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El pasado nos alcanzó

Vigilar y castigar

Ricardo Maldonado Arroyo-

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En su libro Vigilar y castigar, el célebre filósofo francés, Michel Foucault, afirma que policía y prisión han funcionado como un sólo dispositivo de control que, en vez de frenar la delincuencia, la produce. Además, fomenta prácticas en torno a la ilegalidad. Esto que podría sonar extravagantemente académico, hoy se constata con las (literalmente) encendidas protestas por el asesinato de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis. Este hombre afroamericano fue detenido sin oponer mayor resistencia y agonizó con el cuello oprimido por la rodilla del agente Dereck Chauvin. La súplica de Floyd, “no puedo respirar” quedará en la memoria como el de los grupos sociales que viven bajo la amenaza de la brutalidad policiaca.

Resulta que nuestro país, y en el resto del mundo, se reproducen los episodios de dicha brutalidad. ¿Por qué? ¿Es una falla de las instituciones? La pregunta es inquietante: ¿a quiénes vigila la policía y a quiénes protege? Esa es la gran aportación de Foucault, haber revelado que la policía responde a los intereses del Estado y la propiedad privada. “Seguridad” es un concepto del que emanan dispositivos de vigilancia que benefician a ciertos sectores sociales y castigan a otros. Por ejemplo, cuando Trump habla de incrementar la “seguridad” en la frontera, ¿a qué se refiere?, ¿quiénes son los delincuentes?, ¿cómo quedan los mexicanos ante estas políticas de “seguridad”?

Contrario a lo que se podría pensar, no es un problema ajeno México, no se trata del racismo que experimentan ellos, los de enfrente. En México, y Yucatán en lo particular, determinadas poblaciones son objeto predilecto de las violencias institucionales. Debido a que el racismo es marcado hacia los pueblos indígenas y que las fronteras entre racismo y clasismo se han desvanecido, se reconoce la brutalidad policiaca como si fuera un acto generalizado, casi “democrático”. Pero no es así, el aspecto, la lengua, el género y la condición socioeconómica divide a quienes tienen que sortear la amenaza cotidiana de la vigilancia policiaca y quienes pueden solicitarla e, incluso, manipularla. Considérese la sensación de (in)seguridad que experimenta un joven tatuado de una colonia popular o una mujer saliendo del trabajo cuando cruzan junto a una camioneta con antimotines.

Según Human Rigths Watch entre 2012 y 2018 la Fiscalía General de la República inició más de 9,000 investigaciones sobre tortura. La Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad 2016 señala que en los actos de tortura y detenciones arbitrarias, además de la Policía Federal, la Policía Ministerial, policías estatales y municipales, participan la Marina y el Ejército. La misma encuesta revela que arriba del 40% de las confesiones de culpabilidad se obtuvieron bajo tortura. En 2019 la CODHEY recibió 269 quejas por detenciones arbitrarias en Yucatán y tiene conocimiento de 2 decesos ocurridos este año bajo custodia de policías, 6 en 2019 y 14 en 2018. En protesta por la muerte del joven Genaro Vázquez en una celda municipal de Oxkutzcab, el año pasado la sede del Ayuntamiento y varias patrullas fueron atacada por manifestantes, sin despertar la simpatía de hoy por las protestas en Estados Unidos.

Esas muertes corresponden casi en su totalidad a grupos racializados y vulnerados por su condición socioeconómica, a los que se criminaliza; muchas veces, sin cometer delito alguno o tratándose de uno menor. Si se desea una transformación del Estado, como la pregonada hoy en día, hay que abandonar la ingenuidad ciudadana y cuestionar los dispositivos de poder y vigilancia. Cuando el gobierno federal o local incrementan la inversión en “seguridad”, ¿a la de quiénes se refiere? ¿Qué protegen más, un banco o la integridad de una mujer? ¿Una residencia en una zona de alta plusvalía o una vivienda de interés social? ¿Una enorme granja porcícola o un pequeño comercio? ¿Cómo trata la fuerza pública a los migrantes centroamericanos? ¿Estamos alzando la voz o legitimando los atropellos? ¿Es necesario vivir en carne propia la brutalidad policiaca para comprenderla? ¿Esta se detuvo durante la pandemia? Reflexiónelo mientras se pregunta si usted está exento(a) de protagonizar una de estas historias.

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El pasado nos alcanzó

De género, etnia y diversidad sexual en las candidaturas

Ricardo Maldonado Arroyo-

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En México se han implementado leyes y acuerdos para obligar a los partidos políticos a asignar candidaturas por género, etnia, diversidad sexual y discapacidad. Entre 1993 y 2008 hubo modificaciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para incrementar las candidaturas de mujeres. En 2014 entró en vigor la reforma constitucional para la paridad de género. En 2005 el entonces Instituto Federal Electoral reconoció 28 distritos electorales de mayoría indígena. No obstante, los partidos políticos no fueron obligados a postular candidatos indígenas hasta 2017, año en que el Instituto Nacional Electoral (INE) estableció los criterios de obligatoriedad y autoadscripción calificada. En 2021 el INE adoptó una resolución que obliga a postular candidatos indígenas, de los colectivos LGBTI, afromexicanos y con discapacidad. El IEPAC de Yucatán tomó un acuerdo similar.

Estas políticas persiguen la inclusión de grupos históricamente marginados, pero no han estado exentas de críticas. Hay personas que dudan de su utilidad para cambiar el régimen político o alcanzar una igualdad efectiva. Sin dejar de lado la importancia de tales cuestionamientos, los argumentos suelen aludir a aspectos que rebasan sus alcances y límites, llegando a la conclusión de que se reducen a simulaciones electorales. A modo de contestación, me permito ofrecer tres razones por las que las llamadas “cuotas” son pertinentes.

1. Existen personas con amplia preparación y experiencia entre mujeres, afrodescendientes, pueblos originarios, colectivos LGBTI y personas con discapacidad. Ciertamente las “cuotas” no aseguran la elección de los mejores perfiles, pero tampoco el escenario anterior, que propició el arribo al gobierno de personajes de dudosa formación académica, trayectoria y calidad moral. Además, la preparación no debe valorarse únicamente por títulos y diplomas, sino también por la capacidad de identificar y atender necesidades relegadas, aspecto en el que los integrantes de los grupos mencionados cuentan, cuando menos, con experiencia de vida.

2. Otorgar representación a grupos excluidos del régimen político es un paso necesario, aunque insuficiente para erradicar los vicios del régimen. A los partidos se les exige postular candidatos(as) pertenecientes a grupos sociales vulnerados porque antes se negaron a hacerlo. En 2012 apenas el 27.6% de los escaños en la Cámara de Diputados y el 19.5% de los del Senado eran ocupados por mujeres; solo 7 diputados se asumían como indígenas y era aún más difícil que alguien se asumiera homosexual. Las llamadas “cuotas” constituyen acciones afirmativas para equilibrar la balanza de la representación política, de ninguna manera son varitas mágicas contra los males de este país. Toda persona electa es susceptible de hacer mal uso de su posición de poder. Sin embargo, si el problema es la corrupción, esta debe ser combatida, no los mecanismos para que grupos vulnerados accedan a cargos públicos.

3. Una representación plural contribuye a desmontar el sistema de clase, raza y género que ha mantenido el régimen político en manos de una elite cerrada y más o menos homogénea. Aunque las candidaturas por género, etnia, diversidad sexual y discapacidad no garantizan una sociedad igualitaria, representan de suyo el reconocimiento de derechos político-electorales a capas más amplias de la población, en un sistema partidista dominado por hombres heterosexuales que reproducían el poder entre ellos y, en los últimos años, ha mostrado una tendencia a afirmar pertenencia de clase. Es habitual la resistencia a las políticas de inclusión electoral porque lesionan privilegios. En el pasado los partidos políticos postularon mujeres para que, una vez ganadas las elecciones, fueran reemplazadas por suplentes hombres. En febrero de este año, organizaciones de Yucatán acusaron a los partidos de no contar con propuestas que hicieran efectivo el acuerdo de inclusión del IEPAC y, en marzo, otras organizaciones impugnaron las candidaturas de Alpha Talavera (Morena), Liborio Vidal (PAN) y Jorge Canul (Movimiento Ciudadano), que desean ocupar el curul del Distrito I federal, destinado a pueblos indígenas. El Tribunal Electoral del Poder Judicial les revocó las candidaturas por no acreditar su pertenencia a comunidades mayas. Las estrategias de simulación eran esperadas y habrá que combatirlas en los años venideros.

Estoy convencido de que las cuotas electorales son necesarias, no porque representen la panacea contra la desigualdad política, sino porque constituyen un paso obligado por circunstancias históricas para brindar representación a grupos sociales que, de otra manera, se hubieran mantenido rezagados en la vida pública. Esto es un paso, más no condición única para la recomposición del régimen político. Lastres como la corrupción, el nepotismo y la traición a los compromisos adquiridos, seguirán presentes porque son dinámicas que atraviesan las estructuras políticas en toda su dimensión. Corresponde, entonces, una vez electos, vigilar el desempeño de quienes ocupan cargos públicos, a fin de que la representación por género, etnia, diversidad sexual y discapacidad se traduzca en políticas de igualdad más amplias y contundentes.

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El pasado nos alcanzó

En defensa de la pizza con piña

Ricardo Maldonado Arroyo-

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En más de una ocasión he leído o escuchado bromas respecto a la pizza con piña. Por alguna razón se ha vuelto objeto de descalificaciones jocosas y debates apasionados en torno a su sabor, naturaleza (¿es un platillo o un postre?) y la afrenta que significa distorsionar una de las máximas creaciones de la cocina italiana. La pizza hawaiana, como coloquialmente se le conoce, parece ser menos “auténtica” u “original” que una con salami, champiñones o albahaca. La inconformidad del chef Enrique Olvera por quienes exprimen limón sobre sus creaciones, se queda corta ante tan extensas y sesudas argumentaciones.

Me quiero detener en el punto de su “originalidad”. La historiadora Carol Helstosky ofrece pistas acerca del origen histórico de la pizza. Esta apareció en el siglo XVIII en Nápoles como un platillo de bajo costo cuya base consistía en pan, queso y tomate. Por varias décadas la pizza estuvo asociada a la pobreza de las clases trabajadoras, solía consumirse en las calles y sus otros ingredientes eran, más bien, austeros: sal, manteca de cerdo o ajo. Hubo panes planos que le antecedieron, como el plakuntos de los etruscos, la placenta romana o la focaccia y la torta de origen medieval, pero todo indica que la pizza como hoy la conocemos se creó en Nápoles.

Para que la pizza se diseminara por el mundo tuvo que llegar a Estados Unidos, primero, de la mano de migrantes italianos que cruzaron por millones el Atlántico a partir de 1880; luego, por soldados estadounidenses y británicos que, tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, promovieron el establecimiento de restaurantes italianos donde pudieran reproducir las delicias que probaron en tierras lejanas. Después de conquistar Estados Unidos, la pizza se popularizó a escala mundial. Ya desde esos años, se hizo patente la fusión de las recetas napolitanas con gustos locales, derivando en creaciones como la muffuletta de Nueva Orleans, el cioppino de California, el tomato pie, la English muffin pizza y la bagel pizza, siempre en Estados Unidos, así como la fugazzeta argentina. Ninguna versión sería aceptada por la población italiana como “auténticas” pizzas.

La globalización de la pizza permite visualizar una cualidad constante en las cocinas del mundo, desde las más localizadas hasta las más interconectadas: todos los platillos son resultado del intercambio cultural, el cambio histórico, adaptaciones e hibridaciones, relaciones de dominio y coexistencia de varias culturas. La comida es reflejo y vehículo de las interconexiones globales. Por eso hay pizza hawaiana (cuyo origen sigue en discusión), pero también pizza de pastor en México o la pizzanucho de Yucatán. Puede llevar, prácticamente, cualquier ingrediente. De hecho, más de un(a) italiano(a) se horrorizaría de ver cómo le añadimos chile molido, salsa botanera, salsa inglesa, chiles jalapeños o porciones generosas de queso.

Ante el embate de la globalización, la Associazione Verace Pizza Napoletana (VPN) estableció en 1997 la denominación de origen de la pizza, reconociendo únicamente tres de sus variantes, la margherita, la marinara y la margherita extra, siempre y cuando se respete su elaboración artesanal. Es fácil inferir que la iniciativa fue un rotundo fracaso y, hoy por hoy, los habitantes del mundo consumen sin empacho rebanadas de pizza con sushi, chuleta, plátano y hasta malvaviscos. En resumen, no existen platillos más auténticos que otros, al menos no en el sentido de reproducir una receta “original” que, muchas veces, se pierde entre incógnitas del pasado; la “autenticidad”, “tradición” y “originalidad”, la otorgan las comunidades para quienes esos platillos poseen especial significado. Así que, descuide, mi recomendación es comer la pizza como mejor le plazca, pues mientras cierro este texto como, muy a gusto, una rebanada de pizza con piña espolvoreada con orégano y chile molido.

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VIH/Sida: prevención sin estigmas

Ricardo Maldonado Arroyo-

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Pese a haber transcurrido casi cuatro décadas desde su aparición en la prensa, el VIH/Sida todavía encierra interrogantes. Hay novedades en el diagnóstico y tratamiento que, como todo conocimiento especializado, tardan en difundirse entre la población. También hay información básica que debería ser de dominio público, pero sigue generando dudas, estigmas y discriminación. Por eso hay quien cuestiona las razones por las que las personas con VIH/Sida comunican o no su condición antes de tener prácticas sexuales, en lugar de enfocarse en acciones de autocuidado.

Es un error exigir que las personas con VIH/Sida revelen su diagnóstico para evitar más transmisiones, o solicitar pruebas de VIH antes de aceptar una pareja sexual. No sólo en un error, es una postura engañosa. Lo primero que toda persona debe saber es que las pruebas de VIH detectan anticuerpos generados por el organismo ante la presencia del virus, pero esto solo puede hacerse después de un tiempo denominado periodo de ventana que, de acuerdo con la sensibilidad del reactivo, puede durar entre dos y tres meses. Antes no se pueden detectar. Entonces, si el objetivo de hacerse la prueba es tener sexo sin protección, debe considerarse que no es posible tener plena certeza del estatus de otra persona. Si la transmisión ocurrió ayer, no hay forma de saberlo.

Si decide tener sexo sin condón, entonces entramos a la esfera de la responsabilidad. La epidemia del VIH/Sida nos ha recordado nuestra vulnerabilidad en el plano sexual. Pero también que, en prácticas sexuales consensuadas y consentidas entre adultos, cada quien debe asumir responsabilidades respecto a su propio cuerpo y salud. Si usted tuvo oportunidad de estudiar, acceso a información y ejerce su sexualidad de manera libre, no espere que otras personas le cuiden. Toda práctica sexual entraña una responsabilidad, cada quien decide cuál asumir. Para minimizar los riesgos, el condón usado de manera correcta y consistente, continúa siendo la mejor herramienta de prevención. Puede exigirlo en sus prácticas sexuales, incluso con su cónyuge. La responsabilidad recae en una sola persona cuando media la violencia o la vulnerabilidad social, es decir, cuando las prácticas sexuales son forzadas o no hay condiciones para negociar el uso del condón. Si ese no es el caso, usted tiene que hacerse responsable de su propio cuerpo.

Respecto a las personas con VIH, el parámetro es el mismo: son responsables de su salud, no de la ajena. “Alertar” acerca del estatus de un tercero es un acto de discriminación porque contribuye a estigmatizar, segregar y a mantener la idea de que ciertas personas son “focos de infección”, además, delata profundo desconocimiento del tema. Se pueden tener prácticas sexuales de manera segura con quien vive con VIH, usando correctamente el condón, de la misma forma que se hace con personas no diagnosticadas. Las medidas de prevención son universales. Actualmente hay suficiente evidencia científica para afirmar que las personas con VIH en tratamiento, con la infección controlada (indetectables), no transmiten el virus. Igual hay tratamientos preventivos para sus parejas. Por tanto, haber tenido contacto sexual con una persona con VIH no es condición suficiente para contraer el virus, para ello tiene que haberse ignorado todos los métodos de prevención.

Finalmente, criminalizar la transmisión del VIH perpetúa la atmósfera de linchamiento que se vivió a principios de la epidemia. ¿Quién desearía conocer su estatus de VIH o compartirlo con su pareja sexual, sabiendo que pueden exhibirlo? Una atmósfera de persecución desalienta el interés por realizarse la prueba, aspecto problemático porque la detección oportuna es crucial para controlar la infección y disminuir el número de casos nuevos. En conclusión, tanto la prueba de VIH como nuestras prácticas sexuales deben ser libres, consentidas e informadas; y revelar el resultado de la prueba compete únicamente a la persona directamente involucrada.

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