Madre América: Puerto Rico
El eterno dilema del trabajador puertorriqueño
En medio de la crisis económica que azota a Puerto Rico desde hace casi quince años, con un desgaste del modelo económico y un Estado paupérrimo que sólo busca alimentarse draconianamente de los ciudadanos, se ha erigido un nuevo debate público del que la prensa hace eco. A la isla, han llegado hermanos trabajadores mexicanos para trabajar en los campos del país, en el recogido de productos propios de la época. El anuncio, que ha contado con publicaciones de beneplácito de parte de las autoridades representativas mexicanas en la isla, ha levantado un debate de si el puertorriqueño quiere trabajar o es un vago, por el hecho de que extranjeros vengan a trabajar la tierra. Mientras el debate corre en las redes, las opiniones en la prensa están a la orden del día y las autoridades gubernamentales permanecen a la sombra, nadie profundiza en las problemáticas económicas, sociales e históricas que han vaciado los campos del país.
Un pellizco histórico…
La historia de Puerto Rico, a grandes rasgos, nos demuestra unos continuos patrones de explotación laboral, desde la dominación española, comenzando por los nativos y luego por los africanos esclavizados, (nótese el término, pues nadie nace esclavo, es un sistema opresivo instaurado). Aun cuando en la isla se abolió el sistema esclavista en 1873, el gobierno obligó a los libertos a firmar y trabajar para sus amos por varios años más, por lo que en realidad fue un proceso de transición en el que la libertad no se alcanzaba al momento, sino al cumplimiento de ciertos requisitos. Tras la invasión y ocupación de Estados Unidos a Puerto Rico en 1898, y éste pasa a ser un punto históricamente neurálgico en el asunto, ya que la isla pasó a convertirse en un gigantesco latifundio azucarero dominado por empresas ausentistas estadounidenses que sumió a la isla en unas condiciones económicas de pobreza comparables con Haití. Las empresas sólo tenían trabajo para los puertorriqueños en los periodos de zafra (cosecha), pues al haber sólo el monocultivo azucarero, los periodos conocidos como “tiempo muerto”, la pobreza, desnutrición y miseria se disparaban en el país. Aun en los periodos de trabajo, que se extendían de sol a sol, unas doce horas, la paga era miserable (menos de un dólar al día), y el campesino vivía siempre atado por deudas a los dueños de los grandes latifundios. La tierra, en lugar de ser aliento y sustento, se volvía la tumba del pueblo a mano de extranjeros y el beneplácito del Estado Colonial. Es ahí donde nace la primera raíz hacia el rechazo a la tierra: explotación, hambre y miseria.
Con el proceso de transición hacia la industrialización, uno tal vez accidentado por la ligereza con que lo llevó a cabo el gobierno, expulsó y desterró a miles de puertorriqueño que, alentados por el gobierno, se fueron del país a trabajar en las fábricas estadounidenses. Un éxodo masivo de compatriotas que no tuvo comparación hasta la ocurrida en esta crisis actual. Esa movilización industrial sacó de los campos a miles de ciudadanos y los llevó a las ciudades y al extranjero de la metrópolis anglosajona, lo que, sin duda, dislocó en números históricos la producción agrícola del país. El gobierno mismo inculcó el desamor a la tierra y desvaloró la necesidad de una capacidad alimentaria vasta para la población. Todo ello, se conjugó, para que el puertorriqueño promedio creara resentimiento a la tierra.
El eterno “des” salario…
Aunque puede afirmarse que Puerto Rico tiene una escala salarial que supera el promedio latinoamericano, también es muy real la inferioridad económica de la isla respecto a los Estados Unidos y el hecho de que el costo de vida en la Antilla caribeña es exorbitante. A pesar de los indicadores del costo de vida, los salarios en la isla no registran un aumento desde hace más de una década, en 2009, cuando el gobierno federal de los Estados Unidos aprobó un aumento escalonado, que también fue impuesto a la isla, a $7.25 USD (unos 147 pesos). A pesar de que el gobierno estatal tiene la autoridad para legislar sobre los salarios y elevarlo sin requerir la autorización del gobierno metropolitano, no lo hace, lo que hace de Puerto Rico una de las jurisdicciones con salarios más bajos y con uno de los costos y tasas impositivas más altas, pues el consumo se castiga con un impuesto del 11.5%, añadido al alto costo de los productos.
Para que se pueda tener una idea clara: un litro de leche cuesta $1.95 USD (39.58 pesos); una barra de pan de 450g cuesta $2.50 (50.74 pesos); un botellón de 4.5 litros, entre $0.89 y $1.83 (entre 18.00 y 37.00 pesos, dependiendo la marca) y un paquete de arroz regular, de poco más de un kilo, puede rondar entre $1.80 y $1.90 (38.50 pesos). En esos cuatro productos acabados de desglosar un puertorriqueño acaba de dejar una hora de trabajo, sin contar las retenciones de ley ni el impuesto por la adquisición de los mismos. El debate que actualmente se genera es por el hecho de que muchos puertorriqueños se resisten a trabajar en las condiciones laborales actuales, que han venido empeorando desde 2017, cuando el gobierno conservador y de derecha, eliminó los derechos de empleados y redujo beneficios por enfermedad y vacaciones hasta dejarlos prácticamente inoperantes. Además, se aumentó el periodo probatorio de 3 a 9 meses, lo que ha aumentado la incertidumbre y muchos patronos lo utilizan para cambiar de empleados y nunca otorgar permanencias o beneficios marginales. Muchos puertorriqueños han abandonado el país buscando mejores oportunidades de empleo y con la pandemia, el apoyo por desempleo ha sido masivo, como nunca antes y cientos de miles de trabajadores reciben beneficios por desempleo mucho mayores a los que ganarían trabajando, siendo incluso de dos a tres veces más.
Ante esta situación, el gobierno ha comenzado una cruzada, que más bien luce como represalias, contra aquellos que no se reportan a trabajar. El gobierno ha creado un portal para que las empresas y patronos reporten a los empleados que no han regresado a sus puestos de trabajos, una persecución como la instaurada por España en el siglo XIX con el Régimen de la Libreta. O sea, el gobierno les está pidiendo a los ciudadanos que dejen los beneficios, que, aunque pueden ser excesivos, resultan más decentes que los salarios, para irse a trabajar por el salario mínimo, cuando el mismo secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos ha reconocido que la empresa privada tiene que subir los salarios pues no dan para vivir ante los constantes aumentos incluso en los servicios básicos y alimentos. Estas empresas son las que suben el costo de sus productos constantemente, pero siguen pagando salarios cuestionables. Desde hace años se está solicitando una revisión de los salarios, pues el promedio salarial es de apenas $1,160 dólares al mes, unos 13, 920, antes de descuentos de ley, cuando lo deseable son unos 25,000 (poco más de $2,000 mensuales), para poder cubrir los costos al mes de renta, servicios básicos de agua y luz y canasta básica de alimentos. El problema está en que el gobierno le exige a la gente trabajar por salarios miserables cuando los políticos y las clases dirigentes despilfarran pagando hasta sobre $5,000 dólares al mes a empleados acomodados en la cafetería de la Legislatura Colonial. La clase política se alimenta del trabajo de los ciudadanos que en este momento se resiste a la paga actual para forzar a subir los salarios.
La llegada de hermanos mexicanos para trabajar la tierra, se da en medio de un movimiento que en muchos lugares se utiliza, ya sea porque no hay la mano de obra esperada o porque se utiliza como mecanismo para no mejorar las condiciones de trabajo de los puertorriqueños. Este elemento no es nuevo, pues hace varios años se intentó traer enfermeras/os desde la hermana República Dominicana para no cumplir las exigencias de mejores condiciones laborales para las puertorriqueñas/os, lo que se traduce en una competencia desleal que se alimenta de la necesidad y los bajos salarios existentes en los hermanos pueblos latinoamericanos. El gobierno facilita la llegada de hermanos de otros países en lugar de trabajar por condiciones laborales dignas. Aunque mucho se ha criticado, son pocas las preguntas que se hace sobre bajo qué condiciones se busca contratar, los beneficios y demás. La triste realidad de estas empresas, muchas veces extranjeras, es que el gobierno les otorga exenciones millonarias, porque se carga sobre el trabajador los impuestos necesarios por el fisco. O sea, el gobierno y el sistema contributivo actual castigan al trabajador mientras beneficia a las empresas extranjeras. La pregunta sería, ¿bajo qué condiciones llegan estos hermanos mexicanos?, más allá del mínimo federal que deben pagarle, que dentro de su contexto podría resultar beneficioso. Se tiende a pensar que más allá del salario por hora, son muchas las obligaciones en las que no tendría que incurrir el patrono al ser extranjeros, como seguro social, desempleo, vacaciones, enfermedad u otros, al no ser empleados regulares, solo el patrono sabe.
Un ejemplo podría bastar…
Uno de los empleos peor pagados en Puerto Rico son los meseros. Este servicio supone un pago mínimo inferior al $7.25 por parte del empleador porque los comensales o clientes son los que pagarán esa diferencia. Esta industria en Puerto Rico emplea a personas por apenas $2.13 la hora, un reglamento que está vigente desde principios de la década de los 1990. O sea, que hace más de 30 años que no son revisados y los precios en los restaurantes han subido y se sigue pretendiendo que los clientes aporten entre el 10 y 20% del valor de su consumo en propina. Esta desigualdad es sumamente desventajosa, pues el sistema pretende que sean los comensales los que paguen entre el 80 y el 90% del salario de ese empleado. Esta práctica genera muchas situaciones que no están siendo fiscalizadas.
“María” y “Paco”, nombres ficticios que daremos a dos meseros de un conocido restaurante casual en la zona metropolitana de San Juan, reconocen que hay días en lo que hacen muy buena propina, pero que hay momentos en los que eso no ocurre y el patrono paga la diferencia hasta llegar al mínimo federal requerido. “Hay días que me hago muy buena propina, porque en realidad mi salario lo pagan los clientes, pero el sistema es extraño, porque el patrono cuadra las propinas semanales, por lo que puede haber días que trabaje a 7.25 la hora y otros días no, pues como lo hacen global, los días que gané bien, tapa los días que no gane casi nada“, dice “María”, guardando distancia y bajo promesa de anonimato para no verse afectada. Su compañero “Paco” asiente con la cabeza mientras escuchan perplejos la noticia de que su salario fue establecido en los noventa y no ha sido revisado hace treinta años. “A nosotros nos beneficia en el que estamos en un área céntrica y de mucho movimiento, sino la historia fuera otra”, sentencia “Paco”. Las historias de patronos que toman medidas contra meseros que no logran cuadrar su salario con propinas son otra de las historias de esta industria mal pagada en el país y de la que el gobierno se ha hecho de la vista larga por décadas.
Incluso, hay malas prácticas, dice “María”: “Yo he trabajado en varios restaurantes y hay patronos que una vez cierra el restaurante, te mantiene trabajando en labores de limpieza y desinfección por $2.13, no te pagan el mínimo esas dos horas de cierre en las que tú no te haces propinas, pues no hay clientes, ya cerramos”. Aun cuando estos meseros no pueden hacerse propina, se les mantiene trabajando por el mismo salario, lo que plantea serios conflictos éticos y hasta legales, pues si la justificación del mesero para un salario tan bajo es que se hace propinas, ¿por qué no se iguala al mínimo cuando está realizando labores de cierre sin esta posibilidad de ingreso extra? “¿Por qué los clientes tienen que pagarnos sobre el 80% de nuestro salario, cuando no somos sus empleados? La propina no es que esté mal, pero debería haber una carga más equitativa, entre patrono y cliente. Los clientes pagan por la comida y también al mesero, cuando el patrono solo paga una mínima parte”, cuestiona “Paco” mientras sujeta la bandeja de recoger las mesas.
No hay duda de que esta es una de las industrias más cuestionables del país, que son sus altas y bajar, requiere una seria evaluación que dignifique la labor que se realiza. Es inconcebible que el gobierno exija a la gente trabajar por salarios miserables cuando los políticos se lucran con la necesidad del país. No es una cuestión de vagancia como muchos quieren argumentar, sino de dignidad salarial, razón por la que muchas profesiones en el país están escaseando, ante los bajos salarios y las altas exigencias. Son cientos de miles los puertorriqueños que se van del país y no hay médicos especialistas, bomberos, maestros, policías u otros, como trabajadores agrícolas. No hay un verdadero interés de que el puertorriqueño se gane la vida, sino explotarlo, solo que la válvula abierta de fuga de talento que representa Estados Unidos, está vaciando la colonia y se están quejando.
Madre América: Puerto Rico
Jasmine Camacho Quinn y los múltiples rostros de la nacionalidad puertorriqueña
Cuando García Márquez creó Macondo, ese espacio del nítido realismo mágico latinoamericano, parece haberse equivocado de lugar. Las noticias que saltan en la prensa colonial puertorriqueña, en ocasiones parten del aparato represor mediante cesura, y parecen un listado de ficción. El gobierno, en lugar de hacer un trabajo que amerite el estruendoso “honorable”, nos muestra las paupérrimas y cuestionables decisiones de quienes dirigen. Si su labor es servir al País, ¿por qué nos encontramos constantemente con una vorágine de despropósitos? Primero, el fatulo contrato para privatizar el servicio de energía eléctrica; luego la privatización de los servicios de transporte marítimo para las islas-municipio de Culebra y Vieques y, finalmente, la hipócrita enmienda laboral del Partido Popular que en el mandato 2016-2020, se desgarraba las vestiduras por los trabajadores. Quitar derechos para que más abracen la pobreza, mientras otros se enriquecen, a costa de un ideal y la ilusión de quienes les votan, no es servir, es servirse. Que miles de compatriotas tengan que emigrar por no encontrar una plaza de trabajo digna gracias a los despropósitos coloniales, es inaceptable. No todos tenemos la suerte, o privilegio, de que se nos creen puestos de trabajo o tener una genealogía de estirpe envidiable para ser acomodados e puestos de trabajo. El cuento neoliberal de que la privatización es la solución a los males lo venimos escuchado desde la época de Roselló padre (1993-2000) y los servicios en nada han mejorado, pero si ha encarecido, esa es la verdadera cara del gobierno privativo, para quien pueda pagarlo.
Como si la ola privatizadora todopoderosa fuese poco, salen nuevos ataques de la Junta de Control Fiscal extranjera, que hinca sus colmillos sobre la Universidad de Puerto Rico y la educación pública en general. Más recortes y aumentos, millones a la deriva en un país que se hunde en la ignorancia y que prueba de ello es la manera en la que votan. En 2017, antes del huracán María, que destrozó el país y de cuyos estragos aún nos estamos recuperando, salieron artículos periodísticos sobre el costo de estudios en el sistema público universitario y su repercusión más allá de las “ayudas” que proporciona el sistema. En momentos en que se pretende trastocar fuertemente la UPR otra vez, es importante que pongamos conciencia respecto a lo que está sucediendo. Históricamente, se ha repetido hasta la saciedad el bajo costo de los estudios en la Universidad de Puerto Rico en comparación con otros sistemas públicos estadounidenses, lo que es un hecho. Sin embargo, las declaraciones del Consejo de Educación Superior de Puerto Rico deben poner en perspectiva estas aseveraciones que de tanto repetirse, las personas las toman por absolutas. El organismo rector ha señalado lo costoso del sistema público cuando se toma en cuenta el ingreso familiar: mientras una familia estadounidense debe destinar entre 30 a 40 por ciento del ingreso para la educación universitaria, las familias puertorriqueñas deben invertir casi 65% por ciento del mismo, o sea, el doble. En la actualidad debe ser más. Igual es nuestra brecha salarial. Muchas voces se rasgarán las vestiduras arguyendo que las “ayudas” cubren ese coste, pero no podemos perder de perspectiva que el costo de vida ha aumentado estrepitosamente, en comparación con los salarios y que la vida estudiantil conlleva más que una matrícula y el tope de la “ayuda” varía por año. Para el año fiscal que ha de cerrar este próximo 30 de junio, el tope estipulado fue de $6,345.00, mientras que en 2017 era de $5,818.00 dólares, un tope que no le aplica a todo el mundo. Según datos provistos por la Oficina de Asuntos Estudiantiles de la UPR y el Censo de EE.UU., sólo el 50% recibe ese tope y un 20% algún apoyo económico, mientras que el 30% se costea sus estudios. El 50% que la recibe en su totalidad es porque su condición es precaria y no pueden aportar nada. Mientras tanto, el otro 50% de nuestra población de grado pública no tiene asegurada su matrícula de estudios y esto es peligroso, sumamente peligroso, dado los recortes propuestos por Junta de Control y aumentos en el costo de vida proyectados por nuevos impuestos. ¿Qué precios estamos dispuestos a pagar ante la posible desarticulación de la universidad pública? Y no es sólo una cuestión económica, pues el país se vacía con los profesionales que se van. Entonces, ¿Quienes han de sustituirlos si le cortamos las alas a un 50% de nuestra población estudiantil? Esto no es cuestión de ser dramático, es ser realista. Olvidémonos de EE.UU. un segundo. Si desde allá no hay dinero para la deuda, tampoco vendrán los futuros profesionales que nuestra sociedad necesita. Entre los que se van y los que no puedan seguir estudiando, la combinación es alarmante. Hoy son los médicos, ¿Y mañana? El Consejo de Educación advierte que y cito: “un aumento en el costo de estudio, sin considerar las subvenciones, podría significar una enorme reducción de la población que pueda tener acceso a la educación superior”. Nuestro país se empobrece cada vez más y a la Junta Invasora y a “nuestros “líderes” no parece importarles. Los ahorros que querramos hacer ahora en áreas sensibles, quizás, nos salgan más caros en el mañana. Reflexionemos.
Sin duda, el Estado se vuelve un tropiezo constante en todo sentido. Entorpece en lugar de facilitar, todo en pos de mantener un estatus quo perpetuo en su beneficio. Siembran la tragedia, para salvarnos luego. La histórica agonía de israelitas en el desierto, solo que nosotros, hace mucho que ya pasamos los cuarenta años. Debemos despertar
Las ciudades, como producto de la interacción humana, tienen su historia, un proceso viviente y continuo que no se detiene y se cimenta en el cúmulo de hechos y experiencias que sus habitantes y el espacio que ocupan recibe. San Juan de Puerto Rico, antes llamada Ciudad de Puerto Rico, pues San Juan era la isla en sí, es la segunda ciudad más antigua de América y en 500 años de refundada en la Isleta que hoy ocupa, perdura en sus calles la semilla de una sociedad que no se detiene y se reafirma. San Juan de Puerto Rico se encuentra entre las urbes coloniales más antiguas y mejores preservadas del hemisferio occidental. La ciudad, que tiene sus orígenes en la antigua Villa de Caparra, fundada en 1509 al sur de la bahía por Juan Ponce de León, se vio obligada a trasladarse a su localización actual entre 1519 y 1521, dado que se arguía el peligro que representaba el pantanoso lugar previo para la salud de los niños, razón por la peticionaban el cambio desde 1514. La Cédula Real que concedía tal cambio, fue firmada por el emperador Carlos V, el 20 de julio de 1521. Esta histórica ciudad, además de ser la segunda más fortificada del continente después de Cartagena, Colombia, tiene el honor de resguardar entre sus murallas, auténticos Patrimonios Nacionales y de la humanidad como sus sistemas defensivos, encabezados por los Castillos de San Felipe del Morro (1589) y Castillo de San Cristóbal (1634-1783) y el Palacio de Santa Catalina, también conocido como La Fortaleza, el cual es la Residencia de Estado más antigua en uso ininterrumpido en América desde su edificación entre 1533 y 1540.
La historia de está ciudad antillana y caribeña está irremediablemente ligada a la faceta militar que primó todo movimiento y acción, especialmente desde que la isla fue declarada una Capitanía General en 1582. Todo su sistema y desarrollo se veía subeditado en su totalidad a este menester bélico que le costó particulares capítulos de enfrentamiento con otras potencias coloniales que buscaban hacerse de ella. Los ataques ingleses de 1595 y 1598, así como el ataque holandés, que incendió la ciudad en 1625, apocaron a desallorar en la ciudad durante el siglo XVIII todo un sistema defensivo que hizo de ella un alcazar impenetrable, una de las diez ciudadades completamente amuralladas de la Monarquía Hispánica en América. El proyecto fue todo un éxito defensivo, siendo prueba de ello la derrota inglesa durante el ataque de 1797. Las murallas, con una altura que sobrepasaba los siete metros de altura y cinco metros de espesor, fueron el marco perfecto para la joya arquitectónica que hoy, entre antiguo y moderno, se yergue sobre la isleta.
A pesar de los siglos y el cambio del tiempo, desde que San Juan comenzó su andadura política el 31 de diciembre de 1521, la primacía de los asuntos militares en la ciudad, dominó los primeros cuatro siglos de su existencia, por lo que la sobriedad de sus edificios es un testigo irrefutable de su función. Aun cuando San Juan tiene exquisitos ejemplos arquitectónicos de estilos medievales como el gótico tardío, presente en la restaurada Iglesia del Antiguo Convento de Santo Tomás de Aquino (Iglesia San José, desde 1863), la realidad es que la ciudad se consuma como un gran conjunto monumental neoclásico que la arropa y embellece durante el siglo XIX. Muchas de sus estructuras sufrieron reformas y modificaciones sustanciales que le brindaron el aspecto que hoy les engalana. Ejemplo de ello lo es el Palacio (Nacional) La Fortaleza, Patrimonio de la Humanidad desde 1983, que a pesar de edificarse en el siglo XVI, conservamos la profunda reforma palaciega que le realizara en 1846, el gobernador, Don Rafael Arístegui y Vélez, Conde de Mirasol. Su importancia histórica, según la UNESCO, radica en el hecho de que “ilustra de manera sobresaliente la adaptación al contexto caribeño de los desarrollos europeos en la arquitectura militar de los siglos XVI al XX“. Así pues, no sólo el palacio, sino San Juan toda, es la caribeñización de la mentalidad europea.
El adoquinado de las calles, que comenzó a finales del siglo XVIII, alcanzaba su belleza estética con la construcción del Teatro (Nacional) Alejandro Tapia y Rivera, comenzado en 1824 con su estilo toscano, pero inaugurado en 1832 con su sobrio estilo, propio del momento. Esta piedra angular de la cultura sanjuanera y puertorriqueña, tiene el honor de ser el segundo teatro más antiguo en Latinoamérica y en forma de herradura, aun en funciones initerrumpidas, superado sólo por el Teatro Principal de Puebla, México, edificado en 1760. Fue salvado de ser demolido en la década de los 40 del siglo XX, por la entonces alcaldesa Felisa Rincón de Gautier, emergiendo frente la Plaza de Colón, como concatedral cultural del país junto a la sede del Ateneo Puertorriqueño, de construcción más reciente.
Para las festividades por los 500 años de San Juan, el mejor regalo que podríamos hacer a esta joya caribeña y de América es preservarla como se merece. Que futuras generaciones puedan disfrutarla y no tengan que decir, que aquí alguna vez ubicó la zona antigua de la capital de Puerto Rico, justo lo que nosotros hacemos ahora con las ruinas de Caparra. No permitamos que se repita la historia.
