Felipe Guamán Poma de Ayala (1534-1615) es considerado uno de los primeros historiadores indígenas peruanos y, junto al junto al Inca Garcilaso, figura entre los mejores exponentes de esa historiografía en toda Hispanoamérica. Además de las abundantes informaciones contenidas en su Nueva Crónica y Buen Gobierno, terminada entre 1613 y 1615, también son muy valiosas, ante las escasas pictografías incaicas, las casi cuatrocientas ilustraciones de la obra, dibujadas a plumilla y sin color, a página completa.

El manuscrito de la “Nueva Corónica y Buen Gobierno”, título del ejemplar original, enviado al monarca español, se extravió y solo fue encontrado en la Biblioteca Real de Dinamarca (1660), aunque no se publicó completo hasta 1936. Su autor había nacido en el actual departamento de Ayacucho en una familia curaca de Huánuco, en Chinchasuyo, y su madre era hija del Inca Túpac Yupanqui. Con la ayuda de un hermano menor mestizo, el sacerdote católico Martín de Ayala, Guaman pudo aprender el castellano y obtener cierta educación, que le permitieron encontrar empleo en diferentes partes del Virreinato, entre ellas, Cusco, Huamanga y Lima.

Durante más de veinte años escribió en castellano, con algunas palabras y frases sueltas en quechua, las más de mil páginas de su Nueva Crónica y Buen Gobierno, con la principal finalidad de acreditar su linaje y reclamar bienes. La obra comienza con una carta del padre del autor, fechado el 15 de mayo de 1587, dirigida al Rey de España. Al igual que hicieron en México sus contemporáneos Tezozómoc y Ixtlilxóchitl, también pertenecientes al reducido grupo de indígenas principales, descendientes de la antigua clase dirigente prehispánica, que recuperaron la memoria histórica para reclamar privilegios y propiedades, Guaman apela a su genealogía para atribuirse un origen encumbrado y resaltar el apoyo de sus ancestros a la conquista española.

A continuación, todo el abigarrado texto se convierte en un alegato sobre sus derechos a una posición prominente, aunque la argumentación, carente de hilo conductor y de elegancia literaria, se pierde en digresiones históricas o pintorescas, relacionados con los dibujos más próximos. En la narración, Guamán violenta la cronología y exagera los méritos de sus antepasados para resaltar el contraste entre la grandeza anterior y su presente penuria, que lo obligó a recorrer la provincia de Huamanga en busca de trabajo hasta ser intérprete en la Real Audiencia de Lima. Muy originales son sus descripciones de fiestas, costumbres y canciones del Perú, así como su idea de que los pueblos preincaicos ya habían comenzado la evangelización en tiempos del segundo Inca.

La parte titulada Buen Gobierno está dirigida a informar a Felipe II de la pésima situación de los aborígenes bajo la dominación española, darle recomendaciones para mejorar su administración, acompañadas de la más dura crítica indígena hecha a España durante toda la época colonial. Describe con crudeza los abusos contra los pueblos originarios, a los que considera dueños de las Indias, “porque Dios nos lo ha dado a nosotros”, cometidos tanto por conquistadores, funcionarios y encomenderos españoles como por los propios jerarcas indígenas.

Enemigo de todas las injusticias, Guamán ofrece en este texto una nueva visión de la historia incaica, en particular con sus singulares viñetas enciclopédicas ilustradas. Al revalorizar la historia prequechua, Nueva Crónica y Buen Gobierno se ubica en la corriente historiográfica “toledana”, en alusión a su promotor Francisco de Toledo, virrey del Perú entre 1569 y 1582, quien siguiendo al cronista español Pedro Sarmiento de Gamboa, consideraba ilegítimo el gobierno incaico y opresor de otros pueblos andinos.

La diferente perspectiva analítica de esta obra, muy alejada a los edulcorados Comentarios Reales del Inca Garcilaso, apegada a la versión cortesana de la historia construida por la clase dominante incaica, llevaron al historiador marxista peruano Gustavo Valcárcel a considerar en Perú : mural de un pueblo (1988): “Guamán Poma de Ayala revolucionó la historia del Perú incaico. Sus punciones llegan hasta la vivisección de la Conquista. La protesta flamígera y la crítica mordaz azotan por igual a Incas y españoles, a curas católicos y a hechiceros indios, a hispanos desalmados y a curacas aborígenes. Sus pecados veniales jamás desmerecerán la grandeza de una obra nacida de la simiente viva del pueblo y del dolor de las razas expoliadas que amanecían en la formación de la gran patria del Perú.”

La toma de posesión del maestro Pedro Castillo como presidente del Perú este 28 de julio, en medio de una profunda crisis nacional, coincide con el bicentenario de la proclamación de la independencia de este país por José de San Martín, quién también debió enfrentar enormes desafíos. El general rioplatense había conseguido en apenas once meses, tras su desembarco en Pisco (agosto de 1820), apoderarse con su ejército, casi sin combatir, del litoral norte y el centro del territorio peruano, baluarte del colonialismo español.

Como ya referimos en Informe Fracto, el virrey José de La Serna, después de abandonar Lima se refugió en la Sierra, donde las condiciones, desde Jauja hasta el Alto Perú, eran más favorables para una resistencia prolongada. La retirada realista, que incluyó mantener la fortaleza de El Callao, posibilitó la entrada en Lima de San Martín la noche del 12 de julio, a caballo y sin escolta, antes de que se completara el ingreso de su ejército iniciado tres días antes. Para tranquilidad de la aristocracia limeña, que temía el asalto de las montoneras indígenas y criollas, San Martín ordenó a los jefes de las guerrillas, entre ellos el salteño Isidoro Villar y el curaca Nanivilca, que “se abstengan de entrar en ella, y alterar el orden público”.

En la barroca sede virreinal, San Martín reunió el 15 de julio al cabildo limeño para firmar el Acta de Independencia. Trece días después, la declaración fue proclamada en la plaza Mayor de Lima ante miembros del ayuntamiento, del claustro de la Universidad de San Marcos, las corporaciones religiosas, jefes militares, los oidores y representantes de la nobleza indígena. Ante miles de personas, mientras se escuchaban los repiques de las campanas y salvas de artillería, San Martín enarboló la flamante bandera peruana.

A propuesta de sus oficiales, el 3 de agosto el máximo jefe patriota aceptó el poder ejecutivo como Protector de la Libertad del Perú, convencido de “los males que ha ocasionado la convocatoria intempestiva de congresos, cuando aún subsistían los enemigos”. Inclinado a establecer la monarquía en Perú, San Martín enviaría después una delegación al Viejo Continente para ofrecer el trono a un príncipe europeo. Con ello pretendía ganarse el apoyo de la rancia aristocracia peruana y evitar un enfrentamiento armado con los realistas, que quintuplicaban sus efectivos militares.

El proyecto monárquico de San Martín para Perú no sólo estaba en concordancia con las tendencias prevalecientes en el Río de la Plata, sino también con los consejos de su ministro Bernardo Monteagudo, que había fundado la Sociedad Patriótica de Lima al considerar inviable un gobierno democrático‑republicano en una sociedad de tan abismales diferenciales clasistas y étnicas. También el Protector validó los títulos nobiliarios de 46 marqueses y 35 condes, porque “la nobleza peruana tiene sus timbres, y justo es que los conserve“, aprobó la creación de la Orden del Sol, para completar una posible corte real con altos oficiales suyos, imbuidos de prerrogativas vitalicias y hereditarias.

A pesar de estas concesiones a la clase dominante, en agosto de 1821 el Protector dispuso la supresión de la mita, el tributo y cualquier tipo de trabajo forzado de los pueblos originarios, junto con la libertad de los hijos de los más de cuarenta mil esclavos negros que laboraban en las plantaciones esparcidas por la costa. La fundamentación de este último decreto es la mejor prueba de los intentos del general San Martín por conciliar sus anhelos de reformas sociales con los intereses de la elite peruana, que terminarían llevándolo a un callejón sin salida:  ”Una porción numerosa de nuestra especie ha sido hasta hoy mirada como un efecto permutable, y sujeto a los cálculos de un tráfico criminal; los hombres han comprado a los hombres, y no se han avergonzado de degradar la familia a que pertenecen, vendiéndose a otros. Yo no trato, sin embargo, de atacar de un golpe este antiguo abuso; es preciso que el tiempo mismo que lo ha sancionado lo destruya; pero yo sería responsable a mi conciencia pública y a mis sentimientos privados, si no preparase para lo sucesivo esta piadosa reforma, conciliando por ahora el interés de los propietarios con el voto de la razón y de la naturaleza.”

Las tres últimas elecciones presidenciales de Perú se han definido como una carrera de velocidad de cien metros planos: en foto finish. Tal es así que, en estos comicios de 2021 durante la segunda vuelta, sólo separan al ganador del segundo puesto, apenas 40 mil votos de diferencia entre los más de 18 millones de peruanos que ejercieron su derecho al sufragio el pasado 6 de junio.

Por tercera vez en una década, la candidata por el partido ultraderechista Fuerza Popular, Keiko Fujimori (Hija del dictador Alberto Fujimori), queda a las puertas de saborear las mieles victoriosas que, para su familia, han sido tradicionalmente nutridas por la elipsis de la corrupción, sobre todo, en la década del 90.

En esta ocasión la Keiko (49.87%) tuvo otro escollo enrevesado en su aspirante camino rumbo a la “Casa de Pizarro”, sede del gobierno peruano. Pedro Castillo (50.12%), un profesor vinculado a las luchas campesinas y sociales, pero casi desconocido en la praxis política del país suramericano antes de 2017, ganó al fujimorismo en unas elecciones que aún se mantienen en la incógnita tras las alegaciones de la derrotada sobre un presunto fraude.

Aún a la espera, el triunfo de Castillo parece inminente en medio de las continuas marchas por ambas fuerzas políticas en Lima y, de hecho, a falta de un pronunciamiento final por parte de la Junta Nacional Electoral de Perú, este recibe ya las felicitaciones y reconocimientos de mandatarios y organizaciones regionales, quienes catalogan de trasparentes las elecciones.

Castillo: ¿comunista?

Mientras en las calles la línea opositora al profesor militante del partido Perú Libre se empeña y persiste en recurrir a la vieja táctica de: “No al Comunismo”, como reencarnando los tiempos de Guerra Fría, la verdad es que él no se cataloga marxista-leninista.

Sin embargo, su mirada y proyección hacia temas medulares como la búsqueda de mayor protagonismo del Estado peruano en la vida económica del país, la preocupación por las capas sociales más desfavorecidas y las posibles soluciones para un esquema de salud y educativo justo, sí lo ubican en una acera izquierdista.

Luego de su promesa electoral de revertir la Constitución de 1993 (Nacida bajo los aires del fujimorismo) y neoliberal por naturaleza, queda clara una postura de rechazo al libre mercado más cruel e injusto, al status plenamente entreguista de las riquezas financieras y materiales del país y su voluntad de mejorar, en alguna medida, las condiciones sociales y también morales que atraviesa una nación signada por la corruptela política.

Ese enfoque nutre al profesor Castillo de un cierto progresismo ideológico que viene demostrando desde que fuera uno de los líderes de la Huelga magisterial de Perú en 2017. Y así lo ha ido reafirmando con tono humilde durante sus mítines de campaña electoral y a los ahora expectantes seguidores que, apostaron el voto de aprobación a su línea discursiva.

Retos inminentes

En lo adelante la ruta del que debe ocupar la primera magistratura del Perú no será expedita y, de hecho, no lo está siendo. Recordemos que Perú es la nación más polarizada políticamente, quizás, en la Latinoamérica del último quinquenio.

Por tanto, pensar que el camino progresista y de reformas en tierras peruanas va a ir por causes facilistas es cuando menos engañoso. El fuerte lodo anti-castillo, ese que anhela las jugosas comisiones de transnacionales, ya está puesto en marcha. Incluso, se conoce que luego de los resultados electorales en segunda vuelta, sobre indicios para una posible gestación de un Golpe de Estado contra Castillo, algo en lo que la derecha continental tiene amplia experticia.

A todo esto, se suman otros factores endógenos o lastres con los que deberá cargar tras varios años de inestabilidad gubernamental e institucional en la nación sureña y que ahora se encuentran agudizados, además, por el combate contra la pandemia del Covid-19.

Los números hablan de una caída macroeconómica del PIB de un 11% el pasado 2020 en Perú. Y aunque hay indicios de recuperación económica en lo que va de año (se espera crezca alrededor del 10%), el profesor tomará un estado en contradicción financiera donde la subida de impuestos sociales ha sido la solución encontrada para paliar la actual coyuntura sanitaria.

¿Qué significará Castillo para Perú?

Lo primero es que el triunfo del profesor hace bien a una izquierda peruana que, en ese país, se vio por años debilitada, en plena decadencia y sin respuestas atractivas, tangenciales ante la corrupción y el monopolio neoliberal que aún saquea el amplio patrimonio peruano.

Hoy acarician esta victoria gracias en buena medida, a la profunda crisis sistémica y política que atraviesa más agudamente desde 2017 la nación suramericana, en época del tristemente célebre Pedro Pablo Kuczynski. No hay dudas que esa es la principal causa del ascenso de Perú Libre hasta el poder del Estado y se suman a esto, los lógicos atractivos que representa dar mayor protagonismo a la sociedad en la construcción de un mejor país.

Es hora entonces de que los nuevos líderes peruanos, tanto Pedro Castillo como su equipo de gobierno, de concretarse la llegada al poder, demuestren cuán capaces son de llevar a la acción sus ideales desde una perspectiva de integración nacional e internacional. La izquierda peruana dirá la última palabra.