En mayo de 1999 la revista Harpers Magazine publicó un documento secreto del ejército guatemalteco, denominado Diario Militar, con los nombres de 183 personas desaparecidas –de ellas 24 mujeres- entre agosto de 1983 y marzo de 1985, que muestra la brutal represión realizada en este país centroamericano. El Dossier de la Muerte, como también se le conoce, ha conmovido al mundo entero, obligando a la apertura de un proceso judicial contra once ex altos oficiales –entre ellos dos generales-, implicados en esos salvajes crímenes y con el clima de terror implantado en la Tierra del Quetzal.

Ese periodo sanguinario se inició tras la invasión armada organizada por Estados Unidos en 1954 contra la Revolución Guatemalteca, y llegó a sus mayores extremos durante los tenebrosos mandatos de los generales Efraín Ríos Montt (1982-1983) y Oscar Humberto Mejía Víctores (1983-1986). Los esporádicos intentos por establecer determinadas formalidades legales o de tolerar cierta apertura política derivaron en un aumento del poderío militar, la violencia, el terrorismo y los asesinatos en masa por las fuerzas gubernamentales. La naturaleza genocida del Estado guatemalteco se expresó en los masivos crímenes de Panzós (1978) y la Embajada de España (1980) y las masacres de los pueblos originarios por las despiadadas dictaduras de Ríos Montt y Mejía Víctores.

En rigor, la llamada “primera ola de terror” contra la población guatemalteca se desencadenó tras el ascenso al poder del coronel Carlos Manuel Arana Osorio en 1970, quien dio rienda suelta a un gran operativo contrainsurgente de los cuerpos armados y las impunes bandas paramilitares. Desde entonces el ejército guatemalteco pudo expandir su esfera de actividad al área económica, convirtiendo a muchos altos oficiales en un nuevo sector de las clases dominantes en virtud de fabulosos negociados y la especulación con los fondos públicos.

La atroz represión se multiplicó después del golpe militar del 23 de marzo de 1983 que llevó a Ríos Montt al Palacio Nacional, con el apoyo del gobierno de Estados Unidos, acción dirigida a sustituir a la anterior camarilla ligada al gobierno del general Fernando Romeo Lucas García que pretendía prolongarse en el poder. Ríos Montt acentuó el autoritarismo militar con la disolución del parlamento y el receso obligatorio de los partidos, en medio de una profunda crisis económica y política agudizada por los avances de la lucha armada de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG).

A continuación, lanzó una aparatosa movilización militar contra los frentes guerrilleros, respaldada con las “patrullas civiles” formadas por campesinos reclutados a la fuerza. Además, estableció una férrea censura de prensa, el estado de sitio y organizó tribunales especiales facultados para dictar penas de fusilamiento, sentencias que llegaron a aplicarse en los muros del cementerio capitalino para atemorizar a la población. En ese contexto, ocurrieron varias masacres contra las indefensas poblaciones indígenas del altiplano, forzando a muchas de ellas a buscar refugio en México.

Al finalizar 1982, la situación del gobierno genocida de Ríos Montt era muy frágil, a pesar del apoyo público del presidente norteamericano Ronald Reagan en su visita a la América Central, en diciembre de ese año. Pero ni su discurso demagógico, ni tampoco el proselitismo fundamentalista, pudieron evitar que el ejército lo sustituyera el 8 de agosto de 1983 por otro general de su misma calaña: Mejía Víctores. El relevó dejó al descubierto las permanentes divergencias existentes en la cúpula militar, cada vez más arrinconada por las continuas matanzas y asesinatos.

Fue precisamente en esa coyuntura que tuvieron lugar los crímenes que hoy son juzgados en Guatemala como delitos de lesa humanidad, por graves violaciones de los derechos humanos, al encerrar a casi dos centenares de personas en centros clandestinos, donde fueron torturados y asesinados. En un comunicado dado a conocer por familiares de las víctimas en su demanda de justicia y esclarecimiento de los hechos, llaman a “estar atentos a lo que sucede en nuestro país, pues nos encontramos al borde de regresar abiertamente a los años de la década de 1980“‘.

El éxito de la operación PBSUCCESS, orquestada en 1954 por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos contra la Revolución Guatemalteca (1944-1954), permitió entronizar la dictadura del coronel Carlos Castillo Armas, quien había dirigido el ejército “liberacionista”. A este personaje correspondió desmontar las avanzadas transformaciones democráticas y socio-económicas, entre ellas la reforma agraria.

El reacomodo de las clases dominantes generó nuevas luchas por el poder, que llevaron en 1957 al asesinato de Castillo Armas por un miembro de su propia escolta, episodio que involucró al dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo, según asevera Tony Raful en La rapsodia del crimen. Trujillo vs Castillo Armas (2017). Su inesperada muerte despejó el camino a la presidencia del viejo general oligárquico Miguel Ydígoras Fuentes, tras un amañado proceso electoral.

El nuevo mandatario no tuvo un lecho de rosas, pues le tocó el convulso escenario signado por el triunfo de la Revolución Cubana, que estimuló la rebeldía popular. A ello también contribuyó la manifiesta hostilidad de Ydígoras hacia Cuba: fue uno de los primeros gobernantes latinoamericanos que, siguiendo instrucciones de Washington, rompió relaciones diplomáticas con la isla (1960) y prestó su territorio para la preparación de una invasión contrarrevolucionaria que pretendía replicar la de Castillo Armas seis años atrás.

En medio de un profundo deterioro económico, Guatemala fue sacudida por una serie de atentados y protestas callejeras. En ese ambiente, el 16 de julio de 1960, oficiales de baja graduación, trataron de ocupar la base militar de Cobán (Alta Verapaz). A este frustrado intento siguió, el 13 de noviembre, un gran levantamiento militar liderado por el coronel Rodolfo Sessan Pereira, que involucró a un centenar de oficiales y más de tres mil soldados, descontentos con el alto mando y la presencia de contrarrevolucionarios cubanos armados en el país.

Los sublevados ocuparon el cuartel general de la capital y la base militar de Zacapa, pero la revuelta fue sofocada en dos días, gracias a Estados Unidos, que puso a disposición del gobierno la fuerza mercenaria cubana que se entrenaba en Retalhuleu, y a la terca negativa de los oficiales rebeldes de entregar armas al pueblo. Una veintena de ellos, encabezados por Luis Augusto Turcios Lima, Marco Antonio Yon Sosa, Luis Trejo Esquivel y Alejandro de León, rechazó la oferta de amnistía y decidió continuar la lucha. En el exilio o la clandestinidad, estos jóvenes militares terminaron vertebrando su propia organización, el Movimiento Revolucionario 13 de Noviembre (MR-13), que llegaría a colaborar con el Partido Guatemalteco del Trabajo (Comunista).

Estos hechos fueron el preámbulo de una nueva oleada de protestas públicas y manifestaciones populares antigubernamentales que pusieron al régimen de Ydígoras al borde del colapso. En esa caldeada atmósfera, a principios de 1962, comenzaron a operar en El Progreso, Zacapa e Izabal las primeras guerrillas del MR-13, aunque no lograron todavía consolidarse y debieron volver a las acciones urbanas.

Casi al mismo tiempo, los comunistas guatemaltecos abrieron su propio destacamento guerrillero en Concuá, a las órdenes del coronel Carlos Paz Tejada, antiguo jefe de las fuerzas armadas en el gobierno de Juan José Arévalo (1945-1950). A pesar de contar con este jefe experimentado, los guerrilleros del PGT fueron sorprendidos por el ejército a sólo tres días de iniciada la campaña en Baja Verapaz, que dejó un saldo de 14 combatientes muertos, entre ellos Julio Roberto Cáceres, el Patojo, amigo cercano del Che Guevara desde su estancia en Guatemala. Entre los sobrevivientes figuraban el propio Paz Tejada y Rodrigo Asturias, hijo del afamado novelista Miguel Ángel Asturias y futuro máximo comandante de la Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas (ORPA). Era el bautismo de fuego del movimiento guerrillero en la tierra del quetzal.

La reforma liberal en Guatemala, enfilada contra el viejo orden socio económico heredado de la colonia, refrendado por la dictadura conservadora de Rafael Carrera, fue un pálido reflejo de la de México. Los liberales lucharon infructuosamente durante mucho tiempo contra ese régimen, lo mismo que hicieron contra su sucesor, el mariscal Vicente Cerna, quien se reeligió en 1869, en medio de una grave crisis económica y financiera, cuando el café aún no lograba ocupar el lugar de la grana en las exiguas recaudaciones fiscales.

En sus inicios, el nuevo levantamiento liberal de 1870 fue un fracaso y los involucrados sólo pudieron ocupar unos pocos pueblos en Huehuetenango. Reorganizados en México, pasaron al contra ataque al año siguiente, ocupando San Marcos y Retalhuleu, guiados por Justo Rufino Barrios y Miguel García Granados. Las victorias militares de Laguna Seca (28 de mayo) y San Lucas Sacatepéquez (30 de junio) les permitió entrar en la capital. Establecido el gobierno provisional de García Granados, se dispuso el libre cultivo del tabaco y la expulsión de los jesuitas, que provocó una sublevación conservadora alentada por el clero.

Fue durante la presidencia de Barrios, iniciada en 1873, que se llevaron adelante las principales reformas, como la consolidación de los bienes procedentes de “manos muertas”, la secularización de propiedades eclesiásticas, la abolición del censo enfitéutico, el fin del enclaustramiento de religiosos y el establecimiento del registro civil, disposiciones recogidas en la constitución de 1879, que estableció la separación de la Iglesia del Estado. De esa forma se puso fin a lo que el viajero John L. Stephens describiera como un territorio “plagado de sacerdotes, frailes y monjas de diferentes órdenes. Por todas partes los edificios más suntuosos, las tierras mejor cultivadas, y la mayor parte de la riqueza del país estaban en sus manos.”

Pero la reforma liberal de Barrios no transformó en profundidad la anquilosada tierra del quetzal, aunque se eliminaran los privilegios y fueros de la Iglesia. Prueba de ello es que las tierras del clero y las comunidades indígenas, afectadas por un decreto de 1877, sirvieron para engrosar en número y extensión las fincas cafetaleras, en particular en Quezaltenango, San Marcos y Alta Verapaz. Para garantizar la fuerza de trabajo, los indígenas que lograron conservar sus tierras –en particular en el frío altiplano, no apto para el cultivo del grano- tenían que trabajar por temporadas en las haciendas (mandamientos), bajo amenaza de represión militar, como si siguieran en la colonia. Muchos de ellos se endeudaban con los ricos finqueros-a esto se llamaba la habilitación-, por lo general con métodos inescrupulosos, y se convertían en verdaderos siervos al estilo de la Europa medieval. Los abusos a los pueblos originarios provocaron airadas revueltas, entre ellas la de los quichés (1877), junto a la aparición de guerrillas indígenas como la de Momostenango.

La moderada reforma liberal guatemalteca propició un extraordinario crecimiento de la producción cafetalera, al disponer los finqueros de tierras baratas -baldías, eclesiásticas y las de comunidades-, mano de obra casi gratuita y buenos precios en el mercado internacional. Entre 1870 y 1880, el cultivo y la exportación del grano crecieron en un 150%, favorecido con la construcción de puertos, almacenes, caminos, telégrafos y ferrocarriles, en gran parte con capital alemán y norteamericano.

Una de las aspiraciones de Justo Rufino Barrios era restablecer la integración centroamericana, meta incluida en la constitución de 1879. Imposibilitado de alcanzarla por la vía pacífica, el mandatario decidió imponerla a sus vecinos, pese a la oposición de México y los Estados Unidos, a la vez que se proponía evitar la construcción de un canal norteamericano por Nicaragua. El 28 de febrero de 1885, el presidente de Guatemala proclamó restablecida la unión centroamericana e invadió El Salvador, donde obtuvo las victorias de Coco y San Lorenzo. Pero en el combate de Chalchuapa, el 2 de abril de ese año, perdió la vida y su desmoralizado ejército, al mando de Adolfo Hall, regresó a Guatemala. Pese a la inesperada muerte de Barrios, el morigerado reformismo liberal terminó por imponerse en toda la región bajo la conducción de tres de sus discípulos: Marco Aurelio Soto en Honduras, Rafael Zaldívar en El Salvador y José Santos Zelaya en Nicaragua, a quién dedicamos una nota de Madre América.