos mensuales de hasta 500 reales) 51 millones vieron sus entradas reducidas a la mitad o menos. Y de los 100 millones de la clase C (con ingresos mensuales entre 500 y 2 000 reales), 29% sufrieron igual pérdida.

 De las familias brasileñas, el 70% con ingresos mensuales inferiores a 3 135 reales dependen de ciclos económicos favorables para alimentarse y pagar las cuentas. Con la Covid-19, todo indica que este año esas familias quedarán sumamente endeudadas. En abril, el aumento de las deudas en la clase C fue del 36%, y en las clases D y E, del 47%.

Según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), entre 2009 y 2019, el número de favelas creció un 107,7%. Hoy suman 13 151 en 734 municipios, y en ellas viven 5,1 millones de personas. Con la caída del 10% del PIB en este año, debido a la pandemia, esa situación tiende a empeorar, a menos que se apruebe un programa de ingresos mínimos para cada familia que habite en una favela.

Brasil cuenta hoy con 28,5 millones de personas desempleadas. El dato fue divulgado por el IBGE el 16 de junio. De ese total, 17,7 millones declararon que no podían buscar empleo debido a las restricciones impuestas por la pandemia.

La América Latina y el Caribe albergan el 8,5% de la población mundial. Entre 2000 y 2020, el hambre se redujo casi a la mitad en los 33 países de la región. De 73 millones de hambrientos se pasó a 38 millones, según la FAO. Ello ocurrió gracias a los gobiernos progresistas, que implementaron políticas sociales, programas de alimentación escolar y medidas de apoyo a la agricultura familiar.

 Pero se inició un retroceso a partir de 2015, el mismo año del lanzamiento de la Agenda 2030 de la ONU, cuyo Objetivo de Desarrollo Sustentable es “hambre cero”. El número de personas que viven con inseguridad alimentaria en la América Latina y el Caribe alcanzó los 43 millones en 2018. Para 2020, la CEPAL prevé un aumento de 16 millones en situación de pobreza extrema. Esa realidad se ve retratada por el código de las Banderas Blancas, adoptado ahora en varios países, entre ellos Perú, Honduras, Guatemala y El Salvador: la familia desprovista de todo alimento coloca frente a su casa una tela blanca como señal de que necesita un socorro alimentario urgente.

En el Continente no faltan alimentos. Falta justicia. Hoy, 84 millones de niños en la América Latina y el Caribe dependen de la escuela para tener acceso a una buena alimentación. De ellos, 10 millones sólo ingieren una comida mínimamente nutritiva al recibir la merienda escolar. Ahora el virus los excluye de la escuela y los acerca al hambre.

La CEPAL y la OIT calculan que la Covid-19 dará por resultado 300 millones más de pobres en la región, de los cuales 83 millones estarán en situación de pobreza extrema. El PIB del Continente debe decrecer un 5%. Ello se debe a la paralización de los mercados internos, la disminución del flujo de las cadenas globales, la caída de los precios de las materias primas y la interrupción del trabajo informal de los migrantes. La crisis elevará la tasa de desempleo al 11,5%, lo que significa 12 millones de nuevos desocupados. Actualmente son 25 millones. A finales del año serán 37 millones.

Hoy, de los 292 millones de trabajadores de la América Latina y el Caribe, 158 operan en la informalidad. En los jóvenes entre 15 y 24 años, el índice llega a 62,4%. La pandemia ha provocado la pérdida del 80% de los ingresos de los trabajadores informales. En el mundo, del 60%.

 Los gobiernos latinoamericanos y caribeños sólo destinan el 0,7% del PIB a las poblaciones más vulnerables. Como mínimo, debería ser el 3,4% para garantizar la sobrevivencia de 214 millones de personas que ingresarán en las filas de la pobreza en lo que resta del año. Los países más afectados serán Brasil, Argentina, México, Ecuador y Nicaragua.

 Según la OIT, este gran lockdown arrojó, en todo el mundo, a 2 mil 700 millones de personas al desempleo o la informalidad. En el nivel global, el Banco Mundial calcula que la crisis de la Covid-19 puede sumar a 70 millones de personas a los 632 millones que sobreviven hoy en la pobreza extrema, o sea, personas con ingresos diarios inferiores a 9, 50 reales o mensuales inferiores a 285. El PIB planetario sufrirá una reducción del 5,2% en 2020. Será la peor recesión en ocho décadas.

En el mundo, puede aumentar en 250 millones el número de personas con inseguridad alimentaria. Más de 30 países están amenazados por la pandemia del hambre. El Informe Global 2020 sobre Crisis Alimentarias, de la ONU, revela que existen 318 millones de personas en 55 países con inseguridad alimentaria aguda. Muchas tienen qué comer, pero no la cantidad diaria suficiente de calorías que se requiere. Si tenemos en cuenta la ingestión calórica, el número aumenta a 2 mil 500 millones de personas subalimentadas. Agravadas por la Covid-19, perduran las causas del hambre: conflictos armados, condiciones climáticas extremas (desequilibrio ambiental), dificultades de acceso a la tierra y al empleo, y turbulencias económicas.

El reverendo británico Thomas Malthus se engañó al prever, en 1789, que en los siglos venideros la producción de alimentos crecería aritméticamente (1-2-3-4) y la población geométricamente (1-2-4-8). Habría más bocas que pan. Cuando lo declaró, el mundo tenía mil millones de habitantes. Hoy somos casi 8 mil millones y sobran alimentos, suficientes para saciar al menos a 12 mil millones de seres humanos. Por tanto, lo que falta es compartirlos. El hambre perdura porque hay muchas familias sin tierra y muchas tierras en manos de pocas familias.

Miles de millones de familias no tienen recursos para comprar comida, que ha dejado de tener valor de uso y pasado, con el capitalismo, a tener valor de cambio. Esa mercantilización del bien más esencial para nuestra sobrevivencia biológica es un crimen horrendo. Los agricultores ya no pueden llevar sus productos al mercado para venderlos. Deben entregarlos a un intermediario que los revende al sistema que los procesa, transporta, envasa y distribuye a los puntos de venta.

Hoy son los bancos, las multinacionales y los fondos de pensiones los que dominan el mercado de los alimentos y promueven especulaciones mediante derivativos de commodities. Cuando se produce una interrupción en esa cadena, los agricultores se ven obligados a quemar o enterrar los productos. Un crimen de lesa humanidad practicado en honor al dios Capital.

Frei Betto es asesor de la FAO en el tema de soberanía alimentaria y educación nutricional, y autor, entre otros libros, de O marxismo ainda é útil? (Cortez).

 www.freibetto.org/>    twitter:@freibetto.

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El pasado nos alcanzó

La irresponsabilidad mata

Ricardo Maldonado Arroyo-

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La frase que sirve de título al presente texto es lema de una campaña del Gobierno del Estado de Yucatán relacionada con el Covid-19. Apareció en espectaculares de varios puntos de la ciudad, acompañada de imágenes de personas hospitalizadas con mensajes como “¿ya no aguantabas el encierro?”, “¿tantas ganas tenías de ir a la playa?”, “¿disfrutaste esa fiesta con amigos?”. En un principio consideré desafortunado que gastaran nuestros impuestos en una estrategia de comunicación cuyo objetivo es echar más leña al fuego en una sociedad polarizada, temerosa y en duelo, y que tampoco proporciona información valiosa para prevenir el Covid-19.

Sin embargo, tras reflexionar con detenimiento, me inclino a pensar que quizá el lema describe muy bien las decisiones tomadas por el Gobierno del Estado en los últimos meses de confinamiento. Esta es mi lectura:

La irresponsabilidad mata porque ciega ante las condicionantes socioeconómicas que impiden protegerse de los contagios. Para diseñar estrategias contra la pandemia, no bastaba con reunir a secretarias y secretarios de gobierno, encumbrados líderes de cámaras empresariales o la crema y nata de la política local. Era necesario que aquellas reflejaran la voz de obreros, amas de casa, pequeños comerciantes, albañiles, carniceros, trabajadoras domésticas, secretarias, entre otros miembros de una clase trabajadora cuya realidad es sensiblemente diferente a la de quienes están tomando decisiones. Hay consecuencias prácticas de tales decisiones que cualquier usuario(a) de transporte público con jornada completa de trabajo pudo prever. Es ahora, no sólo durante las campañas políticas, que es preciso recoger sus inquietudes.

La irresponsabilidad mata porque antepone intereses empresariales y políticos a la salud de la clase trabajadora. La insistencia en reportar disponibilidad en hospitales donde el personal de salud llevaba semanas clamando auxilio, sacó a flote los intereses que prevalecen en Palacio. El Gobierno del Estado montó un teatro mediático para anunciar la habilitación del Centro de Convenciones Siglo XXI como hospital temporal, pero omitiendo que no contaba con personal de salud. ¿De qué sirven las camillas y los ventiladores sin profesionales que atiendan? La escenografía se cayó con las contradicciones entre los semáforos del gobierno federal y local, hasta que el Gobernador admitió que los hospitales estaban saturados. En medio de la polémica, grandes empresarios aprovecharon el semáforo naranja para reactivar la producción y los servicios que les generan ganancias, sin garantizar condiciones óptimas para los trabajadores.

La irresponsabilidad mata cuando fomenta la perversa clasificación de personas en responsables e irresponsables, buenas y malas, conscientes e inconscientes. Esta visión reduccionista del Covid-19 ignora deliberadamente que nadie desea “matar” a sus seres queridos ni hay forma de saber la circunstancia exacta en que se dio el contagio. La sociedad yucateca está herida y los próximos años seguirá llorando a sus muertos. ¿Qué pensarán los familiares de las personas fallecidas cuando vean esos espectaculares? ¿Cómo se sentirán quienes visitaron a familiares o amistades, por razones que no podemos juzgar sin conocer sus motivaciones? ¿Qué sentirá la persona que estuvo encerrada a piedra y lodo y, sin embargo, fue hospitalizada de gravedad? ¿Desea el Gobierno del Estado añadir encono y remordimiento a un proceso de enfermedad que de por sí es confuso y trágico? ¿Se le habrá olvidado su otro lema: “unidos como uno solo”?

Ni sociedad civil ni gobierno causaron esta pandemia; además, nuestra respuesta es un complejo entramado de acciones individuales y colectivas. Por tanto, al Gobierno del Estado no le corresponde erigirse en juez de las primeras, sino en líder de las segundas. Es honesto admitir que ha tomado decisiones sensatas, como suspender clases o entregar despensas y apoyos económicos a personas desempleadas, pero se opacan con su displicencia ante las condiciones en que vive la mayor parte de la sociedad yucateca que, definitivamente, no se encuentra en playas ni fiestas con amigos. Estoy de acuerdo, sembrar discordia en medio de una crisis sanitaria global es irresponsable.

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Editorial

Tiempos de oscuridad y oscurantismo

Mario Alejandro Valdez

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Nuestra imagen de la Edad Media está vigorosamente vinculada con tres elementos concomitantes: el predominio de la religión, una extendida ignorancia y la abrumadora presencia de enfermedades epidémicas, la peste en particular. Es, por antonomasia, el tiempo de la oscuridad y el oscurantismo, del que, si nos atenemos a una lectura superficial, fuimos arrancados en primera instancia por el humanismo renacentista, y luego por el racionalismo ilustrado. Ingenuo optimismo: como lo está demostrando contundentemente la actual pandemia, el temor a lo desconocido y, sobre todo, el miedo a la muerte, nos llevan como humanidad, al abandono de la ciencia y el progreso, conduciéndonos a refugiarnos en explicaciones sobrenaturales, actitudes irracionales y teorías descabelladas.

Ahora que las redes sociales nos permiten una ventana inmediata y con escasa censura a los diferentes imaginarios, nos encontramos con la reaparición de conductas y pensamientos que consideramos superados, o impropios de personas preparadas y comprometidas con el progreso. Así, cuando el gobernador Mauricio Vila anunció en días pasados sus jurídicamente cuestionables medidas de control nocturno de la movilidad, las esperadas y legalmente sustentadas protestas de un abigarrado grupo de ciudadanos fueron rabiosamente contestadas, no por el gobernador y sus simpatizantes, sino por un amplio grupo de profesionales de la salud, quienes, en términos generales, esgrimieron los argumentos de su absoluto agotamiento físico y el drama de la pérdida de compañeros para justificar la violación legal. Al cuestionarse que el control de la movilidad por unas pocas horas nocturnas no tendría mayores efectos –algo que ya estamos observando, lamentablemente- la respuesta resultó incomprensible, y se puede resumir de la siguiente manera: efectivamente las medidas no servirán, y el gobierno miente, pero ustedes son PEOR que el gobierno en su afán de salir a todas horas, hacer fiestas y emborracharse sin parar. ¡Quitemos los derechos, pues, aunque no sirva de nada!

Por otro lado, diversas iglesias han continuado, generalmente con el ilegal apoyo de los gobiernos municipales, realizando actos religiosos, si bien en menor cuantía y con algunas medidas de higiene y distancia social, pero sin duda con un efecto significativo en el crecimiento de la pandemia. Procesiones, rituales y asambleas se realizan en templos, calles y domicilios, en abierto desafío a las disposiciones sanitarias, con lo que sacerdotes y pastores mandan a su feligresía mensajes incongruentes y falsos. La idea de que una fiesta de alcohol es irresponsable, pero una asamblea religiosa es pertinente es una soberana estupidez que sólo se actualiza ante la ignorancia generalizada sobre los mecanismos de transmisión de la enfermedad que ahora nos agobia.

En el fondo, lo que encontramos es que una gran cantidad de personas se niega a reflexionar seriamente sobre esta amenazante patología, prefiriendo pensar que “portándose bien” se mantendrá al margen de la pandemia, y que sólo se contagian y mueren los irresponsables, egoístas y pecadores. Desde esa perspectiva, se niega el que enfrentemos una pandemia peligrosa por su novedad y la ausencia de vacunas y tratamientos, reduciéndose el hecho, como tantas otras veces en la historia humana, al expediente del castigo divino. Muy convenientemente, los líderes religiosos abonan a esta percepción, que les permite situarse de nuevo por encima de la ciencia y de los derechos humanos.

La situación parece insuperable. Los gobiernos están demasiado ocupados en resolver el problema sanitario y en defender y/o acrecentar su capital político. El personal sanitario está al borde del colapso; el sistema educativo se encuentra paralizado; las iglesias, en el ejercicio de sus funciones, amplían el horizonte de su influencia. Cada día nos vamos convenciendo de que la duración de la coyuntura se contará por meses y años, y aunque nos preocupe en grado sumo el retroceso generalizado que observamos en el campo de las ideas, el compromiso por sobrevivir y seguir luchando por los nuestros consume la mayoría de nuestros afanes. Tiempos oscuros, y de oscurantismo, que nos remontan a lo que vivieron nuestros antepasados medievales y nos convence de que NO SIEMPRE la Historia es magistra vitae.

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