El
domingo primero de agosto del 2021 pasará a la historia como una jornada
inédita en la vida democrática de nuestro país. Será recordado como el día en que
se llevó a cabo la primera consulta popular en México. No es un asunto menor si
tomamos en cuenta que este ejercicio de democracia participativa tuvo que
esperar 197 años desde la consolidación de nuestra independencia. Preguntar a
las ciudadanas y ciudadanos sobre asuntos de interés público. Pero más aún, una
consulta que ponga el énfasis en las victimas de injusticias en la geografía
nacional y en la recuperación de la memoria histórica, resulta nodal en el
ejercicio democrático de las naciones modernas. Permite transitar de la
representación a la participación.
La
ley no se consulta se aplica, es el argumento central que guio la narrativa de
quienes se pronunciaron en contra de este ejercicio de participación ciudadana.
Sin embargo, cabría recordar que en México los ejercicios de justicia requieren
del respaldo popular o quedan en el olvido de la ignominia. Pese a que en
nuestro país las figuras populares de plebiscito o consulta ciudadana existen
en la Constitución Política, han sido letra muerta durante toda nuestra
historia moderna.
Pero
en estos últimos días se ha hablado en la esfera pública y privada como nunca
antes sobre el halo de injusticia que se apoderó de México durante más de
cuarenta años. Volvimos a nombrar victimas a las víctimas y victimarios
cómplices a quienes con su omisión y alevosía permitieron un periodo de
oscurantismo e impunidad.
No
olvidemos las férreas críticas que recibieron los juicios, muchísimos años
después, sobre los crímenes de la dictadura argentina. Aun así el gobierno
Kirchnerista insistió en llevar a cabo este tipo de juicios que hoy son ejemplo
mundial. Yo tengo un par de amigas que lograron justicia en los juicios de la Perla
en Córdoba, Argentina; en el año 1979 la dictadura Argentina desapareció,
torturo y asesino a sus esposos; 37 años después lograron la justicia,
escucharon el nombre de sus muertos y la sentencia condenatoria a cadena
perpetua por estos hechos. ¿Alguien puede escatimar la felicidad ante la
justicia, aunque sea 37 años después? Luciano Benjamín Menéndez y Ernesto
Guillermo Barreiro, los responsables, terminaron además de encarcelados denostados
y apestados incluso por sus familias quienes aseguraron no saber el oficio de
torturadores que ejercían.
De
eso se trata esta consulta. De enjuiciar públicamente, aunque en muchos casos
no podamos fincarles responsabilidades penales,
a quienes nos lastimaron con sus decisiones presidenciales en detrimento
del sentir popular. Es justo que les reclamemos su actuar y que nunca más
ocurran episodios oscuros como la guerra contra el narco, el FOBAPROA o La
Estafa Maestra.
Si
bien hay algo de cierto en el hecho que las autoridades mexicanas no requieren
(técnicamente) del respaldo popular para ejercer acciones penales y
administrativas ante personajes que hayan actuado en actos de corrupción,
también es verdad que en nuestro país el pacto de impunidad de la clase
política se ha impuesto incluso como estrategia transexenal.
En
México un ejercicio ciudadano de consulta popular, como el de ayer es un hecho
absolutamente inédito. Nunca antes hemos tenido oportunidad de ejercer nuestro
derecho a la consulta. Nuestra democracia ha constreñido a votaciones en
procesos electorales donde se eligen cargos de elección popular; pero una
consulta que podría ser vinculante había sido, cuando menos, una utopía hasta
hoy.
Existen
una serie de elementos que pusieron en entredicho esta herramienta colectiva de
toma de decisiones. En primer lugar se afirmó que es una consulta planteada por
el Presidente de la República para capitalizar su posición política hegemónica.
Si bien es verdad que el principal impulsor de la consulta es Andrés Manuel
López Obrador, tampoco podemos soslayar el hecho que fuimos más de 2.5 millones
de ciudadanos quienes la gestionamos. Recabamos firmas, organizamos mesas de
información y finalmente logramos validar esta participación ante el Instituto
Nacional Electoral. Logramos el 2.32% de firmas de la lista nominal, aun cuando
la ley establece como mínimo el 2% de dicha lista. Lo dicho no es una consulta
propuesta desde Palacio Nacional, sino un ejercicio de gobernanza popular.
Otro
asunto relevante que los detractores expresaron radica en la falacia
argumentativa de la pregunta consultada. Pero no pequemos de inocencia, ni
transitemos el camino del eufemismo. Es verdad que la Suprema Corte de Justicia
generó un galimatías absurdo, pero igual es cierto que en un sistema
presidencial como el nuestro la punta del iceberg de la corrupción e impunidad
serían los Expresidentes. Más aun, la
litis original que dio pie a esta consulta siempre fueron quienes gobernaron
este país en la época moderna bajo el manto de la impunidad y la escasa
rendición de cuentas. Ejemplos tenemos de sobra: FOBAPROA, Amigos de Fox,
Monex, tarjetas Soriana, Estafa Maestra, Guerra contra el narco con un fiscal
procesado en Estados Unidos, etc. Nadie con dos dedos de frente podría imaginar
que los Presidentes en turno no sabían de estos hechos delictivos. Finalmente
fue la Suprema Corte de Justicia, en función de la presunción de inocencia,
quien determinó la pregunta final, pero lo que se está consultando es la
complicidad del sistema presidencialista mexicano en la constitución del pacto
de impunidad que nos gobernó, al menos desde la consolidación del
neoliberalismo en el mandato de Carlos Salinas de Gortari.
Finalmente
se cuestionó el costo de la consulta popular, que ascendió a los 528 millones
de pesos. Cierto que no es una cantidad despreciable, pero valdría la pena
exponer que ese presupuesto no es un dinero exprofeso para la Consulta, sino
parte del presupuesto que estaba asignado al Instituto Nacional Electoral. No
valen los argumentos sobre que este dinero podría haberse usado para vacunas o
tratamientos oncológicos, puesto que es parte de las participaciones que el INE
tenía asignado y no era posible reorientarlo.
Igual,
valdría la pena poner en perspectiva los saqueos que ha tenido nuestro país en
casos de corrupción. El FOBAPROA convirtió deuda privada de banqueros y
empresarios en deuda pública por un monto en la actualidad de 2 billones de
pesos, deuda que los mexicanos pagaremos cincuenta años. La Estela de Luz, un
ícono de la administración de Felipe Calderón costó 400 millones de pesos. La
Estafa Maestra desapareció 3mil 477 millones de pesos. El IFE, antecedente del
INE multó al PRI por el PEMEXGATE por 1000 millones de pesos y al PAN con los
amigos de Fox por 545 millones de pesos. Sirva esto para poner en millones de
pesos lo que nos ha costado la democracia en nuestro país.
Ayer
participé en la consulta popular y me siento orgulloso de haberlo hecho. Aunque
sé que fue un asunto más simbólico que judicial, también entiendo que la
violencia e impunidad deben acabar en este país y un ejercicio de esta
envergadura resulta nodal para continuar construyendo la vía democrática de
México. No entiendo cómo hay personas que por su odio irracional a un personaje
como AMLO, les impulsa a negar un evento inédito en la vida pública de nuestra
república.
Participe
en la consulta porqué quiero poder verle a los ojos a mi sobrino de dos años y
sentirme orgulloso cuando le comparta que fui parte de la construcción de la
democracia participativa de este país. Porqué la digna rabia es mi vocación y
esa nadie me la puede quitar
