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CEPAL dio a conocer informe medular sobre los desafíos sociales para América Latina y el Caribe en tiempos del COVID-19

Héctor Hernández Pardo

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La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en un minucioso Informe titulado El desafío social en tiempos del COVID-19 ha llamado a los líderes de la región a que -ante las grandes brechas históricas que la pandemia ha agravado-instrumenten  políticas universales, redistributivas y solidarias con enfoque de derechos, para no dejar a nadie atrás.

El detallado análisis sobre la evolución y los efectos de la pandemia del COVID-19 en la región latinoamericana y caribeña se dio a conocer en la sede de la CEPAL, en Santiago de Chile, por su Secretaria Ejecutiva Alicia Bárcena. Como se conoce, la CEPAL es un prestigioso organismo dependiente de la Organización de las Naciones Unidas que realiza investigaciones económicas  de gran importancia para los gobiernos  y tiene como función principal  promover el desarrollo económico y social de nuestra América.​

Para la CEPAL la pandemia del COVID-19 tiene fuertes efectos en el ámbito de la salud y profundas implicaciones sobre el crecimiento económico y el desarrollo social. Llega a América Latina y el Caribe en un contexto de bajo crecimiento y, sobre todo, de alta desigualdad y vulnerabilidad, en el que se observan tendencias crecientes en la pobreza y pobreza extrema, un debilitamiento de la cohesión social y manifestaciones de descontento popular.

En el susodicho Informe – el tercero de una serie que ha elaborado la CEPAL sobre la evolución y los efectos de la pandemia del COVID-19 en América Latina y el Caribe-, se explica que las medidas de cuarentena y distanciamiento físico, necesarias e imprescindibles para frenar la propagación acelerada del coronavirus y salvar vidas, generan pérdidas de empleo (en 2020 habría 11,6 millones de desocupados más que en 2019) y reducen los ingresos laborales de las personas y de los hogares. La pérdida de ingresos afecta sobre todo a los amplios estratos de población que se encuentran en situación de precariedad laboral.

El pronóstico de la CEPAL es que, en cualquier escenario de esta pandemia,  la pobreza y la pobreza extrema aumentarán en todos los países. Y además en caso de reducirse las remesas provenientes de familiares que migraron, se acentuará la situación de pobreza de quienes las reciben en sus países de origen. Esta reducción es muy probable ante el fuerte impacto del COVID-19 en la región y en particular en países extrarregionales receptores de migrantes latinoamericanos y caribeños, como por ejemplo los Estados Unidos y España.

En línea con el aumento de la pobreza y la pobreza extrema, también se incrementará la desigualdad en todos los países de la región. La CEPAL proyecta subidas de ese  índice  entre el 0,5% y el 6,0%. Los peores resultados se esperan en las economías más grandes de la región. Esto representa un retroceso respecto a los esfuerzos de muchos países en la década anterior.

Teniendo en cuenta la previsión de caída del PIB regional (5,3%) y el aumento del desempleo por los efectos de la pandemia, la CEPAL estima que alrededor del 10% de las personas que se encontraban en situación de pobreza no extrema en 2019 (11,8 millones de personas) verían deteriorada su situación económica y caerían en una situación de pobreza extrema  Asimismo, el 15% de las personas ubicadas en estratos bajos no pobres (entre 1 y 1,8 líneas de pobreza per cápita) caerían en la pobreza no extrema (20,8 millones de personas) o en la pobreza extrema (3 millones de personas). También habría un fuerte deterioro de la situación económica de las personas que consideradas en los estratos medios.

La pandemia tiene un impacto discriminado en diversos grupos de población y su capacidad de respuesta. La imposibilidad para muchas familias de trabajar desde el domicilio, las condiciones de hacinamiento y la falta de acceso a agua y saneamiento aumentan el riesgo de infección de la población en situación de pobreza y vulnerabilidad. Asimismo, su riesgo de muerte es mayor por la mayor incidencia de condiciones preexistentes de salud como enfermedades pulmonares, cardiovasculares y diabetes y por carecer de acceso adecuado a la atención médica.

Según los expertos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, las medidas de protección social de corto, mediano y largo plazo que se adopten para enfrentar los efectos de la pandemia deben considerar el bienestar de toda la población, especialmente el de los grupos que experimentan múltiples formas de exclusión y sufren más agudamente los impactos de la crisis.

Los grupos más afectados abarcan una gran proporción de la población de los países de la región. Por ejemplo, en el caso del Brasil, las estimaciones realizadas por la Institución Fiscal Independiente (IFI), órgano del Senado de dicho país, con información hasta el 1 de mayo de 2020 indican que la mitad de la población (111 millones de personas) podría requerir ayuda económica para enfrentar los efectos de la pandemia, lo que supondría un costo de más de 37.000 millones de dólares. Esto implicaría duplicar con creces el alcance de las medidas en curso en el gigante suramericano.

Si bien la crisis afecta a toda la fuerza de trabajo, es particularmente desastrosa  la situación de los trabajadores informales de ambos sexos, y especialmente la de las mujeres y las personas jóvenes, indígenas, afrodescendientes y migrantes. Ellos constituyen un fuerte núcleo de vulnerabilidad y desigualdad.

En el Informe se denuncia que en un contexto de confinamiento, cierre de escuelas y necesidad de cuidados ante la posible presencia de uno o más contagiados en el hogar, la carga de trabajo doméstico no remunerado que asumen las mujeres, las adolescentes y las niñas, así como los casos de violencia hacia ellas, se incrementan significativamente.

Refleja el exhaustivo análisis que  es probable que los hijos de las familias más pobres se vean obligados a entrar en el mercado de trabajo, lo que incrementaría las tasas de trabajo infantil. Subraya también que en una situación de aumento del desempleo y restricción de los presupuestos familiares, la población joven enfrentará un escenario más adverso respecto de sus oportunidades de continuidad educativa e inserción laboral, lo que impactará en sus trayectorias de inclusión social y laboral, especialmente entre aquellos que pertenecen a los estratos de ingresos bajos.

Las personas mayores de 60 años, es decir, cerca del 13% de la población de la región (85 millones de personas), enfrentan una mortalidad más alta en la pandemia; por tanto, su demanda de atención especializada y crítica de salud es mayor.

En su desarrollo, el Informe de la CEPAL alerta que la crisis profundizaría las desigualdades y la exclusión social y laboral que sufren  pueblos indígenas y afrodescendientes en algunos países de América Latina y el Caribe.

 La pandemia ha agudizado las dificultades de la población —especialmente la más pobre y vulnerable— para satisfacer sus necesidades básicas. Por ello, la CEPAL sugiere a los gobiernos de la región que es preciso garantizar los ingresos, la seguridad alimentaria y los servicios básicos a un amplio grupo de personas cuya situación se ha vuelto extremadamente vulnerable y que no necesariamente estaban incluidas en los programas sociales existentes antes de la pandemia.

Para enfrentar los impactos socioeconómicos de la crisis, la CEPAL propone que los gobiernos garanticen transferencias monetarias temporales para satisfacer necesidades básicas y sostener el consumo de los hogares, lo que será crucial para lograr una reactivación sólida y relativamente rápida.

Desde una perspectiva de largo plazo, la CEPAL reitera que el alcance de esas transferencias debe ser permanente, ir más allá de las personas en situación de pobreza y llegar a amplios estratos de la población muy vulnerables a caer en ella, como los estratos de ingresos bajos no pobres y los medios bajos. Esto permitiría avanzar hacia un ingreso básico universal que se debe implementar gradualmente en un período definido de acuerdo con la situación de cada país. Esta consideración es importante pues la superación de la pandemia tomará su tiempo y las sociedades deberán coexistir con el coronavirus, lo que dificultará la reactivación económica y productiva.

Los especialistas de la CEPAL que redactaron el Informe recuerdan que desde 2014, antes de la pandemia, la región vivía un proceso de deterioro de la situación social en términos de pobreza y pobreza extrema, y un menor ritmo de reducción de la desigualdad. Y precisan que ante las grandes brechas históricas que la pandemia ha agravado, “es el momento de implementar políticas universales, redistributivas y solidarias con enfoque de derechos, para no dejar a nadie atrás”.

Generar respuestas de emergencia desde la protección social para evitar un grave deterioro en las condiciones de vida es ineludible desde una perspectiva de derechos y bienestar, afirma el estudio.

Para la CEPAL será crucial consolidar sistemas de protección social universales, que incluyan la salud universal, basados en un enfoque de derechos y sensibles a las diferencias, y desarrollar estrategias de inclusión laboral en el período de la recuperación. Estos sistemas permitirían identificar y responder a los impactos de la crisis en el empleo y las condiciones de vida de las personas, y atender la situación diferenciada que enfrentan diversas poblaciones, con atención oportuna a los trabajadores informales, a los grupos etarios más vulnerables, a los habitantes de áreas rurales y remotas, a los pueblos indígenas, a las personas con discapacidad y a los migrantes.

Ratifica la Comisión que “Definir un conjunto de garantías universales para el bienestar social en función de las capacidades nacionales, en línea con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la Recomendación sobre los Pisos de Protección Social de la Organización Internacional del Trabajo,  es esencial para el desarrollo sostenible y la estabilidad política”.

Construir el Estado de bienestar y sistemas de protección social universal es clave para evitar otra década perdida, afirman los expertos que redactaron el Informe. La crisis financiera internacional de 2008 mostró la importancia del gasto público social contracíclico y de las políticas sociales orientadas a moderar los efectos de la crisis en las economías reales y frenar el aumento del desempleo y la pobreza. En cambio, la crisis de la deuda de los años ochenta llevó a incrementos muy significativos de los niveles de pobreza. La región demoró 25 años en retornar a los niveles de pobreza previos a la crisis. Revisar estas experiencias es importante pues el aumento de la pobreza proyectado por la CEPAL para 2020 implica un retroceso de 13 años

Una cuestión clave que subraya la CEPAL es que un elemento central en la construcción de un Estado de bienestar es el derecho a la salud. Superar la actual fragmentación, jerarquización y mercantilización de los sistemas de salud será una de las enseñanzas que dejará la pandemia. Además, es urgente contar con políticas de mayor alcance y profundidad para enfrentar los determinantes sociales de la salud pública y, en particular, los requerimientos de salud alimentaria y nutricional.

En el documento elaborado por la CEPAL revela que la pandemia ha puesto al descubierto no solo las limitaciones estructurales del modelo económico vigente, sino también las fallas e insuficiencias de los sistemas de protección social y de los regímenes de bienestar en general. “Avanzar hacia el trabajo decente, fomentar la corresponsabilidad en los cuidados entre el Estado, el mercado y las familias, y promover el acceso universal a la protección social, asegurando el acceso a sistemas de salud pública de calidad, es imprescindible para proteger las condiciones de vida de toda la población” dice el Informe.

Finalmente la CEPAL señala: “Para salir de la crisis es necesario repensar el modelo de desarrollo y consolidar las dimensiones económicas, sociales y ambientales del desarrollo sostenible, sin dejar a nadie atrás, como se plantea en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.”

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¿Por qué es tan “atractivo” el FMI?

Juan J. Paz y Miño Cepeda

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La conferencia de Bretton Woods (BW, 1944) fue el punto de partida de la mundialización económica hegemonizada por EEUU. Allí nacieron el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF, conocido como Banco Mundial – BM), que concretaron dos áreas: la monetario-financiera y la relativa al desarrollo. Más difícil fue lograr un acuerdo en el campo comercial, aunque en 1947 entró en vigor el GATT (General Agreement on Tariffs and Trade), que funcionó de facto entre las partes contratantes durante cerca de medio siglo, aunque con carácter provisional y ocupándose exclusivamente del comercio de bienes. Su irregular funcionamiento condujo a la Ronda Uruguay (1986 a 1994), que dio origen a la Organización Mundial de Comercio (OMC, 1995), que acordó regulaciones obligatorias no solo de bienes, sino también de servicios y, además, sobre la propiedad intelectual.

A la época de fundación del FMI y a consecuencia de “La Gloriosa” revolución del 28 de mayo de 1944, gobernaba en Ecuador José María Velasco Ibarra; y como delegados oficiales a la reunión de BW participaron Esteban F. Carbo, Consejero Financiero de la Embajada del Ecuador en Washington y Sixto E. Durán Ballén, como Ministro Consejero, y quien fuera después presidente de Ecuador (1992-1996). Lo interesante del asunto es que la aprobación de los acuerdos sobre el FMI y el BIRF correspondió al Congreso Nacional Extraordinario (Decreto 10/diciembre/1945) y fue suscrito por Manuel Agustín Aguirre, como Vicepresidente Encargado de la Presidencia, y Pedro Jorge Vera, como Secretario (https://bit.ly/3gjhyDA). Vera fue un prestigioso literato marxista, y Aguirre, ex rector de la Universidad Central, fundó el Partido Socialista Revolucionario (PSRE, 1963).

Es singular el caso del FMI. Su primer historiador oficial fue Keith Horsefield, quien estudió los primeros 20 años de vida institucional. Le sucedió Margaret Garritsen de Vries, quien siguió los sesenta y setenta. Entre 1992 y 2012 el historiador oficial fue James Boughton, (PHD en Duke University), antes profesor en Indiana University y autor de varios libros que estudian al FMI en la época más crítica de sus actuaciones: los ochenta, noventa e inicios del nuevo milenio, cuando América Latina sufrió las imposiciones de las consignas monetaristas del Fondo y el decálogo del “Consenso de Washington” (WC, 1989). El estudio más conocido en América Latina es el de Oscar Ugarteche (investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, México) titulado Historia crítica del FMI. El gendarme de las finanzas (2016, https://bit.ly/2ZCgTqV), que amplió en su texto a la obra que, con igual título, publicó en 2009. Y hace poco apareció la Historia del Fondo Monetario Internacional (2019), de Pablo Martín-Aceña, historiador económico español de la Universidad de Alcalá.

El primer préstamo del FMI fue para Francia, en 1947, por US $ 25 millones. En las siguientes décadas crecieron los préstamos a varios países. Pero en los setenta hubo algunos cambios: en 1971 los EEUU abandonaron el “patrón oro”, en 1973 comenzó el crecimiento de los “petrodólares” y enseguida la presión de los gigantes monopolios bancarios privados para que los países latinoamericanos adquirieran fáciles y baratas deudas, que en 1982, con México a la cabeza, se volvieron impagables, cuando las tasas de interés se elevaron del 2% original al 20% (https://bit.ly/2L64L95).

Fue el momento decisivo para que el FMI ingresara en América Latina con préstamos salvadores para los sucesivos gobiernos, independientemente de la ideología política que cada uno proclamó a su tiempo. Las “cartas de intención” pasaron a ser los instrumentos para los cambios “estructurales” de la región, que, con el derrumbe del socialismo en el mundo y el triunfo de la globalización transnacional, abiertamente consolidaron el decálogo del WC. Entre 1983 y 2003 Ecuador suscribió 16 documentos con el FMI, que sirvieron para garantizar el pago de la deuda externa y la afirmación del modelo empresarial-neoliberal en la economía, que sólo trajo buenos noegocios, pero graves consecuencias sociales y laborales.

Supuestamente, el FMI había brindado una ayuda “técnica”. Pero en una entrevista, el mismo J. Boughton, reconoció que en la década de los noventa, cuando la institución fue cuestionada en Asia y América Latina por promover el WC, había sido incapaz de prever lo que ocurría, “porque no teníamos datos”; y agrega: “Una cosa que me llamó mucho la atención… fue que Stanley Fischer —uno de los macroeconomistas mejores y más reconocidos del mundo, y en aquel entonces Primer Subdirector Gerente del FMI— me dijo que cuando entró al FMI se sorprendió al ver que el personal técnico realmente no tenía ni por lejos la cantidad de información que él se había imaginado sobre lo que ocurría. Fischer pensaba que nosotros sabíamos todo, que había gente fuera que no sabía nada. Pero resultó que nadie sabía lo suficiente” (https://bit.ly/2X4HlYD).

Lo cierto es que, como lo demostró el estudio de Alexander E. Kentikelenis, Bernhard Reinsberg, Timon Forster, Thomas H. Stubbs y Lawrence P. King titulado How structural adjustment programs affect inequality: A disaggregated analysis of IMF conditionality, 1980–2014 (https://bit.ly/2TPH7nf), ninguno de los acuerdos con el FMI mejoró las economías en 135 países donde actuó la entidad, en los cuales se agravó la inequidad.

En América Latina la presencia del FMI de un lado ha “salvado” gobiernos, pero, de otro, ha motivado permanentes resistencias, como suele destacarse internacionalmente (https://bbc.in/2yB3hRP). Y, a pesar de las experiencias históricas, el FMI continúa atrayendo a los gobiernos conservadores de la región, también presionados por las elites empresariales que evitan así la afectación a sus intereses y a su riqueza, ya que, sin deudas externas, tendrían que adoptarse fuertes sistemas de impuestos directos internos.

Se suma a estas herencias inmediatas la inédita crisis provocada por la pandemia del coronavirus, que inexorablemente agrava las economías y sociedades latinoamericanas. Varios países han adelantado créditos con el FMI (https://bit.ly/2yI2wGG) y Ecuador no sólo suscribió una carta en marzo de 2019 (https://bit.ly/2TKn3Sl), sino que ha adoptado varias medidas económicas no contempladas en el acuerdo y que afectan al empleo (https://bit.ly/3gBx91J). De modo que los condicionamientos del FMI sobre la región no plantean políticas distintas a las conocidas en el pasado.

Ante un panorama catastrófico, Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, no ha dudado en declarar: “Nosotros calculamos un desempleo de más de 12 millones de personas adicionales, de 8,1% a 8,5% de desempleo. Si no se toma ninguna medida, la pobreza aumentaría en forma dramática en la región: de 186 millones a 214 millones de personas. Y la pobreza extrema de 11% a 13,5% de la población, de 67 millones a 83 millones”; y añade: “En términos de desigualdad, también va a haber un incremento del coeficiente de Gini muy preocupante en países como Brasil, como Colombia, Argentina, Ecuador o México, que son países que ya de por sí vienen con una desventaja. Y es una región que había hecho un esfuerzo muy grande por sacar a la gente de la pobreza y habían ido avanzando en mejorar la movilidad social, y ahora tenemos un gran retroceso de nuevo, sobre todo entre los estratos medios y bajos de ingresos” (https://bit.ly/2XxUPLp).

Si ese es el panorama para América Latina, ¿por qué sigue siendo tan “atractivo” acudir a un FMI que ya no tiene las respuestas para un futuro distinto en la región?

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La desigualdad del continente es acentuada por la pandemia

Raciel Guanche Ledesma

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Una semana ha pasado desde que escribimos en Informe Fracto sobre la vida y el pensamiento de José Martí, justo cuando se cumplían 125 años de la caída en combate. En esa ocasión resaltamos su patriotismo y sobre todo la postura latinoamericanista que mantuvo, apostando siempre a la igualdad social en un continente asediado entonces por el poder ibérico.

Tantos años después, en plena modernidad y despojados supuestamente de los tiempos de Guerra Fría, el sueño del Apóstol de ver a América unida y libre de penurias sociales, continúa siendo, por increíble que parezca, un acto quimérico.

En estos días, cuando el mundo libra una batalla sin precedentes contra el nuevo coronavirus, esa realidad de la que hablábamos en el continente con mayor desigualdad, se ha acentuado con creces. Y es que la región de las Américas fue declarada hace unas pocas jornadas como el epicentro de contagios por la Covid-19, un hecho que enciende alarmas y llama a repensar el camino político-social del hemisferio más occidental.

Entre malas decisiones de gobiernos, intentos de ataques armados en Sudamérica, declaraciones injuriosas de países que buscan desviar la atención y sobre todo lamentando pérdidas humanas a causa del coronavirus, han transitado las jornadas desde que la pandemia azotó estas tierras.

Varios son los factores influyentes en este duro contexto que no solo sacude a los latinoamericanos, sino también que lo hace con fortaleza contra la primera potencia mundial, esa que paradójicamente posee “todos” los recursos. Otra vez es el rey del capitalismo y más que todo el pueblo norteamericano, son quienes sufren los mayores golpes si tenemos en cuenta que ese país supera el millón y medio de contagios y las casi 100000 muertes.

La decadencia de ese sistema político es en esencia el causante del escenario contrastable que atraviesa el continente. Miseria, hambre y un techo indigno es la triste realidad que viven millones de personas y es algo que ineludiblemente se refleja hoy en pérdidas humanas y contagios por la Covid-19.

Según trascendió en declaraciones de la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Bárcenas, la pobreza en estos meses de pandemia se ha incrementado en la región y se pronostica que continúe en ascenso. Dijo, además, que las medidas de los gobiernos aún no son suficientes y que esta situación también es causada por un mal manejo histórico.  

Todo se pudiera resumir entonces en una desidia casi colectiva que ahoga en la tragedia a varias naciones. Por ejemplo en Ecuador, un país que vivió grandes progresos durante la Revolución Ciudadana liderada por Rafael Correa, vimos ahora con dolor cómo fueron desprotegidas varias familias y los cadáveres en las calles de Guayaquil nos hacían recordar los momentos de mayor inoperancia política en América.

Don dinero vuelve a hacer de las élites gobernantes su más fiel secuas. Sí, porque desafortunadamente no sólo en Ecuador el capital está hoy por encima de las vidas humanas, sino que en países como Colombia, Perú, Chile y principalmente en Brasil la historia se repite.

En el caso del gigante suramericano, quien lo preside un sujeto más que todo irresponsable como Jair Bolsonaro, la situación ante la pandemia es crítica y se vislumbra por las aceleradas estadísticas como el hipotético país epicentro global de contagios por la Covid-19.

 Cuando nos tomamos la atribución de llamar irresponsable al mandatario brasileño, quien además se declara fiel seguidor de las ideas bélicas y ultraconservadoras de Trump, es porque la actitud pública no es digna de su figura como líder de un gobierno. Varias son las veces que ha salido en la televisión sin protección, restando importancia ante la audiencia de los reales efectos del coronavirus y se va en medio de la crisis sanitaria a la playa, se toma fotos y todo para dar síntomas de normalidad y recobrar la confianza popular necesaria para reabrir el país. 

Sin embargo, en este escenario, los números hablan por sí solos. Sobrepasando los 300000 contagios y las 20000 muertes, y es Brasil en ese sentido la nación que más sufre los embates del virus en Latinoamérica, algo que intentan disimular muy bien los altos funcionarios pero que conocen de sobra a quienes más les duele, es decir a su gente.

En este contexto de lucha también han salido a relucir nuevos intentos de dominación en el continente. Era hora de buscar la unidad para resguardar la salud, concertar la solidaridad regional, sin embargo, los deseos de poder de algunas naciones aliadas a los Estados Unidos han sido mayores.   

Las incursiones armadas en Venezuela y el peligro potencial de una escalada de tensiones políticas en el Caribe representan el clímax de estos meses. Y es que la ambición de algunos pasa por encima de las vidas humanas, no cree en pandemias y hace perecer cualquier intento de salvación social. Lo cierto es que la América que soñó el Apóstol cubano aún nos la debemos quienes habitamos estas tierras de libertadores. Ni siquiera el drama de la pandemia ha logrado todavía poner al hombre un paso por delante de los intereses. Mucho queda pero hacer en este contexto y posterior a él, pero lo que está claro hoy es que la unidad del continente es la única vía del progreso y de la igualdad social, algo que seguimos soñando todos los martianos.

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Pacificación de la Araucanía y conquista del desierto

Sergio Guerra Vilaboy

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Las campañas militares contra los mapuches en Argentina y Chile, encubiertas con los nombres de “conquista del desierto” y “pacificación” de la Araucanía, fueron dos caras de la misma moneda, dirigidas al exterminio de los pueblos originarios del extremo sur del continente. El modus vivendi alcanzado con los araucanos desde fines de la colonia, respetados por los libertadores durante la independencia, comenzó a alterarse cuando Argentina y Chile consolidaron la organización estatal y lograron la indispensable estabilidad interna para imponer su soberanía sobre las regiones indígenas autónomas.

Detrás de la expansión territorial estaba el interés de ampliar el área de la producción agropecuaria de exportación para satisfacer la geofagia de sus élites -desde 1866 así lo exigía la Sociedad Rural Argentina- e impulsar el modelo de crecimiento capitalista fundamentado en el laissez faire y el régimen liberal. De paso se llevarían las fronteras a las delineadas por España en la colonia. Para conseguirlo, los primeros gobiernos republicanos de los dos países sudamericanos lanzaron con regularidad expediciones punitivas contra los mapuches y facilitaron el asentamiento de colonos en sus tierras, en un proceso semejante al que en la actualidad desarrolla Israel contra Palestina. Ya entre 1833 y 1834 el dictador argentino Rosas avanzó con sus fuerzas hasta el río Neuquén, en el centro de la Patagonia, donde esperó que el ejército chileno hiciera lo mismo del otro lado de los Andes. El naturalista inglés Charles Darwin, testigo de la despiadada ofensiva, escribió: “Aquí todos están convencidos de que es la más justa de las guerras, porque va dirigida a los salvajes. El plan del general Rosas consiste en matar a todos los indios rezagados, empujar luego todas las tribus hacia un punto central y atacarlas allí con auxilio de tropas chilenas”.

Desde la segunda mitad del siglo XIX los violentos planes expansionistas de Buenos Aires y Santiago de Chile se aceleraron bajo la impronta de dos ambiciosos generales, el argentino Julio A. Roca y el chileno Cornelio Saavedra. Ellos fueron los artífices de las campañas militares para exterminar a los mapuches, conocidas como la “conquista del desierto” en Argentina y la “pacificación de la Araucanía” en Chile, y que eran muy parecidas a la que entonces se desarrollaba en Estados Unidos, donde el único indio bueno era el que estaba muerto, en frase atribuida al General Custer.

A la brutal ofensiva gubernamental se opusieron tenazmente los pueblos originarios, destacándose los indómitos caciques Mañilwenu, el Gengis Kan del Arauco, y Calfacura, el Napoléon de las Pampas, calificativos del historiador mapuche Pedro Cayuqueo. Estos indoblegables jefes indígenas llegaron incluso a coordinar sus acciones militares a ambos lados de la cordillera andina. En 1867, Kilapán, hijo de Mañilwenu, se sumó a los ataques de Calfacura contra los fortines argentinos sembrados en territorio mapuche que facilitaron su victoria en la batalla de Quechereguas.

No obstante, desde fines de los setenta, la abrumadora superioridad militar de los ejércitos de Argentina y Chile terminó por imponerse y los mapuches no pudieron contener el alud que les cayó encima. El gobierno chileno, tras ocupar Lima en 1881 durante la guerra con Perú, pudo trasladar a la Araucanía una parte de sus tropas y cerrar su campaña militar con el fusilamiento del cacique Colipi ese mismo año y la refundación de Villarica (1883). Del lado argentino, el desenlace llegó en 1885 con la rendición ante el nuevo gobernador de la Patagonia del último jefe mapuche: Sayweque Los prisioneros fueron sometidos a privaciones y vejámenes, como los miles de indígenas obligados a desfilar encadenados por las calles de Buenos Aires.

Las tierras arrebatadas a los mapuches, entregadas a criollos blancos e inmigrantes anglosajones, sirvieron para expandir la producción de trigo, lana y carnes, mientras los sobrevivientes a la limpieza étnica eran arrinconados en reservas y convertidos en peones Era el cumplimiento del ideal racista proclamado por el escritor y político argentino Domingo Faustino Sarmiento, de remplazar a los indígenas por la “raza caucásica, la más perfecta, la más inteligente, la más bella y las más progresiva de las que pueblan la tierra”, pues como confesara impúdicamente en 1876: “Por los salvajes de América siento una invencible repugnancia. Esa calaña no son más que unos indios asquerosos a quienes mandaría colgar ahora si reapareciesen. Lautaro y Caupolicán son unos indios piojosos, porque así son todos. Su exterminio es providencial y útil, sublime y grande. Se los debe exterminar sin ni siguiera perdonar al pequeño, que ya tiene el odio instintivo al hombre civilizado.” 

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