Jóvenes, niñas y niños podrán ser reclutados a prácticas deportivas de alto rendimiento.

Mérida, Yucatán, 24 de agosto del 2021.- Jóvenes, niñas y niños yucatecos con habilidades para incorporarse a la práctica deportiva de alto rendimiento tendrán la oportunidad de mostrar sus capacidades y ser reclutados a través de la Semana de Detección de Talentos Deportivos, que se llevará a cabo del 25 al 27 de agosto en los Paseos Verde y Henequenes.

Los Institutos del Deporte (IDEY) y de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial (Imdut) del estado informaron que durante esos días las actividades comenzarán con una sesión de activación física para los participantes, así como su distribución en diferentes grupos para la realización de pruebas. 

Posteriormente, habrá una exhibición de disciplinas como esgrima, tenis de mesa, tiro con arco, levantamiento de pesas, taekwondo, luchas asociadas, judo y karate, entre otras, para captar el interés de quienes asistan.

El programa se llevará a cabo simultáneamente en las dos sedes desde las 8 horas del miércoles 25, por lo que los interesados deben llegar desde las 7:30 horas para su registro. En esa jornada se convoca a los niños entre ocho y 13 años, mientras que el 26, a jóvenes de 14 y 15.

Y como parte de la inclusión deportiva que impulsa el Gobierno del Estado, el viernes 27 se efectuará en Paseo Henequenes la detección de talentos en personas con discapacidad de todas las edades, en las ramas femenil y varonil. 

El punto de encuentro en el Paseo Henequenes será en la calle 48 por 15 de Paseos de Chenkú II. En el Paseo Verde, la ubicación es en la calle 28 por 17 del fraccionamiento Juan Pablo II.

Para la estrategia se conformó a un equipo técnico de medición y evaluación, el cual está integrado por profesoras y profesores de educación física, entrenadores y estudiantes de la Licenciatura en Entrenamiento Deportivo del Instituto Patria, con el que se firmó un convenio para el desarrollo profesional de su alumnado.

A los interesados se les invita acudir con ropa y calzado que les permita realizar las pruebas físicas, así como con cubrebocas y respetar en todo momento las medidas de higiene y sana distancia recomendadas por las autoridades de salud.

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A principios de 2022 arrancaría la etapa clínica para evaluarlo con pacientes.

De la mano de expertos y universitarios, México continúa sumándose a los esfuerzos contra el Covid-19. Ahora, la científica del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Paola Castillo Juárez, se encuentra desarrollando un biofármaco a partir del diseño de cuatro péptidos (pequeños fragmentos de proteínas), los cuales una vez sintetizados demostraron tener una eficacia por encima del 90% contra la replicación del coronavirus SARS-CoV-2.

Los péptidos se diseñaron mediante herramientas bioinformáticas en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), describió la experta en virología e inmunología de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB).

“Los resultados son sorprendentes debido a que las moléculas desarrolladas se enfocan en secuencias conservadas de las partes de la proteína del SARS-CoV-2, las cuales no cambian aun cuando el virus mute y dé origen a nuevas variantes”, afirmó.

Castillo Juárez detalló que el péptido dirigido a la proteína S del SARS-CoV-2 evita los cambios conformacionales que se necesitan para que el virus entre a las células, mientras que la molécula enfocada al receptor celular de la enzima convertidora de la angiotensina 2 (ACE2) bloquea la unión de la proteína viral con este receptor.

Los otros dos péptidos, añadió, se unen para impedir que las proteínas M y E (de envoltura) del coronavirus se unan con otros blancos y de esa forma se evita la producción de las interleucinas proinflamatorias 6 y 1 beta, que interfieren en exacerbar la inflamación a causa de la respuesta inmunológica desregulada.

“Comprobamos que un beneficio más de los péptidos es que no son citotóxicos para la célula e inhiben la replicación viral; de acuerdo con resultados al contar las unidades formadoras de placa lítica (virulenta) observamos que disminuyen el título viral, además de impedir el desarrollo de inflamación, la cual está relacionada con el daño multisistémico”, explicó.

Como parte de la investigación, se realizarán evaluaciones con la variante Delta, en las cuales esperan obtener resultados efectivos. “Por estar dirigidos los péptidos a secuencias de las proteínas del virus que no cambian (conservadas) estamos completamente seguros que también van a ser muy efectivos contra esta variante”, sostuvo.

La experta precisó que en la siguiente etapa del proyecto —que esperan concluir al término de este año— probarán los péptidos in vivo (modelo animal) y a principios de 2022 prevén comenzar la etapa clínica para evaluarlo con pacientes.

Actualmente, al mismo tiempo que se desarrolla la patente, se encuentra en proceso la elaboración del artículo científico. Una vez finalizado el proyecto planean transferir la tecnología a alguna industria para elaborar un fármaco que coadyuve al tratamiento del Covid-19.

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La tortura es una práctica habitual en México. Así lo revela el Informe Mundial 2020 de Human Rights Watch. Entre 2012 y 2018, la Fiscalía General de la República investigó más de 9,000 casos de tortura, la gran mayoría, impunes al día de hoy. Según el mismo Informe son prácticas comunes las descargas eléctricas, el estrangulamiento y la asfixia. Esta realidad estremecedora que vivimos en México nos la ha recordado el homicidio de José Eduardo Ravelo, quien falleció después de una larga agonía causada, según su declaración, por la brutalidad de agentes policiacos.

Sin embargo, nadie mostró extrañeza, ni siquiera la población de Yucatán, donde existe cierta sensación de seguridad. Hubo indignación, cuestionamientos y exigencias, pero no extrañeza. Los habitantes de Yucatán sabemos que hay policías capaces de intimidar, torturar, violar y desaparecer a los detenidos. Lo han vivido en carne propia, lo han vivido amistades y/o familiares, vecinos de la colonia, compañeros de trabajo. Pocas personas se sentirían seguras rodeadas de policías. Y si fueran víctimas de un delito, de un crimen, saben que poco se puede esperar de la Fiscalía General del Estado de Yucatán. Gobiernos anteriores y actuales se han valido del aparato que vigila, pero no hace justicia.

La tortura se ha normalizado no sólo por su frecuencia, sino también porque se ha vuelto norma. Existen policías y militares que consideran parte de sus atributos dar una “calentadita” a los detenidos, que incomunicar, golpear, amenazar, torturar y desaparecer es parte de su trabajo al amparo de las instituciones. Se ha vuelto norma tácita, sobre todo, porque quienes están arriba y no se manchan las manos, consideran válido ordenar acciones para intimidar a ciudadanos, resolver expeditamente (y sin investigación de por medio) cualquier delito que pueda ser imputado a algún transeúnte vulnerable y con facha de culpable, obtener confesiones (así sean falsas) o llenar las estadísticas con determinado número de detenidos.

Igual se ha normalizado un sentir colectivo, animado por el hartazgo, que celebra los malos tratos, las violaciones y las torturas en los reclusorios. Una parte de la ciudadanía espera que, como parte de la pena, las personas procesadas sean víctimas de toda clase de sufrimientos físicos y psicológicos porque “se lo merecen”. Acusan a los derechos humanos de “proteger delincuentes”. No fueron pocos quienes, respecto al caso de José Eduardo, esperaban que los culpables sufrieran el mismo destino en la cárcel.

No, la tortura no se erradicará pensando que debe prohibirse en ocasiones y, en otras, es válida. La tortura tiene que ser prohibida en todas sus formas y contextos. México ha suscrito la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes (1984), así como su protocolo facultativo (2006); asimismo, la Convención interamericana para prevenir y sancionar la tortura (1985). En 2010 la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que la violencia sexual es un tipo de tortura, después de fallar a favor de dos mujeres indígenas violadas por militares mexicanos. En 2017 el Congreso aprobó la Ley general para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Pero este marco de derechos humanos ha sido, usualmente, letra muerta.

Todos los días un policía aplica el procedimiento ya conocido de someter a alguien, sin importar leyes ni protocolos. Posiblemente esté sucediendo mientras lee estas líneas. Todo lo anterior se corona con la cereza de la impunidad, que cubre un pastel envenenado de omisiones, manipulaciones, extorsiones y discriminación en las investigaciones judiciales. Por lo anterior, tampoco se puede reprochar a la ciudadanía la desconfianza que despierta el hecho de que el Juez de Control en el caso de José Eduardo, haya decidido liberar a los policías por considerar que no existía evidencia suficiente para vincularlos a proceso.

Las preguntas son varias. Entonces, ¿quiénes torturaron, violaron y asesinaron a José Eduardo? ¿Cuál es la evidencia que sí permite identificar a sus agresores? Si la Fiscalía ordenó detener a cuatro policías sin evidencia suficiente, ¿fue para calmar los ánimos? Si la Fiscalía tiene evidencia contundente, ¿se liberó a los agresores?, ¿a cambio de qué? Si los policías liberados eran chivos expiatorios, ¿son víctimas del mismo sistema que mató a José Eduardo? Si no fueron policías municipales, ¿de qué corporación eran? ¿O tal vez no eran policías? ¿A quiénes están encubriendo? ¿Será otro caso más que perpetúe el uso impune de la tortura con consecuencias fatales?