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Madre América

CEPAL dio a conocer informe medular sobre los desafíos sociales para América Latina y el Caribe en tiempos del COVID-19

Héctor Hernández Pardo

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La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en un minucioso Informe titulado El desafío social en tiempos del COVID-19 ha llamado a los líderes de la región a que -ante las grandes brechas históricas que la pandemia ha agravado-instrumenten  políticas universales, redistributivas y solidarias con enfoque de derechos, para no dejar a nadie atrás.

El detallado análisis sobre la evolución y los efectos de la pandemia del COVID-19 en la región latinoamericana y caribeña se dio a conocer en la sede de la CEPAL, en Santiago de Chile, por su Secretaria Ejecutiva Alicia Bárcena. Como se conoce, la CEPAL es un prestigioso organismo dependiente de la Organización de las Naciones Unidas que realiza investigaciones económicas  de gran importancia para los gobiernos  y tiene como función principal  promover el desarrollo económico y social de nuestra América.​

Para la CEPAL la pandemia del COVID-19 tiene fuertes efectos en el ámbito de la salud y profundas implicaciones sobre el crecimiento económico y el desarrollo social. Llega a América Latina y el Caribe en un contexto de bajo crecimiento y, sobre todo, de alta desigualdad y vulnerabilidad, en el que se observan tendencias crecientes en la pobreza y pobreza extrema, un debilitamiento de la cohesión social y manifestaciones de descontento popular.

En el susodicho Informe – el tercero de una serie que ha elaborado la CEPAL sobre la evolución y los efectos de la pandemia del COVID-19 en América Latina y el Caribe-, se explica que las medidas de cuarentena y distanciamiento físico, necesarias e imprescindibles para frenar la propagación acelerada del coronavirus y salvar vidas, generan pérdidas de empleo (en 2020 habría 11,6 millones de desocupados más que en 2019) y reducen los ingresos laborales de las personas y de los hogares. La pérdida de ingresos afecta sobre todo a los amplios estratos de población que se encuentran en situación de precariedad laboral.

El pronóstico de la CEPAL es que, en cualquier escenario de esta pandemia,  la pobreza y la pobreza extrema aumentarán en todos los países. Y además en caso de reducirse las remesas provenientes de familiares que migraron, se acentuará la situación de pobreza de quienes las reciben en sus países de origen. Esta reducción es muy probable ante el fuerte impacto del COVID-19 en la región y en particular en países extrarregionales receptores de migrantes latinoamericanos y caribeños, como por ejemplo los Estados Unidos y España.

En línea con el aumento de la pobreza y la pobreza extrema, también se incrementará la desigualdad en todos los países de la región. La CEPAL proyecta subidas de ese  índice  entre el 0,5% y el 6,0%. Los peores resultados se esperan en las economías más grandes de la región. Esto representa un retroceso respecto a los esfuerzos de muchos países en la década anterior.

Teniendo en cuenta la previsión de caída del PIB regional (5,3%) y el aumento del desempleo por los efectos de la pandemia, la CEPAL estima que alrededor del 10% de las personas que se encontraban en situación de pobreza no extrema en 2019 (11,8 millones de personas) verían deteriorada su situación económica y caerían en una situación de pobreza extrema  Asimismo, el 15% de las personas ubicadas en estratos bajos no pobres (entre 1 y 1,8 líneas de pobreza per cápita) caerían en la pobreza no extrema (20,8 millones de personas) o en la pobreza extrema (3 millones de personas). También habría un fuerte deterioro de la situación económica de las personas que consideradas en los estratos medios.

La pandemia tiene un impacto discriminado en diversos grupos de población y su capacidad de respuesta. La imposibilidad para muchas familias de trabajar desde el domicilio, las condiciones de hacinamiento y la falta de acceso a agua y saneamiento aumentan el riesgo de infección de la población en situación de pobreza y vulnerabilidad. Asimismo, su riesgo de muerte es mayor por la mayor incidencia de condiciones preexistentes de salud como enfermedades pulmonares, cardiovasculares y diabetes y por carecer de acceso adecuado a la atención médica.

Según los expertos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, las medidas de protección social de corto, mediano y largo plazo que se adopten para enfrentar los efectos de la pandemia deben considerar el bienestar de toda la población, especialmente el de los grupos que experimentan múltiples formas de exclusión y sufren más agudamente los impactos de la crisis.

Los grupos más afectados abarcan una gran proporción de la población de los países de la región. Por ejemplo, en el caso del Brasil, las estimaciones realizadas por la Institución Fiscal Independiente (IFI), órgano del Senado de dicho país, con información hasta el 1 de mayo de 2020 indican que la mitad de la población (111 millones de personas) podría requerir ayuda económica para enfrentar los efectos de la pandemia, lo que supondría un costo de más de 37.000 millones de dólares. Esto implicaría duplicar con creces el alcance de las medidas en curso en el gigante suramericano.

Si bien la crisis afecta a toda la fuerza de trabajo, es particularmente desastrosa  la situación de los trabajadores informales de ambos sexos, y especialmente la de las mujeres y las personas jóvenes, indígenas, afrodescendientes y migrantes. Ellos constituyen un fuerte núcleo de vulnerabilidad y desigualdad.

En el Informe se denuncia que en un contexto de confinamiento, cierre de escuelas y necesidad de cuidados ante la posible presencia de uno o más contagiados en el hogar, la carga de trabajo doméstico no remunerado que asumen las mujeres, las adolescentes y las niñas, así como los casos de violencia hacia ellas, se incrementan significativamente.

Refleja el exhaustivo análisis que  es probable que los hijos de las familias más pobres se vean obligados a entrar en el mercado de trabajo, lo que incrementaría las tasas de trabajo infantil. Subraya también que en una situación de aumento del desempleo y restricción de los presupuestos familiares, la población joven enfrentará un escenario más adverso respecto de sus oportunidades de continuidad educativa e inserción laboral, lo que impactará en sus trayectorias de inclusión social y laboral, especialmente entre aquellos que pertenecen a los estratos de ingresos bajos.

Las personas mayores de 60 años, es decir, cerca del 13% de la población de la región (85 millones de personas), enfrentan una mortalidad más alta en la pandemia; por tanto, su demanda de atención especializada y crítica de salud es mayor.

En su desarrollo, el Informe de la CEPAL alerta que la crisis profundizaría las desigualdades y la exclusión social y laboral que sufren  pueblos indígenas y afrodescendientes en algunos países de América Latina y el Caribe.

 La pandemia ha agudizado las dificultades de la población —especialmente la más pobre y vulnerable— para satisfacer sus necesidades básicas. Por ello, la CEPAL sugiere a los gobiernos de la región que es preciso garantizar los ingresos, la seguridad alimentaria y los servicios básicos a un amplio grupo de personas cuya situación se ha vuelto extremadamente vulnerable y que no necesariamente estaban incluidas en los programas sociales existentes antes de la pandemia.

Para enfrentar los impactos socioeconómicos de la crisis, la CEPAL propone que los gobiernos garanticen transferencias monetarias temporales para satisfacer necesidades básicas y sostener el consumo de los hogares, lo que será crucial para lograr una reactivación sólida y relativamente rápida.

Desde una perspectiva de largo plazo, la CEPAL reitera que el alcance de esas transferencias debe ser permanente, ir más allá de las personas en situación de pobreza y llegar a amplios estratos de la población muy vulnerables a caer en ella, como los estratos de ingresos bajos no pobres y los medios bajos. Esto permitiría avanzar hacia un ingreso básico universal que se debe implementar gradualmente en un período definido de acuerdo con la situación de cada país. Esta consideración es importante pues la superación de la pandemia tomará su tiempo y las sociedades deberán coexistir con el coronavirus, lo que dificultará la reactivación económica y productiva.

Los especialistas de la CEPAL que redactaron el Informe recuerdan que desde 2014, antes de la pandemia, la región vivía un proceso de deterioro de la situación social en términos de pobreza y pobreza extrema, y un menor ritmo de reducción de la desigualdad. Y precisan que ante las grandes brechas históricas que la pandemia ha agravado, “es el momento de implementar políticas universales, redistributivas y solidarias con enfoque de derechos, para no dejar a nadie atrás”.

Generar respuestas de emergencia desde la protección social para evitar un grave deterioro en las condiciones de vida es ineludible desde una perspectiva de derechos y bienestar, afirma el estudio.

Para la CEPAL será crucial consolidar sistemas de protección social universales, que incluyan la salud universal, basados en un enfoque de derechos y sensibles a las diferencias, y desarrollar estrategias de inclusión laboral en el período de la recuperación. Estos sistemas permitirían identificar y responder a los impactos de la crisis en el empleo y las condiciones de vida de las personas, y atender la situación diferenciada que enfrentan diversas poblaciones, con atención oportuna a los trabajadores informales, a los grupos etarios más vulnerables, a los habitantes de áreas rurales y remotas, a los pueblos indígenas, a las personas con discapacidad y a los migrantes.

Ratifica la Comisión que “Definir un conjunto de garantías universales para el bienestar social en función de las capacidades nacionales, en línea con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la Recomendación sobre los Pisos de Protección Social de la Organización Internacional del Trabajo,  es esencial para el desarrollo sostenible y la estabilidad política”.

Construir el Estado de bienestar y sistemas de protección social universal es clave para evitar otra década perdida, afirman los expertos que redactaron el Informe. La crisis financiera internacional de 2008 mostró la importancia del gasto público social contracíclico y de las políticas sociales orientadas a moderar los efectos de la crisis en las economías reales y frenar el aumento del desempleo y la pobreza. En cambio, la crisis de la deuda de los años ochenta llevó a incrementos muy significativos de los niveles de pobreza. La región demoró 25 años en retornar a los niveles de pobreza previos a la crisis. Revisar estas experiencias es importante pues el aumento de la pobreza proyectado por la CEPAL para 2020 implica un retroceso de 13 años

Una cuestión clave que subraya la CEPAL es que un elemento central en la construcción de un Estado de bienestar es el derecho a la salud. Superar la actual fragmentación, jerarquización y mercantilización de los sistemas de salud será una de las enseñanzas que dejará la pandemia. Además, es urgente contar con políticas de mayor alcance y profundidad para enfrentar los determinantes sociales de la salud pública y, en particular, los requerimientos de salud alimentaria y nutricional.

En el documento elaborado por la CEPAL revela que la pandemia ha puesto al descubierto no solo las limitaciones estructurales del modelo económico vigente, sino también las fallas e insuficiencias de los sistemas de protección social y de los regímenes de bienestar en general. “Avanzar hacia el trabajo decente, fomentar la corresponsabilidad en los cuidados entre el Estado, el mercado y las familias, y promover el acceso universal a la protección social, asegurando el acceso a sistemas de salud pública de calidad, es imprescindible para proteger las condiciones de vida de toda la población” dice el Informe.

Finalmente la CEPAL señala: “Para salir de la crisis es necesario repensar el modelo de desarrollo y consolidar las dimensiones económicas, sociales y ambientales del desarrollo sostenible, sin dejar a nadie atrás, como se plantea en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.”

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La traición de Cochrane

Sergio Guerra Vilaboy

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El 6 de octubre de 1821 el almirante inglés Lord Thomas Alexander Cochrane (1775-1860), jefe de la flota que había traslado el año anterior al Virreinato del Perú al Ejército Expedicionario del general José de San Martín, sublevó la escuadra, que tenía bandera de Chile, argumentando el atraso en el pago de sus servicios, y se la llevó rumbo norte. La traición de Cochrane fue un severo golpe a la causa de la independencia y debilitó al gobierno de San Martín como Protector de la Libertad del Perú.

Después de merodear con su flota por las costas de México y otros territorios hispanoamericanos del Pacifico, atacando barcos y guarniciones españolas, Cochrane volvió a Chile en junio de 1822, donde trató de indisponer a su gobierno con San Martín. Fracasado en sus propósitos, se puso a las órdenes de Pedro I de Brasil, que contrataba oficiales y soldados desmovilizados de las guerras napoleónicas. Además de dirigir la escuadra imperial brasileña en operaciones contra los portugueses, el almirante británico también reprimió a los republicanos de la Confederación del Ecuador, formada en Pernambuco en 1824, sublevados contra el absolutismo de los Braganza, por lo que fue gratificado con el título de marqués de Maranhao. Luego estuvo en Grecia entre 1827 y 1828, con los independentistas que luchaban contra el imperio otomano, para después dejar sus aventuras, al servicio del mejor postor, para regresar a su tierra natal.

Nacido en Escocia en 1775 en una familia arruinada de la nobleza, a los doce años se había enrolado como tripulante en la marina de guerra británica, donde tuvo una carrera meteórica y ganó cierta notoriedad. Se distinguió en las guerras napoleónicas y llegó a capitán de la armada real y a tener un escaño en la cámara de los lores. Acusado de un mega fraude en la bolsa de valores de Londres, fue expulsado en 1817 de la marina y el parlamento, despojado de condecoraciones, títulos e incluso condenado a prisión. Liberado, puso un aviso en un periódico para conseguir trabajo, anuncio que leyó un representante de San Martín, que lo contrató junto a otros oficiales y marineros británicos.

Al año siguiente, fue recibido por el Director Supremo de Chile, Bernardo O´Higgins, quien organizaba junto con San Martín la campaña para la liberación del Perú, recibiendo el grado de vicealmirante de la naciente flota nacional y la ciudadanía chilena. Además de contribuir a la ocupación de la base naval española más poderosa del Pacífico en Valdivia, el 3 de febrero de 1820, la escuadra de Cochrane transportó unos meses después al ejército de San Martín al Perú. En El Callao encerró a la flota enemiga y en sorpresivo combate naval se apoderó de la fragata Esmeralda, buque insignia de la marina española.

Pero Cochrane no era un patriota desinteresado, sino un mercenario obsesionado por recuperar su fortuna, por lo que cada vez que se apoderaba de una embarcación exigía su botín como si fuera un simple corsario, lo que San Martín no admitió. El tema fue enturbiando la relación entre los dos jefes militares, sobre todo desde agosto de 1821, cuando la situación hizo crisis al apoderarse sin autorización de recursos públicos del gobierno que estaban en una goleta anclada en Ancón. Indignado por el robo, San Martín le ordenó el 15 de septiembre que “restituya, a bordo de los respectivos buques, las propiedades que han sido tomadas de ellos por pertenecer, las más, al gobierno y las otras a los particulares que se hallan bajo mi protección.” Distanciados por el grave incidente, el almirante inglés, declarado en rebeldía, zarpó con la escuadra bajo su mando integrada por dos fragatas, una de ellas la propia Esmeralda, una corbeta, un bergantín y una goleta, lo que mereció el lapidario comentario de San Martín: “Este Lord metálico, cuya conducta puede compararse al más famoso filibustero”.

En 1828, enriquecido y de regreso en Londres, recibió cuatro años después el perdón de la reina Victoria por el fraude cometido y se le permitió heredar el título de conde de Dundonald y recibir el rango honorífico de contraalmirante de la marina real. Al morir con 85 años de edad fue enterrado con honores en la Abadía de Westminster y sobre su tumba se puso la inscripción “Libertador de Chile y Perú”. Quizás, como anota el historiador argentino Norberto Galasso en su biografía de San Martín Seamos Libres y lo demás no importa nada (2009), en reconocimiento al mercenario inescrupuloso que contribuyó a la expansión del imperio británico.

Adenda

Sirvan estas líneas para despedirme de los queridos lectores de la revista digital Informe Fracto y, en particular, de su sección Madre América, que invoca el nombre de un texto paradigmático de José Martí. Quiero agradecer en especial al doctor Carlos E. Bojórquez Urzaiz por la oportunidad brindada, desde abril de 2019, para colaborar en esta aventura del periodismo mediático, que me ha abierto nuevos horizontes. La publicación de más de doscientas cincuenta notas cortas, dos semanales, sobre temas desconocidos, insólitos o mal contados de la historia de América Latina, fue un verdadero desafío. No sólo para mantener una entrega regular y puntual, sino también conseguir que atrajeran a un público amplio y exigente, que de una ojeada pudiera leerlas en sus celulares. Gracias a Informe Fracto, y su excelente equipo editorial, algunas de esas notas aparecen en sendos libros publicados en Chile, lo que reconoceré siempre.

Sergio Guerra Vilaboy

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Madre América

El Manifiesto de Montecristi: Desarrollo del pensamiento nacionalista en el mundo colonial

Julio A. Muriente Pérez

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Con fecha del 25 de marzo de 1895-treinta días después de iniciada la guerra de independencia en lo que se conoce como el Grito de Baire- este es el manifiesto de una guerra anunciada, casi dos décadas después de firmada la paz de Zanjón, en Cuba. Por lo menos cuatro asuntos relevantes  contiene el Manifiesto de Montecristi—suscrito en la ciudad dominicana de ese nombre– que se reiteran de principio a fin:

1-La anunciación de la guerra, necesaria e inevitable;

 2-La crítica y distanciamiento de las guerras de independencia de América Latina a principios del siglo XIX;

3-La reafirmación de que Cuba cuenta con las condiciones necesarias para convertirse en una república independiente;

4-La diferenciación entre las poderosas fuerzas militares y económicas españolas que hacen inevitable la guerra, y el pueblo o las masas, incluyendo a los españoles que residen en Cuba y los soldados que son enviados a combatir a los cubanos.

No es corto en calificativos su autor, José Martí, para referirse a la guerra anunciada, cuyo objetivo es, según afirma, el saneamiento y la emancipación del país, para bien de América y el mundo. Será una guerra civilizada, juiciosa, no vengativa, ordenada, moderada, indulgente, fraternal, sin odios, respetuosa, piadosa, culta, pensadora y magnánima, sana y vigorosa,  dador de vida plena, “revolución del decoro, el sacrificio y la cultura digna”, no la ineficaz y desautorizada del extranjero. Inflexible solo con el vicio, el crimen y la inhumanidad.

Tienen claro los firmantes-el Delegado del PartidoRevolucionario Cubano (PRC) José Martí y Máximo Gómez, patriota dominicano que sería General en jefe del Ejército Libertador-cuál es su aspiración política: una república democrática y popular, la fundación de un pueblo, fruto de una ‘fusión sublime’; una ‘república moral’ y un archipiélago libre; un pueblo conocedor de la práctica  moderna del gobierno y el trabajo.

Es un discurso de su tiempo, influido por la modernización y articulado en momentos en que en Europa se consolidan naciones y nacionalidades. Tenemos aquí algunos anacronismos que confluyen. De un lado la colonia que quiere seguir el rumbo republicano de las naciones europeas. Pero al mismo tiempo esa colonia difícilmente puede mirarse en el espejo de la metrópoli española para tomar ‘prestado’ o mimetizar aspiraciones nacionales y sociales.

Lo cierto es que España no parece ofrecerle un modelo a los revolucionarios cubanos, no sólo porque se trata de la potencia que intenta impedir la independencia de la colonia, sino porque aquella España se ha quedado a la retaguardia del desarrollo de los tiempos.

Para los manifestantes de Montecristi, España es lenta, desidiosa, viciosa, con un ‘trono mal sujeto’, inepta, corrupta, una ‘monarquía inerte y aldeana’. España es lo viejo en todo sentido. De ahí que en el documento  se recaba el apoyo de los españoles, no sólo por la relación filiar hijos-padres que se establece allí, sino que se argumenta que, después de todo, la masa es también víctima en la metrópoli de los mismos que sojuzgan a los cubanos en la colonia.

Esa distinción pueblo oprimido-gobierno opresor, trasladada ahora al propio pueblo español, es una de las expresiones más  lúcidas por lo profunda, de este documento. Pero, claro, no se trataba del poderoso y moderno imperio británico que dominaba en la India y en buena parte del planeta, cuna de la Revolución Industrial y dueña de los mares, además que escenario del avance republicano y liberal. Por lo que, es de suponer que la aportación del imperio español al discurso ideológico de los revolucionarios buenos-republicanos y demócratas-se daría por la vía de la negación, apropiándose en vez de la experiencia de Inglaterra, Francia y otras naciones europeas donde sentaron sus bases las ideas ‘modernas’ del siglo XIX.

Ese deslinde ideológico es notable también en la caracterización que se hace en el Manifiesto de Montecristi de las luchas de independencia de América Latina, a principios del siglo pasado. Se dice que de esas luchas surgieron ‘repúblicas  feudales y retóricas’, se critica el mimetismo pasivo de moldes extranjeros, la inexperiencia de las elites cultas que dirigieron el proceso independentista y que estaban amarradas a las costumbres de la colonia, que abandonaron a su suerte a los indios y han dado como resultado repúblicas atrasadas económicamente.

Antes que Mariátegui en sus Ensayos, ya Martí está señalando las carencias fundamentales de las naciones nacidas de aquellas luchas decimonónicas y aclarando que esa no es su aspiración para Cuba; reflejo del carácter selectivo que hace el colonizado de las ideas de su época,  emanadas de Europa en lo fundamental, para construir su propio discurso diferenciador. Para no dejar de serlo, lo es hasta de las colonias cuyas luchas le han precedido en el tiempo.

Pero Cuba ya es, en opinión de Martí y de quienes respaldaban del Manifiesto de Montecristi, cívica y culta, benigna y moderna, con convicciones democráticas y nacionalidad definida, fruto de la unión de diversos grupos y sectores. A riesgo de la utopía que pueda estar implícita, se habla allí del pueblo cubano  como uno homogéneo y unido en el propósito republicano; capaz de hacer la revolución y transformarse en una sociedad superior. Superior incluso a la sociedad de la metrópoli.

Tanta seguridad proyectan estos que anuncian la guerra,  que definen su patria como eje del comercio mundial, crucero del mundo y a ellos mismos como fundadores de la patria y la nación.

Este es un ejemplo de lo que Chaterjee denomina nacionalismo positivo, es decir,  un nacionalismo que se convierte en instrumento de liberación, en herramienta para dar el salto del colonialismo a la república. Es la típica formación nacional que se da en el marco colonial, lo que suele ocurrir en el mundo no europeo y particularmente en el mundo dominado por Europa.

Ocurre además una contradicción que evidentemente es aprovechada por los revolucionarios cubanos en su favor. El atraso histórico de no haber alcanzado la independencia en las primeras décadas del siglo XIX, frustrando las aspiraciones bolivarianas en ese sentido, le ha permitido a los cubanos aprender de los errores y desaciertos de aquellas primeras naciones latinoamericanas. Mientras tanto, se iban articulando los cimientos de la nacionalidad, forjándose una literatura y unas tradiciones diferenciadoras de la metrópoli, que desembocarían en la Guerra de los 10 años y en la conflagración que estaba por iniciarse a mediados de los noventa.

O sea, que fueron madurando las condiciones que daban forma a la nacionalidad, las pugnas económicas con la esclavitud negra, cuyas contradicciones fundamentales Martí da por resueltas en el Manifiesto, la cubanización de la lengua ‘materna’ y el deslinde de aspiraciones políticas y sociales con la metrópoli.

Se va forjando la tradición de una nación que ya es y que a la vez esta por ser. Pero es la visión del porvenir, que tiene como bandera la modernización, la occidentalización en su sentido mas liberal. Todo ello en el marco de una lucha revolucionaria que se planea, y que se pretende que sea revolucionaria no sólo por lo que de revolucionario tenga pasar de la colonia a la república, sino por el pliego de definiciones que tendrá esa guerra-ya lo hemos mencionado al principio-que deberán moldear luego la nación independiente que aflore de la guerra.

El rechazo claramente expresado en la crítica a las luchas del siglo XIX, a la concepción elitista de la lucha anticolonial y revolucionaria, y en su lugar el reconocimiento de que es el pueblo todo el que aspira a la libertad-por más  que sea idealización del puebl-acerca a Martí y al PRC al reconocimiento de que sólo con el respaldo y la participación popular se puede alcanzar la victoria. No se refiere el Manifiesto a una clase social en particular y al hablar de los económicamente poderosos se refiere a los españoles; pero sabemos cuantas diferencias y problemas tuvo que enfrentar Martí con los señores tabaqueros cubanos, sobre todo en el exilio en Estados Unidos. No obstante, en el discurso nacional se obvian esas contradicciones para enfrentarse monolíticamente a la metrópoli, que se intenta quebrar entre opresores y oprimidos.

Es posible identificar claves de interpretación del discurso plasmado en el Manifiesto de Montecristi: una España monárquica y atrasada, una América Latina independiente a medias; unos Estados Unidos arrebatadores y en pleno apoderamiento del Caribe antillano y centroamericano; Cuba con una condición económica y social madura para el cambio, significativamente autosuficiente y estable; la experiencia de los fundadores de la patria, en el exilio y en el propio país; un grupo letrado que ha reconocido la necesidad de unir la teoría a la acción de las masas para materializar sus aspiraciones políticas nacionales.

En esas circunstancias, cabría pensar con Martí que esa guerra anunciada era tan necesaria como inevitable.

Sustraído del reformismo, el discurso independentista y revolucionario según expuesto en el Manifiesto, podría asegurar el aprovechamiento de los avances de las nuevas y viejas metrópolis, desechando lo inútil y particularmente asegurando la autodeterminación como objetivo inalienable. Quizá por eso el discurso revolucionario martiano sigue teniendo vigencia para muchos, especialmente para quienes viven en condiciones del viejo o el nuevo colonialismo.

La lectura de este documento constituye una experiencia iluminadora. Es una valiosa posibilidad para la introspección, un atentado contra el insularismo que a veces nos hace sentir aislados y náufragos, como si la nuestra fuera una situación sin precedentes.

Ha sido además un recordatorio de la urgencia de que volvamos continuamente a la historia, a los primeros procesos en que se ha constituido la nacionalidad, hayan sido estos en Europa o en las colonias, algunas de las cuales todavía, en vísperas del siglo XXI, están por escribir sus manifiestos.

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Primero los pobres, son los migrantes haitianos

Adalberto Santana

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En este año de 2021 un acontecimiento que llama la atención en todo el orbe y que lo cubren diversos medios de información y genera diversas opiniones, son los nuevos casos de la migración irregular, migración forzada y/o económica, autoexilio o simplemente exilio político o social. También parecería una diáspora o destierro de amplios sectores del pueblo haitiano. Drama del pueblo que fue el primero que se liberó del colonialismo europeo en nuestra América. Sin embargo,  hoy soporta la indiferencia o peor todavía, la represión de los aparatos represivos de los estados latinoamericanos  al alentar  la marginación  social en su drama migratorio.

En la frontera sur de los Estados Unidos, ahí en su límite lindante con México, donde convergen del lado texano Del Río  y Ciudad Acuña en el estado mexicano de Coahuila, se acumulan miles de migrantes haitianos (hombres, mujeres y niños). Algunas estimaciones hablan de más de 14 mil ciudadanos caribeños. Es el drama de  la migración del país más pobre de América Latina y el Caribe. El que ha sufrido en los últimos tiempos el magnicidio de su presidente, la violencia de las bandas delincuenciales y de los fenómenos naturales como los terremotos como el de 2010 y el más reciente del 14  agosto de 2021, pero también de tormentas y huracanes en este mismo año, los que finalmente desembocan en  desastres sociales. A la par de todo ello, los migrantes son reprimidos por los rangers texanos que nos recuerdan en el drama de sus imágenes, la era de la esclavitud en el sur de los estados de la tristemente  “Cofederate State of America” (“Estados Confederados de América”) que existió de 1861 a 1865. Esta tenía como característica más notable ser una asociación de gobiernos esclavistas. Pero la policía migratoria mexicana, Instituto Nacional de Migración (INM) no se queda muy atrás. El instinto segregacionista y represivo de los agentes migratorios que tienen fama de corruptos y por sus nexos con el crimen organizado. Especialmente con las redes de la trata de seres humanos que operan en la economía sumergida donde fluyen grandes ríos de dinero, productos del mercantilismo de la mafia migratoria (“coyotes o polleros”), ponen al gobierno de la llamada Cuarta Transformación (4T)  en un predicamento.

Haciéndose eco en defensa de los migrantes haitianos y de otros países latinoamericanos y del mundo que buscar transitar por territorio mexicano rumbo a los EU, los Diputados del Parlamento Europeo, especialmente los eurodiputados de la Izquierda Europea y del Grupo de los Verdes, han reclamado por el cambio de la política migratoria mexicana que “comenzó con una política migratoria de puertas abiertas y de garantías para la regularización para las personas que ingresaban, principalmente, por la frontera sur”, pero que cambió “a partir de la presión económica ejercida por el gobierno de Estados Unidos en junio de 2019”  (La Jornada, 24/sept./21).

Dicha política, en palabras del represivo del Jefe del INM, Francisco Garduño Yañez, expresadas en un tono anti derechos humanos y con total desparpajado, dignas de la ultraderecha, a la pregunta que si México es un país de fronteras abiertas, respondió: “-No, nunca lo ha sido, y no hay país con fronteras abiertas, todos tienen condición migratoria. Válgase el ejemplo, que no es similar, pero hasta en el cielo hay control migratorio…” Y al preguntarle: -¿Ni por cuestión humanitaria?, llegó a responder: “-NO, hay una condición para poder entrar al país” (La Jornada, 23/sept./21).

Así, las reiteradas imágenes de los migrantes haitianos, centroamericanos y de otras partes del mundo por suelo estadounidense y mexicano, cuando son golpeados por los rangers texanos o por los agentes migratorios de la 4T, hacen todavía más crudo el drama migratorio de los pueblos más vulnerables de nuestra América. Lo testimonian los mismos migrantes como Claudia quien acompañada de su pequeño hijo de cuatro años, denunciaba: “-Regresar a Haití es condenarnos a muerte; no hay seguridad, en ningún lado, no hay comida, ni trabajo, ni atención médica. Queremos quedarnos en México y llegar a Estados Unidos para trabajar; no queremos hacerle daño a nadie” (ibíd.). Asimismo,  Médicos Sin Fronteras han denunciado en un comunicado sobre el drama haitiano tanto en la frontera norte y sur de México, que “… es insostenible y de una vulnerabilidad extrema debido al fracaso de las políticas de asilo y las continuas deportaciones. En ese sentido, consideramos lamentable la decisión de retornar a la fuerza a cientos de personas en vuelos directos a Haití, de donde vienen huyendo debido a la crisis que afecta desde hace décadas al país” (Ibid). Esa organización también ha sufrido el hostigamiento de los agentes migratorios mexicanos.

En diversos países latinoamericanos, ya sea en el norte de Sudamérica y por Centroamérica, el éxodo de esos ciudadanos haitianos que proceden de Chile, Argentina y Brasil, buscan seguir subiendo al norte. Se estima que en Colombia se ubican unos 19 mil migrantes. En lo que va del año entre Colombia y Panamá, por la selva del Darién han cruzado miles de personas en lo que va de 2021. La migración irregular o exilio económico y social, es un fenómeno político que sigue siendo una constante en la realidad de gran parte de los países de nuestra América. Hoy en día los migrantes de esas enormes caravanas son los más vulnerables de nuestros pueblos, carecen de empleo, vivienda, atención médica y sufren hambre y pobreza. Pero también son los más expuestos a la corrupción de las autoridades migratorias y su perversa asociación con la delincuencia organizada.  Es uno de los drama más impactantes de nuestra América, a la  cual la derecha latinoamericana no le interesa ni le preocupa en lo más mínimo.  Para la izquierda oficial, parece que le es un tema marginal. Sin embargo, para las organizaciones de la sociedad realmente comprometidas con los más vulnerables y para las comunidades religiosas que apoyan a los migrantes en su diáspora, se ha convertido  es un deber moral y humano digno de elogiar pero también de apoyar y solidarizarse con los más humildes: primero los pobres que hoy son los migrantes haitianos.

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