La presentación del Plan Nacional de
Desarrollo (PND) 2018-2024, generó una mayor expectativa que otros instrumentos
de planeación en el pasado. En primer lugar, porque supondría la síntesis
programática de un nuevo gobierno que busca transformar el modelo de
desarrollo. El PND certificaría el fin del neoliberalismo. En segundo lugar,
también hay una expectativa por el proceso legislativo al que será sometido el
PND. Por primera vez, el Congreso de la Unión tendrá la facultad de revisar y
aprobar los ejes de política pública que deberán ser aplicados por la
administración federal.
La entrega del documento ante la Cámara de
Diputados, en el límite de la fecha y horario, así como la difusión vía redes
sociales de parte del Presidente López Obrador, contribuyó a que la discusión
pública se incrementara. Sin embargo, la expectativa se convirtió en confusión.
Confusión al haberse presentado dos documentos diferentes por parte del
gobierno. Confusión por la falta de
rigor técnico, y confusión por la exclusión y limitación de temas
fundamentales.
En ese sentido, es preciso intentar explicar
el contenido de ambos documentos: el anexo XVIII, al que llamaremos el
PND-visión política, así como el anexo XVIII-Bis, al que nos referiremos como
el PND-estrategias. No queda claro si desde la perspectiva del gobierno
federal, ambos documentos están vinculados o responden a lógicas de planeación
diferentes. El PND-visión política, tiene la virtud de ser un instrumento que
engloba la propuesta política que se ofreció durante la campaña presidencial y
que ha sido el eje de acción en los primeros meses. La continuidad discursiva,
de las propuestas de campaña a los programas de gobierno, permiten dar
congruencia a la acción gubernamental.
De ahí que el PND-visión política utiliza los
elementos históricos en los que se sostiene este gobierno (el plan del Partido
Liberal Mexicano de 1906, el plan de Lázaro Cárdenas, la caracterización del
periodo neoliberal de 1982 a 2018), así como los dichos y frases reiterados en
las conferencias matutinas, para justificar su nuevo modelo. Consiente de la
importancia de cómo nombrar la cosas, de cómo usar el lenguaje, este documento
tiene la intención de “la restitución
de los
vínculos entre las
palabras y sus
significados y el
deslinde con respecto al
lenguaje oscuro y
tecnocrático que, lejos
de comunicar los
propósitos gubernamentales,
los escondía”, con el fin de
construir un nuevo pacto social (¿que pudiera derivar en una nueva
Constitución?).
Las palabras centrales se traducen en
principios de gobierno como: “no al gobierno rico con pueblo pobre”, “al margen
de la ley nada; por encima de la ley, nadie¨, “el mercado no sustituye al
Estado”, “por el bien de todos, primero los pobres” o “no puede haber paz sin
justicia”. La traducción concreta de estos principios, es un “nuevo consenso
nacional” cuya convicción es “el bienestar de la población.
Posterior a la presentación de la postura
ideológica, el PND-visión política es muy claro. La transformación ofrecida por
el presidente tiene tres grandes apartados: 1)
Política
y Gobierno, en el que destacan el
combate a la corrupción, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, que
incluye la creación de la Guardia Nacional, la promoción de la participación
social a través de consultas y políticas para contener la migración; 2)
Política Social, en el que se destacan 9
programas “para el bienestar” (pensión para adultos mayores y personas con
discapacidad, becas para estudiantes, el programa de capacitación jóvenes
construyendo el futuro, de reforestación, el de reconstrucción por los efectos
de los temblores de 2017 y 2018, de desarrollo urbano y vivienda en 14
municipios del país y tandas para pequeños negocios), la reforma educativa y el
nuevo Instituto Nacional de Salud para el Bienestar; 3)
Economía, en el que se exponen las
líneas de no recurrir al endeudamiento, no incrementar impuestos, rescatar el
sector energético, tres grandes proyectos regionales (Tren Maya, el corredor
Multimodal Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y la zona libre de la
frontera norte), el aeropuerto de Santa Lucía y seis programas para lograr la
autosuficiencia y rescate alimentario. De manera inexplicable, los programas de
deporte se incluyen en el apartado económico y la ciencia se limita a un párrafo
que remite a la elaboración de un Plan Nacional de Innovación.
La impresión que da esta enumeración es que
fuera de estos temas poco más importa. No se contempla cómo hacer más eficiente
la procuración e impartición de justicia, germen de la impunidad. En la
política social, no se detallan por niveles educativos las estrategias
prácticas que permitan una mejor calidad educativa, salvo a nivel de modificar
la ley, ni tampoco políticas para combatir el cambio climático, a pesar de que
se resalta el propósito de lograr un desarrollo sustentable. En economía, no se
incluye nada sobre emprendimiento, no se detalla cómo reactivar el mercado
interno, ni el turismo. Sólo por mencionar algunos faltantes.
De manera general se incluyen unas metas,
medibles con indicadores, a las que se habrá de llegar en 2024: tasa sexenal de
crecimiento económico de 4%, recuperación del poder adquisitivo de los salarios
de 20%, los índices delictivos se reducirán en 50% y, sin que sea un indicador
numérico, se asegura que en 2012, México será autosuficiente en maíz y frijol.
Si bien las metas del PND-visión política se
podrían considerar deseables, no tienen correspondencia en el PND-estrategias.
Por ejemplo, en el objetivo 3.8., que se refiere “a desarrollar de manera
sostenible e incluyente los sectores agropecuario y acuícola y pesquero”, se
muestra el indicador “porcentaje de la producción de granos básicos y leche con
respecto al consumo nacional”. De acuerdo al indicador, la línea base de la
producción nacional que se consume de maíz, frijol, arroz, trigo y leche
equivale al 66.7%. La meta es que en 2024, este equivalga a 68.3%. Este
incremento de 1.6 puntos porcentuales, no tendría impacto para alcanzar la
autosuficiencia. Incluso la intención de reducir en 50% los índices delictivos
expresados en el PND-visión política no se cumpliría, pues como señala el
PND-estrategias, sólo se pasaría de una “tasa de todos los delitos en contra la
población de 18 años o más por cada 100,000 habitantes”, de 39,369 en 2017 a
33,219 en 2024. Es decir, una reducción de 15%.
El objetivo de crecer a 4% anual, no se
incluye como indicador de las estrategias para el desarrollo económico.
Esta confusión entre voluntades políticas,
estrategias programáticas, metas e indicadores, reducen la credibilidad del
Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024 como un instrumento coherente de
planeación.
Probablemente, las deficiencias de planeación
sean solventadas cuando se elaboren los programas sectoriales, que se relatan
al final del documento, tales como: el Programa Nacional de Seguridad Pública,
Programa Especial de Cambio Climático, Programa para la Transformación de la
Educación Superior o el Programa Especial para Formular y Encausar una Política
General sobre el Futuro del Trabajo.
Entre tanto, la confusión para la
administración pública federal será sustancial. Hay áreas que no tienen metas,
ni acciones. Hay otras que tal vez no se tengan que esforzar, como sería en
deporte, pues la meta de activación física para 2024, es exactamente la misma
que la línea base de 2018, 35.6% en el caso de las mujeres y 48.4% para los
hombres. No obstante, el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024, en ambos
anexos, no deja lugar a dudas. Las prioridades presidenciales son las que
conducirán el destino nacional en los próximos años. Nada más.
Un dato
De acuerdo a encuesta ciudadana por
internet y los foros de planeación para la elaboración del PND, el principal
problema elegido por los yucatecos es: inseguridad y violencia. Y que el
principal problema de desigualdad que deben resolver las autoridades en la
entidad es: los Pueblos y comunidades indígenas y el resto de la población.
