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Provincia Cisplatina

Sergio Guerra Vilaboy

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Doscientos años se cumplen este 18 de julio de la creación por Brasil de la llamada provincia Cisplatina, formada con los territorios ocupados en la Banda Oriental del río Uruguay. Desde los primeros tiempos coloniales, la región era eje de las disputas fronterizas entre España y Portugal, agudizadas desde 1680 por la creación de la Colonia de Sacramento.

El enclave lusitano no tardó en convertirse en base del contrabando en el Río de la Plata, hasta que un destacamento militar español desalojó a sus ocupantes, que lo recuperaron dos años después. La fundación de Montevideo (1726) inició un pulse de fuerzas que estuvo a punto de llegar a un conflicto de mayor envergadura. Para zanjar sus diferencias, ambos reinos ibéricos firmaron en 1750 el Tratado de Madrid, que entregaba a Lisboa amplias áreas en las cuencas del Amazonas y el Paraná a cambio de la Colonia del Sacramento. Los posteriores tratados de San Idelfonso y de El Pardo confirmaron la soberanía hispana sobre la extensa Banda Oriental del río Uruguay.

Después de la ocupación napoleónica de la península ibérica y la llegada de los Bragança a Rio de Janeiro, el interés portugués sobre ese territorio se renovó, tras la deposición del virrey en Buenos Aires en 1810. Tropas lusitanas invadieron el este del Plata en apoyo a los realistas sitiados en Montevideo por los patriotas de José Artigas. En octubre de 1811 el gobierno bonaerense llegó a un acuerdo con los españoles, logrado con la mediación del representante inglés Percy C.S. Smythe, Vizconde de Strangford, que buscaba preservar el comercio británico. El pacto obligó al llamado “éxodo del pueblo oriental” de su propia tierra, siguiendo al Jefe de los Orientales (Artigas), junto a la retirada del ejército lusitano, dejando a los realistas toda la disputada región.

Reiniciada la lucha independentista en Uruguay, los portugueses, guiados por el general Carlos Federico Lecor, volvieron a invadir en 1816 para alcanzar los “límites naturales” del Río de la Plata. Después de cuatro años de tenaz resistencia, Artigas y sus hombres, derrotados en Tacuarembó, fueron forzados de nuevo a salir hacia el litoral del Paraná. A favor de los lusitanos actuó la defección de las elites de Montevideo, plasmadas en el Tratado de La Farola (1819), preocupadas por sus intereses económicos. A continuación, el 18 de julio de 1821, el territorio oriental fue anexado a Brasil con el nombre de provincia Cisplatina, pues para los portugueses las trasplatinas eran Entre Ríos y Corrientes, que también ambicionaban. 

En 1825 la situación cambió con el desembarco de la expedición libertadora de Juan Antonio Lavalleja, conocida como de los 33 orientales, que tras el resonante triunfo militar de Sarandi pudo establecer un gobierno provisional en la Florida y convocar un congreso. El cónclave proclamó la reincorporación del territorio oriental a las Provincias Unidas del Río de la Plata, lo que condujo a la guerra con el recién creado Imperio del Brasil. En vísperas de la contienda bélica, el general rioplatense Carlos María de Alvear se entrevistó con Simón Bolívar en Potosí, proponiéndole crear una confederación con su nombre que detuviera a Brasil.

Pero el ejército imperial, comandado por el general Felisberto Caldeira, marqués de Barbacena, no pudo detener la poderosa ofensiva conducida por el propio Alvear, que obtuvo la indiscutida victoria en Ituzaingó, el 20 de febrero de 1827. Los reveses militares, el carácter impopular de la guerra y el desgaste económico, unido a la presión de Inglaterra, resentida por la paralización del comercio, obligaron al emperador Pedro I a negociar. La propia coacción británica impuso, el 28 de agosto de 1828, un tratado de paz definitivo.

Mediante este convenio se fabricaba un Estado independiente al sur de la provincia oriental del Río de la Plata, como cuña entre los intereses del Imperio brasileño y el gobierno de Buenos Aires, impidiendo el control unilateral del estratégico estuario. Además, la parte norte de la antigua Banda Oriental se entregaba a Brasil, que la convertiría en Rio Grande y Santa Catarina. Pese al acuerdo, todavía a mediados del siglo XIX los insatisfechos apetitos imperiales brasileños volvieron a depredar a la República Oriental del Uruguay en 43 mil kilómetros cuadrados, en lo que se llamó “las californias”, por su parecido a la expansión territorial de Estados Unidos a costa de México.

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Declaración de la Sociedad Cubano Mexicana de Relaciones Culturales

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La Sociedad Cubano Mexicana de Relaciones Culturales, agradece al Presidente Manuel López Obrador, sus declaraciones sobre Cuba y su iniciativa de que nuestro país sea declarado Patrimonio de la Humanidad por su defensa de la soberanía y la independencia, y por su capacidad de vencer un Bloqueo de más de sesenta años. Cuba está a favor de un diálogo respetuoso con los Estados Unidos, sin renunciar a los principios que la han convertido en baluarte de la dignidad y la resistencia cultural.

  1. Miguel Barnet, Presidente.
  2. Rubiel García González, Vicepresidente primero.
  3. Magda Resik, Vicepresidenta.
  4. Miguel Hernández Montesino, Vicepresidente.
  5. Fernando González Llord.
  6. Luis Morlote Rivas.
  7. Abel Prieto Jiménez.
  8. Silvio Rodríguez Domínguez.
  9. Félix Julio Alfonso López.
  10. Eduardo Torres Cueva.
  11. Viengsay Valdés.
  12. Nancy Morejón.
  13. Lázaro Castillo.
  14. Margarita Ruiz Brandi.
  15. Lesbia Vent Dumois.
  16. Fidel Orta Ruiz.
  17. Yoel Cordoví Núñez.
  18. René González Barrio.
  19. Fabiola López Albisu.
  20. Sergio Guerra Vilaboy.
  21. José Villa Soberón.
  22. Marta Bonet de la Cruz.
  23. Corina Mestre Vilaboy.
  24. Pedro de la Hoz.
  25. Yusuam Palacios Ortega.
  26. Eduardo (Choco) Roca Salazar.
  27. Zaida del Río.
  28. Tubal Páez Hernández.
  29. Alberto Prieto Rozos.
  30. José Eulalio Loyola.
  31. Gladys Collazo Usallán.
  32. María Eugenia López.
  33. Ana Suárez Díaz.
  34. Javier Villaseñor Alonso.
  35. Digna Guerra Ramírez.
  36. Waldo Leyva Portal.
  37. Amaury Pérez Vidal.

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Mediatización, pueblo y los hechos recientes en Cuba

Raciel Guanche Ledesma

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La matriz noticiosa internacional sigue jactándose de  titulares a raíz de los acontecimientos recientes en nuestro  país. Eso es algo normal cuando se trata de esta Cuba  socialista e irreverente en un mundo de grandes monopolios  mediáticos y neoliberales. Ahora la prosa malintencionada y repetitiva de los grandes medios vino acompañada de ese sobresalto doblemente sensacionalista a causa de hechos casi  ignotos, como los ocurridos el pasado 11 de julio en la Isla.

Lo cierto es que su ruta discursiva los condujo al mismo círculo vicioso en el que llevan empantanados hace varias  décadas. Volvieron a rondar en sus páginas las supuestas rupturas totales entre pueblo-gobierno y la hipócrita “ineficacia” estatal para lidiar con los problemas económicos y sanitarios que nos aquejan. Eso sí, ninguna palabra para el bloqueo norteamericano, causante principal de los problemas que daña a esta nación.

Pero todo este oportunismo mediático no tiene nada de rareza. Más bien constituye un acto natural, porque cualquier hecho convenientemente noticiable para las portadas extranjeras que suscite nuestra Isla, será un triunfo periodístico, sobre  todo, en los diarios y medios digitales de derecha. Da igual  a base de qué sustenten esas noticias, al final contra Cuba  todo se vale, incluida la mentira.

El caos social que han pretendido elevar y magnificar a  grados de extremismo y a costa de la malintencionada desinformación, más allá de los disturbios del 11 de julio en distintas localidades, entra en el apartado que nuestro  Presidente, Miguel Díaz-Canel, catalogó como terrorismo mediático. Sin dudas, la campaña creada en redes sociales y encadenada  a su vez con los medios de prensa internacionales para darles  un respaldo de “veracidad” y legitimidad a los hechos del domingo 11, surtió un efecto deseado dentro y fuera de Cuba por quienes apuestan a la ruptura y el odio en la Isla.

Digamos entonces que ese escenario resultó uno de los  principales detonantes para esparcir la pólvora instigadora que al final encontró lamentablemente, en algunos jóvenes, contrarrevolucionarios y personas descontentas con la actual  situación socio-económica que atraviesa Cuba, a un aliado. Los que pretendieron mostrar al mundo una imagen de protestas “pacífica” vivieron por esos días contagiados de infodemia. Porque en realidad predominaron escenas de vandalismo y  violencia, exacerbadas por las redes sociales y su eco en la matriz noticiosa que invitaban con morbo al odio y al  desorden ciudadano, principalmente, desde el centro anticubano de la Florida.

Aunque es justo no reducir la totalidad de los hechos al  bandidaje, porque también algunas personas confundidas por el momento (los menos) salieron a expresarse de forma  legítima. Sin embargo, estaban siendo ellos sin sospecharlo, objeto de un complejo entramado golpista que fue fríamente  calculado en tierras norteamericanas. Otra vez el fantasma imperial de las “Revoluciones de Colores” y de los “Golpes blandos” parecía por un momento reavivar en el Caribe una historia conocida primero en países  balcánicos y del Medio Oriente y pretendida sin éxito en tiempos recientes en naciones como Nicaragua o Venezuela. Lo cierto es que en esta cruzada que quisieron mostrar como  una guerra pueblo-Estado, no hubo un ápice de improvisación o espontaneidad práctica y sí de cinismo bárbaro. Todo parte de un manual (Guerra No Convencional), ideado por quién si no, los propios Estados Unidos. Solo basta con ver la  secuencia de hechos hasta la fecha para darnos cuenta que lo ocurrido en Cuba no tiene nada de casual.

Una conjugación de fenómenos internos, empezando primero por los fuertes embates de la pandemia (en su peor momento hoy), una economía golpeada con crudeza por las sanciones norteamericanas que causan escases de todo tipo al pueblo cubano y las limitaciones coyunturales en la generación eléctrica de los últimos días, serían utilizados como arma  externa que incitaba a la “sublevación” o desorden social.

En realidad, la táctica encaminada contra Cuba desde laboratorios con centro de acción en Miami y denunciados por las autoridades antillanas, no fue nueva. Mas sí alcanzó un nivel mediático y tecnológicos pocas veces visto. A través de plataformas como Facebook o Twitter circularon etiquetas, frases cortas y videos falsos con un sentido muy claro: crear dudas en la población, tocar la sensibilidad del cubano por sus vicisitudes cotidianas para luego instigar al caos que justifique una supuesta ingobernabilidad en la Isla y claro, una “Intervención Humanitaria” como guinda del pastel.

Pensar entonces que no se esconde una intención maquiavélica contra la Isla detrás del entramado digital, es cuando menos un acto cegador de inoperancia ante lo evidente. El fin resulta preciso desde los lares anticubanos cuando piden para sus compatriotas, para sus familias y amigos: Una Intervención Militar estadounidense. ¡Vaya forma tan perversa de querer el bien!

Mientras tanto, dentro de esta Cuba auténtica, soberana, se impone otra realidad distinta a la mostrada incoherentemente en las redes digitales. Luego del 11 de julio la tranquilidad volvió a adueñarse de la vida social y el rechazo a cualquier muestra de violencia e injerencismo extranjero en nuestras problemáticas ha sido un acto generalizado.

Quizás por esto último el respaldo mayoritario al socialismo en Cuba ha quedado manifiesto a raíz de los hechos recientes. Como también la necesidad de tocar con urgencia problemas sociales como la marginalidad acrecentada por años de dificultades económicas, el burocratismo y la atención directa a los barrios para escuchar sus inconformidades con oídos firmes.

Hacia esos objetivos se mueve con prontitud el gobierno cubano, quien en medio de acosos y sanciones, se concentra en continuar el camino revolucionario de “cambiar todo lo que deba ser cambiado” en beneficio del pueblo Antillano todo.

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La caída de Perón

Sergio Guerra Vilaboy

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El derrocamiento en 1955 del gobierno de Juan Domingo Perón en Argentina se inscribe en la ofensiva de Estados Unidos, a inicios de la guerra fría, contra los últimos gobiernos nacionalistas de América Latina, de la que ya habían sido víctimas un año antes Jacobo Arbenz en Guatemala y Getulio Vargas en Brasil. Esa agresiva e intolerante política era aplicada por la nueva administración republicana de Dwight D. Eisenhower y Richard M. Nixon, instalada en la Casa Blanca desde enero de 1953, que puso fin a veinte años consecutivos de presidencias demócratas.

La hostilidad de Estados Unidos a Perón había comenzado una década atrás, desde la propia campaña electoral de 1946, cuando intentó impedir su triunfo apoyando al candidato opositor de una heterogénea coalición de partidos, que reunía desde los oligárquicos hasta los comunistas, que lo acusaban de fascista. Aunque el coronel Perón había formado parte de un gobierno militar que no ocultaba sus simpatías por el nazismo, marcó distancia de sus compañeros de armas y construyó, desde su puesto de ministro, una base social propia entre los trabajadores, gracias a un programa social sin precedentes, que lo llevaron a la Casa Rosada con el 55% de la votación, como ya contamos en Informe Fracto.

El gobierno peronista comenzó por proclamar en Tucumán, el 9 de julio de 1946, en el mismo lugar donde se había declarado la independencia sudamericana hacia 130 años, un manifiesto de emancipación económica. Para ello, adoptó un ambicioso plan quinquenal que incluía la compra de los ferrocarriles ingleses y franceses, además de la Unión Telefónica de una empresa norteamericana, entre otras propiedades foráneas, reforzando la intervención gubernamental en las ramas básicas de la economía e impulsando el desarrollo de una flota mercante nacional. Además, puso el acento en la expansión industrial, incentivado a los propietarios con subsidios, créditos y protección arancelaria.

En 1949 se aprobó la carta magna que recogía los principios fundamentales del justicialismo: derecho al trabajo, a la salud, el bienestar, la protección de la familia y seguridad social, el mejoramiento económico y la defensa de los intereses profesionales. La nueva constitución incluía la función social de la propiedad, el capital y la actividad económica, reservando al Estado la explotación de las fuentes de energía, los minerales y los servicios públicos.

Los indiscutibles logros del primer sexenio peronista, que elevaron en forma significativa el nivel de vida de la población, fortalecieron al movimiento sindical y permitieron al Partido Justicialista ganar en forma arrolladora las elecciones de 1952. Todas las maniobras de Estados Unidos y las elites conservadoras y militares para impedirlo fracasaron, desde los intentos golpistas hasta las desembozadas campañas mediáticas del diario opositor La Prensa, que fue expropiado.

Pero el segundo mandato de Perón, que comenzó con la muerte de su popular esposa Evita, enfrentaba un escenario muy desfavorable, ante el agotamiento del modelo económico basado en las divisas acumuladas durante el conflicto mundial. A ello se sumó la redoblada hostilidad estadounidense, puesta al descubierto con la visita a Buenos Aires, en julio de 1953, de Milton Eisenhower, hermano del mandatario norteamericano, para obligarlo a dejar su “tercera posición” y alinearse contra la Unión Soviética (URSS). Muestra de independencia política dio Perón al negarse a participar en la Guerra de Corea, oponerse a la condena de Guatemala en la reunión panamericana de Caracas en 1954 y la apertura en Argentina de la primera exposición industrial soviética en América.

En esa compleja coyuntura estalló el conflicto con la iglesia católica, opuesta a la abolición de las exenciones impositivas a las propiedades eclesiásticas, la implantación del divorcio y la prohibición de la enseñanza religiosa en las escuelas públicas. El ambiente de confrontación creado fue aprovechado por la oposición reaccionaria y Estados Unidos para promover un golpe de estado en connivencia con la alta oficialidad derechista. El preludio fue la sublevación de la marina el 16 de junio de 1955, que llegó a bombardear la Plaza de Mayo, con saldo de cientos de muertos y heridos, seguido el 16 de septiembre por un golpe militar. La asonada puso fin al régimen justicialista y obligó a Perón a un prolongado exilio de 18 años. Pero la brutal represión desatada por la “revolución libertadora”, el asalto a los sindicatos, el cierre del parlamento y la proscripción del Partido Justicialista, no pudieron sacar al peronismo de la memoria del pueblo argentino.

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