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El pasado nos alcanzó

La interrupción del embarazo y la obstinación de conciencia

Ricardo Maldonado Arroyo-

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El pasado 5 de agosto la Suprema Corte de Justicia dictó una sentencia que ratifica los criterios para acceder a la interrupción del embarazo en casos de violación, establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005 sobre violencia familiar y sexual.El debate en torno al aborto regresó al máximo tribunal del país a raíz de dos controversias constitucionales promovidas por los estados de Baja California y Aguascalientes, que pretendían excusar a las autoridades locales del cumplimiento de la citada norma, y que finalmente fueron desechadas.

Las reacciones han sido ambivalentes. Por un lado, organizaciones feministas celebraron el logro. Del lado opuesto, personas y organizaciones ultraconservadoras insisten en rebatir la NOM-046; el caso más sonado, el de la diputada queretana, Elsa Méndez, quien intenta reformar las leyes locales para que el personal médico pueda ampararse si se niega a practicar un aborto, alegando objeción de conciencia, lo cual, como explico a continuación, es un despropósito.

Cuando la lectura de la NOM-046 se enfoca en sus aspectos prácticos, se devela que la resistencia a aplicarla ha pasado de ser objeción de conciencia a, lo que llamaré, “obstinación de conciencia”, pues la ley a nadie obliga a ir contra de su voluntad. Pensemos en preguntas básicas. ¿Por qué se crea la NOM-046? Esta es, en realidad, la modificación de una norma anterior, la NOM-190-SSA1-1999, como respuesta a las observaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, respecto a los obstáculos en México para acceder al aborto legal, tratándose, incluso, de niñas y adolescentes violadas. Es importante subrayar que la finalidad de la modificación era proteger a las víctimas.

¿Por qué ya no se necesita la autorización previa de la “autoridad competente”? El numeral 6.4.2.7 de la NOM-046 señala que, en caso de violación, se ofrecerá la interrupción voluntaria del embarazo “previa solicitud por escrito bajo protesta de decir verdad de la persona afectada de que dicho embarazo es producto de violación; en caso de ser menor de 12 años de edad, a solicitud de su padre y/o su madre, o a falta de éstos, de su tutor”. Ya no se necesita el visto bueno de la autoridad porque el enfoque de la ley no es la comprobación de la violación, sino la protección de los derechos de las víctimas, dado que en muchos casos estas deciden no denunciar, por el temor a ser nuevamente violentadas o revictimizadas durante el proceso judicial. Hacer hincapié en la objeción de conciencia del personal de salud es desviar la atención de lo prioritario.

¿El personal de salud tiene que verificar que, en efecto, sucedió la violación? No. En las líneas inmediatas se estipula que “el personal de salud que participe en el procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo no estará obligado a verificar el dicho de la solicitante”. Los miembros más conservadores de dicho personal han confundido su misión de salvaguardar el bienestar de las mujeres, con el de erigirse en instancias de investigación judicial. La NOM-046 únicamente les exige informar acerca de los posibles riesgos y consecuencias del procedimiento. Ante la duda de la veracidad del dicho, autoridades del sector salud han preferido negar sistemáticamente la interrupción del embarazo, sin importar el derecho de las víctimas.

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¿Todo el personal de salud está obligado a practicar abortos? De ninguna manera. Según el mismo numeral “se deberá respetar la objeción de conciencia del personal médico y de enfermería encargados del procedimiento”, y en el siguiente (6.4.2.8) se aclara que “las instituciones públicas de atención médica deberán contar con médicos y enfermeras capacitados no objetores de conciencia”. Si no estuvieran disponibles, deberán referir a la usuaria a la unidad de salud más cercana que cuente con el personal requerido.

De 2009 a la fecha, en la mayoría de los estados se han fomentado prácticas discrecionales para negar la interrupción del embarazo en casos de violación. La resolución de la Suprema Corte es consecuencia de estas prácticas cotidianas y el deliberado desacato de autoridades locales a la NOM-046. La objeción de conciencia está contemplada en la norma, al igual que el principio fundamental que la inspira: la protección de las víctimas. Los grupos ultraconservadores exigen que se respete la primera, pero niegan la segunda.

Por tanto, concluyo que lo que hoy por hoy prevalece es la obstinación por controlar otras conciencias, por obligar a niñas, adolescentes y mujeres violadas a continuar con un embarazo no deseado, por obstaculizar al personal de salud que sí puede prestar sus servicios para interrumpir el embarazo; obstinación por perpetuar la desigualdad, toda vez que, como señala el ministro Arturo Zaldívar, las mujeres de mayores ingresos pueden acceder a un aborto seguro, mientras que las de menores ingresos siguen arriesgando su vida en abortos insalubres. Esta obstinación rebasa la objeción de conciencia y se traduce en la imposición de convicciones particulares que han valido el sufrimiento a miles de mujeres. Una vez que la Suprema Corte ha puesto un freno a esta obstinación, ¿cuál será el proceder de los gobiernos estatales? ¿Actuarán según los criterios de la ley o según criterios particulares?

El pasado nos alcanzó

De género, etnia y diversidad sexual en las candidaturas

Ricardo Maldonado Arroyo-

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En México se han implementado leyes y acuerdos para obligar a los partidos políticos a asignar candidaturas por género, etnia, diversidad sexual y discapacidad. Entre 1993 y 2008 hubo modificaciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para incrementar las candidaturas de mujeres. En 2014 entró en vigor la reforma constitucional para la paridad de género. En 2005 el entonces Instituto Federal Electoral reconoció 28 distritos electorales de mayoría indígena. No obstante, los partidos políticos no fueron obligados a postular candidatos indígenas hasta 2017, año en que el Instituto Nacional Electoral (INE) estableció los criterios de obligatoriedad y autoadscripción calificada. En 2021 el INE adoptó una resolución que obliga a postular candidatos indígenas, de los colectivos LGBTI, afromexicanos y con discapacidad. El IEPAC de Yucatán tomó un acuerdo similar.

Estas políticas persiguen la inclusión de grupos históricamente marginados, pero no han estado exentas de críticas. Hay personas que dudan de su utilidad para cambiar el régimen político o alcanzar una igualdad efectiva. Sin dejar de lado la importancia de tales cuestionamientos, los argumentos suelen aludir a aspectos que rebasan sus alcances y límites, llegando a la conclusión de que se reducen a simulaciones electorales. A modo de contestación, me permito ofrecer tres razones por las que las llamadas “cuotas” son pertinentes.

1. Existen personas con amplia preparación y experiencia entre mujeres, afrodescendientes, pueblos originarios, colectivos LGBTI y personas con discapacidad. Ciertamente las “cuotas” no aseguran la elección de los mejores perfiles, pero tampoco el escenario anterior, que propició el arribo al gobierno de personajes de dudosa formación académica, trayectoria y calidad moral. Además, la preparación no debe valorarse únicamente por títulos y diplomas, sino también por la capacidad de identificar y atender necesidades relegadas, aspecto en el que los integrantes de los grupos mencionados cuentan, cuando menos, con experiencia de vida.

2. Otorgar representación a grupos excluidos del régimen político es un paso necesario, aunque insuficiente para erradicar los vicios del régimen. A los partidos se les exige postular candidatos(as) pertenecientes a grupos sociales vulnerados porque antes se negaron a hacerlo. En 2012 apenas el 27.6% de los escaños en la Cámara de Diputados y el 19.5% de los del Senado eran ocupados por mujeres; solo 7 diputados se asumían como indígenas y era aún más difícil que alguien se asumiera homosexual. Las llamadas “cuotas” constituyen acciones afirmativas para equilibrar la balanza de la representación política, de ninguna manera son varitas mágicas contra los males de este país. Toda persona electa es susceptible de hacer mal uso de su posición de poder. Sin embargo, si el problema es la corrupción, esta debe ser combatida, no los mecanismos para que grupos vulnerados accedan a cargos públicos.

3. Una representación plural contribuye a desmontar el sistema de clase, raza y género que ha mantenido el régimen político en manos de una elite cerrada y más o menos homogénea. Aunque las candidaturas por género, etnia, diversidad sexual y discapacidad no garantizan una sociedad igualitaria, representan de suyo el reconocimiento de derechos político-electorales a capas más amplias de la población, en un sistema partidista dominado por hombres heterosexuales que reproducían el poder entre ellos y, en los últimos años, ha mostrado una tendencia a afirmar pertenencia de clase. Es habitual la resistencia a las políticas de inclusión electoral porque lesionan privilegios. En el pasado los partidos políticos postularon mujeres para que, una vez ganadas las elecciones, fueran reemplazadas por suplentes hombres. En febrero de este año, organizaciones de Yucatán acusaron a los partidos de no contar con propuestas que hicieran efectivo el acuerdo de inclusión del IEPAC y, en marzo, otras organizaciones impugnaron las candidaturas de Alpha Talavera (Morena), Liborio Vidal (PAN) y Jorge Canul (Movimiento Ciudadano), que desean ocupar el curul del Distrito I federal, destinado a pueblos indígenas. El Tribunal Electoral del Poder Judicial les revocó las candidaturas por no acreditar su pertenencia a comunidades mayas. Las estrategias de simulación eran esperadas y habrá que combatirlas en los años venideros.

Estoy convencido de que las cuotas electorales son necesarias, no porque representen la panacea contra la desigualdad política, sino porque constituyen un paso obligado por circunstancias históricas para brindar representación a grupos sociales que, de otra manera, se hubieran mantenido rezagados en la vida pública. Esto es un paso, más no condición única para la recomposición del régimen político. Lastres como la corrupción, el nepotismo y la traición a los compromisos adquiridos, seguirán presentes porque son dinámicas que atraviesan las estructuras políticas en toda su dimensión. Corresponde, entonces, una vez electos, vigilar el desempeño de quienes ocupan cargos públicos, a fin de que la representación por género, etnia, diversidad sexual y discapacidad se traduzca en políticas de igualdad más amplias y contundentes.

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En defensa de la pizza con piña

Ricardo Maldonado Arroyo-

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En más de una ocasión he leído o escuchado bromas respecto a la pizza con piña. Por alguna razón se ha vuelto objeto de descalificaciones jocosas y debates apasionados en torno a su sabor, naturaleza (¿es un platillo o un postre?) y la afrenta que significa distorsionar una de las máximas creaciones de la cocina italiana. La pizza hawaiana, como coloquialmente se le conoce, parece ser menos “auténtica” u “original” que una con salami, champiñones o albahaca. La inconformidad del chef Enrique Olvera por quienes exprimen limón sobre sus creaciones, se queda corta ante tan extensas y sesudas argumentaciones.

Me quiero detener en el punto de su “originalidad”. La historiadora Carol Helstosky ofrece pistas acerca del origen histórico de la pizza. Esta apareció en el siglo XVIII en Nápoles como un platillo de bajo costo cuya base consistía en pan, queso y tomate. Por varias décadas la pizza estuvo asociada a la pobreza de las clases trabajadoras, solía consumirse en las calles y sus otros ingredientes eran, más bien, austeros: sal, manteca de cerdo o ajo. Hubo panes planos que le antecedieron, como el plakuntos de los etruscos, la placenta romana o la focaccia y la torta de origen medieval, pero todo indica que la pizza como hoy la conocemos se creó en Nápoles.

Para que la pizza se diseminara por el mundo tuvo que llegar a Estados Unidos, primero, de la mano de migrantes italianos que cruzaron por millones el Atlántico a partir de 1880; luego, por soldados estadounidenses y británicos que, tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, promovieron el establecimiento de restaurantes italianos donde pudieran reproducir las delicias que probaron en tierras lejanas. Después de conquistar Estados Unidos, la pizza se popularizó a escala mundial. Ya desde esos años, se hizo patente la fusión de las recetas napolitanas con gustos locales, derivando en creaciones como la muffuletta de Nueva Orleans, el cioppino de California, el tomato pie, la English muffin pizza y la bagel pizza, siempre en Estados Unidos, así como la fugazzeta argentina. Ninguna versión sería aceptada por la población italiana como “auténticas” pizzas.

La globalización de la pizza permite visualizar una cualidad constante en las cocinas del mundo, desde las más localizadas hasta las más interconectadas: todos los platillos son resultado del intercambio cultural, el cambio histórico, adaptaciones e hibridaciones, relaciones de dominio y coexistencia de varias culturas. La comida es reflejo y vehículo de las interconexiones globales. Por eso hay pizza hawaiana (cuyo origen sigue en discusión), pero también pizza de pastor en México o la pizzanucho de Yucatán. Puede llevar, prácticamente, cualquier ingrediente. De hecho, más de un(a) italiano(a) se horrorizaría de ver cómo le añadimos chile molido, salsa botanera, salsa inglesa, chiles jalapeños o porciones generosas de queso.

Ante el embate de la globalización, la Associazione Verace Pizza Napoletana (VPN) estableció en 1997 la denominación de origen de la pizza, reconociendo únicamente tres de sus variantes, la margherita, la marinara y la margherita extra, siempre y cuando se respete su elaboración artesanal. Es fácil inferir que la iniciativa fue un rotundo fracaso y, hoy por hoy, los habitantes del mundo consumen sin empacho rebanadas de pizza con sushi, chuleta, plátano y hasta malvaviscos. En resumen, no existen platillos más auténticos que otros, al menos no en el sentido de reproducir una receta “original” que, muchas veces, se pierde entre incógnitas del pasado; la “autenticidad”, “tradición” y “originalidad”, la otorgan las comunidades para quienes esos platillos poseen especial significado. Así que, descuide, mi recomendación es comer la pizza como mejor le plazca, pues mientras cierro este texto como, muy a gusto, una rebanada de pizza con piña espolvoreada con orégano y chile molido.

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Vigilar y castigar

Ricardo Maldonado Arroyo-

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En su libro Vigilar y castigar, el célebre filósofo francés, Michel Foucault, afirma que policía y prisión han funcionado como un sólo dispositivo de control que, en vez de frenar la delincuencia, la produce. Además, fomenta prácticas en torno a la ilegalidad. Esto que podría sonar extravagantemente académico, hoy se constata con las (literalmente) encendidas protestas por el asesinato de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis. Este hombre afroamericano fue detenido sin oponer mayor resistencia y agonizó con el cuello oprimido por la rodilla del agente Dereck Chauvin. La súplica de Floyd, “no puedo respirar” quedará en la memoria como el de los grupos sociales que viven bajo la amenaza de la brutalidad policiaca.

Resulta que nuestro país, y en el resto del mundo, se reproducen los episodios de dicha brutalidad. ¿Por qué? ¿Es una falla de las instituciones? La pregunta es inquietante: ¿a quiénes vigila la policía y a quiénes protege? Esa es la gran aportación de Foucault, haber revelado que la policía responde a los intereses del Estado y la propiedad privada. “Seguridad” es un concepto del que emanan dispositivos de vigilancia que benefician a ciertos sectores sociales y castigan a otros. Por ejemplo, cuando Trump habla de incrementar la “seguridad” en la frontera, ¿a qué se refiere?, ¿quiénes son los delincuentes?, ¿cómo quedan los mexicanos ante estas políticas de “seguridad”?

Contrario a lo que se podría pensar, no es un problema ajeno México, no se trata del racismo que experimentan ellos, los de enfrente. En México, y Yucatán en lo particular, determinadas poblaciones son objeto predilecto de las violencias institucionales. Debido a que el racismo es marcado hacia los pueblos indígenas y que las fronteras entre racismo y clasismo se han desvanecido, se reconoce la brutalidad policiaca como si fuera un acto generalizado, casi “democrático”. Pero no es así, el aspecto, la lengua, el género y la condición socioeconómica divide a quienes tienen que sortear la amenaza cotidiana de la vigilancia policiaca y quienes pueden solicitarla e, incluso, manipularla. Considérese la sensación de (in)seguridad que experimenta un joven tatuado de una colonia popular o una mujer saliendo del trabajo cuando cruzan junto a una camioneta con antimotines.

Según Human Rigths Watch entre 2012 y 2018 la Fiscalía General de la República inició más de 9,000 investigaciones sobre tortura. La Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad 2016 señala que en los actos de tortura y detenciones arbitrarias, además de la Policía Federal, la Policía Ministerial, policías estatales y municipales, participan la Marina y el Ejército. La misma encuesta revela que arriba del 40% de las confesiones de culpabilidad se obtuvieron bajo tortura. En 2019 la CODHEY recibió 269 quejas por detenciones arbitrarias en Yucatán y tiene conocimiento de 2 decesos ocurridos este año bajo custodia de policías, 6 en 2019 y 14 en 2018. En protesta por la muerte del joven Genaro Vázquez en una celda municipal de Oxkutzcab, el año pasado la sede del Ayuntamiento y varias patrullas fueron atacada por manifestantes, sin despertar la simpatía de hoy por las protestas en Estados Unidos.

Esas muertes corresponden casi en su totalidad a grupos racializados y vulnerados por su condición socioeconómica, a los que se criminaliza; muchas veces, sin cometer delito alguno o tratándose de uno menor. Si se desea una transformación del Estado, como la pregonada hoy en día, hay que abandonar la ingenuidad ciudadana y cuestionar los dispositivos de poder y vigilancia. Cuando el gobierno federal o local incrementan la inversión en “seguridad”, ¿a la de quiénes se refiere? ¿Qué protegen más, un banco o la integridad de una mujer? ¿Una residencia en una zona de alta plusvalía o una vivienda de interés social? ¿Una enorme granja porcícola o un pequeño comercio? ¿Cómo trata la fuerza pública a los migrantes centroamericanos? ¿Estamos alzando la voz o legitimando los atropellos? ¿Es necesario vivir en carne propia la brutalidad policiaca para comprenderla? ¿Esta se detuvo durante la pandemia? Reflexiónelo mientras se pregunta si usted está exento(a) de protagonizar una de estas historias.

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