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La Nación y el Mundo

Cámaras industriales se suman a “El Buen Fin” para ofrecer mejores precios a clientes

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Foto: https://www.elsoldelcentro.com.mx/finanzas/aprovechar-beneficios-de-este-buen-fin-2019-4458925.html

Concanaco y Concamin firman convenio de colaboración para aumentar la presencia de productos hechos en México

Ciudad de México,  8 de octubre de 2020.- Para fortalecer la reactivación económica del país, y ampliar el catálogo de productos elaborados en México que se ofertarán en este año en El Buen Fin, 40 cámaras industriales participarán con descuentos de fabricantes para que sus proveedores puedan reducir sus costos, y aumentar sus ofertas y promociones durante los 12 días del evento comercial más importante del año.

Para ello, las Confederaciones de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytru) y la de Cámaras Industriales (Concamin), firmaron un convenio de colaboración, que ayudará a activar la producción para atender la demanda del consumo que se tiene durante el programa comercial más importante del país, que se realizará del 9 al 12 de noviembre.

Al presidir la firma del documento, el presidente de la Concanaco Servytur, José Manuel López Campos, destacó que con esta acción se abre la posibilidad de aumentar la presencia de productos elaborados en el país, dando un gran impulso al evento, y motivando a los mexicanos a solidarizarse con los productores nacionales, para apoyar entre todos la recuperación de los empleos que se perdieron por la pandemia. 

En presencia del jefe de la Unidad de Competitividad y Competencia de la Secretaría de Economía, Jorge Eduardo Arreola Cavazos, de los presidentes de la Concamin, Francisco Cervantes Díaz, y de las Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicios y Departamentales (Antad), Vicente Yañez Solloa, López Campos subrayó que la reactivación económica requiere de la unión, esfuerzo y voluntad de todos los sectores.

Esta alianza, puntualizó, abre la posibilidad de incrementar la presencia de productos elaborados en el país, durante El Buen Fin, activar su producción para atender la demanda del consumo durante el programa, lo cual permite mantener la dinámica de la cadena de proveeduría y de valor.

Resaltó que la décima edición de El Buen Fin llega como un movimiento fortalecedor de la reactivación económica del país, que impulsan organismos y asociaciones empresariales de diversos giros, en coordinación con autoridades federales.

Por segundo año consecutivo, precisó, la Concanaco Servytur firma un convenio con la Concamin, que permite la integración de cámaras de la industria del calzado, vestido, panadería, restaurantera, construcción, vivienda, mueblera, tecnología de la información y comunicación, así como textil, de la platería y joyería, de la construcción entre otras, anotó.

El presidente de Concanaco aseveró que la firma del documento y la participación de organismos empresariales de diversos giros dará seguridad a los consumidores de estar adquiriendo productos de excelente calidad, a los mejores precios, y con garantía, en beneficio de la economía del país.

Con este convenio, Concamin se compromete a promover entre sus afiliados las reglas de operación del Programa de El Buen Fin, con el único objetivo que cada una de las empresas que se sumen a este evento respete la normatividad que rige al mismo.

José Manuel López Campos confió en que El Buen Fin 2020 será el inicio de la Recuperación Económica del país, al promover la reactivación de sectores que se paralizaron porque las empresas dejaron de laborar durante la contingencia sanitaria.

Al respecto el líder de la Concamin, Francisco Cervantes indicó que este convenio se traducirá en menores precios durante el evento comercial, a fin de incentivar el consumo que permitirá el inicio de la recuperación de los empleos que se perdieron por la pandemia en el país. 

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Madre América: Chile

Triunfo histórico del pueblo chileno

Héctor Hernández Pardo

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Varios acontecimientos políticos esperanzadores vienes marcando los últimos meses a América Latina, luego de lo que parecía un avance de la derecha conservadora tras apoderarse del gobierno en determinados países del área y truncar así sueños de justicia social.

Son hechos la victoria de Alberto Fernández y Cristina Kirchner en Argentina, el éxito electoral de MORENA en México, la recuperación del gobierno por el Movimiento al Socialismo en Bolivia y ahora el histórico plesbicito en Chile, que abre las puertas para una nueva constitución en esa república sudamericana.

En todos los casos mencionados las fuerzas populares han dado una demostración de madurez y conciencia política que advierten a los grupos de poder en Estados Unidos, que tradicionalmente manejan la relación con Nuestra América como si fuera el patio trasero de aquel imperio, que ya no es posible así  enfrentar esta región.

En el caso de Chile, donde en 1973 la CIA y sus cómplices militares, con el general Augusto Pinochet a la cabeza, dieron un sangriento golpe de Estado al presidente constitucional doctor Salvador Allende, el pueblo de ese país ha obtenido una victoria resonante en el referéndum de ayer domingo 25 de octubre al rechazar la constitución vigente de la dictadura y reclamar una nueva que deberá redactarse por una asamblea popularmente elegida.

Casi el 80 % de los chilenos ratificaron que quieren otra constitución y que la misma debía redactarse en una convención constituyente, que en este caso será formada por 155 ciudadanos que serán elegidos en su totalidad por el voto popular, lo cual es primera vez en historia de esa nación.

El camino hacia ese proceso para redactar una nueva Carta Magna no ha sido fácil, y queda clara que tampoco es el fin de esa lucha. 

Recuérdese que el cambio de Constitución era uno de los reclamos,  junto a otros destinados a buscar una ansiada justicia social y modificar el modelo económico, uno de las demandas que se escucharon jerarquizadamente en decenas de manifestaciones que estallaron en octubre del 2019 y que se multiplicaron en las semanas y meses siguientes, cruelmente reprimidas por los carabineros, y cuyo saldo–según cifras oficiales-provocaron la muerte de decenas de personas, cientos de heridos y detenidos.

El gobierno de Sebastián Piñera trató de ganar tiempo y aprovechar la pandemia. Había postergado con ese pretexto el referéndum. Pero la presión popular se mantuvo. Estallidos sociales se hicieron dueños de las calles de importantes ciudades, como Santiago, Antofagasta, Concepción y Valparaíso, con barricadas y con muchos carteles que impugnaban al jefe del gobierno. Algunos de ellos decían: “El Piñerismo es más mortal que coronavirus”. 

Según las normas para integrar la Asamblea Constituyente se garantizara en su composición la presencia igualitaria de género y una cuota para los pueblos indígenas. 

El júbilo con que los chilenos recibieron este resultado, esperado, no es sorpresa.  Ahora, según el cronograma previsto, las elecciones para determinar los miembros de la Asamblea Constituyente serán el 11 de abril próximo; en mayo quedarán inaugurados sus trabajos, y en el segundo semestre del 2022 el texto será sometido a la ratificación por el pueblo. 

Líderes populares han ratificado que entre los principales temas que se abordarán en el órgano constituyente estarán de manera priorizada la desigualdad y las reformas sociales, demandas básicas y permanentes de las protestas que llevaron a este referéndum.

Lo ocurrido en Chile (y lo que está por venir), para muchos en aquel país de Sudamérica (y en el mundo), hacen  recordar aquellas últimas palabras de Salvador Allende, cuando el Palacio de La Moneda, donde se encontraba era bombardeado por la Fuerza Aérea,  minutos antes de su asesinato el 11 de septiembre de 1973: 

“Trabajadores de mi Patria, tengo fe en Chile y su destino. Superarán otros hombres este momento gris y amargo en el que la traición pretende imponerse. Sigan ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde, de nuevo se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! “

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Madre América: Bolivia

Bolivia y la Revolución Democrática Latinoamericana

Juan J. Paz y Miño Cepeda

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Después de su proceso independentista, la primera mitad del siglo XIX en la República de Bolivia fue inestable y bajo constantes amenazas de sus vecinos. Con el caudillo militar Andrés de Santa Cruz y Calahumana (1829-1839), primer presidente de origen indígena (en realidad, mestizo) y Protector de la Confederación Peruano-Boliviana (1836-1839), se logró imponer el orden y la institucionalización del Estado, con la profesionalización del ejército, la reestructuración de los organismos seccionales, la nueva legislación civil y penal, el arreglo y severa vigilancia de las finanzas públicas. Fue un esfuerzo modernizante y reformista temprano, beneficiado por una economía estable y creciente, basada en la diversificación agrícola y minera, los convenios y aperturas comerciales, la extensión de carreteras y otras inversiones públicas, el impulso a la educación general, incluyendo la universitaria con apoyo para estudios en Europa. A Santa Cruz le correspondió defender la Confederación, cuya derrota le obligó a salir del país, llegando a establecerse en Ecuador: primero en Guayaquil y luego en Quito.

Siguieron años de inestabilidad e incluso la pérdida del territorio boliviano que permitía su salida al mar, debido a la Guerra del Pacífico (Chile contra Bolivia y Perú, 1879-1884), claramente económica, por la disputa de territorios ricos en salitre, que pasaron bajo la jurisdicción del victorioso Chile. Al iniciarse el siglo XX, la economía minera dio un giro, al pasar de la plata al estaño, que se convirtió en el centro de las exportaciones y del poder de los “barones del estaño”. Los liberales, que desplazaron a los conservadores y sus “patriarcas de la plata”, lograron cierta “modernización” proto-capitalista del país, aunque sin superar las miserables condiciones de vida y de trabajo de la mayoritaria población indígena nacional, sometida al régimen de las haciendas. Sin embargo, a partir de la década de 1920, la legislación social y laboral, motivada por el ascenso de las luchas obreras y campesinas, así como la labor social e ideológica de los nuevos partidos de la izquierda política, e incluso con varios de los gobiernos militares nacionalistas y reformistas de los 30 y los 40, se inició en Bolivia el largo camino para la superación del régimen oligárquico, un proceso compartido con otros países como Ecuador, en el cual la Revolución Juliana de 1925 también sentó las bases para superar el Estado oligárquico.

La Guerra del Chaco (1932-1935) con Paraguay, desangró tanto a Bolivia como a su vecino, por un territorio cuyo manto de horror escondió los intereses de las gigantes petroleras imperialistas Shell y Standard Oil. Desde entonces, en Bolivia se agudizaron los conflictos entre las crecientes clases trabajadoras y la elite oligárquica, profundamente racista y cada vez más antidemocrática. De hecho, esos sectores trataron de impedir e inmediatamente desconocieron el triunfo electoral de Víctor Paz Estenssoro, del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), lo cual provocó la Revolución Nacionalista (1952), una impresionante jornada popular, incluso respaldada por las armas, que retornó del exilio a Paz Estenssoro. Su presidencia (1952-1956) ejecutó un programa radical: nacionalización del estaño, estatización de minas, reforma agraria, soberanía frente a las compañías extranjeras, voto universal, reforma educativa, promoción de inversiones, bienes y servicios públicos. Le sucedió Hernán Siles Zuazo (1956-1960), quien afrontó una economía débil, pero continuó con el proyecto reformador. La Revolución Boliviana logró poner fin al dominio económico de la “rosca minero-feudal” de la plata y del estaño, favoreciendo incluso la formación de una burguesía chola (cunumis), proveniente de sectores populares emergentes.

El retorno de Paz Estenssoro (1960-1964), coincidió con el destape de la “guerra fría” en América Latina, motivada por el triunfo de la Revolución Cubana (1959), de modo que en 1964 un golpe militar se orientó por la liquidación del “comunismo”. Siguieron años de gobiernos militares anticomunistas (en 1967 es derrotada la guerrilla dirigida por Ernesto Che Guevara), aunque entre 1970-1971 el general Juan José Torres resultó un paréntesis efímero por su orientación “izquierdista” y antimperialista, comparable con los gobiernos del “socialismo peruano” del general Juan Velasco Alvarado (1968-1975) y del “Nacionalismo Revolucionario” del general Guillermo Rodríguez Lara (1972-1976) en Ecuador, quienes lograron, en estos dos países, un tipo de desarrollismo de vertiente social, que permitió superar definitivamente el régimen oligárquico característico de buena parte del siglo XX latinoamericano.

El coronel Hugo Bánzer (1971-1978) dio el golpe de Estado que instaló una dictadura hermanada con el terrorismo que implantaron las dictaduras militares del Cono Sur de la época. Esa política fue revivida por el general Luis García Meza (1980-1981), hasta que en 1982 Bolivia logra iniciar los gobiernos constitucionales. Increíblemente es Víctor Paz Estenssoro (1985-1989) quien dio inicio a la carrera neoliberal en Bolivia, continuada por los gobernantes posteriores, al mismo ritmo de lo que también ocurría en casi toda Latinoamérica, de la mano del FMI, el BM y el Consenso de Washington. Pese a los reformismos de otros momentos históricos, en Bolivia la situación de los indígenas, pobladores, campesinos, mineros, trabajadores y capas medias, no había logrado mejoras estructurales y definitivas; pero el neoliberalismo arrasó con los avances sociales y aceleró la hegemonía económica y política de elites rentistas, aliadas con los intereses del capital transnacional y diferenciadas por sus poderes regionales.

El gobierno de Evo Morales (2006-2019), primer presidente indígena (aymara) liquidó el neoliberalismo heredado, impulsó una economía social inédita, que pasó a ser ejemplar en América Latina por su crecimiento y dinamia, pero sobre todo, desarrolló políticas de amplio beneficio popular (miles de bolivianos salieron de la miseria, la pobreza y el desempleo), sobre la base del reconocimiento a la plurinacionalidad del país y la guía de los principios del Buen Vivir, consagrados por la Constitución de 2009. Estos logros, internacionalmente reconocidos por entidades como la CEPAL, pero también por el mismo FMI, el BM y las NNUU, desplazaron el antiguo poder de los clanes ricos, las elites propietarias y las “burguesías cholas”, que nunca perdonaron el camino seguido por el “indio comunista”. En 2008 los prefectos de la región de la Media Luna (Santa Cruz, Tarija, Beni, Pando) encabezaron la agresiva desobediencia civil, con la amenaza de una guerra interna. En internet han quedado las imágenes de los ataques y agresiones a los “indios de mierda”, con los que las elites supuestamente “blancas” pretendían hacer notar quiénes son los “señores”.

Las elecciones de 2019 se transformaron en la oportunidad para que, a través del golpe de Estado interno y las maniobras con apoyo internacional (OEA a la cabeza), se impusiera la renuncia de Morales (el Vicepresidente y los colaboradores), su salida del país con asilo político inicial en México y la instauración del gobierno de Jeanine Áñes, quien recuperó el dominio del Estado para las derechas económicas y políticas, bajo inspiración del neoliberalismo (y la Biblia, a su modo). Se implantó la directa represión a los movimientos sociales (ha sido sangrienta la que sufrieron los indígenas), el autoritarismo y la política de persecución a Evo, al Movimiento al Socialismo (MAS) y a todo izquierdismo progresista. Los acelerados retrocesos económicos y sociales, que multiplicaron la pobreza y el desempleo incluso por la crisis de la pandemia por el coronavirus, no han podido ocultarse y constan en los informes que también han difundido las entidades internacionales antes mencionadas.

En medio de esas condiciones, las elecciones que se convocaron para octubre de 2020 activaron la lucha política, en la cual actuaron medios de comunicación, las manipulaciones legales y electorales, el intervencionismo gubernamental y las campañas derechistas para impedir el triunfo del binomio del MAS. Todo resultó infructuoso, pues Luis Arce Catacora y David Choquehuanca alcanzaron un aplastante triunfo con el 52% de los votos en primera vuelta.

El proceso electoral y sus resultados han producido un fenómeno de singular importancia en América Latina, porque no sólo significan el retorno del progresismo, sino la configuración de una inédita revolución democrática, que merece ser analizada y comprendida desde otras perspectivas. De la tradicional “política en las calles”, impedida por la pandemia o por la represión, se ha pasado a la movilización electoral de los sectores populares y clases medias, que asumieron, con plena conciencia, sus votos a favor de un proyecto político específico de cambio social y económico, contra el neoliberalismo y el dominio político de las burguesías y oligarquías racistas y clasistas. Un fenómeno que rebasó todos los esfuerzos oficiales e internacionales por impedir que se produzca. Además, no implica el “retorno” de Evo Morales -como han combatido los opositores-, sino la renovación en las personalidades y fuerzas políticas, con la intención de recuperar y dar continuidad a los logros que alcanzó el gobierno de Evo, pero también con el interés de responder al pronunciamiento colectivo para superar los errores y pulir el camino de construcción de una nueva sociedad.

Es tan significativo este giro en la política latinoamericana, que Bolivia pone de manifiesto una realidad que podría extenderse a otros países de la región: el triunfo de las fuerzas progresistas y democráticas, de las izquierdas de avanzada social, ha descolocado a las derechas económicas y políticas más radicales, a tal punto que ellas han pasado a cuestionar la propia democracia y a recelar de los procesos electorales; apelan al intervencionismo con golpes blandos o duros, y abiertamente manifiestan no estar dispuestas a reconocer a los adversarios, en quienes ven un peligro para la “nación” y una amenaza para la “sociedad”.

Con mucha razón, las expectativas latinoamericanas han puesto sus miras sobre Ecuador, país en el cual las elecciones de febrero de 2020 podrían ratificar la tendencia marcada por Bolivia o detenerla al menos temporalmente, porque el siglo XXI ha pasado a definir la democracia por la activa incorporación política de los sectores populares, su ascenso electoral y la confrontación directa con las elites del poder económico neoliberal.

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La Nación y el Mundo

En delitos de crimen organizado, diez estados en rojo

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Foto: https://omnitempus.com/en/2018-en/desafios-frente-al-crimen-organizado-transnacional-en-las-americas-y-el-caribe-2/

La estrategia para reducir la violencia extrema en el país no va por buen camino, señalaron integrantes del Semáforo Delictivo.

Monterrey, Nuevo León, a 22 de octubre de 2020.-Conforme al reporte del Semáforo Delictivo, al cierre del tercer trimestre del año, 10 estados se encuentran en rojo o doble-rojo en el Semáforo de Delitos de Alto Impacto. Esta herramienta mide específicamente los delitos de crimen organizado, como homicidio, secuestro, extorsión, narcomenudeo y robo de vehículos. Los estados en doble-rojo, los peor evaluados, son Colima, Baja California, Zacatecas, Quintana Roo y Guanajuato; y en rojo se encuentran Michoacán, Chihuahua, Sonora, Morelos y Estado de México. Por el contrario, las entidades mejor evaluadas, son Chiapas, Coahuila, Nayarit y Tamaulipas.

“El homicidio tuvo una ligera reducción en septiembre, pero aun así, este año cerraremos con casi 35,000 víctimas de homicidio. Al cierre del noveno mes ya llevamos 26,231 víctimas. El 63% del homicidio está concentrado en nueve estados: Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Estado de México, Michoacán, Jalisco, Sonora, Veracruz y Guerrero. Es por mucho, el peor arranque de sexenio y una clara muestra de que la estrategia para reducir la violencia extrema en el país no va por buen camino”, aseguró Santiago Roel, director del Semáforo Delictivo. 

Ocho de cada diez homicidios son ejecuciones perpetradas por bandas del narcotráfico, y este delito es provocado por una sola causa, el mercado negro de drogas. “Mientras el gobierno federal siga evadiendo el tema de regulación de drogas como una estrategia para debilitar económicamente a los cárteles, seguiremos viendo tasas muy altas de homicidio en el país. Las mafias de la droga se siguen peleando el territorio con plata y con plomo”, sentenció Roel y añadió, “es una guerra contra el Estado de Derecho que colapsa a la sociedad y al gobierno e impacta negativamente en otros delitos como el secuestro, el robo de autos y la extorsión”.  

“Nos preocupa que el gobierno federal evada su responsabilidad en este tema y pretenda culpar a los estados, intentar resolverlo con más militarización y tratar de salir del paso con mensajes confusos, en lugar de hacer lo correcto que es regular las drogas que tengan mercado negro en el país, fortalecer a las policías municipales, mejorar la coordinación con los estados, aceptar los problemas y, sobre todo, aceptar las soluciones, vengan de donde vengan”, sostuvo Santiago Roel.

Reducción artificial de delitos

El 2020 es un año atípico. Algunos delitos se han reducido artificialmente en el año por la pandemia y el confinamiento, como son los casos de secuestro, extorsión, robo de vehículos, robo a casa habitación, robo a negocio y lesiones dolosas. Sin embargo, a medida que aumenta la movilidad de la población, estos delitos regresarán a los amarillos y los rojos. 

Delitos socio-familiares

El confinamiento, en cambio, ha incrementado la violencia familiar, el feminicidio y la violación a menores de edad. “Todos estos delitos se cometen en casa y el confinamiento ha incrementado el riesgo. En los últimos meses los vemos en rojo. Urgimos a las autoridades federales, estatales y municipales a una estrategia preventiva para paliar el riesgo… Es mucho más efectivo prevenir que perseguir delitos”, concluyó Roel Rodríguez.

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