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La Nación y el Mundo

El Museo de la Prostitución de Ámsterdam

Ginón Bojórquez

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Ámsterdam es una de las ciudades que goza de más libertades en el orbe, sobre todo en temas relacionados con la prostitución, las diversidad sexual y consumo recreativo de la mariguana. En el centro de esta sagaz urbe holandesa, destaca el mundialmente conocido Red Light District o Barrio Rojo. Esta zona que cuenta con una arquitectura inigualable y una singular actitud liberal, destaca por su tolerancia y seguridad, ya que a pesar de que la gente tiene libertades irrestrictas  en asuntos que en otras ciudades se pueden relacionar con la delincuencia, Ámsterdam y en particular el Barrio Rojo, son lugares seguros por excelencia.

Cuando te sumerges en la esta zona, es inevitable hacerte un sinfín de preguntas, sobre todo si provienes de un país donde las drogas y la prostitución se asumen a través de conceptos completamente diferentes y hasta contrarios a como son vistos en Ámsterdam. En ese sugerente  entorno urbano, existe un sitio que se puede dejar de visitar, para contrastar culturalmente las formas en que mujeres, homosexuales y transexuales practican la prostitución en esa ciudad. Este lugar es el Museo de la Prostitución, Red Light Secrets

 Se sabe que abrió sus puertas en 2015, y es el único de este tipo en el mundo. Uno de los propósitos que mueve a quienes iniciaron este proyecto, es ofrecer una visión completa del mercado sexual, sin romanticismos añadido, según explica Ilonka Stakelborough, creadora de la Fundación Geisha, que vela por los derechos del sector.

En el Red Light Disctric, puedes encontrar en vitrinas, como la de cualquier tienda o en un centro comercial, mujeres o transexuales, portando insinuante ropa diminuta, haciendo sus mejores poses, para que cualquier interesado pueda tomar sus servicios. Detrás de la puerta de la vitrina, se encuentra una especie de habitación donde atenderán a sus clientes, es decir, no tienen que salir de su escaparate, el cliente es el que entra.

En el museo tendrás la oportunidad de situarte en el lugar de la prostituta dentro del escaparate, ver las habitaciones, con su versión barata o de lujo, instrumentos sadomasoquistas y conocer la moda de las meretrices desde los años veinte hasta la actualidad.

Puedes estar en el interior de las estrechas casas de los escaparates del Red Light Distric, donde se recrea una habitación de un club. Las prostitutas que trabajan en el Barrio Rojo tienen entre 21 y 55 años, muchas jóvenes que no alcanzan a pagarse los estudios universitarios o madres solteras, y en el 70 % de los casos, con una pareja estable, según fuentes del propio Museo.

Trabajan una media de 5 años y muchas no se retiran porque se acostumbran a un estilo de vida. La entrada tiene un costo de 10 euros y sólo se permite el acceso a mayores de 18 años, si estás interesado en saber más de este lugar puedes visitar el sitio web oficial www.redlightsecrets.com.

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La Nación y el Mundo

Los dilatados disturbios en Portland y el centro de una nueva polémica en los Estados Unidos

Héctor Hernández Pardo

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La población rechaza el envió de tropas federales ordenado por el Presidente Trump. Las protestas contra la violencia racial ahora también son contra la militarización federal y la represión desatada. En entredicho la autoridad del gobierno para intervenir militarmente en los diferentes estados, sin previo consentimiento. Analistas consideran que la decisión gubernamental responde a una estrategia política ante la cercanía de las elecciones presidenciales. Cruda denuncia del alcalde de la ciudad Ted Wheeler, quien sufrió en carne propia la represión.

Por cerca de dos meses en la ciudad Pórtland, Oregón, continúan las protestas contra la violencia racial en Estados Unidos, pese a que de hecho ha sido militarizada con el envío de tropas federales por indicación del Presidente Donald Trump. Esa decisión ha añadido un nuevo ingrediente al contenido de las manifestaciones, pues ha sido considerada por muchos como algo contraproducente y que rechaza la mayoría de sus residentes, al tiempo que ha desatado otra agria polémica sobre el derecho o no de intervención en los estados, sin previo consentimiento.

Tropas federales se presentaron en Pórtland hace varias semanas, con equipo militar completo, sin identificación visible y viajando en camionetas sin marcar. Los agentes comenzaron a arrestar a los manifestantes en las calles sin ninguna explicación de por qué lo estaban haciendo, lo que muchos, incluido el analista legal del Canal Fox News, Andrew Napolitano, dicen que es inconstitucional.

En respuesta, las manifestaciones en Portland sólo han crecido. De acuerdo con los hechos, desde que llegaron las fuerzas federales a Pórtland lejos de disminuir, las manifestaciones aumentaron y se tornaron aún más violentas. Hace apenas unas horas agentes del servicio federal volvieron a emplear gases lacrimógenos para tratar de dispensar a una multitud que protestaba frente a un edificio del Tribunal de la ciudad

En esta ocasión la gente se manifestaba contra la decisión de una corte de Estados Unidos que negó la petición de Oregón para restringir las acciones de agentes federales cuando detienen a ciudadanos durante las caóticas manifestaciones que vienen sacudiendo la ciudad por cerca de 60 días, y que enfrentaron a la población de Pórtland y a las autoridades locales con el Gobierno de Trump.

Según la prensa local, cientos de personas, la mayoría con mascarilla y muchos de ellos también con casco, se reunieron cerca de una fuente, uno de los lugares donde se dan cita los grupos para iniciar sus marchas, y avanzaron hacia el Palacio de Justicia, donde hay agentes federales desplegados. Corearon lemas  al son atronador de los tambores, parando para escuchar a los oradores. Entre los grupos organizados presentes, estaba la comisionada de Pórtland, Jo Ann Hardesty, quien se dirigió a la multitud y rechazó las acciones racistas y la presencia federal.

Un reportero de la CNN narró que una masa de gente apiñada llenó la zona y calles aledañas, mientras coreaban “Black Lives Matter”  y gritaban “Federales iros a casa“. Los inconformes sacudieron las cercas que rodeaban al edificio del edificio del Palacio y lanzaron fuegos artificiales; entonces las fuerzas federales lanzaron contra la multitud gases lacrimógenos y detuvieron a varios de los participantes.

Recientemente hasta el alcalde de la ciudad, Ted Wheeler, se vio envuelto en sucesos de violencia  generados por las tropas federales. Él participaba en una manifestación pacífica, cuando la misma fue reprimida con gases lacrimógenos y sufrió severos daños por asfixia.  Luego declaró: “Vi de primera mano el uso indiscriminado de gas lacrimógeno y otras municiones, y no tuvo ningún efecto, excepto realmente enojar a las personas y frustrar a las personas, y ahora están indignados”. Después de eso, la Casa Blanca anunció que el presidente llamó por teléfono a Wheeler. Trump lo confirmó y expresó que el alcalde de Pórtland “Se hizo el tonto. Él quería estar entre la gente, por lo que se metió entre la multitud y lo dejaron sin aliento. Ese fue el final de él. Fue muy, muy patético.”

El alcalde Wheeler ha dicho a la prensa que la ciudad de Pórtland “está bajo asedio y que Trump envió agentes con el único propósito de provocar el caos con toda intención para presentarse con el salvador que lo puede detener. Antes de que llegaran los federales, la situación estaba contenida. El presidente está utilizando estas fuerzas como su propia milicia personal. Creo que es aborrecible y es un truco político.”

Las detenciones desde que llegaron las tropas federales a Pórtland  se cuentan por cientos. Líderes demócratas en Oregón, así como representantes de la sociedad civil y de organizaciones no gubernamentales han dicho que la intervención federal ha empeorado la crisis, que dura ya más de dos meses. El secretario estatal de Justicia presentó una demanda al gobierno norteamericano alegando que alguna gente había sido sacada de las calles de manera ilegal.

Más allá de las críticas por el ejercicio de la fuerza fuera de la ley  y el carácter brutal de las acciones de los agentes federales, los disturbios en Pórtland se agravaron aún más con las tensiones políticas del país y han provocado una polémica pública acerca de los límites de los poderes federales y los  límites de su ingerencia en asuntos estatales. Los analistas en política norteamericana señalan que Trump envía agentes federales a ciudades gobernadas por demócratas como una estrategia electoral para presentarse como un candidato de ley y orden, y así ganar votos ante la oleada de críticas por el mal manejo gubernamental de la pandemia  del nuevo coronavirus que ha aplastado la economía del país.

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Madre América

Militares desarrollistas y reformistas

Juan J. Paz y Miño Cepeda

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Después de la independencia, la mayoría de países latinoamericanos iniciaron su vida republicana con gobiernos militares. Sus caudillos formaron parte esencial de la historia de la región, bien como dictadores o patrocinando gobernantes civiles, al servir de instrumento en las confrontaciones por el poder entre las elites liberales y conservadoras.

El caudillismo militar cambió con el avance del siglo XX, por una serie de factores. De modo que las intervenciones de los militares se volvieron institucionales. En países como Ecuador, con la Revolución Juliana (1925); en Chile, con el “Comité Militar” (1924); o en Brasil, con el “tenentismo” (iniciado en 1922, culminó con la Revolución de 1930 que llevó al poder a Getulio Vargas), la joven oficialidad jugó un papel fundamental para iniciar procesos históricamente destinados a superar el régimen oligárquico, que se caracterizó por la hegemonía despótica de la elite terrateniente, comercial y financiera en el poder, que impedía la modernidad capitalista. Esos militarismos tempranos fueron socialmente reformistas, nacionalistas, con orientación popular. Incluso hubo militares socialistas.

Las orientaciones institucionales cambiaron con la guerra fría. Bajo el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR, 1947), los militares latinoamericanos pasaron a formar parte de las estrategias de seguridad continental de los EEUU, fueron técnicamente asesorados e ideológicamente orientados en el anticomunismo, especialmente a raíz del triunfo de la Revolución Cubana (1959), cuando las fuerzas armadas de todos los países quedaron preparadas para impedir cualquier proceso parecido. De modo que durante la década de 1960 las dictaduras militares que se sucedieron en distintos países (como Argentina, 1962 y 1966; Ecuador, 1963; Brasil, 1964; Bolivia, 1966) estaban convencidas del cumplimiento de una trascendental misión anticomunista y, al mismo tiempo, desarrollista. El surgimiento de una serie de guerrillas en varios países latinoamericanos parecía justificar las posturas militares. Sin embargo, el desarrollismo, convertido en modelo económico por esas mismas dictaduras, sirvió doblemente: de un lado, para superar los vestigios del régimen oligárquico; de otro, para impulsar la definitiva consolidación del capitalismo en sus países.

El rasgo anticomunista se reprodujo, en forma brutal, una década más tarde: en Chile, con la implantación de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), en Argentina, con Jorge Videla (1976-1981); Uruguay, con Juan María Bordaberry (1972-1976); Bolivia, con Hugo Banzer (1971-1978), a quienes hay que sumar Alfredo Stroessner (1954-1989) en Paraguay. Los estudios sobre la época han calificado, con exactitud, de dictaduras terroristas a las que dominaron el Cono Sur del continente, mediante la institucionalización de los asesinatos, torturas, desapariciones y violaciones sistemáticas de los derechos humanos. La perniciosa “Doctrina de la Seguridad Nacional” sirvió de fundamento para encontrar “enemigos internos” (siempre las izquierdas y especialmente el marxismo), lo que incapacitó a los militares para comprender las dinámicas políticas derivadas de las sociedades civiles latinoamericanas, profundamente fraccionadas por diversos intereses de clase. En consecuencia, las dictaduras terroristas inevitablemente atacaron a los sectores populares, clases medias y laborales, para consolidar una vía capitalista de exclusivo beneficio para las elites empresariales y los capitales transnacionales.

 Pero hubo dos dictaduras que se colocaron lejos de esos modelos de terrorismo de Estado: una fue la “Revolución Peruana” encabezada por el general Juan Velasco Alvarado entre 1968 y 1975; y otra, el “Gobierno Revolucionario y Nacionalista de las Fuerzas Armadas” en Ecuador, presidido por el general Guillermo Rodríguez Lara, entre 1972 y 1976. La dictadura de Omar Torrijos (1968-1981) en Panamá, no tuvo los rasgos que caracterizaron a las del Perú y Ecuador, si bien impulsó parcialmente el desarrollismo y algunas políticas sociales, aunque su logro más trascendente fue el acuerdo con los EEUU para la “panameñización” del canal. Su muerte, en un raro accidente de aviación (31/julio/1981), ha sido comparada con el similar accidente aviatorio que sufriera el expresidente ecuatoriano Jaime Roldós (24/mayo/1981), lo que despertó las sospechas de que estas dos personalidades fueron víctimas del “Plan Cóndor”, orquestado por el dictador Augusto Pinochet.

El gobierno peruano se orientó por las “Bases Ideológicas” y el ecuatoriano por la “Filosofía y Plan de Acción” inspirada en los conceptos de sus vecinos. Ambos proclamaron “ni capitalismo, ni comunismo”; pero el que pasó a llamarse como “socialismo peruano” adquirió rápidamente fama internacional; y, si se lee con detenimiento, la “Filosofía…” de los militares ecuatorianos sorprende, porque, sin utilizar un lenguaje marxista, prácticamente contiene principios que habían sido reivindicados por las izquierdas. De modo que los militares de los dos países resultaron ejecutores históricos de la liquidación definitiva del régimen oligárquico tradicional, impulsaron la industrialización y afianzaron un tipo de capitalismo social, pues claramente llevaron adelante políticas que favorecieron el mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo de la amplia población, aunque bajo un marco autoritario, jerárquico y controlador, que nunca llegó a los extremos antihumanos de las dictaduras del Cono Sur.

Los dos gobiernos fortalecieron al Estado, formularon planes de desarrollo, colocaron los sectores estratégicos en manos estatales y coincidieron en llevar una política nacionalista en materia petrolera, que despertó las reacciones de los EEUU: Perú nacionalizó al sector, claramente afectó a la International Petroleum Co. y creó PETROPERÚ; en Ecuador se revisaron contratos petroleros, concluyó la refinería, el Estado controló las exportaciones petroleras, también la mayoría accionaria del consorcio Texaco-Gulf y se creó CEPE. En los dos países, el “estatismo” requirió de numerosas entidades públicas que aumentaron la burocracia; pero también sirvieron para proveer amplios servicios públicos y para desarrollar infraestructuras que, de otro modo, no se habrían logrado. En Perú se hizo una reforma agraria que afectó a la oligarquía serrana y particularmente a la azucarera costeña; en Ecuador esa reforma ya fue iniciada por la Junta Militar de 1963-1966, pero el Nacionalismo Revolucionario todavía la planteó para suprimir los últimos vestigios del sistema hacienda (aunque suspendió la aplicación de uno de los artículos radicales de la ley). Perú fue más lejos: nacionalizó la banca, estatizó la industria pesquera, impuso el control estatal sobre la radio, la televisión y llegó a nacionalizar todos los medios de comunicación; creó el “Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social” (SINAMOS) e incluso las “comunidades industriales”, con participación de los trabajadores en la administración de las empresas. Además, estableció relaciones diplomáticas con la URSS (adquirió allí adelantadas armas de guerra), la República Popular China, Corea del Norte y los países socialistas de Europa del Este.

Resultan coincidentes las reacciones oligárquicas y de las elites empresariales contra los dos gobiernos militares, así como las sensibilidades despertadas en los EEUU que, en cambio, respaldaban abiertamente a los otros regímenes terroristas en la región. La política petrolera nacionalista de Rodríguez Lara, que había frenado la voracidad privada, fue combatida permanentemente. En los dos países no faltaron acusaciones de “comunismo” y  “estatismo”. La relativa crisis económica por el derrumbe de los precios del petróleo llegó en 1975. En agosto de ese año, un golpe de Estado colocó en el poder al general Francisco Morales Bermúdes (1975-1980), quien abandonó la “revolución” y se propuso erradicar a la izquierda radical que supuestamente había adquirido excesiva influencia. En Ecuador, el 1 de septiembre de ese mismo año el general Raúl González intentó un golpe de Estado, que, pese a su fracaso, fue determinante para que las fuerzas armadas decidieran el recambio a través de un “Consejo Supremo de Gobierno” (1976-1979), que dio un giro derechista, pues abandonó la filosofía nacionalista en materia petrolera, adoptó políticas represivas e inició el endeudamiento externo que repercutió gravemente sobre los gobiernos constitucionales iniciados en agosto de 1979.

La década de los setenta resultó inédita en Ecuador porque el crecimiento económico fue espectacular (las exportaciones petroleras de dos años y medio, a partir de agosto de 1972, equivalen a los ingresos del comercio externo del país durante su vida republicana) y ciertamente mejoraron las condiciones de vida y de trabajo, por el desarrollismo, el reformismo y hasta el “populismo” militar. Pero mientras el proceso peruano ha merecido múltiples libros e investigaciones, el ecuatoriano apenas ha sido estudiado. Desde luego, su “estatismo” continúa atacado por las elites económicas, que solo admiten como válido un modelo basado en el mercado y el reinado absoluto de la empresa privada que, sin embargo, como se demostró durante las décadas finales del siglo XX e inicios del XXI, así como en la actualidad, solo ha servido para liquidar capacidades estatales, perjudicar el desarrollo nacional, reconcentrar la riqueza y deteriorar la calidad de vida y de trabajo en el país.

De otra parte, el reformismo desarrollista militar en Ecuador y Perú ha dado otra lección histórica para las mismas filas militares latinoamericanas: cuando la institución se ha colocado del lado de la población y no de las elites oligárquicas y empresariales, no solo se ha logrado avances económicos y cambios sociales, sino que se ha evitado caer en los traumáticos sistemas de represión brutal, como los que caracterizaron a las dictaduras del Cono Sur, varios de cuyos responsables, aunque sea años más tarde, fueron conducidos ante cortes internacionales y a juicios por delitos de lesa humanidad.

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La Nación y el Mundo

La Suprema Corte desecha proyecto que busca despenalizar el aborto en Veracruz

Lilia Balam

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Foto: https://elpais.com/mexico/2020-07-29/la-suprema-corte-rechaza-el-proyecto-para-despenalizar-el-aborto-en-veracruz.html

Por cuatro votos contra uno, la SCJN desechó el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá que proponía despenalizar el aborto en Veracruz.

Mérida, Yucatán, 29 de julio de 2020.- Con cuatro votos en contra y uno a favor, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó el proyecto que planteaba permitir la interrupción legal del embarazo, por lo menos hasta las 12 semanas de gestación en Veracruz.

Las ministras Norma Lucía Piña Hernández y Ana Margarita Ríos Farjat, así como los magistrados Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena votaron en contra. Coincidieron en que la interrupción del embarazo sí está regulada en la legislación veracruzana, por lo cual “no se pretende reclamar una omisión legislativa propiamente, sino que la regulación respectiva es discriminatoria”.

Además “no hay un mandato específico que obligue a las y los legisladores” a modificar la ley para permitir el aborto, indicó Piña Hernández.  

 “La Corte no puede sustituir al Congreso para ordenarle un contenido legislativo específico. No existe un mandato legislativo específico de legislar en ese sentido, pero incluso si lo hubiera, la forma de regular esta situación es algo que corresponde en principio a la discrecionalidad legislativa. Solo se podría ordenarle que legislara, pero no imponerle una regulación específica. De esa manera la Corte incurriría en el activismo judicial”, apuntó la ministra.

En contraste, el magistrado Juan Luis González Alcántara Carrancá sostuvo su proyecto y argumentó que sí existe en convenios internacionales, como el de Belém do Pará, la obligación del Estado Mexicano de eliminar normas discriminatorias.

“Sí existe una obligación legislativa que vincula al Congreso local de Veracruz para reformar sus normas penales en relación a la interrupción del embarazo. Los tratados internacionales son claros, son categóricos: existe una obligación inmediata de reformar aquellas normas que sean discriminatorias o fuentes de violencia en contra de las mujeres”, puntualizó.  

El ministro sostuvo que la prohibición absoluta de interrumpir el embarazo es contraria al umbral de protección que corresponde a las mujeres, especialmente a la luz de su derecho a la salud y su dignidad.

En todo caso, en mi opinión aún es necesario e imperativo estudiar las normas que afectan a las mujeres a la luz de un examen de igualdad transformadora. Las normas en materia de derechos humanos de las mujeres pretenden no sólo remediar la falta de igualdad y discriminación que han sufrido, sino entender y eliminar las causas de estos problemas. Es especialmente importante estudiar y analizar razonamientos estereotípicos que subyacen en las normas”, alegó el ministro ponente.

Es pertinente aclarar que en la sesión no se discutió el fondo del asunto, pues el rechazo se sustentó en que el proyecto no cumple con los requisitos de procedimiento, es decir, los ministros no llegaron a posicionarse acerca de la despenalización del aborto en el estado. Por esta razón, el proyecto será retomado por otro miembro de la Corte, quien deberá redactarlo nuevamente de modo que cumpla con los requisitos de forma y la SCJN evalúe el fondo de las reformas presentadas.

VOCES A FAVOR Y EN CONTRA

La decisión de la SCJN levantó una ola de publicaciones en las redes con hashtags a favor y en contra, como #AbortoLegal, #SeráLey, #SalvemosLasDosVidas y #SíALaVida, entre otros, con los que usuarios y usuarias manifestaron sus posturas al respecto.

La diputada federal panista Cecilia Patrón Laviada, quien se opone tajantemente a la interrupción legal del ambarazo, compartió en su cuenta de Twitter el mensaje: “El derecho a la vida es el primero de los derechos, defendamos la vida. #SalvemosLas2Vidas”.

La publicación de la diputada desató una avalancha de críticas por parte de los usuarios(as) que se oponen a la criminalización del aborto, con réplicas y cuestionamientos como: “¿No hace unos meses eras feminista?”, “¿Dónde quedan los derechos de las mujeres, diputada?”, “Qué vergüenza que gente que piensa de forma tan ignorante nos represente”.

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