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Madre América

Bicentenario de la independencia de Centroamérica

Sergio Guerra Vilaboy

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Cuadro del chileno Luis Vergara Ahumada de 1957

Hace doscientos años, el 15 de septiembre de 1821, se declaró la independencia de la América Central, entonces Capitanía General de Guatemala, arrastrada por los vertiginosos acontecimientos de México. En febrero de ese año se había proclamado el Plan de Iguala por Agustín de Iturbide, el 5 de julio depuesto él virrey y el 24 de agosto firmado el Tratado de Córdoba, preludio de la proclamación del Imperio Mexicano.

Durante los años de la crisis española iniciada con la invasión napoleónica a la península ibérica, la aristocracia de la Capitanía General de Guatemala, mantuvo su fidelidad a las autoridades tradicionales, temiendo un levantamiento popular como el que sacudía a México desde 1810. Pero los acontecimientos que ahora tenían lugar en el Virreinato de Nueva España provocaron manifestaciones callejeras en la capital centroamericana exigiendo la independencia, alentadas por el ala liberal criolla, liderada por el cura José Matías Delgado y el teniente de milicias José Francisco Barrundia. Bajo la presión pública, el cabildo de la ciudad de Guatemala se reunió y sin alternativas aprobó, el 15 de septiembre de 1821, la separación de España.

El acta de independencia, redactada por el intelectual hondureño José Cecilio del Valle, reconocía que, “oído el clamor a viva la Independencia que repetía de continuo el pueblo que se veía reunido en las calles, Plaza, Patio, corredores y Antesala de este Palacio”, se optaba por la ruptura con la metrópoli “para prevenir“, según indicaba el propio documento, “las consecuencias que serían temibles en el caso de que la proclamase de hecho el mismo pueblo“. Para acorralar a los republicanos de El Salvador y Honduras, se propuso la incorporación al naciente Imperio Mexicano, pues la colonia carecía de fuerzas propias para defender el orden. Por ese motivo, el 5 de enero de 1822, el capitán general español Gabino Gainza, en su nueva condición de Jefe Político Supremo de las Provincias del Centro de América, aceptó el Plan de Iguala y el Tratado de Córdoba, disolvió la junta constituida en la capital en septiembre y solicitó a Iturbide la ocupación militar del istmo. Los principales núcleos elitistas de la región respaldaron el plan anexionista: consideraban al sistema monárquico la mejor garantía a sus privilegios. En Nicaragua, el propio obispo Nicolás García Jerez se había adelantado al ordenar el 13 de octubre de 1821 jurar fidelidad a Fernando VII como “Emperador americano“, lo mismo que hizo un mes después el ayuntamiento de Quezaltenango.

La anexión a México, de inspiración conservadora, coincidió con las propias ambiciones de Iturbide. El gobernante mexicano comunicó a Gainza que una división del Ejército Trigarante marchaba hacia Centroamérica “para proteger la causa de la religión, independencia y unión” y oponerse a la “manía de innovaciones republicanas”, pues “el interés actual de México y Guatemala es tan idéntico e indivisible que no pueden erigirse naciones separadas e independientes sin aventurar su existencia y seguridad.” Con la incorporación de América Central, la jurisdicción del Imperio de Iturbide se extendió desde Texas hasta la frontera de Costa Rica con Panamá.

Los proyectos anexionistas de las elites criollas de México y Guatemala, aceptadas como mal menor por los círculos peninsulares, desataron airadas protestas en toda Centroamérica –incluso Costa Rica solicitó ayuda a Simón Bolívar-, aunque la mayor resistencia se vertebró en El Salvador. Encabezados por el cura Delgado, proclamaron la independencia, tanto de España como de México. El improvisado ejército formado por el salvadoreño Manuel José Arce con los peones e indios de las haciendas, fue derrotado por las experimentadas tropas mexicanas del general italiano Vicente Filísola el 9 de febrero de 1823, victoria pírrica pues unos días después caía el efímero imperio de Iturbide. Con un análisis penetrante, José Martí anotó en sus Notas sobre Centroamérica. “Guatemala, la residencia del Capitán General, era la más poderosa y la más rica, -y por ello provocaba la envidia y el odio-. En esa situación, se proclamó la independencia, sin esa vigorosa agitación tan necesaria en las nuevas épocas políticas para sacudir y lanzar lejos de ellas el polvo de las épocas muertas. La Independencia, proclamada con la ayuda de las autoridades españolas, no fue más que nominal, y no conmovió a las clases populares…solo la forma fue alterada.

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Habilitan centros de acopio para ayudar a la población afectada por inundaciones

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IMÁGENES CORTESÍA DE CONCANACO

Las CANACOS y CANACOPES son receptoras de ayuda para la población afectada por las lluvias e inundaciones en Hidalgo, Veracruz y el Estado de México. Se solicita agua, pañales, leche en polvo, toallas sanitarias, ropa y zapatos en buen estado, así como desinfectantes, gel y cubrebocas.


Ciudad de México, 14 de septiembre del 2021.- En solidaridad con las personas afectadas por las lluvias e inundaciones, las Cámaras de Comercio (CANACOS), y las Cámaras de Comercio en Pequeño (CANACOPES), habilitaron centros de acopio para entregar artículos e insumos básicos a las y los damnificados en Hidalgo, Veracruz y el Estado de México.
Así lo informó el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR), Héctor Tejada Shaar, quien cuando ocurren eventos meteorológicos, muchas personas se quedan sin hogar y sin insumos báscicos. 
Actualmente la CONCANACO SERVYTUR está en comunicación permanente con las cámaras de comercio de los estados afectados, brindando su apoyo al sector comercio, servicios y turismo, agregó.

 

IMÁGENES CORTESÍA DE CONCANACO


Por medio de las Cámaras, afirmó, se realizarán censos para tener la información precisa sobre el impacto a los negocios, a fin de gestionar ante las instancias correspondientes, públicas y privadas, programas financieros, fiscales y de otros tipos que permitan a los empresarios volver a reactivarse laboral y económicamente.
“Hoy requerimos la solidaridad, el apoyo y el compromiso de los que formamos la gran familia CONCANACO SERVYTUR, de quienes durante años hemos sido los generadores de empleos y riqueza, y hoy podemos, en la medida de nuestras posibilidades, aportar para mitigar el daño que muchos mexicanos padecen por las inundaciones”, aseveró.
Las CANACOS y CANACOPES, resaltó, están en disposición de abrir en sus instalaciones centros de acopio, donde se recomienda donar productos no perecederos como agua, pañales desechables, leche en polvo, toallas sanitarias, ropa y zapatos en buen estado; así como artículos de aseo personal, de limpieza y sanitización, equipos de limpieza, gel y cubrebocas, medicamentos para enfermedades respiratorias, gastrointestinales, de la piel y los ojos, alimentos para mascotas, entre otros.
El presidente de la CONCANACO SERVYTUR subrayó que ante las adversidades que viven ciudadanos de Hidalgo y el Estado de México, no debemos ser indiferentes, y como organismos empresariales menos, por ello es urgente sumar esfuerzos para ayudar a las personas que pasan por momentos muy difíciles.


“Aunque son tiempos difíciles para todo el país, los mexicanos siempre demuestran su solidaridad en situaciones adversas, y esta no será la excepción para apoyar a Hidalgo y el Estado de México, donde muchas familias requieren el apoyo de todos para mitigar el mal momento que pasan por perder sus propiedades”, afirmó.

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México Evalúa propone a los poderes judiciales una lista de indicadores para medir su desempeño

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Foto: https://www.historiando.org/wp-content/uploads/2018/10/jueces.jpg

México Evalúa hizo un análisis de la información que producen los 32 poderes judiciales de México y el Poder Judicial Federal, así como de la que necesitan o ‘consumen’ para funcionar adecuadamente. El análisis es el punto de partida para el diseño de una propuesta de contenidos mínimos de información y de indicadores que, de publicarse, darían pie a un cambio significativo en la transparencia de la información judicial. Esta propuesta, única en su tipo, busca que sea posible medir y comparar el desempeño de los poderes judiciales en el tiempo y entre sí.  

Ciudad de México, 14 de septiembre de 2021 Los poderes judiciales no siempre cuentan con la información necesaria para identificar sus áreas de oportunidad y para tomar decisiones oportunas que les permitan mejorar su desempeño. Si la tienen, no necesariamente la publican, lo que impide que los ciudadanos podamos evaluarlos. Como respuesta a este desafío, presentamos una propuesta de contenidos mínimos de información y de indicadores que, de publicarse, darían pie a un cambio significativo en la transparencia de la información judicial. En el estudio Información desde y para el fortalecimiento de los poderes judiciales proponemos un cuerpo de contenidos e indicadores de aplicación universal, es decir, que podrían ser replicados por los 32 poderes judiciales del país y por el Poder Judicial Federal. Su implementación permitiría comparar y evaluar el trabajo de los poderes, fortalecer su funcionamiento y su independencia judicial, en tanto los espacios y canales de información ya existentes continúan su perfeccionamiento.       

“Un poder que es crucial para la democracia y la vida en sociedad no puede seguir en las sombras. Todas y todos deberíamos ser capaces de acceder a información que nos permita saber cómo está actuando el Poder Judicial, pues cada determinación que se toma detrás de sus puertas tiene un potencial impacto en nuestros derechos y calidad de vida”, dijo Edna Jaime, directora general de México Evalúa.
¿Qué encontramos en el análisis? Primero, detectamos que si bien los poderes judiciales han avanzado mucho en los últimos 20 años en el tema de la transparencia, a menudo la información que publican algunos de ellos para responder a sus obligaciones de transparencia a través de la Plataforma Nacional de Transparencia no cumple con los estándares de calidad mínimos: no siempre está actualizada, en un formato accesible o completa, por ejemplo.
En cuanto a la transparencia proactiva, es decir, la información que las instituciones proporcionan de manera voluntaria –más allá de sus obligaciones de transparencia–, los poderes judiciales publican información muy asimétrica entre sí, lo que denota capacidades y perspectivas distintas en cuanto a lo que puede ser información útil y de interés para la ciudadanía. En cuanto a la transparencia reactiva, es decir, la relacionada con las solicitudes de acceso a la información, se detectó que algunos poderes judiciales las contestan con cierto grado de simulación. Aunque formalmente aseguran cumplir con estas obligaciones, muchas veces tardan en responderlas, solicitan que sean reformuladas en otros términos por no ser del todo claras, la información proporcionada no está completa o no corresponde a lo que se solicitó, e incluso simplemente no las responden. Por ello, el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Hugo Concha Cantú, y el equipo de Transparencia en la Justicia de México Evalúa desarrollaron una propuesta de contenidos mínimos de información e indicadores a publicarse por parte de los poderes judiciales. El objetivo de esta propuesta es doble: que estas instituciones puedan identificar sus áreas de oportunidad y tomen decisiones informadas para atenderlas, y que los ciudadanos podamos evaluar y comparar su desempeño. Los 13 contenidos mínimos se basaron principalmente en una revisión de la información que los ciudadanos suelen pedir de manera recurrente a los poderes judiciales, y cubren, entre otros, aspectos relacionados con los procesos de selección de los funcionarios jurisdiccionales, incluyendo a los jueces y magistrados, y de los consejeros de la judicatura, sus sueldos, las encuestas de satisfacción aplicadas por los propios poderes judiciales, a los usuarios de sus servicios, todos los reportes de auditorías internas y externas realizadas, así como todos los pagos que realizan a proveedores por más de 25,000 pesos. Los 27 indicadores propuestos se dividen en seis rubros: diseño institucional o estructura; funcionalidad o desempeño; cooperación federal; rendición de cuentas; gobierno judicial abierto, así como innovación y tecnología.

 “Frente a la tradición de opacidad judicial, algunos poderes judiciales se han comprometido recientemente con prácticas de justicia abierta”, aseguró Laurence Pantin, coordinadora del programa de Transparencia en la Justicia. “De ser adoptada por los poderes judiciales, la propuesta que presentamos hoy constituiría un enorme paso hacia una mayor transparencia de la información judicial, muy necesaria para consolidar la confianza ciudadana en estas instituciones”.

Descarga el documento aquí:
bit.ly/MejorInfoJudicial

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