El palacio de la Moneda, sede del Poder Ejecutivo de Santiago de Chile, aún huele a pólvora, a pesar de que su actual inquilino, Sebastián Piñera, representante de los grupos de poder económico y de la derecha política del país sudamericano, ocupa sus instalaciones. El presidente Piñera y otros muchos que lo antecedieron desde la restauración de la democracia en 1990, han intentado no sólo justificar el zarpazo del 11 de septiembre de 1973 y el régimen de terror que impuso por el tirano Augusto Pinochet sino, además, borrar con hechos y palabras todo vestigio del gobierno progresista de la Unidad Popular encabezado por Salvador Allende. Incluso, recientemente, fue retirada la Historia como materia del pensum de la enseñanza básica, como una evidencia más de este empeño por eliminar la memoria de las chilenas y los chilenos.

Desde el inicio de la transición al estado de derecho en la última década del pasado siglo XX, las desigualdades sociales en la patria de Bernardo O’Higgins han aumentado aceleradamente. Las privatizaciones de los principales recursos de esa nación y el retiro apresurado del estado del sector público han sido el mayor legado de la dictadura que regenteó el país entre 1973 y 1990 y que exhibió como el llamado “milagro chileno”. La educación pública se deprime por los constantes recortes de su presupuesto y con el espaldarazo del ejecutivo para convertirla en un negocio más. Es en medio de la vigente situación que se pretende anular la experiencia del gobierno de Allende, sin dudas el primer intento -después de la efímera república socialista del Coronel Marmaduke Grove en 1932- de revertir por la vía democrática los efectos del sistema oligárquico establecido después la independencia.

Salvador Allende Gossens, un honorable médico de profesión que había incursionado en la política como senador, ministro de salud y candidato presidencial en varias ocasiones, llegó a la jefatura del estado chileno en 1970. Esa vez se impuso en las urnas postulado por una coalición de partidos y organizaciones de izquierda-incluidos los socialistas y los comunistas- agrupadas en la Unidad Popular (UP). Desde antes de la propia elección la Casa Blanca, sus agencias de seguridad e inteligencia, y las fuerzas de derecha en el interior del país se opusieron a lo que podía ser “una réplica” por vía pacífica de la Revolución Cubana.

En un país dominado por las compañías y los intereses norteamericanos, las medidas de redistribución de la riqueza, reducción del desempleo, expropiación de los latifundios y la nacionalización de los principales recursos del país impactaron de manera inmediata. En ese sentido, los medios de prensa dominados por la oligarquía, arremetieron contra la Unidad Popular y el propio mandatario socialista, con campañas de descrédito y sobre todo sembrando la incertidumbre en la población chilena. A la par de la gestión interna, Allende desplegó una agenda exterior de acercamiento a la Cuba revolucionaria, de solidaridad con las causas progresistas e incluso visitó la antigua Unión Soviética. El respaldo de la Unidad Popular tenía su mayor fuerza en los sectores obreros, a los cuales por su profundo apego a la vía pacífica y a los principios democráticos el gobierno socialista no los preparó para una eventual defensa del proyecto de cambios de la UP. Así la crisis económica gestada desde fuera y desde dentro, la polarización social, la intromisión directa de la Agencia Central de Inteligencia(CIA) y la tradicional postura conservadora del ejército chileno-no depurado durante la administración socialista- provocaron el naufragio violento de Allende y su gobierno. El 11 de septiembre de 1973 el jefe de las fuerzas armadas, Augusto Pinochet, encabezó el golpe militar que llevó a la desaparición física de Allende y acabó con la experiencia nacionalista, progresista, democrática y socialista de la Unidad Popular.

46 años después, las huellas de aquel 11 de septiembre siguen presentes en Chile a pesar de las pretendidas intenciones de olvido. Los reclamos de inclusión social, de derechos plenos al empleo, la educación y la seguridad social continúan latentes en numerosos sectores de la sociedad chilena. La impronta del 11 de septiembre permanece en Santiago, ciudad capital que nunca podrá olvidar el rugir de los aviones y los tanques contra un presidente democráticamente electo; que dejó hasta hoy estampada su sangre y un imborrable olor a pólvora en La Moneda.