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Editorial

La pandemia del hambre

Frei Betto

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En abril, el Banco Mundial preveía que la contracción de la economía brasileña en 2020 sería del 5% del PIB. Ahora, en junio, la predicción es de un 8% a un 10%. Y el gobierno esperaba un crecimiento del 2%.

 Como la pandemia afecta principalmente a los trabajadores autónomos e informales que, para sobrevivir, no pueden quedarse confinados en sus casas, se prevé que el número de brasileños en situación de pobreza aumentará este año de 41,8 millones (2019) a 48,8 millones de personas, lo que equivale al 23% de la población.

Se considera pobres a todos los que sobreviven con ingresos diarios inferiores a 27,5 reales o mensuales inferiores a 825 reales. Este año serán 7 millones más de brasileños. El auxilio de emergencia alivió un poco el drama social. Pero, ¿hasta cuándo?

Una investigación realizada por la empresa Plano CDE, que analiza la vida y el consumo de las clases C, D y E, indica que entre marzo y abril de este año, de los 58 millones de brasileños de las clases D y E (con ingresos mensuales de hasta 500 reales) 51 millones vieron sus entradas reducidas a la mitad o menos. Y de los 100 millones de la clase C (con ingresos mensuales entre 500 y 2 000 reales), 29% sufrieron igual pérdida.

 De las familias brasileñas, el 70% con ingresos mensuales inferiores a 3 135 reales dependen de ciclos económicos favorables para alimentarse y pagar las cuentas. Con la Covid-19, todo indica que este año esas familias quedarán sumamente endeudadas. En abril, el aumento de las deudas en la clase C fue del 36%, y en las clases D y E, del 47%.

Según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), entre 2009 y 2019, el número de favelas creció un 107,7%. Hoy suman 13 151 en 734 municipios, y en ellas viven 5,1 millones de personas. Con la caída del 10% del PIB en este año, debido a la pandemia, esa situación tiende a empeorar, a menos que se apruebe un programa de ingresos mínimos para cada familia que habite en una favela.

Brasil cuenta hoy con 28,5 millones de personas desempleadas. El dato fue divulgado por el IBGE el 16 de junio. De ese total, 17,7 millones declararon que no podían buscar empleo debido a las restricciones impuestas por la pandemia.

La América Latina y el Caribe albergan el 8,5% de la población mundial. Entre 2000 y 2020, el hambre se redujo casi a la mitad en los 33 países de la región. De 73 millones de hambrientos se pasó a 38 millones, según la FAO. Ello ocurrió gracias a los gobiernos progresistas, que implementaron políticas sociales, programas de alimentación escolar y medidas de apoyo a la agricultura familiar.

 Pero se inició un retroceso a partir de 2015, el mismo año del lanzamiento de la Agenda 2030 de la ONU, cuyo Objetivo de Desarrollo Sustentable es “hambre cero”. El número de personas que viven con inseguridad alimentaria en la América Latina y el Caribe alcanzó los 43 millones en 2018. Para 2020, la CEPAL prevé un aumento de 16 millones en situación de pobreza extrema. Esa realidad se ve retratada por el código de las Banderas Blancas, adoptado ahora en varios países, entre ellos Perú, Honduras, Guatemala y El Salvador: la familia desprovista de todo alimento coloca frente a su casa una tela blanca como señal de que necesita un socorro alimentario urgente.

En el Continente no faltan alimentos. Falta justicia. Hoy, 84 millones de niños en la América Latina y el Caribe dependen de la escuela para tener acceso a una buena alimentación. De ellos, 10 millones sólo ingieren una comida mínimamente nutritiva al recibir la merienda escolar. Ahora el virus los excluye de la escuela y los acerca al hambre.

La CEPAL y la OIT calculan que la Covid-19 dará por resultado 300 millones más de pobres en la región, de los cuales 83 millones estarán en situación de pobreza extrema. El PIB del Continente debe decrecer un 5%. Ello se debe a la paralización de los mercados internos, la disminución del flujo de las cadenas globales, la caída de los precios de las materias primas y la interrupción del trabajo informal de los migrantes. La crisis elevará la tasa de desempleo al 11,5%, lo que significa 12 millones de nuevos desocupados. Actualmente son 25 millones. A finales del año serán 37 millones.

Hoy, de los 292 millones de trabajadores de la América Latina y el Caribe, 158 operan en la informalidad. En los jóvenes entre 15 y 24 años, el índice llega a 62,4%. La pandemia ha provocado la pérdida del 80% de los ingresos de los trabajadores informales. En el mundo, del 60%.

 Los gobiernos latinoamericanos y caribeños sólo destinan el 0,7% del PIB a las poblaciones más vulnerables. Como mínimo, debería ser el 3,4% para garantizar la sobrevivencia de 214 millones de personas que ingresarán en las filas de la pobreza en lo que resta del año. Los países más afectados serán Brasil, Argentina, México, Ecuador y Nicaragua.

 Según la OIT, este gran lockdown arrojó, en todo el mundo, a 2 mil 700 millones de personas al desempleo o la informalidad. En el nivel global, el Banco Mundial calcula que la crisis de la Covid-19 puede sumar a 70 millones de personas a los 632 millones que sobreviven hoy en la pobreza extrema, o sea, personas con ingresos diarios inferiores a 9, 50 reales o mensuales inferiores a 285. El PIB planetario sufrirá una reducción del 5,2% en 2020. Será la peor recesión en ocho décadas.

En el mundo, puede aumentar en 250 millones el número de personas con inseguridad alimentaria. Más de 30 países están amenazados por la pandemia del hambre. El Informe Global 2020 sobre Crisis Alimentarias, de la ONU, revela que existen 318 millones de personas en 55 países con inseguridad alimentaria aguda. Muchas tienen qué comer, pero no la cantidad diaria suficiente de calorías que se requiere. Si tenemos en cuenta la ingestión calórica, el número aumenta a 2 mil 500 millones de personas subalimentadas. Agravadas por la Covid-19, perduran las causas del hambre: conflictos armados, condiciones climáticas extremas (desequilibrio ambiental), dificultades de acceso a la tierra y al empleo, y turbulencias económicas.

El reverendo británico Thomas Malthus se engañó al prever, en 1789, que en los siglos venideros la producción de alimentos crecería aritméticamente (1-2-3-4) y la población geométricamente (1-2-4-8). Habría más bocas que pan. Cuando lo declaró, el mundo tenía mil millones de habitantes. Hoy somos casi 8 mil millones y sobran alimentos, suficientes para saciar al menos a 12 mil millones de seres humanos. Por tanto, lo que falta es compartirlos. El hambre perdura porque hay muchas familias sin tierra y muchas tierras en manos de pocas familias.

Miles de millones de familias no tienen recursos para comprar comida, que ha dejado de tener valor de uso y pasado, con el capitalismo, a tener valor de cambio. Esa mercantilización del bien más esencial para nuestra sobrevivencia biológica es un crimen horrendo. Los agricultores ya no pueden llevar sus productos al mercado para venderlos. Deben entregarlos a un intermediario que los revende al sistema que los procesa, transporta, envasa y distribuye a los puntos de venta.

Hoy son los bancos, las multinacionales y los fondos de pensiones los que dominan el mercado de los alimentos y promueven especulaciones mediante derivativos de commodities. Cuando se produce una interrupción en esa cadena, los agricultores se ven obligados a quemar o enterrar los productos. Un crimen de lesa humanidad practicado en honor al dios Capital.

Frei Betto es asesor de la FAO en el tema de soberanía alimentaria y educación nutricional, y autor, entre otros libros, de O marxismo ainda é útil? (Cortez).

 www.freibetto.org/>    twitter:@freibetto.

Editorial

La saludable y democrática distinción entre las oposiciones

Inti Torres Villegas

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Foto de Julián Durán Bojórquez

Preguntarse el cuál es la agenda de la oposición al gobierno de Andrés Manuel López Obrador pareciera hoy un cuestionamiento rebuscado, toda vez que al correr de la administración ha sido el propio presidente quien ha fijado los temas públicos del país, acaparando así (casi) todos los reflectores, como bien señaló hace unas semanas Viridiana Ríos en un imperdible artículo.

Por un lado, la oposición institucionalizada ha cometido el error de continuar con la anacrónica estrategia de la política en México, fundada en la máxima de que el fondo es forma. Si bien, participa del debate público, abordando temas que son de relevancia, lo hace desde una perspectiva frívola que le apuesta perezosamente al error ajeno en lugar de construir una narrativa propia que sea empática con la realidad del país.

Paralelamente, las movilizaciones de la elite ciudadana inconforme con la administración federal, han resultado incluso contraproducentes para sus fines, no sólo por su escaza representatividad, sino también en lo desproporcionado de sus planteamientos centrales. Vamos, no hay elementos concretos que hagan suponer que -por ejemplo- México este en camino a convertirse en una dictadura comunista, como advierten las y los asistentes a las caravanas vehiculares.

En estas -por momentos caricaturescas- oposiciones es en las que enfoca sus respuestas el presidente, quien encuentra algo de comodidad en esta confrontación discursiva que más que un contraste de argumentos, pareciera un concurso de ingenio en el abordaje de los temas contingentes. Esto, ha implicado cierto desdén a otras voces disidentes de las acciones y las posturas que desde Palacio Nacional se plantean. Algo de soberbia se advierte en la trampa semántica de referirse como crítica y no como oposición al conglomerado de movimientos populares contrarios a los actos u omisiones gubernamentales. En lo que va de la administración se han destacado, al menos en la palestra pública, tres de ellos.

Por un lado, el movimiento feminista ha tomado las calles del país demandando no sólo justicia para casos específicos, sino también el establecimiento de una agenda integral que garantice condiciones equitativas de vida para las mujeres y el acceso de estas a una vida libre de violencia. Aunque hay que reconocer que ha habido gestos destacables en la materia dentro del gabinete de López Obrador, él mismo ha mantenido una actitud algo esquiva y un tanto cínica ante el tema.

Adicionalmente, como respuesta a los emblemáticos megaproyectos de esta administración, se han revitalizado diversas movilizaciones territoriales, mismas que, además de exponer las consecuencias socioambientales de la construcción de la refinería de Dos Bocas o del Tren Maya -aludiendo a los ejemplos más destacados- cuestionan la visión economicista de desarrollo del gobierno federal. Los planteamientos de quienes se oponen a estos proyectos han puesto sobre la mesa la discusión de importantes temas de fondo para algunas regiones del país. La autonomía de los pueblos indígenas, el derecho de estos a consultas vinculantes y la transición progresiva a las energías limpias, por citar algunos.

Asimismo, el presidente ha encontrado una férrea resistencia en las y los afectados por sus políticas de austeridad, llámense estos beneficiarios o trabajadores de los programas, fidecomisos e instituciones que han visto seriamente mermado su presupuesto. No se niega la importancia de la revisión del ejercicio presupuestario, sino que se apunta a plantear estos recortes de forma estratégica y no en desmedro de los objetivos de las instituciones públicas, ni en el de la dignidad de la gente. En otras palabras, se plantea que para equilibrar el presupuesto público se necesitan bisturís y no machetes.

A todo lo anterior, se suman también los mediáticos desacuerdos que desde dentro del mismo gabinete se han sucedido, los cuales, al paso del tiempo, han quedado más el terreno de lo anecdótico que en el de la rectificación.

El desdén discursivo a estas disidencias se funda quizás en uno de los vicios de la autoridad en México, el cual consiste en evaluar a los adversarios cuantitativa y no cualitativamente. Esta administración asume que la falta de institucionalidad de los movimientos arriba enumerados, no le constituye una amenaza real en la disputa del poder. En México, ese juego no es para cualquiera, en parte porque el aparataje jurídico impone una serie de candados normativos que entorpecen las posibilidades de incidencia ciudadana.

El desafío pareciera obvio, pero no lo es tanto. La historia de la institucionalización de los movimientos sociales en México ha sido la de la cooptación partidista y la de la precipitación hacia los vicios del poder, incluso en la carrera rumbo al mismo. De hecho, hoy en día la desestructura aporta mucha más legitimidad popular que la práctica orgánica.

Todo esto, releva la necesidad de replantear las dinámicas de participación política, orientándolas al empoderamiento ciudadano y hacia el menoscabo de las múltiples potestades de las que hoy gozan los partidos políticos. No hay que confundirse, no se trata de llevar a los ciudadanos al poder, sino de atraer el poder hacia la ciudadanía. La tarea se hace compleja en un contexto tan plural y extenso como lo es México. La coyuntura tampoco pareciera la ideal, tomando en cuenta el escenario prolongado de pandemia y la buena salud política de la que todavía goza el régimen.

Al parecer, a los movimientos sociales contrarios al régimen les toca seguir construyendo pacientemente desde lo local e ir articulándose entre sí para -de a poco- constituir una verdadera y saludable oposición popular a ciertas políticas de la actual administración.

Un gobierno que llegó al poder con tal magnitud de participación electoral, requiere de una oposición a la altura y de un debate público que abandone su obsesión por las formas y se ocupe de discutir y generar los cambios de fondo que el país requiere. Entonces sí, podremos hablar de una verdadera transición democrática en México.

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El pasado nos alcanzó

Educación televisada

Ricardo Maldonado Arroyo-

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Con la precisión y parsimonia que lo caracterizan, el Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, anunció en conferencia matutina que el próximo 24 de agosto iniciará el ciclo escolar de educación básica y media superior en todo el país, empleando programas de televisión como herramienta principal para mantener distancia y evitar, de esta manera, el riesgo de contagio de Covid-19. El anuncio tomó por sorpresa a estudiantes, docentes, madres y padres de familia, que desconocían, hasta ese momento, el as bajo la manga con que el gobierno federal pretende dar continuidad al servicio educativo. Si bien el anuncio aún despierta dudas e inquietudes, me permitiré opinar desde tres ángulos coloquialmente reconocidos:

Lo bueno. La decisión de las autoridades es pertinente, toda vez que México ronda el medio millón de casos de Covid-19 y las 50 mil defunciones. “Según la Secretaría de Salud se está abriendo gradualmente la economía gracias a que el sector educativo está trabajando a distancia; que 40 millones de personas se queden en casa permite que la pandemia sea manejable hospitalariamente”, informó el Secretario. La decisión está basada en las experiencias de Israel, Corea del Sur, Reino Unido, Francia y otros países que abrieron escuelas y las tuvieron que cerrar nuevamente. El gobierno federal dejó en claro que el semáforo verde es condición necesaria para reanudar clases presenciales. El acuerdo de concertación con las televisoras permitirá trasmitir por 6 canales de televisión, 24 horas al día durante toda la semana. Para quienes no puedan acceder a dichos canales, la SEP difundirá programas de radio y hará llegar libros de texto gratuito, cuadernillos de trabajo y “atención especial”.

Lo malo. Los programas de televisión son insuficientes para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que sería un error mayúsculo pensar que son la solución a este problema. Telesecundarias y telebachilleratos son la mejor muestra de que los programas de televisión pueden servir como herramientas auxiliares de estudio, más no constituyen una panacea didáctica. Ambas modalidades de servicio operan actualmente como otras de carácter presencial, pero a menor escala, insertando herramientas audiovisuales cuando es pertinente. Por tanto, la televisión no puede sustituir el acompañamiento docente en el aprendizaje ni se obtienen de ella los mismos resultados. Tan importante es el primero que madres y padres de familia no han podido cubrir a cabalidad el rol docente debido al desconocimiento de estrategias didácticas, así como el peso de exigencias laborales y preocupaciones económicas. Asimismo, debe considerarse a estudiantes cuyo contexto material y familiar vuelve inviable aprender en casa. Claro está, que nos hallamos ante una situación extraordinaria que amerita tomar medidas extraordinarias, por lo que celebro la concertación con las televisoras, sin embargo, hay que enfatizar que la calidad de la educación descansa sobre el personal docente y no sobre aparatos de televisión.

Lo feo. Apostándole a la amnesia política, el Presidente posó con personajes destacados de la otrora “mafia del poder” a quienes acusó de confabularse para urdir fraudes electorales en 2006 y 2012. Televisa ya no es Teidiotiza y los otros medios convocados, TVAzteca, Imagen y Multimedios, ahora son aliados de la causa más loable. Con el rostro enjugado por el poder salvífico de la Cuarta Transformación, se olvidaron viejas rencillas. “El 1 de julio de 2018, usted, presidente, Andrés Manuel López Obrador, dijo: es tiempo de reconciliación. Qué mejor momento que la adversidad y un extraño enemigo, como el Covid-19, para reconciliarnos por la educación”, sentenció Esteban Moctezuma. A fin de evitar suspicacias, el Presidente se apuró a señalar que esta iniciativa no tiene fines de lucro y que sólo implica una “tarifa social” de 450 millones de pesos. “En TVAzteca y en Grupo Salinas sabemos que invertir en el aprendizaje e invertir en la formación es invertir por el futuro de nuestro país”, declaró Benjamín Salinas Sada, visiblemente complacido.

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Editorial

En Bolivia la máquina del terror está en movimiento

Mario Alejandro Valdez

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Foto de Julián Durán Bojórquez

No compartimos las teorías conspiranoicas sobre un origen malévolo, artificial e interesado de la pandemia de COVID-19. Además de las sólidas evidencias científicas con las que se cuenta sobre su génesis zoonótica, los especialistas ya habían advertido, al menos desde hace dos décadas, sobre la latente amenaza de los coronavirus, vinculada a dos factores concurrentes: la creciente invasión humana a los cada vez más escasos reservorios de vida silvestre, y la también creciente interconectividad de la vida económica y social. El virus que hoy nos afecta ha vivido por décadas, tal vez por siglos, en poblaciones animales, y sólo recientemente ha dado el salto a nuestra especie. Una vez producido este hecho, su difusión universal ha sido vertiginosa e imparable: lo que a la peste y al cólera les llevó décadas recorrer, al COVID-19 le ha tomado unos pocos meses, y, por lo que se puede percibir de la situación de Europa Occidental, las olas subsecuentes, que antes demoraban varios meses e incluso años en producirse, ahora se han materializado al cabo de pocas semanas. Aunque la tesis de una creación artificial del virus es tan popular como el surgimiento de una cura mágica, lo cierto es que corresponden a esa legendaria idea que comúnmente brota en el pensamiento humano cuando se apodera de él la incertidumbre.

Pero es indudable que, pese a su origen natural, el virus SARS-COV-2 ha sido aprovechado por diversos actores y grupos de poder para impulsar sus propias agendas. Tal vez la manipulación más burda la tenemos en los Estados Unidos, con el presidente Trump, quien tras restarle importancia a la enfermedad, intentando mantener la economía en pleno movimiento para evitar los catastróficos efectos del cierre, de pronto cambió el discurso, pasando a un tono apocalíptico, aunque sin abandonar sus zigzagueos irresponsables. Ahora, a tres meses de las elecciones nacionales, y con una desventaja de cerca de 15 puntos respectos al candidato demócrata Joe Biden, apuesta todo a lograr una “vacuna nacional”, es decir, una preparación de origen norteamericano, que se aplique en primera instancia sólo a los ciudadanos norteamericanos, y que permita alcanzar la tan preciada inmunidad ante la terrible amenaza viral. Anunciar este logro unos pocos días antes de la jornada comicial le permitiría a Trump –consideran sus estrategas- revertir cualquier desventaja.

Pero este manejo inmoral y anti-ético de la pandemia y de la vacuna es un juego de niños si lo comparamos con lo que está ocurriendo en Sudamérica, en particular en la tierra de Evo Morales, la sufrida Bolivia, en donde fuera cruelmente asesinado el inmortal “Che” Guevara hace más de medio siglo, y en donde una derecha neonazi encabezó un siniestro Golpe de Estado el pasado noviembre. La vigorosa reacción popular que siguió al Golpe dejó la situación en un impasse, en cual el gobierno interino de facto cohabitó con un parlamento mayoritariamente izquierdista, situación que debió solucionarse en las elecciones extraordinarias de mayo de este año, en las que todas las encuestas anticipaban el amplísimo triunfo del Movimiento al Socialismo. La pandemia, sin embargo, motivó una nueva inmovilidad en el proceso, provocando un primer aplazamiento para el 6 de septiembre.

Como todos los gobiernos latinoamericanos, los golpistas bolivianos decretaron un confinamiento parcial en los meses primaverales, cuando el contagio aún no se había extendido, y ahora, a partir del verano, se ha producido una epidemia descontrolada. El resultado, en términos políticos, ha sido galvanizar más aún la resistencia de los sectores de izquierda, y erosionar el apoyo que algunos sectores de la clase media le otorgaban a la derecha. En un ejercicio electoral relativamente libre, el MAS obtendría un triunfo aplastante, pero, evidentemente, ese escenario se encuentra fuera del script de la derecha. Ante ello, el órgano electoral, controlado por los golpistas, ha decretado un  nuevo aplazamiento, algo absolutamente rechazado por el parlamento y por la izquierda.

El pueblo en resistencia ha salido a las calles a defender su derecho al voto, pero la derecha ha amenazado con volver a utilizar al ejército y reprimir furiosamente las protestas., con el pretexto de la emergencia sanitaria. Se ha dicho, falsamente, que los manifestantes están bloqueando los suministros médicos, y, en los momentos en que escribimos estas líneas, efectivos militares se están posicionando frente a los miles de obreros y campesinos que se dirigen a La Paz para exigir la realización de las elecciones en el tiempo previsto.

No hay que olvidar que esta dramática crisis política fue precipitada precisamente por la derecha al derrocar, corrompiendo a los principales mandos del ejército y la policía, al gobierno constitucional y democrático de Evo Morales. No hay que olvidar que el “gobierno interino” ha pasado de las amenazas y las acciones de represión violenta, al urdido de una inmensa cantidad de mentiras y simulaciones frente a un pueblo combativo y organizado, que ha mantenido su heroica resistencia en las condiciones más difíciles imaginables. Y en el momento actual, con la epidemia descontrolada y en su peor momento, la decisión unilateral y desproporcionada del órgano electoral ha sido una nueva afrenta imposible de tolerar.

El nuevo aplazamiento electoral es un claro acto de provocación estratégicamente diseñado para motivar las protestas y, con ello, justificar la represión, nuevos aplazamientos de las elecciones e incluso actos de mayor ilegalidad, como el desconocimiento del parlamento y la privación de la libertad para diputados y dirigentes sociales. La máquina del terror ha sido puesta en marcha en la pequeña nación sudamericana como un ominoso aviso de que para la derecha la democracia y los derechos humanos son tan sólo elementos discursivos sin significado real. Ante ello, la solidaridad internacional con el pueblo boliviano es imprescindible.

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