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Madre América: Puerto Rico

El 30 de octubre puertorriqueño

Edwin Sierra González

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La realidad colonial de Puerto Rico, ese sometimiento centenario a la voluntad de otros pueblos, con el beneplácito de los gobernantes de turno, ha desconectado el país de los reclamos y reinvindicaciones sociales que han ocurrido a lo largo de su historia. El silencio obligado hacia sucesos relevantes ha llevado a construir una memoria colectiva pobre, infantil y sometida. La historia que se narra, producto de un discurso oficial pro-colonial, omite deliberadamente todo hecho histórico que no se acomode al beneplácito de quienes controlan las estructuras gubernamentales. Pero eso no es exclusivo del colonialismo. Parte de la construcción de los Estados y la homogenización colectiva reside en resaltar ciertos valores y omitir otros. El problema reside en cuando estos valores van desfasados de la realidad histórico-cultural del país en cuestión. Puerto Rico, desde la invasión estadounidense, vive un proceso constante de transculturación que ha encontrado fuertes nichos de resistencia, entre ellos, el idioma.

En momentos que el país, durante el siglo XX, se vio azotado por una política de asimilación al punto que se restringió el uso del español y el uso de la bandera puertorriqueña en favor del inglés y el pabellón estadounidense, respectivamente. El afán asimilador fue tal por parte del gobierno colonial puertorriqueño que en 1948, el Senado Insular de Puerto Rico, controlado por el Partido Popular Democrático y Luis Muñoz Marín, aprobó la abominable Ley 53, mejor conocida como Ley de la Mordaza contra el independentismo y, quizás, la puertorriqueñidad misma. Esta ley se criminalizó mostrar o tener la bandera puertorriqueña en cualquier lugar, incluso en la privacidad del hogar. Igualmente, la ley prohibió so pena de delito hablar en contra del gobierno de los Estados Unidos, hablar a favor de la independencia para Puerto Rico e incluso imprimir, publicar, vender o exhibir cualquier material que buscase paralizar o destruir el gobierno u organizar cualquier sociedad, grupo o asamblea de gente con fines desapegados al gobierno colonial.

Cualquiera que fuera acusado y hallado culpable de desobedecer la ley podría ser sentenciado a diez años de prisión, una multa de 10 000 dólares o ambas. El acorralamiento arraigó en las voces disidentes, las cuales ganaron una gran fuerza que se movió más allá de simples principios socio-culturales. La necesidad de reafirmación ante las imposiciones del otro encontró una causal política que encontró oídos en los reclamos del pueblo: El Partido Nacionalista. Sin embargo, también se encontró con una fuerte oposición de aquellos que favorecían la sumisión y la entrega, o simplemente no apoyaban el camino hostil que parecía tomar las reafirmaciones político-culturales. La visión de que solo la independencia puede preservar la idiosincrasia fue construyendo toda una armadura ideológica reaccionaria que entendía en la armas la consagración de un deber: preservar lo puertorriqueño.

Con ello en mente, además de alcanzar el derecho inalienable a la libertad, grupos de puertorriqueños se alzaron contra los dictámenes coloniales y el control que buscaba redefinirnos y asimilarnos a la metrópolis a cualquier precio. Un 30 de octubre de 1950, varios  levantamientos simultáneos estremecieron el país. San Juan, Mayaguez, Jayuya y Utuado, entre otros, fueron testigos de acciones armadas que buscaban llamar la atención mundial sobre la situación colonial de Puerto Rico. Fue en Jayuya donde Blanca Canales proclamó la II República, izando la bandera puertorriqueña, acción prohibida en ese momento. El Palacio de Santa Catalina, en San Juan, fue atacado por varios nacionalistas que intentaron asesinar al gobernador colonial para deslegitimizar el proceso que daría paso al actual estatuto colonial del país. El hervidero fue tal que se activaron las fuerzas militares para controlar la situación y “restaurar” la soberanía estadounidense en la isla. Como si esto fuera poco, días después, el 1 de noviembre, dos nacionalistas atacaron la Casa Blair, en aquel momento, residencia del presidente Harry S. Truman, para asesinarlo. Aunque no asesinaron al presidente, los sucesos agravaron la crisis y llamaron la atención mundial sobre los hechos y hostilidades políticas que se vivían en el país.

Si bien no es una cuestión de ensalzar la violencia, se vuelve necesario estar conscientes de los hechos históricos que han transformado la historia del país y permanecen, en la memoria de muchos, en el olvido y la ignorancia. Nos cuentan una historia de beneficencia y resignación que se aleja de la lucha y el reclamo justo. Un afán de presentar a un puertorriqueño dócil que no es capaz de reclamar lo injusto y levantarse. Esa historia del derrotado que muchos imputan intentado minimizar al país. Cada generación tiene la responsabilidad de reescribir la historia. Adelante.

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Madre América: Puerto Rico

Universidad de Puerto Rico: bajo asedio económico

Edwin Sierra González

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Un nuevo golpe se asoma hacia la educación pública puertorriqueña. El Primer Centro Docente del País, a través de su presidente, el Sr. Jorge Haddock, ha informado que el gobierno colonial, ante exigencias de la Junta de Control Fiscal estadounidense, planea realizarle un nuevo recorte de $71 millones de dólares. La intención, descabellada, heriría de muerte a la institución que se vería obligada, muy posiblemente, a cerrar algunos recintos y despedir docentes, investigadores, administrativos y otros empleados del sistema. La Universidad está siendo llevada a un caos para volverla inoperante.

Esta no es la primera vez que la única universidad pública del país se ve menoscabada económicamente por el gobierno. Durante la administración del renunciante Ricardo Roselló, el mismo consintió un recorte de $330 millones exigido por la Junta estadounidense, a los que se sumarían los $71 millones que se pretenden arrancar de las arcas universitarias para el ciclo fiscal 2020-2021. Como si la pérdida del 36% de su presupuesto fuera poco, los costos de estudio han aumentado de manera abismal para un país en plena crisis económica. Los estudios se vuelven cada vez más inaccesibles tanto para estudios de grado como postgrado. Cuando en un momento dado un semestre regular de doce créditos llegó a costar $396.00 dólares, sin las cuotas de rigor, en la actualidad ya alcanza los $1,488.00 dólares, casi $300.00 por encima del salario mínimo mensual que gana un puertorriqueño trabajando 40 horas a la semana. Eso sin tomar en cuenta el hecho de que se proyecta elevar el mismo a 1,644.00 dólares próximamente y el alto costo de vida que tiene el país en todos sus aspectos.

Los estudios graduados parecieran volverse en un lujo a pesar de lo barato que pudiera parecer en comparación con universidades estadounidenses. Las postgrados de Maestría y Doctorado comienzan entre los $5,000 y $6,000 cada uno, sin las cuotas o exigencias adicionales de rigor. Costos que muy pocos pueden afrontar sin incurrir en endeudamientos a largo plazo. La capacidad de desarrollo académico peligra ante la falta de ayudas o programas de becas para el estudiantado de postgrado que se ve en ocasiones limitado por los requisitos exigidos para poder tener acceso a alguna ayudantía que, en ocasiones, no es pagada a tiempo.

A pesar de estos aumentos, la oferta de secciones y cursos en la Universidad disminuye constantemente por la precariedad y el hecho de que la institución no está contratando profesores ni reemplaza a aquellos que se jubilan, renuncian o fallecen. No hay un traspaso generacional del conocimiento ni renovación de la plantilla, lo que está generando un disloque en el funcionamiento institucional y en otras facetas como las pensiones a los profesores jubilados ya que cada vez cotizan menos profesores de reciente ingreso. De igual forma, las secciones de los cursos aún disponibles se ven abarrotadas por el sobrecupo, que ha llegado, según declaraciones de líderes estudiantiles a la Junta Universitaria por el Recinto de Río Piedras, a más de un centenar de alumnos por profesor, lo que podría ir en detrimento de la calidad educativa y en algunos casos, en violaciones a los estándares exigidos por las agencias acreditadoras.

La Universidad de Puerto Rico no puede ni debe ser blanco de nuevos recortes cuando otras instituciones del Estado ven sus presupuestos boyantes e incluso despilfarrados en contratos innecesarios, panismos o favoritismos conyugales. Resulta preocupante que los recortes busquen realizarse en áreas inaceptables, pues mientras los alumnos ven sus posibilidades de estudios mermadas. En particular cuando la administración central parece mantener un presupuesto de millones de dólares sin atender ningún estudiante, solo para su beneficio. ¿Cuáles son las prioridades? Pareciera que hundir al país en la ignorancia y la pobreza son algunas de ellas. Veremos si el presidente logra detener el saqueo a la que está siendo sometida la universidad o se alinea con el gobierno colonial en pos de mantener intereses particulares. El tiempo dirá.

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Humillación colonial a los jubilados puertorriqueños

Edwin Sierra González

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El país amanece con un nuevo capítulo de la bancarrota económica en la que le han sumido los tradicionales partidos políticos y sus administraciones rojiazules. Como si la crisis económica que sobrepasa la década, el exilio de miles de puertorriqueños, el aumento de la pobreza y el encarecimiento del costo de vida no fuesen suficientes, la gobernadora por causa constitucional, ha anunciado públicamente, que se allana a los designios de la Junta de Control Fiscal, un organismo impuesto por el gobierno estadounidense para controlar las finanzas y el tesoro público de la colonia puertorriqueña. La actitud servil de la mandataria colonial acaba de un plomazo con las esperanzas de miles de puertorriqueños de mantener sus derechos sobre las pensiones que trabajaron durante sus años de servicio.

En un mensaje televisado al país, la señora Vázquez, sostuvo que la mejor decisión que se podía tomar era allanarse a la determinación de la dictadura extranjera, pues de resistir, los resultados podrían ser peores. Entre lo que propone la Junta, es recortar en 8,5% las pensiones de los puertorriqueños que reciban unos $1,200 dólares mensuales o más, lo que equivaldría a comenzar a recibir unos 1,098. Aunque en un principio parecería no ser una reducción drástica, el recorte representa un abuso descomunal ante la explotación a la que es sometida la clase media y trabajadora del país por el sinnúmero de impuestos que laceran su poder adquisitivo y de desarrollo. No se puede perder de perspectiva que el alto costo de vida entre renta, utilidades básicas y alimentos, es descomunal. Añádase a ello, los gastos médicos a los que los jubilados, por cuestiones de edad, deben recurrir.

Para hacerse una idea, en Puerto Rico, un litro de leche cuesta $1.95; una barra de pan de aproximadamente 500kg, $2.50 y un galón de agua (3.79 L.), mínimo $1.00. Para el 2016, los puertorriqueños debían usar casi una quinta parte de su salario mínimo ($7.25 por hora) para adquirir la canasta básica de alimentos. Esto, sin contar el impuesto al consumo en la isla que alcanza el 11,5%, siendo la media en América Latina de 8,5 (2018). Puerto Rico es uno de los países más costosos en todo el continente y su insostenible carga económica lleva al exilio a miles de nacionales cada año. A pesar de ello, el gobierno se alinea con castigar aún más a la clase desprotegida en favor de los grandes intereses.

La señora Vázquez ha apostado con lanzar a mas puertorriqueños a la pobreza arguyendo, de manera cuasi grotesca, que ella también ha sido empleada pública toda su vida. Sin embargo, parece olvidar que ciertos empleados de la Rama Judicial, como ella, disfrutan de salarios muy por encima del ciudadano promedio quien con entre $1,160 y $1,200 mensuales, antes de los descuentos de ley, debe cubrir todas sus necesidades. Absurdísimo en un país donde se ha declarado que lo ideal es generar ingresos de unos $2,500 para cubrir de manera honrada las necesidades.

Su apuesta al miedo de que pudiera ser peor, sólo invita a la parálisis y a la dejadez misma con la que ella despacha el asunto. ¿Por qué no reducir los salarios en el gobierno? ¿Por qué no elimina plazas de confianza y asesoría en el Poder Legislativo? ¿Por qué no cortar desde donde verdaderamente hay margen para hacerlo? Porque no hay interés. Porque aunque pregone que no responde a intereses partidistas, defiende lo mismo que los dos partidos que se han turnado en el poder y han quebrado el país. La señora Vázquez ha sido y es parte del problema que asola el país. Parece que tendremos que salir nuevamente a las calles a tomar el país.

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Madre América: Puerto Rico

Nuevas caras, viejos problemas: la indecisión desde Palacio

Edwin Sierra González

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En momentos en que la nueva gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced, cumple un mes llevando los destinos coloniales, una estela agridulce se levanta sobre su gestión ejecutiva. El poder, que le ha llegado por disposición constitucional tras la renuncia del Dr. Ricardo Roselló, producto del verano del 19 puertorriqueño, le ha tomado por obligación y con la incesante insistencia de que no interesa puesto político alguno en las elecciones coloniales de noviembre 2020. Su postura pareció traer un aire fresco en cuanto a que no se amarraría, tal vez, a intereses político partidistas y sus donantes. Aun así, su dudosa gestión como Secretaría de Justicia, le persigue y parece dar nuevos guiños dado el silencio o dilación que se guarda respecto a asuntos trascendentales en el país como la violencia de género, la destrucción de recursos naturales, la acumulación de cenizas que contaminan los cuerpos de agua, el mal uso y distribución de los recursos públicos, escasos ante la crisis, y la designación de políticos de la vieja guardia con salarios que resultan escandalosos ante la pobreza que aumenta vertiginosamente en el país.

Se esperaría que una mujer que ha “vivido para la ley y la justicia” hiciera de su estancia una verdadera metamorfosis que moviera los cimientos de la podrida política bipartidista que consume a Puerto Rico y que parece verse amenazada ante la nueva cita electoral. Aunque se debe reconocer que ha tomado pequeñas decisiones de carácter, permanecen muy lejos de los verdaderos asuntos que merecen atención en el País. Uno de ellos, la violencia de género que, según las últimas estadísticas de la Policía de Puerto Rico, cobra la vida de una mujer cada 19 días. A pesar de los reclamos de múltiples colectivos y reuniones para que se decrete un Estado de Emergencia Nacional, la gobernadora solo decretó una alerta, esto luego de días de incertidumbre y en medio de declaraciones de la Procuradoría de la Mujer arguyendo que no habían fondos para atender la ola de feminicidios. Los silencios que arropan ciertas decisiones de la mandataria levantan dudas sobre sus intenciones en el puesto.

La Universidad de Puerto Rico, desangrada por los continuos golpes gubernamentales es otro tema sobre el que Vázquez no se ha expresado con claridad. Su indecisión resulta sumamente peligrosa ante la realidad de que es el único sistema universitario público que tiene el país para garantizar la educación de los ciudadanos y el progreso del país. Su mutis continuo para no defenderla de los recortes que impone la Junta de Control Fiscal impuesta por Estados Unidos, hace pensar que la universidad no le parece un servicio esencial, acto que se ha pedido sea declarado para que el organismo opresor no se ensañe con ella y la desarticule, como parece quieren que ocurra. Los continuos aumentos que se busca imponer a los estudiantes en un país empobrecido amenaza la supervivencia misma de la nación colonizada que es Puerto Rico.

Pareciera que quieren provocar la salida de los puertorriqueños a toda costa de las islas en contubernio con los grandes intereses. Pareciera que de repente se ha olvidado el valor de la verdad y la justicia, si es que verdaderamente se ha tenido. Pero mientras solo se escucha la indecisión de Palacio, el pueblo sigue en la calle construyendo un nuevo país.

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