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Bocadillos

Proyectos estatales de egresos 2021

Rolando Bello Paredes

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De acuerdo al imperativo constitucional yucateco, el gobernador del estado debe presentar ante el Congreso del Estado, a más tardar el 25 de noviembre de cada año, las iniciativas relativas a la ley de ingresos y al presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Yucatán, que regirán durante el año inmediato siguiente. Y el Congreso deberá aprobar, a más tardar, el 15 de diciembre de cada año, la ley de ingresos y el presupuesto de egresos del Gobierno del estado de Yucatán.

Los poderes Legislativo y Judicial y cuatro organismos autónomos yucatecos han presentado ya sus proyectos de presupuesto de egresos 2021.

El Congreso del estado pedirá, para el siguiente año, un presupuesto por la cantidad de 262 millones 342 mil 027 pesos, “el cual será enviado al Poder Ejecutivo estatal para su evaluación”, de acuerdo con el boletín legislativo del pasado miércoles 14.

El del Poder Judicial asciende a 812 millones 468 mil 731 pesos, e integra a los órganos constitucionales que conforman al Poder Judicial, que son el Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado, y los órganos jurisdiccionales de primera instancia, que son administrados por el Consejo de la Judicatura del Estado (Boletín oficial, “Modernización tecnológica, prioridad presupuestal para el Poder Judicial”, 15 octubre 2020).

Aseguró que “dicho monto es menor al proyecto solicitado el año pasado, el cual finalmente fue autorizado  por poco más de 611 millones por el Congreso del Estado de Yucatán para el presente 2020.

La Constitución yucateca ordena que “el presupuesto asignado al Poder Judicial del Estado no podrá ser     inferior al dos por ciento del total del gasto programable, el cual no será disminuido respecto al del año anterior”.

El año 2020, el Congreso autorizó los siguientes recursos: 219 millones 358 mil 234 pesos, para el Poder Legislativo, y 611 millones 036 mil 980 pesos, al Judicial.

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán (Iepac) “solicita recursos presupuestales para el ejercicio 2021 por 424 millones 385 mil 946.66 pesos” (Boletín oficial, “Aprueban proyecto de presupuesto de egresos 2021”, 12 octubre 2020).

Recuérdese que el Iepac en junio último, “ajustó” a la baja su presupuesto “operativo” 2020, en 1 millón 006 mil 494.30 pesos, para “contribuir a la situación que se enfrenta por la pandemia en Yucatán” (Boletín oficial, “Aprueba Consejo General ajuste presupuestal con motivo de emergencia sanitaria generada por COVID-19”, 22 junio 2020).

El gobierno del estado había pedido al Iepac “hacer un acto solidario y ceder el 10% de su presupuesto”. Entonces, el consejero Jorge Valladares Sánchez hizo un señalamiento ante el ajuste presupuestal:

– “Parece más un diezmo” (Diario de Yucatán, 23 junio 2020).

La autoridad financiera y administrativa del estado aún no informa del ejercicio del recurso del Iepac.

Con base en reportes publicados por el diario Novedades Yucatán (16 octubre 2020):

– El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán declaró que para 2021 “solicitan el mismo presupuesto que ejercen este año, que es de 36 millones de pesos. “Ya van cuatro año que nos asignan 36 millones de pesos, con base en la normatividad y a la Constitución local nuestro presupuesto no puede ser inferior al del año inmediato anterior, nos han dado el mismo presupuesto”.

– El Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales  declaró que presenta un presupuesto 2021 por 33 millones 276 mil 851 pesos, explicando que “la petición es 20 por ciento más que en 2020, ya que en los últimos años el financiamiento del organismo ha sido a la baja”.

– El Tribunal Electoral del Estado solicita 41 millones 138 mil 387 pesos por “gastos del proceso electoral”.

La Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) anticipó dificultades en la elaboración del proyecto de presupuesto de egresos del estado para el ejercicio fiscal 2021, ante un “panorama financiero complicado”, por “recortes por parte del Gobierno Federal”, y “reducciones en la participaciones” a los estados y los municipios (Boletín oficial, “Nuevos recortes para Yucatán en participaciones federales para 2021: Olga Rosas Moya”, 15  octubre 2020).

Proporcionó los siguientes datos:

a). Que el estado “dejará de contar para el próximo 2021 con 1,848 millones de pesos, en términos reales, respecto al ejercicio fiscal de 2020”.

b). Que habrá una reducción “muy sensible” de los recursos de “libre disposición, del gasto operativo de programas de apoyo y de la obra pública estatal, los cuales disminuyen 2,467 millones de pesos, es decir un 11.6% menos, comparado con lo autorizado en el 2020”.

SAF resumió el asunto: “Es momento que todos se aprieten el cinturón” y que “los recursos no caerán del cielo”

Durante la firma de un convenio entre el estado y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Procuraduría Fiscal de la Federación, el Ejecutivo dijo que “desde 2018 Yucatán ha tenido reducciones en sus ingresos de libre disposición que, comparando ese año con el proyecto de presupuesto para 2021, representa en términos reales una disminución de -24%, lo que significa alrededor de 5,995 millones de pesos” (Diario de Yucatán, 26 septiembre 2020).

Antes, el Ejecutivo comunicó que en el 2021 la entidad “ejercería 15,582.2 millones de pesos, cantidad menor a los 16,046 millones aprobados para el presente ejercicio fiscal” (ver “En el 2021, Yucatán contará con menos recursos”, en Informe Fracto, 9 septiembre 2020).

El mes pasado se informó que según las cuentas iniciales de SAF, Yucatán recibiría en 2021 recursos presupuestales federales por la suma de 81,764.2 millones de pesos (ver Bocadillos, “Informes digitales”, en Informe Fracto, 12 septiembre 2020).

SAF desglosó así esa cantidad: a). Por concepto de participaciones, 15,582.2 millones de pesos. b). Por “convenios de reasignación y descentralización”, 2,843 millones de pesos. c). Por “gasto federal programable”, 63,339 millones de pesos.

En una información periodística se afirmó que “Yucatán, y la Ciudad de México y Tabasco, fueron los ganadores en el Presupuesto 2021, pues gozarán de la mayor cantidad de dinero”. Yucatán recibiría la cantidad de 82 mil 507 millones 694 mil 956 pesos (ver nota de Elizabeth Velázquez, “Así gastarán los estados en 2021”, Eje Central, 10 septiembre 2020).

La suma de los seis proyectos de presupuesto de egresos 2021 que han sido presentados al Ejecutivo para elaborar el proyecto que enviará el Congreso, es de 1 mil 609 millones 611 mil 942 pesos.

El presupuesto de egresos 2020 ascendió a la suma de 44 mil 096 millones 239 mil 578 pesos, según la publicación respectiva del Diario Oficial del estado.

(En el pasado remoto: El presupuesto de egresos del gobierno del estado del año 1901 ascendió a la suma de 965 mil 154 pesos 43 centavos).

Preferencia. El presidente de la República estuvo en Yucatán la semana anterior. Dijo que “se seguirá apoyando al estado porque Yucatán tiene un trato especial, preferente del gobierno federal” (La Jornada Maya, 10 octubre 2020). Anunció también que regresará en diciembre, e informó que el tramo de Mérida a Tulum del Tren Maya “será de doble vía y electrificado” (Excélsior, 12 octubre 2020).

El gobernador del estado aseguró en Tinum, ante el presidente de la República:

– “Desde el inicio de la pandemia en la entidad se han entregado más de 2 millones de paquetes de apoyos alimentarios, un seguro de desempleo para apoyar a más de 47 mil personas, becas a 17 mil estudiantes y apoyos en el pago de agua y luz eléctrica, entre otras acciones de apoyo y salud donde se han invertido más de 1,900 millones de pesos” (Boletín oficial, “Convoca el Gobernador Mauricio Vila Dosal al Gobierno federal a trabajar juntos por la gente”, 11 octubre 2020).

Supónese que para ese efecto el Congreso aprobó al Ejecutivo a contratar un crédito por 1,500 millones de pesos, al que sumó 21 millones 095 mil 042 pesos del Fondo para la Atención de Emergencias y Desastres, según reportes oficiales.

Si esto es así, entonces la autoridad estatal financiera y administrativa tendría que informar de qué partida presupuestal tomó la cantidad de 378 millones 904 mil 958 pesos, para llegar a la cifra de “más de 1,900 millones de pesos”.

Fonden en Yucatán. La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) emitió la Declaratoria de Emergencia por la presencia de Huracán “Delta” el día 6 de octubre de 2020, para 5 municipios del estado de Yucatán: Dzilam de Bravo, Panabá, Río Lagartos, San Felipe y Tizimín. De esta manera, el estado podrá acceder a los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias Fonden (Diario Oficial de la Federación –DOF-, 14 octubre 2020).

Ahora, le corresponde al gobierno del estado informar el monto de los recursos que aportará el Fonden, así como el ejercicio de éstos para “atender las necesidades alimenticias, de abrigo y de salud de la población afectada” en cada uno de los cinco municipios de referencia, conforme al acuerdo de la CNPC.

(En Quintana Roo, la declaratoria fue de “desastre natural” y comprendió a los municipios de Cozumel, Puerto Morelos, Solidaridad, Benito Juárez, Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas, de acuerdo con DOF, 16 octubre 2020).

“Pelotero a la bola”. En la nota informativa de la revista Proceso (número 2277, 21 junio 2020), “La 4T batea a Probeis”, de la periodista Beatriz Pereyra, el director del “Programa para la Promoción y Desarrollo del Béisbol en México”, se refiere al gobierno de Yucatán. Afirmó:

– “Otros estados como Yucatán y Tabasco recibieron recursos federales (11 millones de pesos cada uno), pero devolvieron el dinero a la Tesorería de la Federación…”.

No he leído ninguna declaración o información de la autoridad estatal financiera y administrativa que explique por qué no se ejercieron estos recursos federales en la entidad.

Ad litteram. En la nota “Sexo y Derecho”, en el portal de la revista Nexos (14 septiembre 2010), se dice que “el sexo a lo largo de la historia ha sido objetivo de regulaciones enteramente absurdas”, por ejemplo:

– “En Bakersfield (California) está prohibido tener relaciones sexuales con Satán, a menos que se use condón para tales efectos”.

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Hacer lana

Rolando Bello Paredes

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En el inframundo político maya, la frase imputable al ex fiscal del estado, Wilbert Cetina Arjona, “la Fiscalía es para hacer lana”, ya ocupa un lugar preferente y llegó para quedarse como un estigma del gobierno del estado 2018-2024.

Según la denuncia publicada por Diario de Yucatán (a partir del 5 noviembre 2020), el ex servidor público dijo: “La Fiscalía es una dependencia con gran poder para hacer lana, maneja al Poder Judicial, a los jueces, a todo el mundo y el gobernador, si te tiene confianza, te lo da todo”.

Reveló también conflictos con el Secretario de Seguridad Pública, así como “tráfico de influencias” en la Fiscalía: “Cetina Arjona intervino ante el vicefiscal Rafael Pinzón Miguel, quien lo  sustituirá provisionalmente a partir del lunes, para atender indicaciones del abogado Jorge Carlos Estrada Avilés, esposo de la Secretaria General de Gobierno, María Fritz Sierra, para acelerar asuntos de su despacho particular”.

Que “el actuar del abogado Jorge Carlos Estrada Avilés tanto en su vida personal como profesional siempre ha sido con rectitud y en total apego a la legalidad”,  respondió su esposa, María Fritz Sierra, Secretaria General de Gobierno (Diario de Yucatán, 10 noviembre 2020).

La renuncia de Cetina Arjona ha causado un grave daño político y social, acaso irreparable, a la gestión administrativa del gobierno de Mauricio Vila Dosal.

El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción pidió “se investiguen los hechos”, a fin de que las autoridades correspondientes “actúen para un deslinde o determinación de las responsabilidades que diera lugar” (Proceso, 6 noviembre 2020).

Sin pronunciarse por el contenido de la denuncia publicada por Diario de Yucatán, el Ejecutivo envió al Congreso una terna para el cargo de Fiscal General del estado: “Patricia del Socorro Gamboa Wong, Juan Manuel León León, y Adrián Abelardo Anguiano Aguilar”.

Según los informes periodísticos, la primera, de filiación panista, ha sido diputada local, regidora, funcionaria municipal y estatal. El segundo, es delegado de la Fiscalía General de la República, cargo en el que fue ratificado luego de aprobar exámenes de confianza. Y el tercero, panista también, es director del Secretariado Ejecutivo para la implementación de Seguridad y Justicia en el estado de Yucatán (El Cronista Yucatán, 8 noviembre 2020).

El Colectivo por la Protección de Todas las Familias de Yucatán criticó la decisión del gobernador Mauricio Vila Dosal de considerar a la funcionaria, Patricia del Socorro Gamboa Wong, pues se ha pronunciado contra los derechos de las mujeres y la comunidad LGBT+” (Informe Fracto, nota de Lilia Balam, 8 noviembre 2020).

De esta manera, el gobernador Mauricio Vila Dosal tendría, al menos por ahora, dos fiscales, al igual que los gobernadores Rolando Zapata Bello, Ivonne Ortega Pacheco y Patricio Patrón Laviada, durante sus administraciones, respectivamente: Ariel Francisco Aldecua Kuk y Celia María Rivas Rodríguez: José Alonso Guzmán Pacheco y Héctor José Cabrera Rivero, excuñado de Ortega Pacheco; y, Miguel Ángel Díaz Herrera y Armando Villarreal Guerra.

En sesión del Congreso la terna se envió a la comisión legislativa correspondiente para iniciar el proceso constitucional de designación del nuevo Fiscal General del estado (Nota de Lilia Balam, “En pintoresca sesión, Congreso pide investigar al ex Fiscal”, Informe Fracto, 12 noviembre 2020).

El comienzo fue también de señalamientos abrumadores para el  gobierno del estado. El diputado Marcos Rodríguez Ruz apuntó que “es necesario que las instancias investigadoras se alleguen directamente los hechos e indaguen hasta resolver las circunstancias que rodean, tanto la renuncia del Fiscal General del Estado, así como los vínculos con otros funcionarios y particulares ligados a éstos, en una probable red de tráfico de influencias que ha provocado un cisma público en donde el actual Gobierno estatal ha quedado en total silencio” (Boletín oficial, “LXII Legislatura solicita investigar al ex Fiscal General del Estado”, 11  noviembre 2020).

Presentó un punto de acuerdo que contó con el voto mayoritario de los congresistas. Los panistas y el diputado del PVEM votaron en contra, apoyando indirectamente al ex fiscal Cetina Arjona.

El Congreso le pidió a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Yucatán, “realizar las investigaciones que sean necesarias, indagar y dar seguimiento a los probables hechos de corrupción que son de dominio público, atribuidos al ex Fiscal General del Estado, Wilbert Cetina Arjona”.

A la Secretaría de Contraloría General del Estado de Yucatán, “investigar por sí, o por conducto de los órganos de control interno, las conductas señaladas y atribuidas al ex Fiscal General del Estado que puedan constituir responsabilidades administrativas”.

También “dar seguimiento a los probables hechos de corrupción que son de dominio público, atribuidos al ex Fiscal General del Estado, así como a diversos funcionarios, servidores públicos y particulares que se encuentren involucrados en tales hechos, a fin de que se determinen las responsabilidades correspondientes y, en su caso, aplicar las sanciones que procedan conforme a derecho”.

Habrá que estar atentos al desempeño de la Fiscalía y de la Contraloría, para saber si enseguida atienden el señalamiento político de la LXII Legislatura estatal. O si actuarán como ha hecho anteriormente la Secretaría de Educación que ni siquiera acusó recibo de otro exhorto del Congreso, exigiéndole: a). Continuar con el Programa de Apoyo de Tecnologías Educativas y de la Información, que consiste en dotar de equipos de cómputo a  maestros de Educación Básica, de manera gratuita; y, b). Otorgar igualdad de condiciones a todos los maestros, para disponer de una plaza docente de base.

La renuncia de Cetina Arjona podría también servir para que el Ejecutivo realice una revisión de la acción gubernamental de sus dependencias y sus titulares. Apenas concluirá el primer tercio de su sexenio, y la sociedad no soportaría ni merecería otro escándalo político y social como el provocado por el ex fiscal Cetina Arjona.

Que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción “ya inició una investigación” en contra de Cetina, según informó Diario de Yucatán (14 noviembre 2020).

La que aún no da “señales de vida” es la Contraloría. A lo mejor necesita una orden ejecutiva para asumir sus responsabilidades.

Otra denuncia. El portal Animal Político (9 noviembre 2020), publicó: “Al menos 18 Delegados de Programas para el Desarrollo, mejor conocidos como superdelegados, han sido denunciados por presuntos actos de nepotismo, abuso de autoridad, mal ejercicio de recursos públicos y hasta abuso sexual, delitos que son investigados por la Secretaría de la Función Pública”.

Entre ellos menciona al de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, “por incurrir en el delito de promoción personalizada con el uso indebido de recursos públicos”.

En el artículo de Rosa Castañeda, en portal de la revista Nexos (5 noviembre 2020), se apunta que a Díaz Mena se le acusa de “desfalco, desvío de recursos y propaganda” Además de “usar el programa de Becas Benito Juárez para prebendas a amigos y conocidos, al no haber registro a nivel estatal de que más de 200 millones de pesos destinados a la beca hayan sido entregados. También ha sido sancionado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por hacer promoción personalizada del presidente”.

El interesado ha guardado silencio, al igual que la rama ejecutiva del gobierno ante los hechos contenidos en la denuncia publicada y atribuidos a Cetina Arjona.

Gastos de gobierno. En los días difíciles de la pandemia, que siguen aún, un conocedor del asunto me dijo que los periódicos -medios de comunicación, en general- apenas vivían o sobrevivían de la publicidad gubernamental, ya que no había casi nada de la comercial.

El Congreso autorizó al gobierno del estado a gastar en 2020, bajo el rubro de “Gastos de comunicación social”, la cantidad de 131 millones 350 mil 276 pesos. No se sabe a cuánto asciende el gasto ejercido durante los primeros diez meses del año. Nada se ha informado al respecto.

Pero el gobierno sí está usando los recursos destinados a comunicación social. Por ejemplo, en dos días de la semana pasada, jueves 12 y viernes 13, en un diario convencional como el Diario de Yucatán, el gobierno le  pagó 15 anuncios varios, entre convocatorias a licitaciones públicas, vacunación contra la influenza, temporada de ciclones, y “chat de la salud”. Destacan, las dos planas de “Circuitos de acercamiento entre paraderos”, una plana de “reemplacamiento”, y dos planas de “plan de infraestructura de ciclovías”.

En 2019, a la dirección general de Comunicación Social del Ejecutivo se le destinó la cantidad de 158 millones 024 mil 603 pesos.

Juez. El destacado egresado de la Escuela de Derecho de la Universidad Modelo, José Ernesto Moguel Espejo, fue elegido como Juez de Distrito Especializado en Materia de Trabajo, en el primer concurso abierto de oposición para dicho cargo.

La Jornada (10 noviembre 2020) puntualizó: “Los nuevos juzgados en materia laboral suplirán a las juntas de conciliación, según se estableció en la reforma constitucional en materia laboral de 2017, la cual responde a los términos del Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos-Canadá, donde señala que la impartición de justicia en temas de trabajo debe recaer en el Poder Judicial, y no en el Ejecutivo, como hasta ahora”.

Electoreros. Algunas notas recientes: a). Daniel Carrillo  Espinosa, conocido como “El Puma”, pretende la diputación por el IV Distrito, bajo el PT. b). La exgobernador Ivonne Ortega Pacheco, hoy afiliada al MC, fue entrevistada por La Jornada Maya y Diario de Yucatán.

c). El Iepac determinó nuevo periodo de precampaña en 2021: del viernes 8 de enero al viernes 12 de febrero. d). Renán Barrera Concha, alcalde de Mérida, afirmó “sentirse motivado y aseguró tener la experiencia suficiente para repetir en el cargo, aunque indicó que por el momento no pedirá licencia”. e). Que el priista Jorge Rojas Gamboa quiere ser alcalde de Mérida.

Escuelas de Tiempo Completo. Las primeras noticias de la aprobación del presupuesto federal de egresos para 2021 apuntan que el programa Escuelas de Tiempo Completo desapareció como uno de los principales programa de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

El diario Excélsior (14 noviembre 2020) así lo informó: “Desaparece la clave presupuestal del Programa Escuelas de Tiempo Completo y queda sujeto a la discrecionalidad de la SEP”.

Ad litteram. En la nota “Sexo y Derecho”, en el portal de la revista Nexos (14 septiembre 2010), se dice que “el sexo a lo largo de la historia ha sido objetivo de regulaciones enteramente absurdas”, por ejemplo:

-”En San Francisco, California, las prostitutas no están obligadas a tener cambio de billetes de más de 50 dólares”.

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Electoreros

Rolando Bello Paredes

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El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán (Iepac) inició formalmente el proceso electoral estatal 2021 el pasado miércoles 4 de noviembre. Yucatán elegirá el próximo domingo 6 de junio, los siguientes cargos: 25 diputaciones (15 de mayoría relativa y 10 de representación proporcional), y 106 ayuntamientos.

Además, cinco diputaciones federales. Los actuales legisladores son: Jesús Carlos Vidal Peniche (PVEM), María Ester Alonzo Morales María Ester (PRI), Iván de Jesús Interián Gallegos Limbert (Morena), José Elías Lixa Abimerhi (PAN), Juan José Canul Pérez (PRI), y de representación proporcional, Cecilia Anunciación Patrón Laviada (PAN), y Dulce María Sauri Riancho (PRI).

De acuerdo con el recuento último, en las elecciones estatales participarían once partidos políticos. Diez tienen registro nacional: Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido de la Revolución Democrática (PRD), Partido del Trabajo (PT), Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Movimiento Ciudadano (MC), Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), Partido Encuentro Solidario (PES), Fuerza Social por México (FSM) y Redes Sociales Progresistas (RSP); y un partido político estatal: Nueva Alianza Yucatán.

En septiembre último, el Iepac “determinó improcedente” el registro como Partido Político Local de la organización denominada “Socialista del Sureste A.C.”, ya que “no cumplió con todos los requisitos y  procedimientos establecidos conforme a la normatividad”.

La autoridad electoral determinó el periodo de precampaña: del lunes 4 de enero al viernes 12 de febrero; y el de campaña: del viernes 9 de abril al miércoles 2 de junio. Ya avisó a los partidos políticos nacionales para que se inscriban en este mes de noviembre “para efecto de participar en las elecciones estatales y municipales y demás fines establecidos en las leyes”.

El Iepac ha solicitado recursos presupuestales para el ejercicio 2021 por la cantidad de “424 millones 385 mil 946.66 pesos”. Recientemente devolvió al Ejecutivo 1 millón 006 mil 494.30 pesos, de su presupuesto “operativo” 2020, para “contribuir a la situación que se enfrenta por la pandemia en Yucatán”.

En el proceso 2021 se incorporaron nuevos integrantes del consejo del Iepac: Alicia del Pilar Lugo Medina, Alberto Rivas Mendoza y Roberto Ruz Sahrur. Los otros son. María de Lourdes Rosas Moya, presidenta, y Delta Alejandra Pacheco Puente, Jorge Antonio Vallejo Buenfil, y María del Mar Trejo Pérez.

El Instituto Nacional Electoral (INE) en Yucatán informó que el “listado nominal” será de 1 millón 636 mil electores.

Durante el pasado proceso electoral, el PAN obtuvo la mayoría de sufragios en las elecciones de gobernador y alcalde de Mérida, capital del estado, derrotando al PRI, su principal competidor. Así despachan hoy en sus respectivos palacios, Mauricio Vila Dosal y Renán Barrera Concha. En el Congreso, el PRI logró 10 curules, el PAN 6, Morena 4, Movimiento Ciudadano 2, PRD 1, PVEM 1, y Panal 1.

En el caso de la gubernatura, se recuerda que en 2012, el PRI obtuvo el triunfo electoral con Rolando Zapata Bello. Logró 530,777 votos, seguido por el PAN con 429,046. El PRD apenas consiguió 56,238. Zapata Bello superó al panista Díaz Mena con más de 100 mil votos. En 2007, la priista Ivonne Ortega Pacheco aventajó en casi 60 mil votos al panista Xavier Abreu Sierra, y en 2001, el panista Patricio Patrón Laviada se impuso al priista Orlando Paredes Lara, por poco más de 20 mil votos.

Para la alcaldía de Mérida, se han apuntado, en el lenguaje críptico de los políticos, por el PRI, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, quien declaró “estoy listo y preparado. Pienso en 2024, pero también pienso en una ciudad que necesita un proyecto de largo alcance”.

Por el PAN, se entiende que el actual presidente Renán Alberto Barrera Concha y la diputada federal Patrón Laviada. Hay otro, el senador Raúl Paz Alonzo, dijo en marzo último: “La ciudad necesita estar atendida”.

Renglón especial merece el PRD yucateco. Anunció a un candidato “perdedor”. Que postulará para el Ayuntamiento de Mérida al diputado Mario Alejandro Cuevas Mena. La comunicación perredista es inusual, su candidato sería para perder, no para triunfar,  ya que señala que su objetivo es “ganar dos regidurías en Mérida”.

En Progreso, la diputada estatal Lila Frías Castillo quiere ser alcalde de Progreso. Y por MC, “Naomi Arjona Rosas se perfila a convertirse en la primera candidata Transgénero por la alcaldía de Progreso”.

En Conkal, la primera regidora quiere repetir. Hiselle Díaz del Castillo Canché dice que “me gustaría concretar los proyectos en marcha”.

Otra que quiere algo es la exdelegada de la Profeco, Sisely Burgos Cano: “Aspira a la elección de la presidencia municipal o una curul en el Congreso del estado”.

También la morenista Jazmín Villanueva Moo, renunció a su cargo en los  programas sociales del gobierno de la4T, pues tiene “intenciones de participar en el proceso electoral 2021”.

La exgobernadora Ivonne Ortega Pacheco se fue a Movimiento Ciudadano, luego de abandonar al PRI. Se le acusa ahora de haber sido promotora de “turismo electoral” en 2013, cuando ocupaba la Secretaría General del PRI.

El presidente estatal de Morena, Mario Mex Albornoz, reconoce que en Yucatán “el efecto AMLO no le va a favorecer y se va a enfrentar a un panorama duro para poder ocupar puestos públicos”.

Recuérdese que habrá vigilancia en el proceso electoral. En una “mañanera” del pasado junio, el presidente de la República anunció: “Me voy a convertir en guardián para que se respete la libertad de los ciudadanos a elegir libremente a sus autoridades”.

No encontré en ninguna de las disposiciones constitucionales en materia electoral la figura de “guardián” de las elecciones, mucho menos atribuida al titular del Poder Ejecutivo federal.

Espero que el asunto no contagie al Ejecutivo estatal y que el gobernador del estado pretenda ser una especie de “guardiancito” de las elecciones.

Conforme avance el proceso electoral estatal de 2021, se continuará con este registro “electorero”, cuya fuente serán medios de comunicación y autoridades en la materia.

“Hacer lana”. En el marco inicial del proceso electoral, una renuncia complica la operación gubernamental del estado. Se presentó una denuncia periodística, por la renuncia de Wilbert Cetina Arjona al cargo de Fiscal General del estado, por “motivos personales”, efectiva a partir del domingo 8.

El Diario de Yucatán (5, 6 y 7 noviembre 2020) publicó escandalosas “confesiones” de Cetina Arjona: “La Fiscalía es una dependencia con gran poder para hacer lana, maneja al Poder Judicial, a los jueces, a todo el mundo y el gobernador, si te tiene confianza, te lo da todo”.

Además de “conflictos” con el Secretario de Seguridad Pública, reveló “tráfico de influencias” en la Fiscalía: “Cetina Arjona intervino ante el vicefiscal Rafael Pinzón Miguel, quien lo  sustituirá provisionalmente a partir del lunes, para atender indicaciones del abogado Jorge Carlos Estrada Avilés, esposo de la Secretaria General de Gobierno, María Fritz Sierra, para acelerar asuntos de su despacho particular”.

El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción pidió “se investiguen los hechos”, a fin de que las autoridades correspondientes “actúen para un deslinde o determinación de las responsabilidades que diera lugar” (Proceso, 6 noviembre 2020).

Ante la denuncia publicada, y hasta mediodía del sábado 7, el gobierno del estado y el Secretario de Seguridad Pública y la Secretaria General de Gobierno, guardan silencio.

Deuda pública. Según el informe de la Secretaría de Administración y Finanzas, al 30 de septiembre el total de la deuda pública yucateca, directa y con garantía, sumó la cantidad de 4 mil 819 millones 193 mil pesos (Diario oficial del estado, 15 octubre 2020).

Juicio a los “ex”. El Congreso de la Unión expidió la Convocatoria de Consulta Popular, que se realizará el domingo 1 de agosto de 2021, a cargo del INE (Diario Oficial de la Federación, 28 octubre 2020).

La pregunta: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?

Las dos posibles respuestas: “Sí estoy de acuerdo” y “No estoy de acuerdo”.

El INE “aprobó solicitar un presupuesto de mil 499 millones de pesos para organizar la consulta popular del próximo 1 de agosto” (Excélsior, 29 octubre 2020).

        Ad litteram. En la nota “Sexo y Derecho”, en el portal de la revista Nexos (14 septiembre 2010), se dice que “el sexo a lo largo de la historia ha sido objetivo de regulaciones enteramente absurdas”, por ejemplo:

– “En Washington, D.C. es ilegal cualquier posición sexual que no sea la del misionero”.

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La Escuela es Nuestra en Yucatán

Rolando Bello Paredes

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En noviembre de 2019 inició en Yucatán el programa La Escuela es Nuestra. El gobierno del estado aseguró que “beneficiaría a alumnos de 609 planteles educativos de 80 municipios, mediante el mejoramiento de sus instalaciones y equipamiento, con una inversión conjunta de 125 millones de pesos, de los cuales, la aportación estatal fue de 62.4 millones de pesos” (Boletín oficial, “Inicia en Yucatán el programa La Escuela es Nuestra”, 28 noviembre 2019).

De acuerdo con el gobierno federal, La Escuela es Nuestra pretende lograr, entre otros objetivos, los siguientes: a). “Dignificar las condiciones de las escuelas en las que niñas, niños, adolescentes y jóvenes del país reciben educación”; b). “Evitar la corrupción, el dispendio, el clientelismo y la discrecionalidad en el manejo del presupuesto destinado a la infraestructura educativa, fomentando el uso honesto de los recursos”; y, c). “Agilizar la entrega de recursos, eliminar trámites, reducir el costo burocrático y lograr un mejor rendimiento del presupuesto”. 

El pasado mayo, el Secretario de Educación Pública empezó la danza de las cifras millonarias:

– Dijo que se ha “dispersado casi 9 mil billones (sic) de pesos” (Boletín oficial, “La Escuela es Nuestra. Conferencias sobre Programas del Bienestar”, 18 mayo 2020). 

– El Coordinador General de Programas de Desarrollo informó que “el gobierno federal dispersó, hasta este lunes, 8 mil 519 millones de pesos del programa” (La Jornada, 2 junio 2020). 

– La directora general de Evaluación y Monitoreo de Programas Sociales de la Secretaría el Bienestar señaló que el “presupuesto del programa es de 10 mil 13 millones de pesos” (La Jornada, 29 octubre 2020).

El Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020, asignó a La Escuela es Nuestra, un total de 14 mil 487 millones 697 mil 500 pesos: 

a). “Erogaciones para el desarrollo de los jóvenes: 1 mil 965 millones 667 mil 500 pesos”. b). “Recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes: 7 mil 280 millones 250 mil pesos”. c). “Acciones para la prevención del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y promoción de proyectos productivos: 5 mil 241 millones 780 mil pesos”.

La proyección del presupuesto de egresos federal para 2021, considera la suma de 25 mil 014 millones 869 mil 250 pesos: 

a). “Erogaciones para el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas: 577 millones 171 mil 750 pesos”. b). “Erogaciones para el desarrollo de los jóvenes: 3 mil 315 millones 667 mil 500 pesos”.c). “Recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes: 12 mil 280 millones 250 mil pesos”. d). “Acciones para la prevención del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y promoción de proyectos productivos: 8 mil 841 millones 780 mil pesos”.

Después del anuncio de noviembre de 2019, no he encontrado otra información de la ejecución del programa La Escuela es Nuestra en Yucatán.

En el primer Informe de Gobierno 2018-2024, se comunicó lo siguiente, relativo a “Infraestructura Educativa: “Se realizaron 1,639 acciones en 1,212 escuelas públicas de nivel básico, medio superior y superior del Estado de Yucatán para ofrecer una educación integral de calidad con infraestructura física educativa, recreativa y eléctrica de calidad. En materia de construcción, rehabilitación, equipamiento y mantenimientos emergentes se intervino en 384 centros escolares de preescolar, 571 de primaria, 233 de secundaria, siete de media superior y 17 en nivel superior en beneficio de aproximadamente 500,000 alumnos de 100 municipios. Las acciones mencionadas contaron con una inversión de 353.8millones de pesos”.

El documento no especificó si se trató de recursos del programa La Escuela es Nuestra, o de otro programa gubernamental. La única referencia se encuentra en el rubro de “Gestión en el tiempo”, que señala que en noviembre de 2019, fue el “inicio del programa La Escuela es Nuestra“.

El presupuesto de egresos del estado 2020 destinó recursos federales al rubro de infraestructura educativa por un total de 283 millones 337 mil 916 pesos: a). Cobertura con Equidad en Educación Básica: 269 millones 174 mil 783 pesos; y, b). Infraestructura educativa media superior: 14 millones 163 mil 133 pesos.

El programa La Escuela es Nuestra surge cuando el gobierno federal abrogó la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, que creó el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed). Éste desapareció en consecuencia, y lo relativo a la infraestructura escolar pasó a las manos de los padres de familia de las escuelas.

Esta modificación generó “incertidumbre entre el sector educativo y de la construcción en Yucatán, sobre todo por la manera en la que destinarán los recursos a los planteles beneficiados para realizar trabajos de remodelación o edificación, sin previo estudio o análisis de la infraestructura” (Novedades Yucatán, “Advierten riesgos en construcción de La Escuela es Nuestra”, 29 octubre 2020).

En Yucatán el asunto de la construcción de escuelas estaba (¿o está?) a cargo del Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán (Idefeey), creado a imagen y semejanza del Inifed.

Recuérdese que en el boletín palaciego denominado, jocosamente, “Ante los retos del presupuesto del próximo año, gobierno del estado se aprieta el cinturón” ((8 noviembre 2019), el Ejecutivo yucateco anunció que aspiraba a tener un “ahorro de 100 millones de pesos a partir del año 2020, con la desaparición de siete entidades públicas”. Entre éstas estaba incluido el Idefeey.

Sin embargo en el presupuesto de egresos 2020 al Idefeey se le asignaron recursos por la cantidad de 49 millones 114 mil 285 pesos. 

No he encontrado, luego de una revisión del Diario Oficial del estado, ningún decreto ejecutivo que ordene la extinción y liquidación del Idefeey y de las otras siete entidades públicas que “desaparecerían” este año de la administración pública paraestatal. Por el contrario, el Idefeey goza de cabal salud, según publicaciones recientes del Diario oficial del estado, por ejemplo:

a). El jueves 29 de octubre 2020 publicó su “licitación pública estatal convocatorias 014 y 0159”, para adquirir equipamiento de aulas didácticas para los “Cecytey Emiliano Zapata, Conkal, Hunucmá y para el Cobay Pisté”; y para adecuar y equipar el laboratorio de logística pata aeronáutica de la Universidad Tecnológica Metropolitana.

b). El martes 1 de septiembre 2020 publicó su “licitación pública estatal convocatoria 012”, para construir la primera etapa del edificio de rectoría de la Universidad Politécnica de Yucatán, cuyos trabajos debieron iniciar el jueves 24.

c). El jueves 13 de agosto 2020 publicó su “licitación pública estatal convocatoria 009”, para adquirir equipamiento especializado de las Universidades Tecnológicas del Poniente (Maxcanú) y del centro (Izamal).

d). El lunes 22 de junio 2020 publicó su “licitación pública estatal convocatoria 007”, para para construir, entre otros, aulas didácticas, servicios sanitarios, en diversos municipios yucatecos.

Por lo visto, el Idefeey no sólo no ha “desaparecidosino que asume cotidianamente las funciones del programa federal educativo.

La Escuela es Nuestra “desapareció” en Yucatán, se diría, luego del anuncio gubernamental de noviembre de 2019.

Otro “desaparecido”. El Instituto de Infraestructura Carretera (Incay), que ejerce un gasto por la cantidad de 355 millones 332 mil 486 pesos, según el presupuesto de egresos del estado 2020, aún no desaparece”, a pesar de la condena ejecutiva dictada en noviembre de 2019. 

Junto con la “desaparición” de otras siete entidades públicas, el gobierno anunció que tendría un “ahorro de 100 millones de pesos a partir del año 2020”. El Incay sigue gozando de cabal salud administrativa.Hasta hoy no hay nada de su extinción y liquidación, “desaparición” según denominación gubernamental.

Ahora el Incay, que se resiste a “desaparecer”, informó de varias obras públicas por un monto total de 318.9 millones de pesos, por ejemplo, la modernización y repavimentación de 14 kilómetros de calles de Mérida y su zona metropolitana, por 47 millones de pesos (Novedades Yucatán, 25 octubre 2020).

Recursos federales. Que Yucatán tendría en 2021 una reducción de recursos federales por 1 mil 848 millones de pesos, según la Secretaria de Administración y Finanzas (Diario de Yucatán, 30 octubre 2020).

Además, que tendría menos dinero en “aportaciones federales” por un total de 34.5 millones de pesos, y en “participaciones federales” por 31.7 millones de pesos.

Fonden en Yucatán. Siguen las declaratorias para acceder a los recursos del Fonden (Diario Oficial de la Federación, 26 octubre 2020):

a). Zona de desastre a los municipios de Baca, Calotmul, Celestún, Dzidzantún, Dzitás, Espita, Hunucmá, Ixil, Kanasín, Kaua, Progreso, Río Lagartos, San Felipe, Sanahcat, Sinanché, Sucilá, Telchac Puerto, Temax, Tepakán, Uayma, Ucú, Valladolid y Yobaín; b). Por lluvia severa e inundación pluvial para los municipios de Cenotillo, Chemax, Chichimilá, Cuncunul, Mérida, Mocochá, Panabá, Temozón, Tinum, Tizimín y Tunkás; c) Por inundación pluvial para los municipios de Buctzotz, Izamal, Tixkokob y Tixpéhual. 

Ahora, por el paso de “Zeta”, el gobierno del estado solicitó se emita la declaración de emergencia para 33 municipios del oriente yucateco. Según las autoridades, entre los principales daños se encuentran “afectaciones a viviendas, calles inundadas, árboles y techos de lámina derribados, falta de energía eléctrica y agua potable” (Boletín oficial, “Solicita Vila Dosal Declaratoria de Emergencia para 33 municipios del oriente afectados por Zeta“, 28 octubre 2020).

Alianza Federalista. Se informó que la denominada Asociación de Gobernadores de Acción Nacional –entre ellos el de Yucatán- se “sumó a los mandatarios de la Alianza Federalista en la demanda de establecer un nuevo acuerdo financiero y fiscal” (El Universal, 29 octubre 2020). 

La Secretaria de Administración y Finanzas del estado fue categórica: “El gobernador Mauricio Vila no suscribió documento alguno” (Diario de Yucatán, 30 octubre 2020).

Ad litteram. En la nota “Sexo y Derecho”, en el portal de la revista Nexos (14 septiembre 2010), se dice que “el sexo a lo largo de la historia ha sido objetivo de regulaciones enteramente absurdas”, por ejemplo:

– “En Utah, el estado que más consume pornografía de ese país, se permite el sexo con animales siempre y cuando no se realice por dinero”.

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